No se trata de ser paranoicos sino de tener los ojos abiertos para que la historia no se repita, porque como dice el famoso refrán, quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Esto aplica mucho a las prácticas de agresiones contra ciudadanos que hemos venido observando en los últimos tiempo. Y no, no me refiero solamente al uso de la mascarilla y los casos que se radicaron contra personas que se oponían a su uso o a la vacunación durante el principio de la pandemia del Covid-19. Esto es mucho más grande.
Me refiero a cómo en las últimas semanas hemos visto en Puerto Rico se repiten patrones que estaban olvidados y ocultos en la historia del país. Menciono tres ejemplos.
EJEMPLO #1: Agresiones en Aguadilla. Guardias de seguridad le entraron a tiros con una pistola de 9 milímetros, con otras de perdigones y rociaron gas pimienta a manifestantes en la zona de los proyectos sobre la cueva las Golondrinas en Aguadilla el 29 de enero. Esto ocurrió una semana después de que otros guardias de seguridad contratados por el desarrollador Carlos Román González agredieran a tubazos a varias manifestantes del Campamento Pelícano en la zona. ¿Cuándo se aprobó la ley para que los guardias de seguridad dispararan con 9 milímetros?
Todavía hoy, a casi mes y medio del tiroteo donde salió herido el manifestante Angel Luis Torres Rosado, las autoridades siguen dándole largas a procesar al guardia de seguridad. Después de mucha presión pública dijeron que procesarán al guardia, pero ni siquiera lo han arrestado. ¿Si usted dispara contra alguien, no se supone que lo arresten? ¿Y qué pasó después? ¿Qué hicieron contra los demás?
En vez de arrestar a los guardias, las autoridades arrestaron a manifestantes, pero como ha pasado hace más de un año, los casos se cayeron. Llevan 19 casos entre Rincón y Aguadilla donde arrestan manifestantes, pero no les encentran causa.
Es decir, a todas luces se ve como una persecusión. Esto llama la atención cuando se señala que entre los guardias de seguridad habían policías de la división de drogas. Esto lo negó el portavoz de la Policía, Axel valencia, pero en varios vídeos y audios que circulas en las redes sociales, se escucha y se ve a otros policías estatales diciendo que los guardias de seguridad eran oficiales de Drogas.
EJEMPLO #2: Agresión en Doctor’s Center. Las autoridades citaron el jueves a una mujer acusada de agredir a la guardia de seguridad del Doctor’s Center, en Santurce. La agresión se vio en un vídeo que circuló en las redes sociales, donde se ve a la mujer golpeando con sus manos en el rostro a la guardia de seguridad interna del hospital. La guardia la empuja y cuando la señora se despega, la guardia le pega un ‘taser’.
Se alegó que la presunta agresora entró sin mascarilla al vestíbulo, haciendo caso omiso a las normas de la institución. Toda la prensa publicó esa versión. Sin embargo, si uno mira bien el vídeo se da cuanta de que hay otras cosas que no trascendieron. La primera en agredir manoteando, fue la propia guardia de seguridad. Manoteó a la señora, que venía con un andador.
Al parecer la señora llevaba tiempo reclamando atención, sin respuesta. Cuando la guardia manoteó, entonces la señora la golpea. La pregunta es ¿tiene derecho una guardia a manotear y después disparar con taser? ¿Todo fue por el uso de una mascarilla o es que no se toma en consideración el hacinamiento y las largas esperas de pacientes en las salas de emergencia? Son temas de los que no se habla, pero visite cualquier hospital para que vea las condiciones en que atienden a los pacientes.
Además, ¿tienen los hospitales al personal de seguridad suficiente para manejar pacientes descompensados o molestos por la lentitud? Esas son preguntas sin responder.
CASO #3: Patrullas que “visitan” a activistas. Varios activistas se quejan de que cuando hacen reclamos, a los pocos días reciben “visitas” a diario de patrullas de la Policía de Puerto Rico. Suelen estacionarse frente a sus residencias y cuando preguntan, los oficiales dicen que está haciendo una investigación.
