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A la tumba el retiro incentivado por inacción del gobierno

La acción de Vázquez Garced ha sido cuestionada, pues  despertó las esperanzas en miles de empleados públicos que deseaban retirarse y desconocían que el gobierno carecía de los fondos para pagar su pensión

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (10 de mayo de 2022) – En lo que representa la última porción de tierra para enterrar la Ley 80 (Ley del Programa de Retiro Incentivado), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le avisó a la administración de Pedro Pierluisi que se propone solicitar al Tribunal Federal que finalmente invalide la ley porque a pesar de los intentos, no ha logrado alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Puerto Rico para su implementación.  

La inminente petición al Tribunal Federal fue informada por el consejero general de la JSF, Jaime A. El Kouri, en una carta con fecha del 6 de mayo de 2022, al director ejecutivo adjunto de la Agencia Fiscal y de Asesoramiento Financiero, Nelson Pérez Méndez.

La Ley 80 ya fue invalidada el pasado 28 de diciembre, cuando el Tribunal Federal emitió una orden en la que dispuso que la puesta en vigor de la anulación del estatuto dependería de que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo que permitiera ofrecer algunos de sus beneficios sin que represente un gasto para el fisco.

“Hasta la fecha, el gobierno no ha proporcionado la información y el análisis necesarios para concluir si la Ley 80 realmente podría generar ahorros. En consecuencia, la Junta de Supervisión Fiscal se propone informar al Tribunal de Título III, que han intentado llegar a un acuerdo con el gobierno sin éxito”, sostuvo El Kouri en la carta.

La Ley 80, aprobada en agosto del 2020 de manera unánime en la Cámara y en el Senado, estableció una ventana de retiro a los empleados públicos con una pensión equivalente al 50% del salario más alto devengado en los últimos tres años. Desde su aprobación, la JSF presentó objeciones porque la ley fue avalada por la Legislatura sin analizar su impacto fiscal y sin que se hubiera identificado una fuente de recursos para financiar las pensiones de los empleados que podrían acogerse al retiro que prometía el estatuto.

A pesar de las objeciones de la JSF, la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley días antes de la celebración de la primaria para el cargo de gobernador en el Partido Nuevo Progresista, en la que ella competía por esa candidatura con Pierluisi, quien eventualmente ganó la gobernación.

La acción de Vázquez Garced ha sido uno de las decisiones más cuestionables tomada por un gobernador después que se decretó la quiebra del gobierno y la aprobación de la ley Promesa, pues  despertó las esperanzas en miles de empleados públicos que deseaban retirarse y quienes desconocían que el gobierno carecía de los fondos para pagar una pensión mensual equivalente al 50% de su salario.

Ese monto de pago mensual prometido por la Ley 80 sería hasta un 20% más alto que la pensión dispuesta por la Ley 3 del 2013, que eliminó una serie de beneficios económicos a los pensionados y redujo el monto de la pensión para los nuevos jubilados.

La carta recuerda que el 28 de diciembre de 2021, el Tribunal Federal emitió una orden que recogió un acuerdo entre la JSF y el gobierno, que pretendía a explorar si la Ley 80 “se puede salvar para lograr ahorros de costos reales, por encima de los ahorros ya requeridos por el plan fiscal certificado”.

La orden concedió un período de 45 días para que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo, cuya fecha límite fue 11 de febrero de 2022. Ese día el gobierno presentó algunos datos, supuestamente incompletos, a la JSF. El 16 de febrero de 2022, la JSF y el gobierno presentaron una moción al Tribunal Federal solicitando 120 días adicionales para llegar a un acuerdo.

Un requisito para lograr el acuerdo requerido por la JSF es una detallada descripción de los puestos que se eliminarían y los ahorros netos proyectados por esa eliminación y una relación del costo incremental del pago mensual a los empleados públicos que se acojan a la jubilación.

El 28 de marzo de 2022 el gobierno presentó una información que la JSF entiende que “sigue sin cumplir con los requisitos establecidos en la orden para intentar llegar a un acuerdo sobre un método para implementar parte de la Ley 80”.

Sobre esa información la JSF sostuvo que originalmente el gobierno había identificado 11,000 empleados en casi 150 agencias y municipios que eligieron participar en el programa de jubilación de la Ley 80. Pero el análisis del 28 de marzo solo considera aproximadamente 1,100 empleados de siete agencias. Incluso, la JSF señaló que el análisis estaba incompleto.

“Si bien el gobierno reconoce que tiene la intención de transferir empleados de otras agencias para ocupar los puestos designados como “esenciales”, el gobierno no ha identificado quiénes serán estos empleados transferidos. Además, el enfoque del gobierno se basa en la premisa falsa de que los empleados esenciales son intercambiables y simplemente pueden ser reemplazados por alguien de otra agencia, sin importar la base de conocimientos o el conjunto de habilidades”, señala la carta.

El documento explica que al no identificar las identidades de las transferencias, sus niveles salariales reales, sus niveles de beneficios acumulados reales y la agencia en la que están empleados actualmente “ni el gobierno ni la JSF pueden proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos eliminados propuestos.”

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