Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (17 de marzo de 2021) – La ocurrencia un sismo en el centro de la isla o en la zona metropolitana de San Juan de magnitud 6.4, similar al sucedido el 6 de enero del 2020 en el suroeste de la isla, causaría cientos de muertos, debido a la gran concentración de viejos edificios de apartamentos y de oficinas y de centros de actividades multitudinarias en la zona metropolitana, y por la deficiente construcción de residencias en zancos, ubicadas en las pendientes de las montañas en el centro de la isla, vaticinó el ex secretario de Estado y ex secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, José Izquierdo Encarnación.
El ingeniero hizo los señalamientos el pasado jueves durante su participación virtual en el Segundo Congreso de Riesgos Catastróficos, una actividad auspiciada por la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
“La gran preocupación para mí es que un terremoto igual al del 6 de enero que ocurra en esas fallas (sísmicas) que les mostré por el centro de la isla. Las casas que se cayeron en el suroeste fueron en terrenos planos y las casas en zancos cayeron verticalmente y la gente pasó un susto de madre, pero salieron gateando de sus casas. En la montaña, las casas en zancos van a terminar en la quebrada y todo el mundo muerto. Esa es una diferencia clara del daño que puede causar esto y obviamente, en el área norte y en la zona metropolitana, donde tenemos la mayor concentración de edificios de apartamentos y de oficinas y los grandes centros de actividades”, sostuvo Izquierdo Encarnación.
No obstante, Izquierdo Encarnación advirtió que los expertos en actividad sísmica no predicen que en Puerto Rico pueda ocurrir un sismo como el que sufrió en Chile en el 2010 de magnitud 8.8, que causó 525 muertos, cerca de 500 mil viviendas afectadas y 2 millones de damnificados.
“No se predice que en Puerto Rico puede ocurrir un sismo de esa magnitud. El más grande que se puede producir es en la Trinchera de Puerto Rico, que queda a 90 millas de distancia de la isla, por lo tanto, el terremoto se va mitigando”, explicó el ingeniero.
Agregó que su preocupación sobre la posibilidad de que ocurra un terremoto en el centro de la isla que también afecte la zona norte de la isla y la zona metropolitana de San Juan, surge por el reciente descubrimiento de fallas sísmicas vinculadas a las fallas identificadas en el área suroeste y que tiene serias ramificaciones hacia la zona central y norte del país.
El ingeniero destacó que su temor sobre los efectos de un sismo de alta magnitud en la zona metropolitana de San Juan, obedece a que una parte significativa de los edificios de apartamentos y de oficinas en San Juan y en los pueblos adyacentes que integran la zona metropolitana, tiene más de 30 años desde que fueron construidos y no han sido evaluadas para determinar su vulnerabilidad sísmica.
También reveló que los grandes edificios de servicios esenciales o de actividades establecidos en San Juan tienen, en algunos casos, más de 60 años desde que fueron construidos y se desconoce si serían capaces de resistir un sismo, por ejemplo, de magnitud 6.4.
Izquierdo Encarnación, quien es un reconocido ingeniero especializado en estructuras de concreto, indicó que la mayoría de los edificios del Centro Médico de Río Piedras tiene más de 60 años, mientras que el Coliseo Roberto Clemente y el estadio Hiram Bithorn fueron construidos 50 años atrás.
Agregó que una infraestructura de servicio como la represa Carraízo, que es el principal oasis de agua potable para la zona metropolitana, y que está ubicada en el pueblo de Trujillo Alto, tiene 78 años desde que fue construida en el 1943. El ingeniero aseguró que la represa Carraízo jamás ha sido evaluada para determinar si la estructura es resistente a un sismo.
“¿Dónde está la evaluación sísmica de Carraízo? Si Carraízo se cae en un gran terremoto del norte, un millón de personas se quedarían sin agua y no hay botellitas de agua en el mundo para resolver ese problema”, sostuvo Izquierdo Encarnación.
Sobre la seguridad de las escuelas públicas, el ingeniero indicó que todos los planteles escolares construidos previo al 1987 se deben evaluar para determinar su vulnerabilidad sísmica, la cual, explicó, va más allá de revisar en estos planteles la incidencia de la llamada “columna corta”, que es una columna que carece de los elementos estructurales necesarios para garantizar que no colapsará durante un sismo.
En la citada evaluación Izquierdo Encarnación incluyó a todos los planteles escolares del sur oeste de la isla, que fue el área de la isla más afectada por los sismos ocurridos en el 2020.
“Deben evaluarlas (las escuelas) para detectar vulnerabilidad, no es un issue de columna corta, sino de vulnerabilidad. Reparar la columna corta no resuelve el problema de vulnerabilidad”, insistió Izquierdo Encarnación, quien explicó que la evaluación de vulnerabilidad requiere revisar la estructura para identificar sus debilidades estructurales, el alcance de posible deterioro por el paso del tiempo y señalar los elementos estructurales que necesitaría para cumplir con los requerimientos de resistencia que recogen los códigos de construcción vigentes.
El ingeniero estimó que la reparación de las escuelas construidas previo al 1987, necesitará una asignación de $1,200 millones. También indicó que existen 400 planteles escolares construidos después de 1987 que cumplen a cabalidad con los requisitos para garantizar la invulnerabilidad o resistencia de esas estructuras a la actividad sísmica.
Durante el foro, Izquierdo Encarnación propuso radicar legislación para hacer obligatorio que en un periodo de cinco años todas las estructuras públicas y privadas esenciales como hospitales, cuarteles de la policía y otras semejantes, sean evaluadas para identificar su vulnerabilidad sísmica y adecuarlas para cumplir con las exigencias de los códigos de construcción vigentes. La legislación también exigiría identificar la vulnerabilidad sísmica en estructuras que alberguen a más de 300 personas y en infraestructuras que sirvan a más de 50,000 personas.
Según el ingeniero, los dueños de las estructuras tendrían cinco años para realizar la evaluación y 15 años para efectuar las reparaciones necesarias, lo que implica que sería un plan a 20 años para garantizar la resistencia sísmica de todas las estructuras del país.
Otra de sus propuestas pretende que las fallas sísmicas recientemente identificadas en el suroeste y en el centro de la isla sean incluidas en el plan de uso de terrenos de Puerto Rico, con el fin de que no se permita la construcción de estructuras en los predios por los que discurren las fallas y en sus zonas de influencia.
Además, se le requeriría a las estructuras nuevas o de reciente construcción un “peer review”, es decir, que esas estructuras sean revisadas para certificar que están en cumplimiento con los códigos vigentes de construcción.
“El pier review reduce la posibilidad de daño, porque todos nos equivocamos, yo soy ingeniero estructural, llevo 42 años en esto y cada vez que busco los cálculos de un proyecto viejo, voy aterrorizado por ver qué error cometí 20 años atrás. Todos somos humanos y nos equivocamos”, concluyó Izquierdo Encarnación.
Otra recomendación es fortalecer las viviendas construidas sin cumplir con los códigos de construcción en la zona central de la isla y en otras áreas, y ayudar a las familias de bajos ingresos en la construcción de viviendas para que resistan los embates de un sismo.