Bogotá (EFE) – La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible colombiana, Susana Muhamad, defendió este miércoles la necesidad de que la Corte Constitucional ratifique el Acuerdo de Escazú después de que se conociera que Colombia fue el país más letal para defensores ambientales en 2022, cuando fueron 60 los líderes ambientales asesinados, una “cifra realmente vergonzosa”.
“Lamentamos el asesinato de estos 60 defensores ambientales. Es una cifra realmente vergonzosa para el país y esperamos que podamos ir revirtiendo esta realidad con la implementación del Acuerdo de Escazú”, aseguró Muhamad.
Colombia fue el país más peligroso para los líderes y defensores ambientales en 2022, cuando se notificaron 60 asesinatos de ambientalistas en “otro año nefasto para el país”, según el último informe de Global Witness, una cifra que supone casi el doble que en 2021, cuando 33 defensores perdieron su vida por su labor.
“Por eso es fundamental la ratificación por parte de la Corte Constitucional del Acuerdo de Escazú. Si bien estamos implementando muchos de esos aspectos, que sea una ley firme de la república nos ayudaría mucho para defender a los defensores ambientales”, insistió la ministra.
También enfatizó la importancia de “entender que la biodiversidad y nuestra diversidad cultural es nuestra mayor riqueza; que protegerla, reconocerla y conocerla es lo que realmente nos hace próspera y es nuestro gran potencial”.
Desde que la organización empezó a recolectar estos datos en 2012, Colombia acumula 382 asesinatos de líderes y defensores ambientales lo que lo convierte en “el país con el mayor número de asesinatos”.
“Las cifras de 2022 para Colombia son un recordatorio aleccionador de la cantidad de trabajo que queda por hacer urgentemente”, alertó Global Witness en su informe.
Violencia contra ambientalistas
Los sectores con mayor riesgo para los defensores ambientales son la minería ilegal de oro y metales preciosos; el acaparamiento de tierras, actividades económicas ilegales de uso ilícitos y el narcotráfico, y la agroindustria, explica a EFE la directora de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF, Ximena Barrera.
Además, todos estos factores contribuyen a la deforestación y degradación ambiental y genera riesgos para los defensores ambientales, apunta Barrera.
En los últimos años, las zonas con más afección hacia los defensores han coincidido con las regiones en donde existe conflicto armado, como los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo.
En 2022, las comunidades indígenas y campesinas fueron las más afectadas. Más de un tercio (36%) de los defensores asesinados eran pueblos indígenas; más de una quinta parte (22%) eran agricultores de pequeña escala y el 7% eran afrodescendientes.
En este contexto, desde la organización ambiental defienden la necesidad de “una política integral con una mayor vocación de cumplimiento que asuma la protección de las personas defensoras del ambiente como parte de una política criminal ambiental colombiana”.
“Como sociedad, Colombia debe, como punto de partida, reconocer la labor esencial que cumplen las personas defensoras del ambiente. Debe también dejar atrás los estigmas, las dudas, inquietudes o juicios que se puedan generar entorno a la labor de los defensores”, concluye Barrera ante las alarmantes cifras de asesinatos de ambientalistas.
