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Piden aprobar creación de Oficina para personas con impedimentos

La no aprobación del P. del S. 48 implicaría la pérdida de fondos federales para brindar servicios a una población de sobre 900,000 personas y sobre 38 empleados públicos

El Proyecto del Senado 48 busca darle independencia a la División de Protección y Defensa, adscrita a la Defensoría de las Personas con Impedimentos.

San Juan (9 de junio de 2021) EFE – La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) de Puerto Rico ha reclamado la aprobación del Proyecto del Senado 48, que crearía y designaría la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos de Puerto Rico.

La pieza legislativa, que se encuentra actualmente en Comité de Conferencia desde el 22 de marzo de 2021, persigue darle independencia a la División de Protección y Defensa que actualmente está adscrita a la DPI y establecer las funciones, deberes y responsabilidades de esta nueva entidad diseñada para brindar servicios de protección y defensa a las personas con impedimentos.

“Es apremiante para el beneficio de personas con impedimentos que la medida sea atendida con premura antes que finalice el mes de junio, para evitar la pérdida demás de $2.2 millones en fondos federales que se reciben anualmente asignados para la protección y defensa de las personas con impedimentos”, destacó Gabriel E. Corchado Méndez, Defensor de la DPI.

“Este proyecto de ley busca atender, y remediar los señalamientos y deficiencias que el Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal hicieran al Gobierno de Puerto Rico, durante una monitoría. En dicha intervención se determinó que el Gobierno de Puerto Rico estaba en incumplimiento con los requisitos establecidos por el Gobierno Federal para la administración de los fondos federales desde el 2012, lo que pudiese resultar en la pérdida de estos”, remarcó Loida Oliveras, directora Ejecutiva Interina de la División de Protección y Defensa.

“La estructura propuesta en el proyecto de ley se desarrolló tomando en cuenta, no solo las estructuras de otras jurisdicciones, sino las evaluaciones y recomendaciones del Gobierno Federal”, dijo.

“La no aprobación de este proyecto implicaría la pérdida de fondos federales para brindar servicios a una población de sobre 900,000 personas en Puerto Rico y sobre 38 empleados públicos pagados enteramente con fondos federales, que podrían quedar sin empleo”, agregó Oliveras.

“Llevamos más de un año luchando la aprobación de este proyecto de ley, en la pasada sesión no se pudo aprobar y ahora en esta nueva sesión hay un tranque en quien estaría nombrando la Junta de Directores. Esta situación es la que tiene el trámite legislativo detenido, esperamos se puedan poner de acuerdo para que se apruebe sin problemas en ambos Cuerpos Legislativos”, finalizó Corchado.

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