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PUERTO RICO

Sin retiro incentivado empleados públicos con nómina de fondos federales

La interpretación realizada por Educación de la Ley 80 sostiene que los empleados cuyos salarios se han pagado parcial o totalmente con fondos federales, no podrán acogerse a la jubilación que ofrece la Ley 80

Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com

San Juan (23 de diciembre de 2020) – Miles de empleados no docentes del Departamento de Educación (DE) cuyos salarios se han pagado durante décadas parcial o totalmente con fondos federales, no podrán acogerse a la jubilación con el 50% del salario que promete la Ley 80 del 2020 para el retiro incentivado, cuya implementación se encuentra en estado de incertidumbre debido a la objeción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). 

La agria noticia ha surgido como un regalo de Navidad del secretario de Educación, Eligio Hernández, en un memorando que emitió el pasado lunes a todo el personal de la agencia y en el que se establece que la interpretación realizada por el DE de la Ley 80 sostiene que los empleados cuyos salarios se han pagado parcial o totalmente con fondos federales, no podrán acogerse a la jubilación que ofrece la Ley 80, aún cuando cumplieran con los requisitos de edad y de años trabajados en la agencia.

Grichelle Toledo, secretaria general de la Asociación de Maestros, indicó que la interpretación del DE de la Ley 80 no cobija a los maestros y otro personal docente como trabajadores sociales, orientadoras, sicólogos y bibliotecarios. Toledo dijo que el personal docente está regido por el sistema de retiro de los maestros y sus normas para acceder al retiro.

Toledo señaló que los empleados no docentes del DE serían los afectados por la interpretación que menciona el memorando. Entre los afectados figuran empleados administrativos y empleados de los Comedores Escolares, cuyos salarios de pagaban con fondos federales. 

En la página 4 del citado memorando emitido por el secretario se indica claramente que: “Por tanto, de dicha consulta se desprende que los fondos federales destinados al pago de empleados cobijados bajo la Ley núm. 447, no pueden ser utilizados para los propósitos de la Ley núm. 80-2020. Los empleados del DE cuyos salarios son sufragados, en todo o en parte, con fondos federales son inelegibles para participar en el Programa (retiro incentivado ley 80)”.

De acuerdo con fuentes de EyBoricua.com, memorandos similares se estarían distribuyendo en otras agencias que reciben fondos federales para el pago de salarios como el Departamento de Salud, el Departamento del Trabajo y múltiples agencias del gobierno, incluyendo la Policía y otras agencias de seguridad.La fuente indicó que la cantidad de empleados públicos que serán afectados podría ascnder a más de 30,000.

La JSF se ha opuesto tenazmente a la puesta en vigor de las leyes 80, 81 y 82, que fueron convertidas en ley por la gobernadora Wanda Vázquez Garced a principios del pasado mes de agosto, cuando solo faltaban días para la celebración de las primarias. La JSF sostiene que las tres medidas representan una obligación multimillonaria a corto y largo plazo, para la cual el gobierno carecerá de los fondos debido a que las proyecciones estiman una precaria evolución de la economía local.

La JSF a indicado que además del costo de la jubilación de las leyes 80 y 81, que garantizan el 50% del salario a los empleados que se acojan al retiro, existe el peligro de que las plazas vacantes provoquen una oleada de reclutamientos que incremente el costo de la nómina pública e impida alcanzar los ahorros que prometen las ventanas de retiro.

La Ley 80 abre una ventana del retiro para los empleados públicos de la mayoría de las agencias y para todos los municipios. Aunque esta medida la presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista, sus principales promoventes fueron el senador Carlos Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla. 

La Ley 81, conocida como ley para el retiro digno, cobija a los policías, bomberos y surge de un proyecto radicado por el senador Gregorio Matías.

La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.

Toledo sostuvo que la AM le ha comunicado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que la ley 82 no ha sido derogada por lo que el Ejecutivo “tiene la obligación de identificar los fondos para que los maestros puedan acreditar como tiempo trabajado el dinero acumulado por licencias por enfermedad”.

Además de la oposición de la JSF, las tres medidas también han enfrentado oposición dentro del gobierno debido a su costo económico y al efecto adverso en el servicio de las agencias la jubilación de empleados esenciales.

De hecho, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, sostuvo que la Ley 80 representa un riesgo real para la prestación de servicios en el gobierno. “Si hay un éxodo masivo de empleados (por la Ley 80), eso va a ser un disloque en el gobierno entero”, sostuvo Laboy el pasado lunes 14 de diciembre durante las vistas de transición.

Hasta ahora el gobernador electo Pedro Pierluisi no ha revelado cuál será la política pública de su administración con las leyes 80,81 y 82.

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