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PUERTO RICO

Advierten al gobierno de Puerto Rico sobre LUMA

“No dejen sin armas al gobierno ni al pueblo porque, si no, van a cometer el mismo error que nosotros”

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El contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con LUMA Energy deberá entrar en vigor el próximo 1 de junio.

Por Carla Cristina
Especial para EyBoricua

San Juan (27 de mayo de 2021) – La compañía Quanta Services Inc. (matriz de Quanta Services Puerto Rico, una de las empresas que forman parte del consorcio LUMA Energy) mantiene una controversia legal con el gobierno de Perú por incumplimiento de contrato, lo que pudiera servir para alertar al gobierno local.

Las diferencias entre el Estado peruano y la multinacional tienen su raíz en un contrato parecido al que otorgó el gobierno de Puerto Rico a LUMA para el funcionamiento de la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país.

ORIGEN DE LA CONTROVERSIA 

Quanta Services Netherlands, subsidiaria de Quanta Services, Inc., ha presentado varias demandas de arbitraje contra el gobierno de Perú debido a controversias por un contrato de proyectos de redes de telecomunicaciones en tres regiones rurales del país suramericano.

Los conflictos entre la empresa y el gobierno peruano se remontan a diciembre de 2015, cuando a Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L. (Redes Andinas) -la empresa local de Quanta en Perú creada para realizar los proyectos de telecomunicaciones- le fueron otorgados dos contratos para diseñar, construir y operar el internet e intranet de banda ancha en los pueblos de Piura y Cajamarca. Por ambos contratos, Redes Andinas recibió una suma total de $248 millones. 

A través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y la agencia adscrita a este, Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion), el gobierno de Perú adjudicó a Redes Andinas dos proyectos en activos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), que ahora es el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

Los proyectos en activos son mecanismos de promoción de la inversión privada en activos de titularidad del Estado y a través de los cuales los inversionistas privados pueden desarrollar proyectos sobre activos de titularidad estatal por su cuenta y riesgo, sin comprometer de ninguna manera y en ningún momento, de acuerdo al marco legal vigente y aplicable y salvo excepción legal expresa, recursos públicos ni trasladar riesgos a la entidad pública correspondiente.

Esta modalidad se aplica sobre activos presentes o futuros, de los que se puede disponer mediante transferencia total o parcial, que incluye la permuta, o mediante un contrato de cesión de uso, arrendamiento, usufructo u otras modalidades permitidas por ley.

Esto, a diferencia de una alianza (o asociación, en Perú) público privada, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos, preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios. 

Esta modalidad se implementa mediante contratos de largo plazo, en los que la titularidad de las inversiones desarrolladas puede mantenerse, revertirse o ser transferidas al Estado, mediante concesión, operación y mantenimiento, gestión u otras modalidades permitidas por ley.

TRAYECTORIA DE LA CONTROVERSIA

Según un informe preparado en septiembre de 2020 por el MTC sobre el Registro en Fase de Ejecución del Proyecto de Inversión “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Cajamarca”, que resume la trayectoria del contrato entre la pública Pronatel y la privada Redes Andinas, en septiembre de 2019, la compañía todavía no había inscrito en registros públicos la totalidad de los nodos (los puntos de conexión o unión de los alambres que conducen la energía) necesarios para comenzar el proyecto en el área rural del pueblo de Cajamarca.

El informe añade que Redes Andinas tampoco tenía los contratos de compartición de infraestructura con empresas eléctricas ni los permisos de uso de derecho de vía de la red vial existente, sobre los cuales se debían instalar postes, ambos para el despliegue de la fibra óptica.

En consecuencia, explica el informe, no se lograría la conectividad de ningún nodo de la Red de Transporte que requería el proyecto, lo que a su vez suponía que, casi cuatro años después de otorgados los contratos, el pueblo de Cajamarca no tenía posesión sobre una red de telecomunicaciones. 

Ello resultó en que, según el informe, la Red de Transporte no pudiera comenzar a operar según las proyecciones, puesto que no cumplía con los requerimientos del Estado para entregarlos en concesión a un nuevo operador.

El informe indica, además, que en marzo de 2020, la Dirección de Supervisión de Proyectos notificó el estado situacional y económico del proyecto y ratificó que no era posible realizar la recepción de la Red de Transporte.

La situación provocó que no se pudiera suscribir el Acta de Adjudicación de Bienes de la Red de Transporte con Redes Andinas ya que a la fecha los bienes de esa red no se encontrarían correctamente saneados.

El informe explica que la empresa llevó la situación a tal extremo que las penalidades estaban a punto de sobrepasar la fianza, por lo que el Estado peruano se vio obligado a ejecutarla.

Ante ese escenario, finalmente Pronatel rescindió los contratos y ejerció las fianzas de cumplimiento y de pago anticipado contra la subsidiaria de Quanta e indicó su intención de reclamar daños. 

LA VERSIÓN DE QUANTA

Según se desprende de las alegaciones que hace Quanta en su Informe Anual de 2019, presentado en 2020 y que recibió un cuestionamiento de parte de la División de Finanzas Corporativas de la Comisión de Bolsa y Valores mediante carta de fecha 5 de mayo de 2020, “los proyectos de telecomunicaciones que la compañía debía completar enfrentaron diversos retrasos relacionados con problemas que Quanta creía estaban fuera del control de su subsidiaria Redes Andinas y que no le eran atribuibles”. 

Más allá, Quanta alega que los retrasos se dieron por “condiciones relacionadas con el clima, la oposición del pueblo a los proyectos, la burocracia requerida por el Gobierno para la obtención de los permisos, la imposibilidad de adquirir un título sobre ciertos terrenos y otras razones que la compañía atribuye a Pronatel”.

Como consecuencia de los retrasos, el informe explica, Redes Andinas solicitó varias prórrogas de algunos plazos del contrato, y estas fueron concedidas por Pronatel junto con un alivio por daños y perjuicios relacionados. 

Sin embargo, los retrasos continuaron y en abril de 2019 Pronatel inquirió a Redes Andinas alegando que esta última incumplió los contratos, y le notificó que rescindiría de ellos si la compañía no subsanaba los incumplimientos.

DEMANDAS ANTE EL CCI Y EL CIADI 

Así las cosas, en mayo de 2019, Redes Andinas presentó una demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra Pronatel y el MTC . 

En la demanda, Redes Andinas alegó que Pronatel rescindió de los contratos de manera indebida, ejecutó las Fianzas de Anticipo y las Fianzas de Cumplimiento en su totalidad de manera indebida, y no tenía derecho al supuesto monto de la indemnización por daños y perjuicios. 

Inconforme con el devenir de la controversia, en mayo de 2020 la filial holandesa de Quanta entregó al gobierno peruano una notificación oficial de disputa derivada de la terminación de los contratos y actos relacionados que atribuye en su totalidad a Pronatel bajo el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República de Perú (Tratado de Inversión), que, según la empresa, protege la participación indirecta de la filial de Quanta en Redes Andinas y en el proyecto, y establece derechos y recursos distintos al arbitraje de la CCI.