Una es la activista pro-envejecientes Carmen Rodríguez, que a cada rato se el aparecen frente a su casa en Santurce patrullas.
Son las mismas patrullas que no aparecen cuando líderes comunitarios en San Juan, como Amaury Rivera y los vecinos en Miramar o en Calle Loíza, reclaman que den rondas preventivas para atajar la criminalidad contra residentes y turistas.
TRES EJEMPLOS ADICIONALES
El año pasado el chef Dennis O. Rosario fue arrestado en el restaurante Vida Mía en Humacao bajo el alegado de que amenazó a oficiales de la policía en Aguadilla, en las protestas. Fueron como 10 patrullas a arrestarlo en su negocio, cuando estaba lleno de comensales a medio día, como si fuera un operativo de drogas.
La noticia del arresto salió en todos los periódicos y telediarios, pero ninguno aclaró que cuando fueron al tribunal, se cayeron los casos, que a todas luces, fueron fabricados.
Hubo otro polémico arresto de un adulto mayor en Aguadilla en un incidente donde Roberto Capella Casellas, de 63 años fue golpeado y recibió una descarga de “taser” por parte de un policía, alegando que el envejeciente se negó a entregar su licencia. El gurabeño, fue arrestado por dos agentes uniformados y uno civil en un incidente cuyas imágenes de violencia consternaron al país.
El policía que iba de civil en ese vídeo resultó ser el sargento Gabriel Acevedo Pérez, quien en noviembre pasado mató de un disparo a Will Joel López Rodríguez, de 38 años, mientras se encontraba de paseo con su esposa. El caso fue denunciado por la organización Kilómetro Cero.
Estos incidentes además coinciden con expresiones hechas por el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, quien confirmó que la Policía reactivó su Unidad de Inteligencia para perseguir a los manifestantes.
¿Qué tienen en común los tres casos y tres ejemplos adicionales?
Sencillo: la actitud de los oficiales públicos de imponer la mano dura para someter al pueblo. La pregunta es ¿actúan con igual fuerza cuando se trata de atajar la criminalidad, o a esos casos les dan largas?
Reconozco que es injusto generalizar porque hay policías y miembros del gobierno que son personas justas, decentes y apegadas a ley. También hay personas que usan las protestas como pretexto para violentar leyes y delinquir, pero no se trata de eso. Se trata de una visión de mundo donde quieren someter a la obediencia a quien piense distinto.
Parece que quieren al pueblo sumiso. Como si no quisieran que se repitan las protestas del verano del 2019. Por eso primero activan a la unidad de inteligencia y persiguen a quienes consideran podrían ser subversivo, pero se tardan en atender la verdadera ola criminal. En apenas dos meses y medio del 2023 llevamos más de 120 asesinatos y cerca de 80 carkackings. ¿Persiguen a estos criminales con la misma intensidad que a los que protestan por sus derechos? Obvio que no.
¿Será que estamos viviendo un retorno a lo que vivió Puerto Rico en las décadas del 70 y 80? En esa época perseguían independentista o a los líderes comunitarios que terminaron en asesinatos como el de Adolfina Villanueva en Loíza y los del Cerro Maravilla.
Sinceramente espero que no. Se supone que la Policía esté en una reforma, pero el silencio del actual Monitor Federal se siente como cómplice de esos excesos. Para todos los efectos, esa figura no existe. Esto también perjudica a los policías, especialmente los más jóvenes, que quizás no tienen la experiencia ni los adiestramientos especializados porque rápido los tiraron a la calle, sin recursos. Con ir a visitar cualquier cuartel una hasta preocupa al verlos en las condiciones en que trabajan.
Lo importante es reconocer que no puede haber sumisión ante la ilegalidad. Lo que está mal hay que denunciarlo, pero hay que estar consciente porque quien no conoce su historia, está condenado a repetir los mismos errores.
Por Sandra D. Rodríguez Cotto