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EPA coloca al tope de sus prioridades el caso de la cantera ilegal en Arecibo 

La agencia federal cuenta con recursos especializados liderando la pesquisa

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Por Marcos Pérez Ramírez

Especial para EyBoricua.com

(San Juan)- Tras un mes y tres días de revelada la primera entrega de la pesquisa periodística Cantera de Corrupción, una colaboración entre EyBoricua.com y Bonita Radio, la agencia de protección ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) colocó al tope de sus prioridades el caso de la cantera ilegal que Caribbean Island Construction (CIC) estableció en la zona protegida del karso, en Arecibo.

EPA cuenta con recursos especializados liderando la pesquisa, con conocimiento técnico y peritaje en las áreas de ingeniería ambiental, permisos, jurisprudencia relacionada al Clean Water Act, así como a un especialista en ríos que viajó desde Estados Unidos para trabajar en el caso, según fuentes de EyBoricua.com, quienes también detallaron que la agencia cuenta con evidencia robusta sobre los posibles crímenes ambientales allí cometidos.

Asimismo, el pasado miércoles la agencia federal inspeccionó las inmediaciones de la Planta de Filtros Doctor Antonio Santiago Vázquez junto a personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCAE, por sus siglas en inglés) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). 

La inspección del pasado miércoles fue confirmada por dos fuentes de EyBoricua.com y fue parte de las argumentaciones que hicieron las partes durante la vista administrativa del viernes 22 de julio, en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en la que se discutió la orden de cese y desista que la secretaria interina, licenciada Anaís Rodríguez, emitió el 24 de junio contra las operaciones de CIC

Esta nueva información sobre el desarrollo de la pesquisa federal coincide con la visita hoy a Puerto Rico del administrador de EPA, Michael S. Regan, como parte de la última fase de su gira ‘Viaje a la justicia’

Según explicó la agencia federal mediante una comunicación oficial, la gira del señor Regan busca “destacar las preocupaciones de justicia ambiental de comunidades históricamente marginadas, y escuchar de primera mano a los residentes que lidian con los graves impactos de la contaminación en estas áreas”. 

Asimismo, el pasado 6 de julio EPA ordenó al desarrollador de Cliff Villas, en Aguadilla, a detener las descargas de aguas de escorrentías y usadas al mar, y advirtió entonces que esa orden “es la última de una serie de medidas de aplicación adoptadas para hacer frente a las violaciones de las aguas pluviales de las obras de construcción en toda la isla. La EPA considera prioritario asegurar el cumplimiento de la Ley de Aguas Limpias debido al aumento de la actividad de construcción en todo Puerto Rico, especialmente en las zonas costeras”.

En su comunicación sobre el caso de Cliff Villas, la agencia federal explicó que “cuando llueve, las aguas pluviales arrastran la tierra suelta de una obra, junto con diversos materiales y productos almacenados en el exterior. A medida que las aguas pluviales fluyen por la obra, pueden recoger contaminantes como sedimentos, escombros y productos químicos de esa tierra suelta y transportarlos a sistemas de alcantarillado pluvial cercanos o directamente en ríos, lagos o aguas costeras”.

El Licenciado Miguel Torres Torres, quien representa a CIC en el caso de la cantera ilegal que la empresa estableció en Arecibo, funge también como abogado del desarrollo The Cliff, en Aguadilla. 

Tanto la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon, representante del interés público del DRNA en el caso de CIC, como el abogado Torres Torres se refirieron a la inspección de la agencia federal durante la vista del viernes 22 de julio, a la que la agencia nombró a un contratista privado como oficial examinador, según revelara un reportaje de EyBoricua.com.  

“Tenemos conocimiento que la EPA también intervino. Desconocemos cuál sería el resultado de esa intervención de la EPA, pero EPA estuvo interviniendo precisamente con respecto Clean Water Act, respecto al mal manejo, de las medidas de control y sedimentación”, dijo la licenciada Mildred Sotomayor Bourbon en una de sus alocuciones en la vista en las que representó al interés público y el DRNA ante CIC.

EyBoricua.com se comunicó con la oficial de comunicaciones de EPA en Puerto Rico, Brenda Reyes, quien contestó que “no pueden denegar ni confirmar” la información al momento por tratarse de una pesquisa en curso.

UN MES DE PESQUISAS PERIODÍSTICAS

El desarrollo del caso surge a un mes y tres días de que comenzara a publicar la pesquisa periodística Cantera de Corrupción, en colaboración entre EyBoricua.com y Bonita Radio, revelara cómo CIC fue contratada por la AAA para dragar el embalse que alimenta al Superacueducto, pero en su lugar estableció una cantera sin permisos en la zona protegida del karso que operaba mediante pagos en efectivo.