Según su Informe Anual de 2020, presentado en 2021 y en el que Quanta actualiza el estatus de las controversias entre su subsidiaria Redes Andinas y la entidad pública peruana Pronatel, en diciembre de 2020, la empresa presentó una solicitud para iniciar un procedimiento de arbitraje contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), quien registró la solicitud en enero de 2021.

Según la empresa, el Estado de Perú había incumplido con el Tratado de Inversión, por lo que la filial holandesa de Quanta reclama, sin limitación, que Perú: (i) trató la inversión de la filial en Redes Andinas y el proyecto de manera injusta e inequitativa; y (ii) expropió efectivamente la inversión de la filial en Redes Andinas y el proyecto. 

Además, la subsidiaria holandesa de Quanta busca una compensación total por todos los daños y perjuicios supuestamente derivados de las acciones que atribuye al gobierno de Perú, incluyendo pero no limitado a (i) el valor justo de mercado de la inversión y/o el lucro cesante; (ii) los honorarios de los abogados y los costos de arbitraje; (iii) otros costos y daños relacionados y (iv) los intereses previos y posteriores a la adjudicación.

ESTATUS DE LAS CONTROVERSIAS

Según dio a conocer la prensa peruana, recientemente se constituyó el tribunal arbitral para el arbitraje que interpuso Quanta contra el Estado Peruano en enero de 2021 ante el Ciadi.

Específicamente, la revista de arbitraje de la comunidad iberoamericana ciarglobal.com, informa que el arbitraje está en manos de un tribunal compuesto por el árbitro presidente, el estadounidense Jean Engelmayer Kalici; la venezolana Elisabeth Aljuri, designada por Quanta; y la argentina Mónica Prieto, designada por el Estado de Perú.

SIMILITUDES Y CONTRASTES CON LUMA, LA AEE Y PUERTO RICO

El caso de Redes Andinas en Perú puede muy bien compararse con el caso de LUMA Energy en Puerto Rico, y revelar diferencias y similitudes que levantan bandera roja sobre el controvertible contrato, que deberá entrar en vigor el próximo 1 de junio.

Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L. es un consorcio conformado por Winner Systems y Servicios de Infraestructura del Perú S.A.C., filial de Quanta-USA en Perú, creado para realizar labores de arquitectura e ingeniería en el país. 

De la misma forma, LUMA Energy, según su portal web, es un consorcio conformado por las empresas Quanta Services, ATCO Ltd. e Innovative Emergency Management, Inc. “especialmente diseñado para proporcionar a las personas y comunidades de Puerto Rico una red eléctrica resistente, confiable y sostenible, al tiempo que ofrecerá un excelente servicio al cliente”. 

El contrato de 10 años que Proinversion otorgó entre Redes Andinas y Pronatel es un proyecto en activos, lo que supone que el gobierno peruano pagó un total de $248.1 millones ($149.6 millones por el proyecto de Cajamarca y $98.5 millones por el de Piura) a la empresa para que desarrollara los proyectos con la red de telecomunicaciones del Estado de Perú. 

En el caso de Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas otorgó a LUMA un contrato para la operación y mantenimiento (administración) de la Autoridad de Energía Eléctrica y la transmisión y distribución, mas no la generación energética, del sistema eléctrico del país.

A diferencia de un proyecto en activos, en el que el gobierno paga la totalidad del contrato al comienzo de este, en el caso de la AEE y LUMA, el gobierno de Puerto Rico deberá pagar a LUMA una tarifa fija y una tasa de incentivo. La tarifa fija deberá ser pagada en 12 cuotas iguales y, según un informe del Institute for Energy Economics and Financial Analysis publicado en octubre de 2020, se espera que oscile entre $70 millones y $105 millones anuales, posiblemente aumentando hasta $115 millones.

Sobre los permisos y los requerimientos del contrato, la prensa peruana reportó que gran cantidad de las penalidades impuestas a Redes Andinas “versan en incumplimientos sobre aspectos de infraestructura como construcción de nodos, instalación de equipamiento, entre otros. Asimismo, en asuntos administrativos como las actividades de difusión y sensibilización, obtención de permisos, suscripción de contratos con empresas eléctricas y más”.

Al momento de la publicación de esa nota periodística, las penalidades por incumplimiento de Redes Andinas ascendían a poco menos de $41 millones, en un contrato de $248 millones. Es decir, la empresa tenía penalidades que igualaban casi el 17% de la totalidad del contrato.

Aquí, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el ente regulador que revisa y aprueba operaciones y finanzas y establece las tarifas y el Plan Integrado de Recursos de la isla, ha informado que a LUMA le faltan todas las aprobaciones que el contrato exige. 

Específicamente, el NEPR no ha aprobado el presupuesto inicial de la empresa, su plan de remediación del sistema, los principios para la operación del sistema ni las métricas de rendimiento. 

El Negociado tampoco ha decidido si acepta la solicitud que hizo LUMA de incluir una cláusula de exoneración de responsabilidad de la empresa. 

HABLA UNA FUENTE DE PERÚ

EyBoricua.com tuvo acceso a una fuente (a quien llamaremos Ernesto, para proteger su identidad) en Perú que conversó sobre los contratos adjudicados a Redes Andinas y las controversias entre la empresa y el Estado peruano, y ofreció varios consejos a los funcionarios de Puerto Rico. 

Ernesto contó que los proyectos de la red de telecomunicaciones de Perú fueron otorgados a Redes Andinas y otras dos compañías, Telefónica del Perú S.A.A (Telefónica) y Gilat Satellites Networks Ltd. (Gilat). 

“Ese era el primer grupo de empresas a las que el Estado le financió la generación de infraestructura necesaria para llevar a cabo los proyectos y el mantenimiento por 10 años. El concurso (la licitación y adjudicación) se hizo con transparencia”, dijo. 

Sin embargo, continuó Ernesto, “había habido una mala gestión de las empresas y del Estado. Del Estado, respecto de la obligación que tenía de supervisar de forma continua y permanente la adecuada ejecución de los proyectos; y de las empresas privadas porque al principio realmente hicieron lo que se les dio la gana”. 

A PUNTO DE PERDER 

Ernesto continuó explicando qué hizo Pronatel con las empresas que tenían a su cargo los proyectos en las regiones rurales de Perú para evitar que estos se vinieran abajo.

“Hubo conversaciones con Gilat e inmediatamente hicieron los cambios de personal adecuados, empezaron a trabajar y la empresa pudo remontar todas las observaciones. Tan es así, que ahorita hay tres proyectos activados con Gilat”, informó. 

Sobre la otra empresa que fue contratada para realizar los mismos trabajos de telecomunicaciones que Redes Andinas y Gilat, Ernesto comentó: “Telefónica también. Telefónica, después de mucho trabajar, lo levantó (su proyecto)”. 

Cuando preguntamos qué pasó con Redes Andinas y por qué no logró lo que las otras dos sí, Ernesto dijo que “lo que hizo Quanta (matriz de Redes Andinas) fue contratar empresas locales, dejó a dos o tres norteamericanos y se largó con la plata (el dinero). No supervisó, no gestionó, no se involucró en sus obligaciones”. 

