Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan, (15 de febrero de 2022) – El gobierno podría perder hasta $218 millones asignados por el gobierno federal para ayudar a las personas y familias de escasos recursos a alquilar una vivienda, debido a que inexplicablemente el programa que ofrece la ayuda no es promovido a través de los medios de comunicación para que los ciudadanos necesitados la soliciten, según denunció hoy la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).
La licenciada Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de ALPR, sostuvo que desconoce las razones por las cuales la Administración de Vivienda Pública, que administra el Programa de Asistencia de Alquiler (PAA), no ha promovido la ayuda en los medios de comunicación.
Godreau Aubert reconoció que el PAA tiene una partida de 10 % para gastos administrativos, pero aclaró que desconoce porque esa partida de fondos no es empleada para promover la ayuda. Alegadamente, la agencia ha realizado algún esfuerzo de promoción en las redes sociales de los beneficios del PAA y cuyos resultados se desconocen.
La también fundadora de la ALPR hizo las expresiones durante una conferencia de prensa en la que anunció una herramienta tecnológica accesible a través de los teléfonos celulares para que los sectores de escasos recursos conozcan los derechos que le asisten al afrontar dificultades para pagar sus rentas o ante acciones de desahucio.
También se anunció otra iniciativa de acompañamiento legal gratuito para las personas que enfrenten acciones de desahucio por impago de renta.
Hasta el presente el PAA solo se ha utilizado el 33 % de la asignación, que asciende a $107 millones, para ayudar en el pago de renta a 41,493 personas o familias. El remanente de la asignación federal, unos $218 millones, podrían ser reorientados hacia otros estados o usos, si para el próximo mes de abril no aumentan los beneficiados.
“Esos fondos por los que tanto hemos luchado podrían estar en peligro para el mes de abril”, dijo Godreau Aubert.
A instancias de ALPR, la administración de Pedro Pierluisi aceptó crear el PAA, que comenzó durante el mes de julio del 2020, con una asignación de $325 millones de los fondos federales destinados a socorrer a la ciudadanía por el impacto de la pandemia del COVID -19.
La ALPR hizo un llamado a la Administración de Vivienda Pública para realizar una campaña educativa sobre el programa que cubre hasta 15 meses de renta y los pagos de agua y luz.
La organización desea que los beneficios del programa sean ampliados a sectores de la población vulnerables como adultos mayores, inmigrantes y personas afectadas por alguna discapacidad funcional. Entre el año 2012 y el presente la ALPR ha atendido más de 455 solicitudes de apoyo legal de inquilinos.
Actualmente el pago promedio mensual por alquiler asciende a $482, mientras que en el país el 31 % de las viviendas disponibles son para el mercado de alquiler.
“Pese a que casi la tercera parte de las viviendas en Puerto Rico se alquilan, los derechos de las familias que alquilan son ignorados. Las alzas en renta, el desconocimiento de los derechos a la hora de contratar o ante instancias de discrimen, así como las violaciones al derecho a la intimidad o los desalojos a la fuerza, son temas recurrentes en nuestras oficinas” destacó Godreau Aubert
De hecho, la abogada reveló que el PAA puede proveer ayuda a la población inmigrante, pero el gobierno ha efectuado esfuerzos para difundir esa información.
“Puerto Rico tiene disponible $325 millones para ayudar a inquilinos con necesidades económicas debido a la pandemia. Apenas se ha logrado el 30% y podríamos estar en riesgo de perder ese dinero. Debemos hacer cambios”, señaló la licenciada Pamela Bernard Boigues, que es parte del ALPR.
Godreau Aubert anunció el Centro Digital para la Autodefensa (CDA) para facilitar documentos útiles para que los ciudadanos que no pueden costear una representación legal, defiendan sus derechos dentro y fuera de los tribunales. El CDA es una plataforma digital, accesible usando teléfono celular o computadora, que permite a las familias identificar el tipo de problema legal que enfrentan y aprender a defenderse por sí mismas. La herramienta es accesible en www.ayudalegalpuertorico.org/cda
ALPR también anunció la creación del Panel en Defensa de Alquileres Dignos dirigido a personas en riesgo de desahucio por impago. Este panel formado por profesionales licenciados en abogacía ofrece acompañamiento legal sin costo para las personas que se cualifiquen. En el 2021 unas 700 personas o familias fueron desahuciadas en Puerto Rico y el 90 % de la gente demandada en desahucio no tiene representación legal, según reveló la ALPR.
Se dará prioridad a personas adultas mayores, jefas de familia, inmigrantes, sobrevivientes de violencia doméstica, entre otros grupos. Aquellas personas que estén en un proceso de desahucio de su vivienda por impago pueden solicitar la asistencia legal del Panel llamando al 787-957-3106.