En el embalse de la Planta de Filtros Dr. Antonio Santiago operaba una actividad de remoción, procesamiento y venta de piedra y arena, a pesar de que el documento que establece la relación entre las partes solo habla de dragado y remoción de sedimentos crudos del embalse.  Asimismo, la documentación relacionada a este caso consignó varias violaciones de leyes ambientales en las jurisdicciones local y federal.

Dos días después de reveladas las primeras entregas de la pesquisa periodística, el DRNA emitió una orden de cese y desista contra CIC. El documento le imputa a CIC nueve infracciones a cinco leyes ambientales de Puerto Rico y constata que la operación no cuenta con los debidos permisos, franquicias y endosos de las agencias de Puerto Rico y Estados Unidos, requeridos para las actividades de cantera que la empresa lleva a cabo en la zona de protección especial del karso. 

Asimismo, el DRNA le exige a CIC presentar un plan de forestación, restauración y mitigación de conformidad con los requerimientos técnicos de la Agencia.

“Todos y cada uno de los actos imputados se realizaron sin contar con los permisos, autorizaciones, franquicias y endosos estatales y federales necesarios, impactando y modificando hábitat natural; extracción, remoción, creación, de caminos y eliminación de árboles y vegetación afectando y poniendo en riesgo elementos críticos identificados, pudiendo causar efectos o alteración de patrones esenciales de comportamiento normal como la reproducción, alimentación o su refugio, tanto para especies terrestres como especies acuáticas, unas que habitan el mogote y otras dentro del embalse que se nutre Del Río Grande de Arecibo. Utilización de aguas públicas sin contar con los permisos y franquicia requerida, mediante conducta temeraria, contumaz y en abierto menosprecio a las Órdenes de Paralización emitidas por los Vigilantes del DRNA”, dice la orden del DRNA en un apartado donde resume los hechos del caso.

La segunda entrega de la serie investigativa Cantera de Corrupción reveló las conexiones de políticos del PNP y consultores, así como un exsecretario del DRNA, ahora consultor del proponente, candidatos derrotados a alcaldías y operativos políticos, que laboran desde la gerencia intermedia de las agencias de permisos y fiscalización sin que hayan hecho nada para impedir las posibles violaciones ambientales y el negocio viabilizado con un contrato gubernamental.

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), región 2, anunció el 27 de junio que estaba investigando la operación que CIC estableció en la zona protegida del karso.

“La EPA se enteró recientemente de este caso y actualmente está bajo investigación. La EPA también tiene que coordinar la investigación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (USACE) bajo la Ley de Ríos y Puertos y la Ley de Agua Limpia. Se requieren permisos de la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos y/o la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia para la construcción de estructuras o se necesita relleno para realizar el trabajo dentro de las Aguas de los Estados Unidos”, dijo Carmen Guerrero, Directora División de Protección Ambiental del Caribe, EPA Región 2, en una comunicación oficial enviada a EyBoricua.com Bonita Radio

Finalmente, el DRNA emplazó el 30 de junio con una orden de cese y desista a Carlos Rodríguez Camacho, presidente de CIC, quien estaba a cargo de la operación del arenero ilegal que la empresa instaló en la zona protegida del karso sin permisos, luego de que se dilatara el proceso de diligenciamiento de la orden.

La pesquisa desarrollada por EyBoricua y Bonita Radio narra en esta historia multimedios cómo funcionaba la cantera que opera CIC.

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MUNDIALES

El FBI buscó documentos clasificados sobre armas nucleares en la casa de Trump

El Washington Post publicó la información citando a fuentes anónimas cercanas a la investigación

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Washington (EFE) – El registro en casa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017 – 2021) el pasado lunes tenía como objetivo encontrar documentos clasificados sobre armamento nuclear que el exmandatario sacó de la Casa Blanca, según publicó este jueves el diario The Washington Post. 

El Post, que citó a fuentes anónimas cercanas a la investigación, indicó que la redada responde a la preocupación en el Gobierno estadounidense de que los documentos que Trump se llevó consigo al dejar la Presidencia y que contienen información sensible caigan en malas manos.

Las fuentes no aclararon si la información que supuestamente se encontraba en casa de Trump era referente a armamento nuclear en posesión de EE.UU. o de potencias extranjeras, y tampoco detallaron si efectivamente se encontró este material.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, autorizó personalmente la decisión de solicitar la orden de registro del pasado lunes a la residencia de Trump en Florida y ha pedido este jueves autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública dicha orden.

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro y señaló que este tipo de decisiones no se toman “a la ligera”. 

Siempre que es posible, aclaró, se opta por medios “menos intrusivos” como alternativa.

