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PUERTO RICO

Secretario del DDEC logró irregular incentivo de $3.2 millones en 2002

Según una investigación de EyBoricua.com, Manuel Cidre logró el incentivo sin cumplir con dos requisitos indispensables para ello

Manuel Cidre, designado como secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Foto archivo

Por Miguel Diaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan (31 de mayo de 2021) – El convicto exsecretario de Agricultura, Fernando Toledo Fernández, le aprobó en 2002 al actual secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, un incentivo económico agrícola de $3.2 millones a través de una corporación, Hojaldre Inc., que no figura registrada en el Departamento de Estado y sin que el entonces empresario estuviera registrado como agricultor bona fide.

Ambos requisitos figuran como indispensables para recibir incentivos cuantiosos de los diversos programas del Departamento de Agricultura (DA). 

El incentivo, avalado el 10 de junio de 2002, fue cancelado el 16 de julio de ese año porque no existía en el DA la documentación requerida para justificar la aprobación de la ayuda y por la desproporcionada cantidad de dinero público asignada a un proyecto que esencialmente era un emprendimiento de panadería y no cumplía con las características de un negocio agrícola. 

Por estas razones, el incentivo fue cancelado y posteriormente la carta de aprobación fue referida al Departamento de Justicia a petición de una fiscal para iniciar una investigación, según reveló el ex subsecretario de Agricultura, Francisco Aponte Rivera.

Toledo renunció en junio de 2002 en medio de una reorganización del gabinete de la entonces gobernadora Sila Calderón, pero según denunció en aquel momento el entonces secretario del DDEC, Ramón Cantero Frau, el exsecretario fue destituido por, precisamente, conceder incentivos económicos millonarios en un esquema de corporaciones fantasma que involucraba a amigos y socios de sus negocios agrícolas.

En sustitución de Toledo, Calderón nombró a Luis Rivero Cubano como secretario de Agricultura y a Aponte Rivera en la posición de subsecretario.

Aponte Rivera indicó que luego de la fulminante salida de Toledo del gobierno, Calderón ordenó al Departamento de Justicia investigar los incentivos autorizados por el exsecretario. La investigación fue encomendada a la entonces fiscal, Yamila Andújar López. Entre mayo y junio de 2003, la fiscal Andújar López solicitó al DA que le refiriera las cartas de aprobación de incentivos autorizadas durante la incumbencia de Toledo, quien asumió el cargo de secretario el 2 de enero de 2001 y terminó el 14 de junio de 2002. 

El 25 de abril de 2003, Toledo fue acusado por un gran jurado federal por defraudar al Departamento de Agricultura Federal en la solicitud de un préstamo agrícola tras el impacto del huracán Hortensia en 1996. El convicto, que fue sentenciado en 2005 a seis meses de prisión y a pagar una multa de $3 millones, se declaró culpable tras llegar a un acuerdo de cooperación con la fiscalía federal.

En una comunicación enviada el 6 de mayo de 2003 y en respuesta a la petición de la fiscal Andújar López, Aponte Rivera refirió a Justicia 16 casos de individuos que recibieron cartas de aprobación de incentivos entre diciembre de 2001 y junio de 2002.  Entre los 16 casos figuraba la carta de aprobación de incentivos por $3.2 millones para Cidre. 

Aponte Rivera dijo que en algunos casos no existía evidencia de que las propuestas fueron evaluadas y avaladas por el comité que tenía esa responsabilidad.  El ex subsecretario también sostuvo que en algunos casos, incluyendo la alegada propuesta de Cidre, no existían documentos para validar si la solicitud cumplía a cabalidad con los requisitos para recibir incentivos como negocio agrícola, según lo definía la Ley 225 de 1995, o Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico. 

La Ley 225 estableció la política pública para calificar a los agricultores “bona fide”, quienes están exentos del pago de 90% de contribuciones sobre ingresos y también amplias exenciones en la propiedad mueble e inmueble, patentes municipales, arbitrios y otras contribuciones de origen municipal o estatal.

De acuerdo con esta ley, un agricultor bona fide es aquel que obtiene “el 50% o más de su ingreso bruto de un negocio agrícola como operador, dueño o arrendatario, según conste en su planilla de contribución sobre ingresos”.

Aponte Rivera indicó que Cidre no era un agricultor bona fide. 

“No, no era agricultor bona fide”, dijo el ex subsecretario de Agricultura. 

La Ley 225 fue derogada y gran parte de sus disposiciones integran la Ley 60 de 2019, o Ley del Código de Incentivos de Puerto Rico, que reunió todos los incentivos que ofrece el gobierno, incluyendo los incentivos agrícolas, en un solo código y concedió su administración exclusiva al DDEC.