INCUMPLIMIENTO DE QUANTA Y CONCESIONES DE PERÚ

Contrario a lo que expuso Quanta en su Informe Anual de 2019, que indica que “los proyectos de telecomunicaciones que la compañía debía completar enfrentaron diversos retrasos atribuibles a Pronatel”, Ernesto comentó que “llegó un momento en el cual el incumplimiento era insalvable. O sea, (Quanta) no había cumplido con las obligaciones que tuvieron con el Estado peruano”.

Añadió que, a pesar de haberle dado muchísimas prórrogas antes, el gobierno peruano quiso negociar una enmienda al contrato para otorgar más tiempo a Quanta para que cumpliera sus obligaciones.

“La intención era otorgarle más plazo pero llevar algunos asuntos a arbitraje porque el Estado peruano no podía dejar de penalizar y sancionar lo que a todas luces estaba mal”, explicó Ernesto.

Dijo que Quanta respondió alegando que el gobierno de Perú no le había respondido algunas cartas y que no le había hecho caso en algunos asuntos, “con lo cual el Estado le ripostó que esas alegaciones no eran suficientes para justificar el retraso ni los incumplimientos”. 

En consecuencia, las partes acordaron un proyecto de adenda mediante el cual se estableció que existía una controversia y acudirían a un tercero para que la resolviera mientras continuaban adelante con los proyectos “porque eso era lo que estaba pactado en el contrato”, dijo Ernesto.

“La parte local (de Quanta) estuvo de acuerdo, pero de la noche a la mañana pusieron en la mesa de negociación a otra persona que dijo que no estaba de acuerdo y que no aceptaría penalidades por absolutamente nada”, recordó.

“O sea, el gobierno peruano le dio la salida para continuar con el proyecto porque al Estado peruano le interesa llevar internet a la gente, pero Quanta dijo que no le interesaba. El gobierno le preguntó por el tiempo que habían estado trabajando en conjunto y Quanta dijo que tampoco le interesaba. (Quanta) se levantó de la mesa y se fue”, narró Ernesto, refiriéndose a que la empresa privada abandonó la negociación.

REMEDIA PERÚ

Para remediar la situación, el entonces director de Pronatel y encargado de los proyectos, Ing. Raúl García, aseguró que de ninguna manera aceptaría lo que Quanta estaba haciendo y que resolvería el asunto. 

Para ello, el equipo técnico de Pronatel intentó ingresar para supervisar las instalaciones y asegurarse de que estuvieran listas, pero Quanta no le permitió la entrada, lo que el grupo de funcionarios calificó como inaceptable. en consecuencia, el organismo público rescindió el contrato con Redes Andinas. 

Al poco tiempo de la rescisión del contrato, contó Ernesto, “llegaron representantes de Quanta International y reconocieron que habían constituido Quanta Perú y que no habían hecho el seguimiento”.

“Querían llegar a un acuerdo y exigieron que les levantaran las penalidades”, dijo. 

Ernesto mencionó que tras la reunión entre el Estado peruano y Quanta International, la empresa comenzó a enviar cartas muy a menudo, “demasiadas para el curso ordinario de los negocios”.

Al cabo de poco tiempo, el proceso de arbitraje comenzó ante el Ciadi, que recientemente constituyó el tribunal arbitral que deberá resolver las controversias.

OBSERVACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA

Ernesto asegura que “si Quanta hubiera cumplido en tiempo y en forma como corresponde, ahorita estos colegios, estos centros de salud y estas comisarías tendrían internet, cosa que no tienen porque, según Quanta, el Estado incumplió”. 

“Pero ¿cómo ha habido otras empresas que con el mismo contrato han cumplido perfectamente? Acaban de inaugurar Lima, una preciosa red, extraordinaria red, con wifi gratuito en las plazas. ¿Cómo es posible que Quanta, teniendo el mismo sistema que las otras empresas, diga que la culpa es de cualquiera menos de ellos”, cuestionó.

“Quanta ha demostrado una actitud con incentivos perversos”, expresó Ernesto. “Se dieron cuenta de la debilidad que tuvo el Estado peruano en la primera etapa, que no había un equipo técnico sólido que supervisara, que la empresa pedía plazos y se le daba, que pedía cambios y se le daba”.

“Hubo mucha permisividad del Estado peruano y, cuando le cayó la noche a Quanta, casi se muere”, reflexionó Ernesto.

PÉRDIDA INCALCULABLE

Cuando le preguntamos a Ernesto cuánto perdió el Estado peruano tras esta controversia con Quanta, respondió que “es incalculable. Porque estamos hablando de dos regiones que no tuvieron internet, de niños que no han tenido un colegio vía virtual porque estos proyectos no funcionan porque tuvimos que rescindir los contratos por incumplimiento craso de una empresa privada”.

“Estamos hablando de la educación, la salud y la seguridad, que es lo que debe garantizar el Estado a su gente”, mencionó Ernesto sobre las áreas que más se vieron afectadas tras el incumplimiento de Quanta.

CONSEJO A PUERTO RICO

Ernesto comentó que Quanta recurrió a la estrategia del “miente, miente, que algo queda” y “empapeló (culpó y demandó) a medio mundo”.

“Tienes que advertirles a los funcionarios amigos de Puerto Rico que no deben dejar sin armas al gobierno ni al pueblo porque, si no, van a repetir el mismo error de Perú”, aconsejó.

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PUERTO RICO

Puerto Rico no procesará a mujeres ni médicos por practicar abortos 

En Puerto Rico, existe el derecho al aborto desde 1902 y el caso Pueblo contra Duarte Mendoza, resuelto en 1980, ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad

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San Juan (EFE) – El secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, aseguró este domingo que no procesarán a las mujeres o médicos que practiquen el aborto en la isla, un par de días después de la revocación de esta práctica en Estados Unidos.

“Como hemos expresado, el Artículo 98 del Código Penal de 2012 permite el aborto con indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre”, afirmó Emanuelli en un comunicado de prensa.

En Puerto Rico, existe el derecho al aborto desde 1902 y el caso Pueblo contra Duarte Mendoza, resuelto en 1980, ató directamente el derecho al aborto con el derecho constitucional a la intimidad. 

Haciendo mención a este caso, Emanuelli sostuvo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó que todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal.

Las expresiones del titular de Justicia local se dan un par de días después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara la práctica legal del aborto en dicho país.

La decisión en el Tribunal Supremo estadounidense fue respaldada por seis de los tres jueces de la máxima instancia judicial del país y fue redactada por el magistrado conservador Samuel Alito.

En el texto, de 213 páginas, Alito es muy claro: “La Constitución no confiere el derecho al aborto” y acto seguido afirma que los fallos anteriores del Supremo que garantizaban el derecho al aborto quedan “revocados”.

Dichos casos son el de “Roe contra Wade”, de 1973, que amparaba el derecho al aborto en todo el país, y la resolución de 1992, “Planned Parenthood contra Casey”, que reafirmaba dicha protección pero permitía a los estados establecer regulaciones sobre el proceso.

“El Departamento de Justicia continuará acatando todas las disposiciones legales y jurisprudenciales, estatales y federales, vigentes y que sean aprobadas en un futuro, pero siempre mediante la aplicación justa y sensible hacia el ser humano”, aseguró Emanuelli.