La orden de registro fue autorizada por un tribunal federal y el inventario de propiedad es un documento que la ley federal exige que las fuerzas del orden dejen al dueño del lugar.

Según indicaron medios estadounidenses, los abogados de Trump tienen hasta el viernes a las 15.00 hora local (19.00 horas GMT) para presentar objeciones ante la Corte a la petición para que se haga pública la orden.

El primero en informar de la redada a la mansión de Florida había sido el propio Trump en sus redes sociales: “Es su derecho”, dijo el fiscal general, según el cual los abogados del exmandatario republicano (2017-2021) recibieron ese mismo día una copia de la orden de registro y del inventario del FBI.

Garland destacó que la adhesión al estado de derecho es el “principio fundamental” del Departamento de Justicia y de la democracia estadounidense, y apuntó que nadie está por encima de la ley.

“Defender el estado de derecho significa aplicar la ley de manera uniforme sin temor ni favoritismo. Bajo mi supervisión, eso es precisamente lo que está haciendo el Departamento de Justicia”, dijo en esa breve intervención televisada, en la que criticó los ataques y amenazas lanzados contra las fuerzas del orden.

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PUERTO RICO

Muere a manos de la Policía el hombre que intentó entrar en sede del FBI

“La violencia y las amenazas contra las fuerzas de orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar fuertemente a todos los estadounidenses”, señaló Wray

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Washington (EFE) – El hombre que intentó entrar en la sede local del FBI en la ciudad de Cincinnati (Ohio, EE.UU.) murió este jueves a manos de la Policía. 

El sospechoso, que no ha sido identificado aún por las autoridades, fue perseguido por la Policía después de huir del lugar de los hechos y fue dado de baja en un enfrentamiento con los agentes alrededor de las 3.00 p.m. hora local (15.00 GMT), según informaron medios locales. Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido en el enfrentamiento, aseguraron las autoridades. 

Sobre las 09.15 hora local (21.15 GMT), el hombre intentó entrar al edificio del FBI armado con un rifle semiautomático AR-15 y una pistola de clavos, según informaron las autoridades. El sospechoso disparó varias veces contra las fuerzas del orden en su huida, pero no se registraron heridos. 

El director del FBI, Christopher Wray, rechazó en un comunicado los ataques “sin fundamento” contra el FBI. 

“La violencia y las amenazas contra las fuerzas de orden público, incluido el FBI, son peligrosas y deberían preocupar fuertemente a todos los estadounidenses”, señaló Wray también el jueves. 

Lo sucedido tiene lugar en un momento en el que han aumentado las amenazas contra el FBI después de que este cuerpo de investigación registrara la mansión del expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) en Florida en busca de documentos clasificados que podría haberse llevado al dejar el poder.

Las autoridades no han informado aún sobre las posibles motivaciones del sospechoso. 

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PUERTO RICO

Incendio en planta de reciclaje en Carolina podría acabar en los tribunales

Ante este incidente, el alcalde de Carolina criticó a los administradores de la compañía DCN Administrative and Recycling Corp. por “la situación de emergencia provocada”

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San Juan (EFE) – El incendio desatado en una planta de reciclaje en Carolina este jueves provocó una densa columna de humo y las críticas del alcalde José Carlos Aponte, quien estudia volver a demandar a la compañía propietaria ante la justicia.

El fuego comenzó en el local que ocupa la compañía de reciclaje de metales DCN Administrative and Recycling Corp., ubicada en la Carretera 887, cerca de la tienda de muebles Rooms To Go y del Centro de Control de Animales.

Los bomberos de Carolina y San Juan acudieron a atender el fuego y estuvieron trabajando en la escena durante horas hasta lograr extinguirlo al final de la tarde.

“Exhortamos a las comunidades aledañas a tomar precauciones de seguridad debido a la cantidad de humo en el área”, pidió el Negociado del Cuerpo de Bomberos en un mensaje en Twitter.

Ante este incidente, el alcalde de Carolina criticó a los administradores de la compañía DCN Administrative and Recycling Corp. por “la situación de emergencia provocada”.

“El incendio está confinado y bajo control, pero la densa columna de humo que ha generado el fuego puede provocar condiciones de salud y malestar a personas con problemas respiratorios, por lo que les exhortamos a tomar las debidas precauciones,”, aconsejó Aponte a los ciudadanos.

Cabe destacar que en 2021 el Municipio de Carolina demandó a esta compañía de reciclaje de metales con el objetivo de paralizar las operaciones que, según el alcalde, actúan fuera de los límites del permiso, ocasionando perjuicios a las comunidades del sector. 