Según las fuentes que compartieron detalles de este asunto con EyBoricua.com, resulta paradójico que un empresario que utilizó su relación con un funcionario corrupto para acceder a los incentivos del gobierno sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos por ley haya sido designado por el gobernador Pedro Pierluisi a dirigir la agencia que hoy administra y concede esos incentivos.

En su carta para cancelar la ayuda enviada el 16 de julio de 2020, Aponte Rivera le indicó a Cidre que “existen propuestas que su evaluación requiere un análisis más profundo y detallado, por lo que los parámetros establecidos no pueden ser utilizados”, que básicamente es un rodeo discursivo para decir que la aprobación de $3.2 millones fue injustificada.

LA PROPUESTA DE CIDRE

De la carta de aprobación emitida por Toledo surge que Cidre se proponía desarrollar en el pueblo de Arecibo una planta para la elaboración de productos de repostería con hojaldre, que es una masa fina montada en capas y confeccionada con harina de trigo, mantequilla, agua, sal y azúcar.

“Luego de la evaluación de la propuesta, he recomendado favorablemente para que el Programa de Infraestructura Agrícola asigne la cantidad de $2,790,000 como incentivo para cubrir el 90% de los costos del sistema, equipos e infraestructura necesarios para establecer la Planta de Hojaldre”, sostiene la comunicación en su tercer párrafo.

Más adelante, el exsecretario Toledo indica que estaría “recomendando favorablemente la separación de $500,000 para ser utilizados en concepto de pareo para cubrir las necesidades de capital operacional de la Planta de Hojaldre”. 

Estos fondos, según explica la carta, surgirían “del Programa de Créditos Contributivos o de cualquier otro programa que sea desarrollado”. De hecho, en aquellos años el programa de créditos contributivos estaba en revisión debido a los excesos cometidos durante la administración del exgobernador Pedro Rosselló.

De la comunicación de Toledo se desprende que la justificación para conceder incentivos agrícolas a una empresa dedicada a la panadería fue “asegurar canales de distribución efectivos para los productos cultivados localmente”. Una destemplada interpretación que, de emplearse como dispuso el exsecretario, podría extender los incentivos agrícolas a cualquier cafetería o restaurante que utilice frutos locales en su menú.

Según la carta firmada por Toledo, Cidre solicitó el incentivo por medio de Hojaldre Inc., que es una corporación que no figura inscrita en el registro de corporaciones del Departamento de Estado. Como parte de la investigación, EyBoricua.com solicitó y obtuvo una certificación del Departamento de Estado que confirma que el citado nombre corporativo “Hojaldre Inc.” no aparece en el archivo de la agencia. 

“De acuerdo a nuestros archivos, al 24 de marzo del 2021 no aparece entidad alguna registrada bajo el nombre ‘Hojaldre Inc.”, señala de manera escueta la certificación.

El documento, que fue firmado por el hoy exsecretario de Estado designado, Lawrence Seilhamer, hace mención de dos corporaciones que tienen nombres parecidos a “Hojaldre Inc.”, pero cuya inscripción no es coetánea con el periodo del 2002, que es cuando ocurre la aprobación y cancelación de la propuesta de Cidre.

La primera, “Hojaldre Corp.”, fue inscrita en 2006 y luego en 2016 fue cancelada. La segunda, “De Hojaldre, Inc.”, fue inscrita en 2012 y en 2014 también fue anulada.

RESPONDE EL SECRETARIO DESIGNADO DEL DDEC

En entrevista con EyBoricua.com, el secretario designado del DDEC reconoció inicialmente que para el periodo en que Toledo aprobó el incentivo de $3.2 millones no estaba certificado como un agricultor bona fide. Pero luego indicó que no recordaba si estaba o no certificado como un agricultor bona fide.

No obstante, en una ocasión al inicio de la entrevista indicó que había solicitado la ayuda en Agricultura como agricultor bona fide. Pero cuando se le preguntó directamente si estaba certificado como agricultor bona fide respondió: 

“No, no, no… yo creo que no. Te soy honesto. No me acuerdo. Yo no sé, y haciendo un poco de memoria en esto, yo no sé si para uno tener derecho a los incentivos de Agricultura en aquella época tú tenías que ser un agricultor bona fide. Yo no estoy seguro”.

 El funcionario designado aseguró haber registrado la corporación “Hojaldre Inc.”, pero cuando se le preguntó si tenía la certificación de la empresa respondió con un “no”.

“No creo. No creo, Miguel. Son 17 años. Nosotros guardamos documentos por cinco años y lo demás se destruye. No creo”, sostuvo Cidre.

