Getting your Trinity Audio player ready... |
Por EyBoricua.com
SAN JUAN, Puerto Rico – El Tribunal de Primera Instancia ha rechazado el recurso de Eliezer Molina Pérez, activista ambiental, para aspirar a un escaño en el Senado de Puerto Rico de forma independiente.
La decisión se basa en el incumplimiento por parte de Molina de los requisitos establecidos por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) respecto a la detección de sustancias controladas y la entrega de documentos necesarios.
El 14 de febrero de 2024, Molina presentó un recurso de revisión contra una determinación final de la CEE, que el 5 de febrero había decidido no certificarlo como candidato independiente. La CEE argumentó que Molina no completó todas las pruebas de detección de sustancias controladas requeridas y falló en entregar todos los documentos necesarios según el Código Electoral y los reglamentos aplicables.
El juez Raúl Candelario, del Tribunal de Primera Instancia, subrayó que Molina realizó la prueba de detección más allá del plazo autorizado y que los resultados presentados no incluyeron la detección de marihuana. Además, Molina no presentó las certificaciones de que la documentación requerida estaba en trámite dentro del plazo establecido por la ley, lo que llevó al tribunal a concluir que no cumplió con los requisitos para ser certificado como candidato independiente al Senado por acumulación.
A pesar de esta determinación, el tribunal destacó que Molina podría canalizar su deseo de servir al pueblo de Puerto Rico aspirando a una candidatura por nominación directa. Sin embargo, de resultar electo, deberá cumplir con los requisitos de ley y reglamento, incluidas las pruebas de detección de sustancias controladas, antes de poder ser certificado para asumir cualquier cargo público en la Asamblea Legislativa.
La decisión del tribunal marca un precedente sobre la rigurosidad de los procesos de certificación de candidaturas independientes en Puerto Rico, subrayando la importancia de cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios para asegurar la integridad del proceso electoral.