El Tribunal de Primera Instancia falló en contra del municipio de Carolina, pero este se dispone a apelar esa sentencia y a evaluar el incendio de hoy para ver si existen agravantes para presentar un nuevo caso ante la justicia.

“¡Esto es algo que se veía venir! Esta compañía irresponsablemente obstruía el tránsito, operaba fuera del horario, causaba ruidos y olores ofensivos a la comunidad, recibían materiales de manera no adecuada y contaminaban el área”, denunció el alcalde.

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PUERTO RICO

Asesinan a un hombre en Puerto Nuevo y a otro frente a escuela en Río Piedras

En cuanto al asesinato en Río Piedras, fue cometido en la avenida Ramón B. López, frente a la escuela Rafael López Sicardó

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San Juan (EFE) – Dos hombres fueron asesinados este jueves a balazos en incidentes separados en una residencia en Puerto Nuevo y frente a una escuela en Río Piedras, en circunstancias que están bajo investigación.

En Puerto Nuevo, la muerte violenta fue reportada en horas de la tarde de hoy en la calle #1 de la urbanización Caparra Terrace, según el comunicado de la Policía.

Una llamada a través del sistema de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el mencionado lugar, pero al llegar los agentes se encontraron al hombre sin vida.

Se trata de un hombre de 25 a 30 años de edad aproximadamente, que fue baleado en el interior de una residencia, sin que se conozca por ahora el móvil de los hechos.

En cuanto al asesinato en Río Piedras, fue cometido en la avenida Ramón B. López, frente a la escuela Rafael López Sicardó.

Una alerta a través del sistema de detección de disparos Shotspotter movilizó a los agentes, que hallaron en el lugar a un hombre herido de bala.

La muerte del hombre, que no ha sido identificado al momento, fue certificada más tarde por el médico de turno del Hospital San Francisco en Río Piedras.

Ambos casos son investigados por agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno.

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DEPORTES

Jaime Espinal anuncia su retiro y aspira a presidir el Comité Olímpico o dirigir el DRD

“Mi plan principal de vida es ser el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico o secretario del Departamento de Recreación y Deportes”, subrayó.

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San Juan (EFE) – El luchador Jaime Espinal, medallista olímpico, anunció este jueves formalmente en San Juan su retirada como atleta, aunque aspira a seguir vinculado al mundo del deporte. 

Espinal hizo historia al ganar una medalla de plata en Londres 2012, la primera presea olímpica para la lucha de Puerto Rico, isla de cuya delegación fue abanderado en Río de Janeiro 2016.

La retirada del luchador, nacido en República Dominicana pero criado y formado en Puerto Rico, se produce de hecho exactamente una década después de que se alzara con esa medalla olímpica.

“Hay sentimientos encontrados”, reconoció Espinal en una conferencia de prensa en la Casa Olímpica en San Juan, en la que adelantó que se va a tomar un año sabático y detalló sus futuras metas.

Explicó que tiene varios planes como iniciar unos proyectos como representante de artistas y promotor de eventos, aunque sus objetivos a largo plazo son más altos.

“Mi plan principal de vida es ser el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico o secretario del Departamento de Recreación y Deportes”, subrayó.

Espinal indicó que tuvo “la oportunidad de planificar con tiempo” su retirada porque no se debe a una lesión: “Siento que he hecho las cosas bien”, agregó.

Durante su carrera, ganó también una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010, celebrados en Mayagüez (Puerto Rico).

Otras medallas logradas fueron una de plata en 2011 en el Torneo Cualificatorio Panamericano de Lucha en Florida y otra de oro en el Campeonato de Lucha en Italia de un año después. 

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PUERTO RICO

Presionan al Supremo federal para que reconsidere Casos Insulares

Casos calificaron a los boricuas de “una raza incivilizada, feroz, salvaje e inquieta y absolutamente incapaces”

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Por Sandra D. Rodríguez Cotto

Especial para EyBoricua

San Juan – Todo apunta a que en Washington se gesta un proceso acelerado de asimilación, aculturación y anexión para los ciudadanos de los territorios, y todo es en inglés. Eso es lo que impulsa el Colegio de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association), entre otras organizaciones y cabilderos, con una campaña de presionar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que reconsidere los “Casos Insulares” por calificarlos de racistas.

Esta es una de las conclusiones a las que alude un artículo publicado en el periódico washingtoniano The Hill donde se informa que el American Bar Association aprobó una resolución unánime en oposición a los famosos Casos Insulares porque limitan los derechos de los ciudadanos estadounidenses en los territorios basados en su raza.

La acción del gremio de abogados es significativa ya que surgen dudas sobre si el Tribunal Supremo podría considerar el tema en general, en momentos en que ha habido varias controversias recientes como la prohibición del aborto.