“Ese es nuestro compromiso con todos los sectores de nuestra sociedad, como defensores de la ley y los derechos de los ciudadanos”, enfatizó.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con un importante grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros. 

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PUERTO RICO

Pierluisi viaja a EE.UU. para participar en una cumbre de inversión

Estará hasta el próximo miércoles en el Select USA Investment Summit

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San Juan, 26 jun (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, participa desde este domingo hasta el próximo miércoles en el Select USA Investment Summit, enfocado en la promoción de inversión en todo Estados Unidos.

Select USA reúne a empresas de todo el mundo, así como a organizaciones de desarrollo económico de todos los rincones de la nación y otras partes que trabajan para facilitar la inversión empresarial en Estados Unidos.

El evento, que se llevará a cabo en el Gaylord National Resort & Convention Center at National Harbor en Maryland, es organizado por la secretaria de Comercio federal, Gina Raimondo, 

El gobernador Pierluisi participará de una mesa redonda con la secretaria Raimondo y otros gobernadores, y tendrá un mensaje en el panel sobre Infraestructura Sostenible.

Desde su creación, el evento Select USA ha facilitado la inversión de más de $105,000 millones, a la vez que ha creado y/o impulsado la retención de sobre 138,000 empleos en los estados y territorios. 

El secretario de Estado de Puerto Rico, Omar Marrero, ejercerá como gobernador interino de la isla hasta el regreso de Pierluisi. 

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PUERTO RICO

Cierran 11 oficinas electorales por Cámara Baja no atender Código Electoral 

El presidente del Partido Popular Democrático y del Senado, José Luis Dalmau, anunció este domingo el cierre de 11 Juntas de Inscripción Permanente

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San Juan (EFE) – El presidente del Partido Popular Democrático y del Senado, José Luis Dalmau, anunció este domingo el cierre de 11 Juntas de Inscripción Permanente (JIP) debido a que la Cámara de Representantes no atendió el Código Electoral.

A partir del 1 de julio, los despachos que cerrarán son en los municipios de Ceiba, Humacao, Naguabo, Patillas, Las Piedras, San Sebastián, Coamo, Barranquitas, Corozal, Toa Alta y la regional del distrito de Carolina, según se mencionó en un comunicado de prensa.

Estos despachos trasladarán sus servicios a la sede central de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en San Juan.

Según dijo Dalmau en el comunicado, el cierre de estas oficinas no hubiesen ocurrido si el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Varela, “hubiera dado paso a las enmiendas al Código Electoral que el Senado aprobó”.

De esta manera, dijo Dalmau, “tendríamos los procedimientos establecidos para activar lo que se conoce como las Juntas de Inscripción Temporera”, que hubiese permitido el mantenimiento de centros de servicios a los electores en los 78 municipios, a partir de agosto.

“La decisión del representante Varela, de no atender este proyecto, ya ha creado un clima de incertidumbre laboral en la CEE y ha acelerado el cierre de las JIP en los 78 municipios contrario a lo solicitado por todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico”, lamentó Dalmau.

“Igualmente, ante este escenario, muchos empleados se verán forzados a trasladarse a lugares distantes de sus hogares y los electores igualmente se verán obligados a hacer sus trámites en municipios diferentes al suyo”, agregó

Dalmau explicó que en las propuestas de enmiendas que no fueron atendidas en la Cámara incluían: nuevos términos y regulaciones sobre el voto adelantado, garantías procesales sobre el nuevo registro electrónico y corregir el proceso de selección del presidente de la CEE.

Asimismo, las enmiendas incluían procedimientos para evitar las largas filas en la votación.

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San Juan organizará un festival en julio para celebrar sus 500 años

Como parte de las actividades del Festival Capital, llegarán a Puerto Rico cinco buques escuela y 100 veleros de diversos países para celebrar la Regata San Juan 500

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San Juan (EFE) – En el marco de la conmemoración de los 500 años de fundación de San Juan, el alcalde de la capital, Miguel Romero, anunció este domingo que como parte de las festividades, se celebrará el Festival Capital del 22 al 25 de julio próximos.

Como parte de las actividades del Festival Capital, llegarán a Puerto Rico cinco buques escuela y 100 veleros de diversos países para celebrar la Regata San Juan 500, detalló Romero en un comunicado de prensa.

Al momento, han confirmado su visita los buques escuela Gloria de Colombia, Cuauhtémoc de México, Juan Bautista Cambiaso de República Dominicana, Capitán Miranda de Uruguay y Cisne Branco de Brasil.

Estos barcos podrán ser visitados los cuatro días del festival desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Mientras tanto, las regatas se llevarán a cabo el 23 y 24 de julio desde las 10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, saliendo desde el malecón de Cataño hasta el puerto de San Juan.

Estas actividades podrán ser visibles desde el Distrito de Convenciones, donde se realizarán las competencias infantiles, los muelles de San Juan, El Morro y si las condiciones del tiempo lo permiten, los botes de vela también se desplazarán hacia el área del Escambrón.

Los veleros se trasladarán desde Fajardo a San Juan el 23 de julio, y se espera que lleguen a la Bahía de San Juan a las 9:00 de la mañana.

Las categorías de vela grande que participarán, son: IC-24 y O’Day Mariner 19, mientras que las de vela pequeña serán ICLA4, ICLA6, Sunfish Open, 420, Optimist Green, Optimist Advance, Open Bic y Hobie Wave.

Las competencias se celebrarán bajo las reglas internacionales, por esto, habrán jueces de la Federación Internacional.

El festival ofrecerá también espectáculos artísticos en la tarima que se ubicará frente al Muelle 3 a partir de las 2:00 de la tarde los cuatro días.

Algunos de los artistas que actuarán son Víctor Manuelle, Vico C, Grupo Manía, Liza M, Plenéalo, Cauty, Son Divas, Elix, Algarete, Límite 21, Atabal y Hermes Croatto.

Además, habrá mercados artesanales con sobre 60 artesanos locales en la Plaza Colón y en el Paseo de la Princesa.

Asimismo, habrá recorridos de la Ruta de los 500 Años libre de costo con 20 espacios disponibles en cada recorrido, siendo el de español a las 10:00 de la mañana y el de inglés a las 2:00 de la tarde.

Otra de las ofertas del Festival Capital son las exposiciones de arte.

En la Galería San Juan Bautista del Museo de Arte, se presentará la exposición “Códices Mexicanos, Memorias y Saberes”, la cual abrirá al público el 15 de julio a las 7:00 de la noche.

También en el Museo de San Juan se presenta en la Sala Campeche, la exposición “Arte, Imagen y devoción: San Juan 500 años”, y en la Sala Oller se exhibirá “La Ciudad en el Tiempo, cinco siglos de representación artística”.

A través de estas obras se puede apreciar cronológicamente el desarrollo urbano, social y cultural de los sectores que componen la isleta sanjuanera: los distritos históricos del Viejo San Juan y Puerta de Tierra, según se detalló en el comunicado.

Finalmente, en la Sala Pablo Casals, ubicada en la Biblioteca Carnegie, se exhibirá la exposición “Pablo Casals: Un tributo a San Juan en sus 500 años”.

