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OPINIÓN

Lo importante ya no es importante

A pesar de que el aumento en la leche es inminente, los medios de comunicación lo han ignorado y han preferido especular con el aumento al café sin olvidar las pinceladas de amarillismo necesarias para aumentar la audiencia

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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
Opinión

A pesar de que el próximo jueves 1 de septiembre entrará en vigor una serie de aumentos en la leche fresca y en las distintas leches UHT “especializadas” que producen las plantas Suiza Dairy y Tres Monjitas, la opinión pública y la prensa se han empeñado en discutir un alza en el precio del café que se encuentra en evaluación en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

No es extraño el contradictorio proceder de la prensa, en un país que le confiere a los medios de comunicación de mayor poder de penetración el privilegio de establecer la agenda de discusión pública. Y los demás medios, escritos y audiovisuales, replican sin cuestionar esa agenda y la engordan con más argumentos y entrevistas.

 No es ya el peso de los temas lo que dominará la agenda de discusión, sino que bastará la mera difusión por un medio de alcance nacional de un asunto con el suficiente color alarmista, aunque no haya sido aprobado o confirmado, para que adquiere protagonismo y logre la categoría de tema principal.

Y ese ha sido el caso del presunto aumento al café que aún no ha sido decretado porque se encuentra en evaluación en DACO, pero ha sido ventilado en los medios con gran realce.

A pesar de que el aumento en la leche es inminente, los medios de comunicación lo han ignorado y han preferido especular con el aumento al café sin olvidar las pinceladas de amarillismo necesarias para aumentar la audiencia.

Los detalles sobre el aumento a la leche fueron publicados el pasado viernes por este medio. En la historia se informó que el pasado 19 de agosto la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) emitió una orden administrativa que dio luz verde a las plantas procesadoras para que establezcan nuevas alzas de precio en la leche fresca y en las distintas leches UHT “especializadas”.

La decisión de la ORIL podría generar un alza a nivel del consumidor de entre 20 centavos y 50 centavos, según el tipo de envase.

La nueva orden administrativa aún no ha sido informada al consumidor, lo que no resulta sorprendente para una ORIL que en los últimos años se ha caracterizado con la falta de transparencia y de información veraz.

La escueta orden administrativa, firmada por el administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, entrará en vigor el próximo jueves 1 de septiembre.

La orden decretó un nuevo precio mínimo para los distintos envases desde el cual las plantas procesadoras podrán establecer nuevas alzas de precio en la leche fresca y en los distintos productos UHT, que se refiere a leche sometida a altas temperaturas para extender su vida útil.

La orden cobija a la leche fresca y a las llamadas “leches especializadas” que son productos UHT que se mercadean sin lactosa, fortificadas con proteína o sazonadas con distintos sabores de fruta.

No obstante, para la leche UHT no especializada, que se mercadea como leche UHT entera o con 2% de grasa, se estableció un precio único de $2.09 por cuartillo, que es su precio actual a nivel del consumidor, lo que implica que no deberá experimentar un alza.

 Debido a que la orden administrativa no era del todo clara y precisa, el 22 de agosto Lugo Rullán emitió una carta circular en la que aclaró que la orden administrativa incluye un alza de 10 centavos para el sector detallista, el cual será “fijo”.

Es decir, que no importa el tamaño del negocio y el monto de energía eléctrica que le toque pagar al detallista para mantener en estado adecuado el producto en las neveras, el alza sólo será de 10 centavos por envase.

Como resultado de la orden administrativa las plantas podrán aumentar los precios de estos productos a partir del precio mínimo decretado y según estas empresas entiendan que es un precio competitivo en el mercado.

De acuerdo con fuentes, el nuevo precio mínimo y el alza de 10 centavos para el detallista decretado por la ORIL podría generar un alza de aproximadamente 20 centavos para los envases de 28 y 32 onzas; 30 centavos para los envases de 59 y 64 onzas y hasta de 50 centavos para el envase familiar, que contiene 120 onzas.

Debido a que hasta el presente ni la ORIL ni el Departamento de Agricultura se han expresado sobre la inminente alza en el precio de la leche fresca, se espera que las plantas procesadoras informen al país.

La orden indica que la decisión se tomó en cumplimiento con el acuerdo alcanzado en el 2013 entre el gobierno local y las plantas procesadoras en el Tribunal Federal, pero no hace alusión a un estudio económico anual que justifique la decisión, que es uno de los requisitos del reglamento 12, el cual fue avalado por ese acuerdo. 

La evaluación económica que ordena el reglamento 12 pretende garantizar que cada sector obtenga un margen de ganancia adecuado por medio de un aumento del precio de la leche, según lo dispone la ley Ley para Reglamentar la Industria Lechera o Ley 34 de 1957.

Incluso, la orden administrativa tampoco menciona si está amparada en el llamado estudio económico exhaustivo de la industria lechera, que es un estudio que la debe realizar la ORIL cada cuatro años.

La determinación de la ORIL cumple en parte con los reclamos de la planta procesadora Suiza Dairy, que varios meses atrás reveló que enfrentaba pérdidas por cada litro de leche que produce desde 2014. A través de una conferencia de prensa y de una agresiva campaña publicitaria, la empresa le exigió a la agencia reguladora que cumpla con el reglamento 12.

La realidad indudable es que la orden administrativa de la ORIL no responde a una evaluación económica como exige el reglamento 12 y la ley 34, la cual ordena evaluar anualmente los costos de producción de todos los integrantes de la industria lechera. Una evaluación que responde a las exigencias de un mercado regulado, el cual pretende velar por el interés público.

Además, la determinación de avalar un aumento a la leche debe cumplir con el requisito de celebrar vistas públicas, según lo exige la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme o ley 170 de 1988.

Si el mercado de leche no estuviera regulado la fijación de precios obedecería al criterio de las empresas y al dictamen certero de los precios que permite el mercado. Pero los productores de leche y las plantas procesadoras no han renegado del amparo de la ORIL y sus reglamentos y nunca han abogado por la desreglamentación. De hecho, la leche es el único producto cuyo precio lo fija el gobierno, a través de la ORIL.

Lo que resulta desconcertante es que la ORIL incumpla sus propios reglamentos y tome la decisión de dejar la responsabilidad de fijar el precio de la leche en el criterio de los regulados, lo que representa una obvia renuncia a sus obligaciones como regulador.

Quizás las acciones de la ORIL describen la fatiga de una institución obsoleta que pierde aceleradamente su razón de ser y sus integrantes no han podido entender el momento histórico que transitan.

Lo cierto es que el Ejecutivo y la Legislatura también han carecido de la pericia para revisar la gestión de los organismos públicos y determinar si los factores que una vez justificaron la existencia de la ORIL continúan vigentes. Nada raro en un país donde cada vez con más frecuencia lo importante no es importante.

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