Esta decisión de los abogados estadounidenses además presiona a la administración del presidente americano Joe Biden para que defina su posición en una demanda presentada por los ciudadanos de Samoa, que se espera llegue al Supremo federal.

La demanda anularía los casos, extendiendo las protecciones constitucionales completas para los 3.6 millones de estadounidenses nacidos en los territorios. La administración debe decidir antes de fin de mes si opina sobre la demanda.

El Departamento de Justicia federal se negó a comentar sobre la posición de la administración, según The Hill.

Los defensores de anular los Casos Insulares dicen que esas resoluciones centenarias son dañinas tanto por sus efectos actuales como por el razonamiento abiertamente racista que las impuso.

El caso de Fitisemanu v. Estados Unidos fue presentado por ciudadanos estadounidenses de Samoa Americana que no tienen ciudadanía estadounidense completa.

Los samoanos estadounidenses son identificados como “nacionales”, pero no como ciudadanos estadounidenses, lo que les impide votar en las elecciones estatales y federales, incluso cuando se convierten en residentes de un estado. Los nativos de otros territorios son ciudadanos estadounidenses que pueden ejercer todos los derechos constitucionales siempre que primero se muden a un estado de la unión.

Aunque se desconoce si el Supremo federal atienda el caso Fitisemanu, al menos dos

jueces en funciones han expresado su intención de escuchar un caso contra los Casos Insulares.

En una opinión concurrente sobre un fallo de 8-1 contra el derecho de los puertorriqueños a recibir Seguridad de Ingreso Suplementario en mayo pasado, el juez Neil Gorsuch escribió que “los Casos Insulares no tienen fundamento en la Constitución y se basan en estereotipos raciales. No merecen lugar en nuestra ley”.

Y la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor, el único voto en contra del fallo de la corte en ese caso, conocido como Estados Unidos v. Vaello-Madero, escribió en su voto disidente que los Casos Insulares “se basaron en creencias tanto odiosas como erróneas”.

Los Casos Insulares esencialmente otorgan al Congreso el poder de elegir qué derechos constitucionales confiere a los residentes de los territorios, incluidos en algunos casos los nativos de los estados o del Distrito de Columbia que residen en un territorio.

Esas limitaciones van desde el estatus de ciudadanía de Samoa hasta la implementación de las decisiones de la Corte Suprema (el matrimonio homosexual, por ejemplo, no es válido en Samoa Estadounidense a pesar de la decisión Obergefell v. Hodges) hasta las limitaciones en los programas sociales federales, como Medicaid.

“Algunas de [las limitaciones] son concretas y reales hoy, algunas son como una espada de Damocles que cuelga sobre tu cabeza”, dijo Neil Weare, presidente de Equally American, una organización de derechos civiles que se enfoca en los derechos de los residentes territoriales.

Los casos surgieron por primera vez cuando el Tribunal Supremo enfrentó cuestionamientos legales sobre la concesión de derechos a personas en territorios que habían sido invadidos o adquiridos por los Estados Unidos durante la Guerra Hispanoamericana y la partición de Samoa entre Estados Unidos y Alemania en 1899.

Los casos frecuentemente se basaron en puntos de vista racistas para llegar a sus conclusiones.

En el primero de los casos, una disputa de 1901 sobre si debían imponerse aranceles a las importaciones puertorriqueñas a Nueva York, el juez Edward Douglass White en una opinión concurrente escribió que los puertorriqueños eran “una raza incivilizada”, “una raza feroz, salvaje e inquieta” y “absolutamente incapaces” de obtener la ciudadanía estadounidense.

Las diferencias en las que se reconocen los derechos constitucionales en cada territorio generalmente se basan en el historial de toma de posesión de los EE.UU. de cada dependencia individual.

Samoa Americana se convirtió en territorio estadounidense como resultado de una disputa territorial entre Estados Unidos y Alemania en el Pacífico Sur; Puerto Rico y Guam fueron cedidos por España después de la Guerra Hispanoamericana; las Islas Vírgenes de los Estados Unidos se compraron a Dinamarca; y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte negociaron las condiciones de su estatus territorial como parte de la disolución del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Por esas diferencias históricas, algunos grupos dentro de los territorios se oponen a la eliminación de los Casos Insulares.

Un grupo de derechos indígenas en las Islas Marianas del Norte, por ejemplo, se opone a derogar los Casos Insulares porque sus miembros temen que el cambio pueda poner fin a las restricciones de propiedad de la tierra que favorecen a los nativos del territorio, informó el Pacific Daily News.

Y la oposición del gobierno de Samoa Americana fue un elemento clave en la decisión del Tribunal del Décimo Circuito contra los demandantes en el caso Fitisemanu.