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Amenaza de despido a los inspectores que exigen aumento para pagar la gasolina

La amenaza de despido ocurrió el pasado martes 21 de junio, cuando los inspectores de DFM decidieron suspender las inspecciones hasta que no se aumente a 80 centavos el pago por milla transitada.

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (25 de Junio de 2022) – Los inspectores de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados (DFM) del Departamento de Agricultura (DA) fueron amenazados con el despido si continúan decretando el cese de inspecciones de los alimentos importados y de la producción local, debido a que el reembolso de 40 centavos que reciben por milla transitada resulta insuficiente para enfrentar el alza en el costo de la gasolina.

La amenaza de despido ocurrió el pasado martes 21 de junio, cuando los inspectores de DFM decidieron suspender las inspecciones hasta que no se aumente a 80 centavos el pago por milla transitada. Una protesta similar se efectuó el pasado 31 de mayo.

La amenaza de despido figura en una carta circular que emitió el secretario auxiliar de recursos humanos y relaciones laborales del DA, Noel Toro Zambrana.

 En la carta el funcionario advirtió al personal de la DFM que el cese de labores será penalizado con el despido porque la huelga no es un derecho en el gobierno, según surge de una copia del documento recibida en este medio.

Ese día el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, emitió una orden administrativa que dispone efectuar al azar las inspecciones de los productos importados y locales. La determinación sustituye la inspección rigurosa de furgones y de la producción local, antes de su distribución en el mercado.

El cese de inspecciones ocurre en momentos cuando la industria local de huevos se queja de que tiene miles de docenas de huevos que no han llegado al mercado porque están detenidas en sus almacenes en espera de que sean inspeccionadas.

La información figura en una carta que la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, le envió al representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, el pasado 21 de junio.

En la carta la representante Nogales le solicitó a Rivera Segarra que investigue la situación y le pida al secretario de Agricultura un informe de lo ocurrido con las inspecciones de la DFM

Se espera que más empresas denuncien que tienen detenida la entrega de sus productos en espera de que sean inspeccionados, porque desconocen la orden administrativa de González Beiró.

 Entre los productos importados y de producción local que son objeto de inspecciones figuran huevos, carne de aves, pollo entero y sus partes, azúcar, café, guineos, plátanos, batatas, malangas, yautías, tomates, repollos y otros 22 productos adicionales.

Antes de la decisión de González Beiró, los técnicos de la DFM indagaban la gran mayoría de los furgones con alimentos importados que introducen al país las compañías marítimas en los puertos, y la importación de alimentos que se realiza a través de aviones en los aeropuertos. También visitaban decenas de granjas locales que cosechan y producen algunos de los productos que se deben inspeccionar.

El objetivo de las inspecciones es determinar que los alimentos importados no contengan hongos, enfermedades, podredumbre, insectos o daños que impidan su consumo.

Ante la incapacidad de Agricultura para aumentar la compensación por millaje transitado a los inspectores de la DFM, González Beiró tomó la decisión drástica de hacer las inspecciones al azar, lo que reducirá significativamente la cantidad de granjas locales y de furgones inspeccionados.

La fuente indicó que la decisión se pudo evitar si cuatro vehículos de la flota de Agricultura fueran asignados a los inspectores de DFM. La gasolina que consumen los vehículos del gobierno es pagada a través de unos contratos con determinadas gasolineras que regula la Administración de Servicios Generales. 

Actualmente la flota de vehículos de Agricultura está en dominio de los directores regionales y de los funcionarios de confianza.

La determinación de González Beiró reduce los ingresos que recibe el DA por las inspecciones que realiza la DFM. Por cada inspección el DFM ingresa hasta $300 por furgón o por granja, los cuales se utilizan para pagar los gastos de esa división, incluyendo los pagos por dieta y millaje que reciben los inspectores. Las inspecciones generan $1.5 millón al año.

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NOTICIAS

DRNA paraliza las operaciones de la cantera de Caribbean Island Construction 

La orden dice que el área impactada por las actividades ilegales de CIC es de aproximadamente 11 cuerdas de terreno

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Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo

EyBoricua y Bonita Radio

La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega emitió esta tarde una orden de cese y desista, y la paralización inmediata de las actividades de extracción de corteza terrestre y arena de río que la empresa Caribbean Island Construction (CIC) lleva a cabo el embalse Planta Los Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez que se ubica en la zona protegida del karso.

La orden (22-146-ZMT) estipula las siguientes órdenes: “cese inmediato de actividad comercial de procesamiento y venta de los componentes de la corteza terrestre (arena, piedra y grava); cese inmediato del aprovechamiento de las aguas públicas mediante un sistema de toma de agua; cese inmediato de cualquier actividad sobre el mogote y se le ordena establecer zona de conservación”.

El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso.

Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia.

El documento firmado por la Secretaria Interina Anaís Rodríguez Vega también le exige a CIC que le muestre causa al DRNA por la que no debe ser multada por más de $100,000 y convoca a comparecer a la empresa a una cita en la agencia para una vista administrativa el 22 de julio a las 10:00 AM, Sala Héctor Russe, piso 4, oficinas centrales. Esta vista es pública y la ciudadanía puede asistir.

La orden de paralización inmediata ocurre dos días después que se publicara una pesquisa de EyBoricua y Bonita Radio que reveló que los trabajos que CIC realiza en la zona protegida del karso no tienen nada que ver con actividades de dragado, como lo estipula el contrato y el permiso de mantenimiento de obras otorgado.

En su lugar, CIC opera una actividad industrial de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena a gran escala. Este tipo de operación está regulada y requiere de permisos específicos con los que CIC no cuenta.

“Todos y cada uno de los actos imputados se realizaron sin contar con los permisos, autorizaciones, franquicias y endosos estatales y federales necesarios, impactando y modificando hábitat natural; extracción, remoción, creación, de caminos y eliminación de árboles y vegetación afectando y poniendo en riesgo elementos críticos identificados, pudiendo causar efectos o alteración de patrones esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio, tanto para especies terrestres como especies acuáticas, unas que habitan el mogote y otras dentro del embalse que se nutre Del Río Grande de Arecibo. Utilización de aguas públicas sin contar con los permisos y franquicia requerida, mediante conducta temeraria, contumaz y en abierto menosprecio a las Órdenes de Paralización emitidas por los Vigilantes del DRNA”, dice la orden del DRNA en un apartado donde resume los hechos del caso.

La pesquisa desarrollada por EyBoricua y Bonita Radio narra en esta historia multimedios cómo funciona la cantera que opera CIC.

De otra parte, la segunda entrega de la serie investigativa Cantera de Corrupción reveló las conexiones de políticos del PNP y consultores, así como un exsecretario del DRNA, ahora consultor del proponente, candidatos derrotados a alcaldías y operativos políticos, que laboran desde la gerencia intermedia de las agencias de permisología y fiscalización sin que hayan hecho nada para impedir las posibles violaciones ambientales y el negocio viabilizado con un contrato gubernamental.

La tercera parte de la serie explica en detalle cómo la operación de CIC se alega que podría suponer ocho violaciones a leyes ambientales de Puerto Rico y de Estados Unidos. Las alegaciones forman parte de la documentación oficial del caso y los informes técnicos del DRNA que reveló esta pesquisa.

