San Juan, 15 sep (EFE News) – La comisionada residente ante la Cámara de Rerpresentantes de EE.UU., Jenniffer González, dijo que es «una vergüenza» que funcionarios que reciben un sueldo hayan solicitado ilegalmente la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés).
El PUA forma parte de un paquete de ayudas económicas aprobado en marzo pasado por el Congreso de Estados Unidos que destina a complementar en $600 mensuales la prestación por desempleo que da cada estado o territorio.
«Yo creo que además de ser una vergüenza, pone en entredicho obviamente la ayuda que tanta gente necesita, porque cuando esto se aprobó en el Congreso era para precisamente mitigar el impacto de la pandemia en negocios y trabajadores, que por razones no reciben su sueldo, podrían tener algún sustento para sus familias», expresó González en entrevista con la emisora WKAQ-580.
Este lunes el secretario del Departamento del Trabajo de Puerto Rico, Carlos Rivera, informó de que cerca de 10,000 empleados públicos son investigados por la comisión de posible fraude al PUA.
Rivera aclaró que los empleados gubernamentales que no han perdido su empleo y cobran un salario público no pueden recibir ayudas del PUA.
Los funcionarios no tienen derecho a esa ayuda aunque hayan trabajado de forma parcial.
«El tú ver que hayan personas en Puerto Rico, como empleados municipales o del Gobierno estatal, aún sabiendo, y que siempre se mantuvieron cobrando y en nómina, y solicitaron esto, habla de cuán mal de aprovecharse de un beneficio de aquellos que no tienen trabajo», indicó González.
«Estás privando al que de verdad lo necesita ese recurso, no solo de la fila y el trámite, y a nivel nacional, que en Puerto Rico solicitó sin tener ese derecho», enfatizó la comisionada residente, quien resaltó que esta acción de los miles de funcionarios es un delito federal.
Ante ello, exhortó a todos aquellos empleados municipales, estatales y menores que solicitaron indebidamente el PUA, que devuelvan el dinero que recibieron.
«El Departamento de Hacienda y el del Trabajo están trabajando en conjunto. Y todos esos número de seguro social se podrán identificar a todos aquellos que no cualificaban», afirmó González.
«El que crea que no lo van a identificar, pues con el seguro social, ya tienen nombre y apellido. No espere a que lleguen a su casa con una orden de allanamiento y de arresto», abundó.
González, a su vez, dijo que personas que recibieron ilegalmente el PUA, ya lo devolvieron, pero otros no.
«Y esto lo hace más difícil para conseguir fondos federales», afirmó, al tiempo en que dijo que el Departamento del Trabajo local y federal trabajan en una nueva guía para una posible ayuda adicional de 300 dólares retroactiva desde agosto y extendida hasta diciembre.
Rivera explicó además, que inicialmente la información para acceder a las ayudas del PUA era sometida por escrito y que cada personas se comprometía sobre la veracidad de los datos.
El sistema ha cambiado y ahora se utiliza un sistema que permite confirmar con el Departamento de Hacienda si la información sometida es auténtica.
Rivera aclaró que inicialmente 300,000 personas se beneficiaron del PUA y que con el nuevo sistema son 60,000 las personas que reciben ayuda.
También se investiga si algunas personas han robado la identidad de confinados para obtener el beneficio del PUA.
El Departamento del Trabajo recuperó hasta el momento más de $12 millones.