“Es evidente que los deseos de los representantes elegidos democráticamente del territorio, que nos recuerdan que su pueblo no ha formado un consenso a favor de la ciudadanía estadounidense y nos instan a no imponer la ciudadanía a un pueblo que no está dispuesto desde un juzgado a miles de kilómetros de distancia, han no se ha tenido en cuenta adecuadamente”, escribió el juez Carlos Lucero, designado por el expresidente Clinton, en la decisión del Décimo Circuito.

Aún así, el panel del Tribunal de Apelaciones reconoció las fallas evidentes en el razonamiento detrás de los Casos Insulares.

“Se les critica por equivaler a una licencia para una mayor expansión imperial y por haberse basado, al menos en parte, en la ideología racista”, escribió Lucero, quien calificó el propósito y el razonamiento de los Casos Insulares como “deshonrosos a los ojos modernos”.

Pero Lucero agregó que la implementación actual de los Casos Insulares permite que los territorios con prácticas culturales distintas mantengan una forma de vida que de otro modo sería incompatible con ciertos principios constitucionales de los EE. deseo de ser ciudadanos estadounidenses de pleno derecho.

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PUERTO RICO

Arrestado en San Sebastián fue un agente infiltrado

Ayudante del alcalde arrestado por presunta violación a subalterna tiene historial de perseguir a independentistas y populares bajo la División de Inteligencia de la Policía

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Por Sandra D. Rodríguez Cotto

Especial para EyBoricua

San Juan – Aníbal Mercado, quien hasta ayer era la mano derecha del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, cuando fue arrestado al ser imputado de agredir sexualmente en tres ocasiones a una subalterna, tiene un largo historial de perseguir opositores políticos y fabricar carpetas y casos contra supuestos subversivos desde la década del 80. Para ese entonces él era agente de la División de Inteligencia de la Policía.

Mercado era bien conocido en San Sebastián porque trabajó como ayudante del primer alcalde electo bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el 1992, Justo Medina. Luego, cuando Jiménez, quien también es del PNP, entró a dirigir el Ayuntamiento, se mantuvo como su mano derecha hasta ayer por el arresto.

En horas de la mañana, agentes de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla ocuparon el vehículo, el teléfono celular y allanaron la oficina de Mercado en la alcaldía. El hombre, de 71 años, presuntamente agredió sexualmente en tres ocasiones a una subalterna de 25 años, quien tiene diversidad funcional. Para añadir a la tragedia, la víctima es hija de un amigo de Mercado.

El alcalde Jiménez suspendió sumariamente de empleo a su ayudante en lo que termina la investigación. Pero el tema en San Sebastián desde ayer ha sido quién era este personaje que ostentaba tanto poder en la alcaldía.

Mercado tiene un largo historial de peligrosidad que data de la década de 1980 cuando se infiltró para perseguir independentistas. Según varios entrevistados en el pueblo, por varios años Mercado se infiltró en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) en donde escaló a posiciones de liderato, mientras iba recopilando información de los miembros de esa colectividad para la División de Inteligencia de la Policía.

“Nos enteramos cuando del Comité Nacional de Acción Electoral lo identificaron. Entonces Mercado salió del PSP municipal y se destapó. Lo hizo frente a todo el mundo en un mítin del PNP. Entonces se hizo policía y todo el mundo lo veía militando en el PNP hasta que empezó a trabajar en el municipio”, comentó uno de los miembros del antiguo PSP.

“Era un abusador, con “güille”  de bravo, que se dedicaba a tratar de amedrentar personas y a sacar armas para que vieran que era policía. Después fue la mano derecha del alcalde Justo Medina y ahora con Javier (Jiménez)”, añadió.

Jiménez tenía contactos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que luego pasaron a LUMA, y cada vez que había un incidente con el servicio eléctrico en el municipio, el se movía a solucionarlo. Eso le agenció más poder con el alcalde Jiménez, según se supo.

Varias personas de San Sebastián recorrieron a las redes sociales para denunciar actos del imputado de ser depredador sexual.

En un post en la página de Facebook, Reynaldo Acevedo Vélez escribió: “Cuando los alcaldes Justo Medina y Javier Jiménez contrataron como ayudante especial al Sr. Aníbal Mercado Vázquez tenían conocimiento de sus andanzas, como ex agente fabricando casos de drogas, chota infiltrado en los Comité del PIP y del PSP de San Sebastián, agente provocador, incitador a la violencia, hasta que fue desenmascarado, y se quemó, le dieron alas a un monstruo y hoy gracias a la protección y premios que le otorgaron las administraciones Municipales del PNP, los empleados municipales no se sienten seguros ni protegidos ante este segundo caso de violencia sexual que le ha costado millones de dólares a los contribuyentes municipales. Sr. Alcalde el pueblo espera una respuesta clara, de fijación de responsabilidades. Usted lo nombró, no basta con la activación del protocolo de hostigamiento sexual, eso es lo menos, es hora que enfrente su responsabilidad política en el mejor interés del pueblo y de los empleados municipales”.