Al cierre de esta edición, la ingeniera Doriel Pagán Crespo, presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) no ha contestado preguntas de Bonita Radio y EyBoricua en relación a lo que se descubrió en una pesquisa publicada desde el miércoles 23 de junio y que coloca a la agencia otorgando un contrato de dragado a CIC mientras en los predios de la mencionada planta, se desarrolló desde diciembre del 2021, una cantera sin permisos.

Aquí la Ingeniera Pagan responde a preguntas relacionadas a esta pesquisa que le hizo Dianerys Pagán, periodista de Tele Oro .

Video cortesía de Dianerys Calderón

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Operación de CIC en zona protegida del karso

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Dividida la industria lechera sobre el papel de la ORIL

Durante una vista pública emergió un contradictorio escenario que revela una reducción en el consumo de leche, mientras la ORIL patrocina una producción excesiva que eleva el monto de los excedentes

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (24 de Junio de 2022) – Las profundas diferencias que dividen a los integrantes de la industria lechera surgieron ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes que quedó marcada por la indiferencia del Departamento de Agricultura y por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), quienes no asistieron al evento a pesar de que se les responsabiliza de incumplir sus responsabilidades legales y por no garantizar un margen adecuado de ganancia a los miembros del sector.

Al inicio de la vista el representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, indicó que temprano en la mañana la Comisión recibió una llamada en que se informó que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y el administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, no asistirían.

Rivera Segarra dijo que ya estaba acostumbrado a tales ausencias, en alusión a que el secretario resistió asistir una vista pública sobre seguridad alimentaria y solo asistió luego que se anunciara que la Cámara se proponía acudir al tribunal para exigir su comparecencia. El legislador dijo que estudiará los pasos a seguir para garantizar la futura comparecencia de los funcionarios.

En la vista pública emergió un contradictorio escenario que revela una reducción en el consumo de leche, mientras la ORIL patrocina una producción excesiva que eleva el monto de los excedentes, los cuales son exportados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos, mientras simultáneamente se registra la importación de leche desde los Estados Unidos por una de las plantas procesadoras.

Los graves retos económicos que enfrentan los integrantes de la industria lechera, que amenaza la existencia tanto de vaquerías como de las plantas procesadoras, quedó claramente planteada en una vista pública a la que asistieron pocos legisladores, a pesar de que la industria lechera es uno de los pocos sectores de la economía local en la que la gran mayoría de sus integrantes son empresas netamente puertorriqueñas.

De hecho, los interrogatorios de los pocos legisladores que asistieron a la vista demostraban a simple vista que no entendían la problemática y que sus preguntas fueron preparadas por otras personas.

En el caso de la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, la situación fue patética, pues solicitó información sobre la plantilla y los salarios de los empleados de la empresa Suiza Dairy, pero no indagó sobre la denuncia realizada por los directivos de la empresa, el gerente general, Egberto Torres Cava, y la licenciada Janice Ramírez, directora legal, sobre que enfrentan pérdidas desde 2013 que continúan operando en el país por el respaldo financiero de su corporación matriz.

Suiza Dairy procesa el 60 % de la producción de leche de los ganaderos del país y apenas varios años atrás invirtió $40 millones en una nueva planta procesadora en Aguadilla.

Incumplimiento de la ORIL

En la vista la licenciada Ramírez sostuvo que el principal escollo que le impide Suiza Dairy enfrentar sus graves retos económicos es el incumplimiento de la ORIL a su propia reglamentación, que exige garantizar un margen adecuado de ganancias a los integrantes de la industria lechera.

En la vista el ganadero Carlos Benítez denunció un patrón de incumplimientos de parte de la ORIL que incluye la toma de decisiones de manera unilateral y en violación a los reglamentos, y la imposición de cambios en la forma de pago sin una evaluación científica, lo que atenta contra la estabilidad financiera del ganadero.

Indicó que el último cambio aconteció varias semanas atrás, cuando la ORIL anunció que se le pagará entre 90 y 92 centavos por cada litro de leche producida, pero Benítez sostuvo que el pago real es de entre 77 y 78 centavos. El cambio también incluyó descartar la cuota de leche como factor para estimar el pago por litro al ganadero, lo que según Benítez y su abogado, el licenciado Homel Mercado Justiniano, ha causado una depreciación de la cuota como instrumento financiero.

El licenciado Mercado Justiniano dijo que por una decisión “improvisada” por parte de la ORIL, la cuota de leche ya no servirá como colateral para los préstamos de los ganaderos y que las instituciones financieras exigirán la inclusión de otras propiedades para garantizar las deudas o aumentarán los intereses de los financiamientos.

Benítez, quien ha dicho públicamente que se propone impugnar en el Tribunal Federal las acciones de la ORIL, dijo que la agencia reguladora persigue a los ganaderos que cuestionan sus decisiones ordenando decomisos de leche injustificados.

Sobre este aspecto, el representante Rivera Segarra dijo que conocía de las decisiones abusivas contra los ganaderos ordenadas por la ORIL. El ganadero exhortó a la Comisión a investigar las acciones de la ORIL y referir al Departamento de Justicia aquellas que resulten claramente ilegales y abusivas.

En la vista también participó a través de videoconferencia el economista José Alameda, quien abogó por equilibrar la producción de leche según el consumo y respaldó apoyar el adiestramiento de los ganaderos para aumentar la eficiencia de las vaquerías, en vez de favorecer el cierre de las ineficientes.

Economista cuestiona tardanza

Alameda cuestionó la tardanza de la ORIL en realizar los estudios económicos para decretar, si es necesario, un alza en el precio de la leche y compensar el aumento en los costos de producción. Indicó que cuando la ORIL toma una determinación ya ha cambiado el escenario económico, lo que convierte esa decisión en inefectiva.

 También dijo que el Estudio Exhaustivo que debe realizar cada cuatro años la ORIL, utiliza criterios muy bajos para estimar la ganancia razonable de los ganaderos. El economista, quien fue contratado por un grupo de ganaderos liderado por Benítez, dijo que entre esos criterios figura el índice de precios al consumidor, que el Departamento de Trabajo usa para estimar la inflación y cuya tasa es muy baja. Otro criterio es una tasa de rendimiento sobre activos que fue diseñada para las pequeñas empresas y no para las operaciones agrícolas.

El economista recomendó una tasa de inflación diseñada por la Junta de Planificación y una tasa de rendimiento sobre activos que considere los riesgos que enfrentan las operaciones agrícolas. Alameda respaldó evaluar varios esquemas para el pago al ganadero y seleccionar el mejor, lo que fue aplaudido por los ganaderos presentes en el salón de audiencias.

A la vista compareció Manuel Enrique Arbona, quien preside la Junta de Directores de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), la Junta de Directores de Indulac y es el vicepresidente de la Junta de Directores del Fondo Fomento de la Industria Lechera.

