Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (16 de marzo de 2021) – Como secuela de la anulación de ley 29 del 2019 por la jueza federal, Laura Taylor Swain, la Liga de Ciudades (LC), una organización sin fines de lucro que agrupa alcaldes populares y penepés, solicitó a la jueza que declare ilegal la retención de $340 millones por parte del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM), el Sistema de Retiro y la Administración de Seguros de Salud (ASES), entidades públicas que han actuado a instancias de los reclamos ilegales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La demanda, que fue radicada por el bufete del licenciado Guillermo Ramos Luiña, quien representa a la LC, sostiene que la determinación emitida por la jueza Taylor Swain para ordenar la paralización de la Ley 29, fue interpretada de manera incorrecta por la JSF. Según la demanda, la JSF interpretó que la decisión judicial le permitía recobrar de manera retroactiva pagos realizados a favor de los municipios, según lo ordenaba el estatuto.
La Ley 29 eximía a los municipios de pagar sus aportaciones al plan de salud del gobierno y al sistema de retiro de los empleados públicos mediante el sistema ‘Pay as you Go’ y colocaba esa responsabilidad en el Fondo General, que administra el gobierno central.
La demanda alega que en la decisión emitida por la jueza Taylor Swain el 15 de abril de 2020, se dispuso detener la vigencia de la Ley 29 a partir del 6 de mayo de ese año, con el fin de que los municipios, la JSF y el gobierno central pudieran otra solución al problema.
Pero debido a la interpretación incorrecta, la JSF comenzó a presionar al CRIM, al Sistema de Retiro y ASES, para que efectuaran retenciones ilegales en los fondos destinados a los municipios antes del 6 de mayo y producto de los recaudos por contribuciones muebles e inmuebles, entre otras.
Según la LC, las retenciones realizadas alcanzan los $340 millones en un estimado conservador. La demanda exige la devolución de los fondos retenidos.
La demanda solicita que se declare como ilegal las retenciones efectuadas contra los ingresos de los municipios con el pretexto de recobrar deudas, y que le prohíba al CRIM, al Sistema del Retiro y ASES intentar cobrar presuntas deudas contra los ingresos que correspondan al periodo entre 17 de mayo de 2019 al 6 de mayo de 2020, que fue el lapso de tiempo en que la Ley 29 estuvo en vigor.
Cristina Palacios, directora ejecutiva de la LC, sostuvo que la retención de los $340 millones ha provocado un desbalance fiscal en los municipios que ha perjudicado los servicios que se prestan a la ciudadanía
“La acción de imponer que los municipios paguen de manera retroactiva una cantidad que no había sido presupuestada, pues una ley 29 había determinado que no sería su obligación para ese año fiscal, significa que se tendrían que extraer $340 millones de las partidas operacionales destinadas a brindar servicios a la ciudadanía. El agravante de esta imposición de pago es que el mismo surge prácticamente al final del año fiscal, apenas quedando menos de dos meses de operación para el cierre de ese año, donde ya el 85% de los recursos había sido utilizado”, indicó Palacios.
La directora ejecutiva de la LC agregó que las retenciones han afectado una gama de servicios en los municipios. “La realidad es que todos están siendo obligados a cubrir una deuda que no se encontraba presupuestada y para la cual no existían recursos asignados. La diferencia es que cada uno está sufriendo la pérdida de recursos por medio de distintas fuentes o mecanismos, prácticamente todas relacionadas a fondos municipales que se encuentran en el CRIM como fiduciario municipal. Cada cantidad de fondos, propiedad de los municipios, que el CRIM deja de transferir es una cantidad menos de los recursos destinados para dar servicios. Significando esto que todo ajuste tendrá que ir contra el desvío de recursos, corrientes y futuros, que ya tenían un propósito determinado para estos servicios en un periodo de alta necesidad en cada uno de nuestros pueblos”, explicó Palacios.
Según Palacios, los planteamientos principales de la LC en la demanda es que la Ley 29 estuvo en vigor por un período de tiempo previo a la orden de la jueza Swain y que durante el tiempo de vigencia de la ley, los municipios no tenían obligación alguna de pagar. Palacios reiteró que “es ilegal por parte del CRIM, ASES y el Sistema de Retiro intentar cobrar una deuda de forma retroactiva cuando la decisión judicial de Swain comenzó a operar de forma prospectiva, máxime cuando la jueza enfatizó que sólo entraría en vigor su orden semanas después”. La demanda alega que las deudas reclamadas por los demandados no existen.