El Departamento de la Familia, la Procuradora de la Mujer y el liderato del PNP guardan silencio en este asunto.

La querella por agresión sexual contra la empleada de la alcaldía se hizo el pasado   lunes, 8 de agosto, a las 7:59 p.m. La denuncia establece que la joven de 25 años le narró a su madre que fue agredida sexualmente en tres ocasiones en su oficina de trabajo. Según fuentes de la alcaldía, el hombre amenazó a la víctima con tomar represalias contra ella y su familia si revelaba los hechos.

El juez que ordenó el allanamiento hoy en la alcaldía fue Orlando Avilés Santiago, informó el Departamento de Justicia. La fiscal Sharon Falak Rodríguez, coordinadora de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Fiscalía de Aguadilla, está a cargo de la investigación de este caso.

E alcalde Jiménez dijo en la emisora WKAQ 580 que conocía a todas las personas involucradas en este caso.

Polémica al llamar asesinas a las que aborten

En mayo pasado, ¡Ey! Boricua reveló que el municipio de San Sebastián está por aprobar una política pública discriminatoria hacia las mujeres. La ordenanza municipal que impulsaba el alcalde y la Legislatura Municipal calificaba de “asesinas” a las mujeres que abortaran o se realizaran histerectomías. Además, establecía “cero tolerancia” a los abortos entre empleados del municipio de San Sebastián.

Cuando fue entrevistado sobre el tema en el programa radial En Blanco y Negro con Sandra ante esa polémica, el alcalde enmendó la ordenanza que se aprobó sin la palabra “asesinas”, pero sí, estableciendo una política pública antiaborto. Se trató del  llamado “Manifesto por la Vida”, que obligaba a todos los empleados del municipio y de la Legislatura Municipal de San Sebastián a defender la vida y oponerse al aborto.

“Esta administración Municipal de San Sebastián, a través de su alcalde, Hon. Javier D. Jiménez Pérez, han creado el Manifiesto titulado A Favor de la Vida. Esta Legislatura Municipal luego de tomar conocimiento de este Manifiesto, desea unirse a esta iniciativa, establecida en el mismo. Levantando nuestra voz en defensa de la vida y la protección de aquellos que presentan el estado más indefenso y puro de un ser humano”, sostiene la resolución que iría a votación ayer.

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DEPORTES

Brittany Abercrombie seleccionada como Más Progreso en la LVSF

La estelar opuesto finalizó como la tercera mejor anotadora de la serie regular 2022

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Brittany Abercrombie, de las Pinkin de Corozal. (Suministrada)

San Juan, 11 de agosto – La opuesto de las Pinkin de Corozal y de la Selección Nacional Femenina, Brittany Abercrombie, fue seleccionada como la Jugadora de Más Progreso del torneo 2022 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

Abercrombie, de madre puertorriqueña, cambió el pasado año su ciudadanía deportiva y desde entonces juega como nativa. La zurda se unió de inmediato al Programa de Selecciones Nacionales de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV). Hace unas semanas regresó con el sexteto patrio tras obtener la tercera posición en el Volleyball Challenge Cup en Croacia.

La estelar opuesto finalizó como la tercera mejor anotadora de la serie regular 2022 de la LVSF con 287 puntos, 214 en ataques (cuarta entre las líderes), 28 en bloqueos (décima) y 11 servicios directos (octava) en 63 parciales jugados.  Además, fue la séptima mejor en defensas con 219.

La rematadora zurda de 6’3” de estatura dominó ampliamente la votación para el premio de Jugadora de Más Progreso ante sus compañeras de equipo Ivania Ortiz y Génesis Castillo. También recibieron votos Karla Santos (Manatí) y Kathia Sánchez (Naranjito).

Abercrombie fue pieza clave para que las Pinkin clasificaran a la serie final. Ahora, con su extraordinaria labor de la mano de sus compañeras, Corozal tienen la serie a su favor, 3-0, y está a un partido para ganar el codiciado trofeo ante las seis veces campeonas Criollas de Caguas. El cuarto partido será mañana, viernes, 12 de agosto a las 8:00 p.m. la cancha Carmen Zoraida Figueroa de Corozal.

Los boletos están a la venta online en la página web de Capital Ticket. Todos los partidos de la final se verán en vivo por la plataforma Island Hub.