Arbona presentó un panorama diametralmente opuesto al discutido por los deponentes anteriores en el que las acciones de la ORIL no afectan la industria lechera. Indicó que la legislatura debía investigar el acuerdo entre las plantas procesadoras y el gobierno, como parte del caso ventilado en el Tribunal Federal. Solicitó investigar las dificultades que ha enfrentado el Molino de Asociaciones Pecuarias y la operación de la nueva planta de Suiza en Aguadilla. Además, solicitó investigar la venta de préstamos agrícolas por parte del Banco de Desarrollo Económico.

En la vista Arbona respaldó la decisión de la ORIL en el 2020 de destinar la producción de leche de ocho vaquerías a Indulac, lo cual fue impugnado por Suiza Dairy en el Tribunal Apelativo. Recientemente ese tribunal determinó que la decisión de la ORIL es nula porque modificó de manera arbitraria la naturaleza de Indulac como planta de balance y porque no cumplió con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Cuestionan falta de transparencia

Benítez planteó que la ORIL no ha sido transparente con la exportación de la leche a la República Dominicana, una operación que realiza la planta Indulac y que ha representado la exportación más de 1 millón de cuatrillos cada 15 días durante los pasados meses. Benítez dijo que el pago al ganadero por esa leche es de 25 centavos por litro, lo cual no alcanza para cubrir el costo de producción por litro, estimado en 70 centavos.

“República Dominicana es la planta de balance de Puerto Rico”, sostuvo Benítez, en alusión a que, alegadamente, Indulac ya no opera como planta balance luego de que fue adquirida por Coopple, en una controvertible transacción el pasado cuatrienio que no fue respaldada por el entonces secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

En la reglamentación de la ORIL, Indulac figura como una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche y producir subproductos lácteos como queso, mantequilla y mantecado.

La reglamentación de la ORIL también dispone que el único accionista de Indulac es el Fondo de Fomento de la Industria Lechera, una entidad creada por ley y revestida de interés público.

Más adelante en la vista, el presidente ejecutivo de Indulac, Francisco Orama Irizarry, justificó la falta de información sobre las ventas de leche a República Dominicana con el argumento de que Indulac es una empresa privada. Orama también aludió a que “Indulac es una empresa privada” para rechazar que la empresa sea sometida a una auditoría forense, como ha exigido el ex secretario Flores Ortega.

Incluso, Orama dijo que durante la vista pública se comunicó con la empresa dominicana Rica para que se le permitiera divulgar el precio por litro que le cobra Indulac.

A 34 centavos la leche a República Dominicana

El ejecutivo dijo que Indulac vende cada litro de leche cruda a Rica en 34 centavos. Además, antes de enviar la leche a la República Dominicana, la planta Tres Monjitas efectúa un “pre-pasteurizado” que tiene un costo de 7 centavos. Orama dijo que Indulac invierte cerca de 13 centavos por litro en el manejo del producto antes de su exportación y que la empresa pierde 2 centavos por litro.

“Esto es un servicio al ganadero”, sostuvo Orama, en alusión a que la exportación de leche es medida empleada para evitar el decomiso del producto.

El ejecutivo también dijo que a partir del 1 de julio la empresa Rica pagará 40 centavos por cada litro.

Indicó que desde 2018 Indulac ha exportado 14.3 millones de litros anuales a República Dominicana, lo que implica que hasta el 2021 Indulac exportó 57.4 millones de litros. Orama dijo que en esos años la exportación representó $18 millones de ingreso para los ganaderos.

Orama reveló que Indulac también exporta productos lácteos terminados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos. El pasado año esa exportación implicó el uso de 30 millones de cuartillos.

Ninguno de los legisladores realizó preguntas sobre la presunta pérdida de 2 centavos por litro en la exportación de leche cruda a la Rica, que suman $1.1 millón entre 2018 y 2021. Tampoco cuestionaron el esquema de costo revelado por Orama para la leche cruda exportada.

Tampoco se cuestionó porqué el precio por litro que le cobra Indulac a Rica era un asunto tan confidencial que requirió que Orama llamara a la empresa dominicana para que se le permitiera divuglarlo en la vista pública. Por lo general la confidencialidad de los acuerdos entre empresas ocurre en mercados sumamente competidos. La exportación de productos terminados, que implicó el uso de 30 millones de cuartillos el pasado año, tampoco generó interrogantes entre los legisladores.

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NOTICIAS

Ocho posibles violaciones a leyes ambientales en cantera ilegal en Arecibo 

Algunas de las imputaciones constan en los informes técnicos de la pesquisa que lleva a cabo el DRNA contra CIC

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Por Marcos Pérez Ramírez y Carmen Enid Acevedo
EyBoricua.com y Bonita Radio

La operación de Caribbean Island Construction (CIC) de una cantera en la zona especial del karso desde enero de 2022 se alega que produce violaciones de por lo menos ocho leyes ambientales de Puerto Rico y de Estados Unidos.

La pesquisa revelada esta semana por EyBoricua.comBonita Radio descubrió que en el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago hay una actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena que opera mediante pagos en efectivo.

Según la documentación oficial del caso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) analizada por esta pesquisa, algunas de las violaciones de ley que se le podrían imputar a CIC incluyen leyes ambientales de Puerto Rico que regulan la extracción de grava y piedra; para proteger la integridad de la zona protegida del karso; para conservar, desarrollar y usar recursos de agua; para proteger la vida silvestre y los bosques de Puerto Rico y de control de inundaciones.

Asimismo, pueden haber incurrido en violaciones a leyes ambientales federales debido a la construcción de charcas de retención y uso de aguas, no contar con control de escorrentías para que las aguas de los caminos y los cunetones no lleguen al Río Grande de Arecibo, así como descargar material de relleno y aguas usadas al cuerpo de agua.

Todas estas imputaciones aparecen mencionadas en los informes técnicos de los biólogos Farel Velázquez, oficial de manejo del refugio de vida silvestre, embalse Guajataca, experto en especies acuáticas y Ramón Rivera, líder de la división de ecología terrestre del DRNA.

El informe de Rivera, fechado 10 de mayo, es el más detallado hasta el momento en poder de esta pesquisa. El documento constata que durante la inspección que el biólogo hizo junto a la geóloga Ruth Vélez y los investigadores del caso, pudo observar posibles violaciones a las mencionadas leyes y a la que prohíbe alterar un hábitat natural y otras que regulan la integridad de las especies en peligro de extinción como la palma de corozo y el árbol de maga. Esta inspección fue el 27 de abril.

“Entendemos que los actos de remover material de la corteza terrestre y vegetación sin los debidos permisos redundan en violaciones a la Nueva Ley de Vida Silvestre, Ley de Bosques y las condiciones del permiso emitido por OGPe. Recomendamos que la Oficina de Asuntos Legales proceda a redactar y presentar querella contra la AAA y Caribbean Island Contractors LLC [sic] como infractores de las leyes y reglamentos que administra el DRNA. De igual manera, sugerimos presentar ante el Tribunal a nombre del DRNA acción para impedir, prohibir o evitar cualquier más violación a las leyes y reglamentos”, concluye el biólogo, quien detalla también posibles violaciones al permiso y multas que podría enfrentar CIC por supuestas violaciones a la Ley de Bosques.

