Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan – En una confusa y desinformada orden administrativa, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) dio luz verde para que las plantas procesadoras establezcan nuevas alzas de precio en la leche fresca y en las distintas leches UHT “especializadas”, desde un nuevo precio mínimo decretado por la agencia reguladora el cual podría generar un alza a nivel del consumidor de entre 10 centavos y 40 centavos, según el tipo de envase.
La escueta orden administrativa fue emitida el pasado 19 de agosto y entrará en vigor el próximo jueves 1 de septiembre. La orden fue firmada por el administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, quien, alegadamente, presentó su renuncia al cargo y el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, no la aceptó.
La orden cobija a la leche fresca y a las llamadas “leches especializadas” que son productos UHT – leche sometida a altas temperaturas para extender su vida útil- que se mercadean sin lactosa, fortificadas con proteína o sazonadas con distintos sabores de fruta.
No obstante, para la leche UHT no especializada, que se mercadea como leche UHT entera o con 2% de grasa, se estableció un precio único de $2.09 por cuartillo, que es su precio actual a nivel del consumidor, lo que implica que no deberá experimentar un alza.
La orden decretó un nuevo precio mínimo para los distintos envases desde el cual las plantas procesadoras podrán establecer nuevas alzas de precio en la leche fresca y en los distintos productos UHT.
El nuevo precio mínimo parece corresponder al precio actual a nivel del consumidor que tienen asignados los productos incluidos en la orden. Es decir, que las plantas podrán aumentar los precios de estos productos a partir del precio mínimo decretado por la orden y según estas empresas entiendan que es un precio competitivo en el mercado.
Plantas evalúan sus nuevos precios
De acuerdo con fuentes de este medio, una de las plantas procesadoras ya estableció su portafolio de nuevos precios según los precios mínimos establecidos por la orden administrativa y las otras se encuentra en ese proceso.
Las fuentes indicaron que el nuevo precio mínimo decretado por la ORIL podría generar un alza a nivel del consumidor de entre 10 centavos para los envases de 28 y 32 onzas; un alza de 20 centavos para los envases de 59 y 64 onzas y hasta de 40 centavos para el envase familiar, que contiene 120 onzas.
Cónsono con la falta de transparencia y de información veraz que ha caracterizado a la ORIL en los últimos años, la nueva orden administrativa aún no ha sido informada al consumidor.
La orden indica que la decisión se tomó en cumplimiento con el acuerdo alcanzado en el 2013 entre el gobierno local y las plantas procesadoras en el Tribunal Federal, pero no hace alusión a un estudio económico anual que justifique la decisión, que es uno de los requisitos del reglamento 12, el cual fue avalado por ese acuerdo.
La evaluación económica que ordena el reglamento 12 pretende garantizar que cada sector obtenga un margen de ganancia adecuado por medio de un aumento del precio de la leche, según lo dispone la ley Ley para Reglamentar la Industria Lechera o Ley 34 de 1957.
Incluso, la orden administrativa tampoco menciona si está amparada en el llamado estudio económico exhaustivo de la industria lechera, que es un estudio que la debe realizar la ORIL cada cuatro años.
La determinación de la ORIL cumple en parte con los reclamos de la planta procesadora Suiza Dairy, que varios meses atrás reveló que enfrentaba pérdidas por cada litro de leche que produce desde 2014. A través de una conferencia de prensa y de una agresiva campaña publicitaria, la empresa le exigió a la agencia reguladora que cumpla con el reglamento 12.
Aunque la determinación de la ORIL permite a las plantas procesadoras Suiza Dairy, Indulac y Tres Monjitas decretar un alza en algunos de sus productos, la orden no responde a una evaluación económica como exige el reglamento 12 y la ley 34, la cual ordena evaluar anualmente los costos de producción de todos los integrantes de la industria lechera.
Decisión sin vistas públicas y estudio
El economista Carlos La Santa sostuvo que la determinación de la ORIL es ilegal porque no cumplió con el requisito de realizar un estudio económico y tampoco se celebraron vistas públicas como exige la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o ley 170 de 1988.
“Yo no escuché los avisos de vistas públicas y no vi la información sobre el estudio económico que se usó para tomar esa decisión. Esa orden no dice nada, está incompleta y es ilegal”, advirtió el economista.
La Santa, quien fue por muchos años el principal economista del Departamento de Asuntos del Consumidor, y quien tiene una amplia experiencia en el comportamiento de los mercados de bienes de consumo, como lo son la leche y los combustibles, señaló, además, que la orden administrativa carece de información económica vital para justificar un aumento de precio de un producto regulado por el gobierno.
Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dijo que la orden de la ORIL demostraba la intención de la administración de González Beiró de incumplir con el acuerdo federal alcanzado por las plantas procesadoras y el gobierno.
El exsecretario también denunció la acción irresponsable de la ORIL de no realizar el estudio económico exhaustivo. “Lo que ha hecho la ORIL es una vez más, un patrón de incumplimiento con sus responsabilidades legales y la administración del gobernador Pierluisi no hace nada para detener a estos irresponsables que no cumplen con la ley. ¿Dónde está el estudio económico para justificar esa decisión? Esa es una decisión de oído, sin estudiar a todos los sectores”, cuestionó Flores Ortega.