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PUERTO RICO

Alertan Plan Fiscal de la AEE tiene errores en el presupuesto de combustible

La organización CAMBIO envió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal para alertarlos

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San Juan, 11 de agosto – La organización CAMBIO, junto con otros peritos en el tema energético, enviaron una carta a la Junta de Supervisión Fiscal, argumentando que el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha subestimado el gasto de combustible en años futuros.

“El Plan Fiscal más reciente de la AEE crea una representación poco realista a los bonistas, a los mercados financieros y a los líderes políticos de la cantidad de dinero potencialmente disponible para pagar la deuda de la AEE, principalmente por subestimar el presupuesto de combustible de la AEE”, se plantea en la carta. 

Los firmantes de la comunicación a la Junta alegan que el error en las proyecciones de gastos de combustible resulta de un cambio en suposiciones de modelaje que no tiene ninguna base en la realidad.

“La Junta tiene un historial de subestimar los gastos de combustible fósil en todos sus planes fiscales, lo cual crea la ilusión de que hay más dinero disponible que el que realmente hay”, sostuvo Ingrid Vila Biaggi, presidenta de la organización CAMBIO y una de las coautoras de la carta. 

“En vez de impulsar agresivamente la transición hacia la energía renovable, que es necesario para reducir y estabilizar los costos del sistema, la Junta parece estar manipulando su modelaje para obtener los resultados que quiere”, agregó Vila en declaraciones escritas. 

El Plan Fiscal estima los costos de combustibles en $2,900 millones en el año fiscal 2023, pero solamente asigna $1,400 millones en el año fiscal 2024, y dice que los factores más importantes en esta disminución son los precios de combustibles y un cambio en su modelaje. El propio plan fiscal admite que el cambio de modelaje que hizo la Junta para el año fiscal 2024 resulta en “proyecciones de gastos [de combustible] que son significativamente más bajos”.  

Según la carta, “no hay otra manera de entender esto sino una admisión de que la Junta, artificialmente y de forma poco profesional, ha manipulado su modelaje de los costos de combustibles en una cantidad que ronda los cientos de millones de dólares”.

La carta enfatiza que los combustibles fósiles representan el gasto más significativo en el sistema eléctrico actual, alcanzando 63% del presupuesto de este año fiscal. Por eso, errores en las proyecciones de los gastos de combustibles “tienen implicaciones significativas para cualquier estimado de cuánto dinero podría estar disponible para otras necesidades del sistema”, exponen los peritos en el tema energético.

“Esto es particularmente preocupante dado que la Junta está actualmente negociando con los bonistas para reestructurar la deuda de la AEE”, dijo Cathy Kunkel, gerente del Programa de Energía de CAMBIO y coautora de la carta, la cual también fue endosada por Anna Sommer de Energy Futures Group y Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energético y Análisis Financiero (IEEFA). 

“A pesar de que la Junta sigue argumentando que los clientes de la AEE pueden costear más cargos en la tarifa para pagar la deuda, nuestro análisis del Plan Fiscal indica que esta no es la realidad”, añadió Kunkel.

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NEGOCIOS

Me Salvé usará bolsas 100% compostables

El programa ya se implementó en 36 tiendas

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San Juan – Me Salvé dio un salto a la sostenibilidad ambiental de la isla al implementar el uso de bolsas 100% compostables en 36 de sus tiendas, con el compromiso de implementar la iniciativa en todos sus establecimientos antes de que finalice el año.  

Las bolsas se degradan biológicamente sin generar ningún residuo tóxico.

Larry Monge, director de Mercadeo de Me Salvé, destacó que comenzaron a evaluar la posibilidad de introducir este tipo de bolsa en sus tiendas, desde el cambio de legislación en 2016 que mandató a los comercios a impulsar el uso de bolsas reutilizables provistas por el propio cliente o en su defecto vender bolsas plásticas reutilizables.

“Entendimos que este tipo de bolsa era el doble de gruesa y presentaba una mayor dificultad para descomponerse. De acuerdo a la información que recopilamos, las bolsas plásticas que conocemos tardan entre 500 y 900 años en descomponerse y en Puerto Rico estas generan sobre 70 mil toneladas de residuos plásticos anualmente. Así que buscamos una solución real”, destacó Monge.

Monge acentuó que este tipo de bolsa se desintegra en tres o cuatro meses, en la tierra, y de estar “engavetada”, pierde la fuerza. Por lo que una vez se desecha, desaparece en el vertedero antes de un año.

Con la integración de este producto, Me Salvé se convierte en la primera empresa en Puerto Rico en hacer la transición a un material completamente eco amigable.

El ejecutivo agregó que ya comenzaron con la introducción de las bolsas en 36 de las tiendas y que aspiran a llevarlas a todas las tiendas antes de que finalice el 2022.

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