De otra parte, el informe del biólogo Velázquez constata que durante su inspección, el 22 de abril, notó que “no había control, identificación o censo de las especies acuáticas nativas o endémicas que en el Río Grande de Arecibo abundan”.

“Es un área extensa y un proyecto ambicioso donde el impacto no se limita únicamente al dragado, sino que se extiende al área protegida del carso y hábitat de las especies nativas, como la boa puertorriqueña, entre otros”, añade Velázquez.

Además, el experto advierte en su informe que en el Río Grande de Arecibo se ha registrado la presencia de un total de 27 especies acuáticas, incluyendo a siete nativas de agua dulce, 13 especies nativas de estuario y siete especies exóticas.

“No se ha presentado ningún protocolo o proceso para mitigar el impacto del dragado al ecosistema acuático. Este tipo de trabajo afecta dramáticamente, los parámetros de calidad de agua en el entorno. Se ha documentado que este tipo de trabajo sin los controles adecuados eleva los niveles de sólidos suspendidos en el agua, deteriora el oxígeno disuelto en el agua y aumenta las concentraciones de metales pesados”, argumenta el experto en especies acuáticas, quien sustenta su informe citando estudios científicos, leyes y planes del DRNA y documentación oficial sobre las actividades que regulan las leyes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.  

“Entendemos que este tipo de proyecto establecen que es necesario el aval y recomendaciones de agencias estatales y federales. Hasta este momento (25 de mayo, cuando firma y entrega su informe) no se han presentado los puntos de vista de agencias federales como el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, entre otras”, concluye el biólogo.

Es importante recordar que el Río Grande de Arecibo está en la lista de los cuerpos de agua sobre los que el Cuerpo de Ingenieros ejerce su autoridad regulatoria, bajo la sección 10 del Rivers and Harbors Act y la sección 404 del Clean Water Act.

Hasta el momento, la única investigación formal contra las actividades de CIC es la que dirige el DRNA. Consta una querella radicada por la representante Mariana Nogales ante Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

En estos dos videos -grabados durante la primera semana de junio- se puede apreciar el impacto que reseñan los informes del DRNA.

Vista aérea de la cantera en Arecibo

Operación de cantera de CIC en zona protegida del karso

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PUERTO RICO

¿Intercambiar a Texas por Puerto Rico?

Campaña en línea para lograr la independencia del estado de Texas se torna viral, según la revista Newsweek

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Puerto Rico ha realizado varios referéndums sobre la estadidad, el más reciente en noviembre de 2020. (Archivo)

Por Sandra D. Rodríguez Cotto

Especial para EyBoricua

San Juan, 24 de junio – Mientras los republicanos en el estado de Texas presionan por la celebración de un referéndum sobre una posible independencia de los Estados Unidos, los usuarios de las redes sociales sugirieron una idea: cambiar Texas por Puerto Rico.

Aunque la Constitución de los Estados Unidos no contempla la secesión, el Partido Republicano de Texas incluyó la medida en una plataforma partidaria propuesta por la que votaron los delegados en su convención estatal la semana pasada, reveló la revista Newsweek ayer.

La medida pide a la Legislatura de Texas que apruebe un proyecto de ley en su próxima sesión que permita un referéndum en 2023 para que “el pueblo de Texas determine si el estado de Texas debe o no reafirmar su condición de nación independiente”.  Expertos entrevistados por Newsweek dijeron que la probabilidad de que Texas se separe de los Estados Unidos es muy poco probable.

Aun así, algunos cibernautas en las redes sociales acogieron con beneplácito la idea de la secesión de Texas y sugirieron que podría brindar una oportunidad para que Puerto Rico y Washington, D.C. obtengan la estadidad.

“Dejemos ir a Texas y traigamos a Puerto Rico y DC”, escribió un usuario de Twitter, obteniendo más de 17,000 “likes” (me gusta). Pero una organización que cabildeaba para que Puerto Rico se convirtiera en un estado, argumentó que la estadidad puertorriqueña no debería basarse en las decisiones de ningún otro estado.

“El Congreso debería ofrecer a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico la admisión como estado basándose en el hecho de que la mayoría de los votantes de la isla han elegido repetidamente la estadidad en las urnas, no en la posibilidad de que las personas en cualquier otro estado estén considerando la secesión que, en la medida de lo posible, que yo sepa, no está permitido por la Constitución de los Estados Unidos”, dijo George Laws García, director ejecutivo del Puerto Rico Statehood Council.

“No nos hacemos de ilusiones sobre la posibilidad de que Texas realmente se separe de la Unión y luego Puerto Rico los reemplace como estado, pero tenemos una esperanza genuina de que el Congreso finalmente responda a los votantes en Puerto Rico que exigen democracia plena, igualdad y derechos de voto a través de la estadidad”, agregó.

Puerto Rico ha realizado varios referéndums sobre la estadidad, el más reciente en noviembre de 2020, cuando el 52.5% de los votantes dijo que la isla debería convertirse en el estado número 51 de la nación estadounidense. Esa elección no fue vinculante ya que sólo el Congreso puede cambiar el estatus político de la isla y jamás lo ha permitido en 124 años de coloniaje.

El mes pasado, un grupo de legisladores estadounidenses dio a conocer un proyecto de ley que proponía realizar un plebiscito vinculante en noviembre de 2023 para permitir que los puertorriqueños decidan su futuro. La Ley del Estatus de Puerto Rico, (Puerto Rico Status Act) es un proyecto de ley en consenso alcanzado entre ciertos congresistas ofrece tres opciones para Puerto Rico: convertirse en un estado, volverse completamente independiente o ser independiente en libre asociación, manteniendo algunos vínculos con los Estados Unidos. Hay pocas posibilidades de que el proyecto prospere. 

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PUERTO RICO

Conductor ebrio y sin licencia atropella a mujer policía

Pedro Jaime Torres López conducía un vehículo que no tenía marbete vigente

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La agente Leyda Ruiz Suárez se encuentra en condición estable. (Archivo)

San Juan, 24 de junio (EFE) – Una agente de la Policía resultó herida este viernes en su pierna derecha tras ser impactada por un conductor en estado de embriaguez en Isla Verde, informaron las autoridades.

Según detalló la Policía, mientras la agente Leyda Ruiz Suárez, adscrita a la Comandancia de Carolina, dirigía el tránsito frente al Hotel San Juan, esta le ordenó a un conductor, identificado como Pedro Jaime Torres López, que detuviera su marcha.

No obstante, este ignoró la orden de la oficial, impactándola en la pierna derecha con la parte derecha de su vehículo.

Tras el impacto, Torres, cuya edad no fue dada, fue intervenido por la Policía para hacerle la prueba de alcoholemia, la cual arrojó .16%, el doble de lo permitido por ley.

Además, Torres no era un conductor debidamente autorizado, pues no poseía licencia para conducir, ni había pagado los derechos anuales del marbete para su automóvil involucrado en este hecho.

La supervisora de la agente herida, la sargento Yolanda Rivera, señaló que la condición de Ruiz es estable y que fue asistida por paramédicos del Municipio de Carolina.

Durante la mañana de hoy se hará la consulta correspondiente con la fiscalía a los fines de canalizar la radicación de cargos criminales contra Torres.

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