Cuando se le confrontó con la certificación emitida por el Departamento de Estado indicando que “Hojaldre Inc.” no aparece en el registro de corporaciones, el secretario designado del DDEC insistió en que esa agencia elimina las corporaciones del registro “cuando tú las das de baja”.

“Me ha pasado con otras corporaciones que uno ha hecho, que cuando pasa un tiempo y el Departamento de Estado las declara, las declara solitarias y las elimina. Eso ha pasado”, dijo.

Cidre sostuvo en varias ocasiones durante la entrevista que la comunicación del 6 de mayo de 2003 producida por Aponte Rivera y dirigida a la fiscal Andújar López “no es un referido a Justicia, sino la contestación de Agricultura a un requerimiento de documentos que hizo Justicia con relación al programa (de incentivos)”.

Explicó que la alegada solicitud de incentivos que hizo en Agricultura se realizó en el contexto de que para el 2001 había adquirido en Holanda una máquina para hacer masa de hojaldre y que sus planes eran introducir en el mercado unos emparedados de hojaldre rellenos de jalea de guineo, papaya y mangó.

No obstante, Cidre dijo que el proyecto “no avanzó” porque los consumidores locales prefirieron los emparedados de hojaldre rellenos de carne, pollo, queso y guayaba.

En un intento de distanciarse del exsecretario de Agricultura, Cidre describió a Toledo como su “contacto en Agricultura”, quien, al igual que Cidre, es oriundo del pueblo de Arecibo. 

“No me sirvió de nada mi contacto en Agricultura, pues tú sabes que Fernando Toledo es de Arecibo”, dijo el secretario designado del DDEC.

Cidre sostuvo que nunca fue citado ni interrogado por un fiscal de Justicia en relación con los $3.2 millones en incentivos que le aprobó Toledo. “Si ellos investigaron, a mí nunca me llamaron”, insistió.

Cidre alegó, además, haber presentado en el DA toda la documentación para solicitar el incentivo, lo cual es un argumento un tanto contradictorio pues para solicitar un incentivo del programa de infraestructura era un requisito indispensable estar certificado como agricultor bona fide, según explicó el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores.

ALGO ATÍPICO

“Es algo atípico que se le dé un incentivo a una empresa que su materia prima principal es el trigo. Aquí no se cultiva trigo y no se ve el enlace con la producción agrícola local. Y, además, para recibir esa cantidad de dinero, $3.2 millones, en un incentivo requiere que haya una certificación de agricultor bona fide. Porque no estamos hablando de un incentivo para abono, que es una cantidad de dinero bajita. Claro, eso está sujeto a que el Departamento de Hacienda apruebe al agricultor bona fide, que recibe un 90% de exención”, dijo Flores.

El exsecretario indicó que “según la Ley 225, es imposible que a la empresa de ese señor (Cidre) se le haya aprobado un incentivo agrícola y de la magnitud de lo que se aprobó. Ese no es un negocio agrícola”. 

Por su parte, Aponte Rivera dijo que “si aparece Cidre con un certificado de agricultor bona fide, eso tiene que ser investigado, porque su empresa no cumple con los requisitos para ser agricultor bona fide. Habría que ver quién se lo aprobó y bajo qué criterios y qué dijo Hacienda”.

En la entrevista con EyBoricua.com, Cidre también negó rotundamente que hubiese acudido en 2003 a la oficina del expresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Francisco Zayas Seijo, a protestar de manera airada sobre por qué su nombre figuraba en un informe elaborado por el personal técnico de la Comisión y dedicado a las irregularidades acontecidas en la aprobación de incentivos agrícolas por parte del exsecretario Toledo. Para el 2003, Cidre era presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico.

En aquel momento, Zayas Seijo le dijo a este reportero que “por ahí vino Cidre molesto porque aparece en el informe recibiendo los incentivos que le aprobó Fernando (Toledo) con una corporación fantasma”.

“No es verdad. Si lo hubiese visto (el informe), claro que hubiese ido”, exclamó Cidre, quien indicó conocer al exlegislador y exalcalde “cuando yo era síndico de la Universidad Católica en Ponce en el 2009”.

Como parte de esta investigación, EyBoricua.com le solicitó a la Oficina de Servicios Legislativos y a la Secretaría de la Cámara de Representantes copia de los dos informes que la Comisión de Hacienda de la Cámara realizó entre 2001 y 2004 sobre los incentivos agrícolas. 

El primer informe, dedicado a los incentivos y créditos contributivos aprobados por el DA durante el periodo del exgobernador Pedro Rosselló, sí fue entregado. Pero el segundo informe, que se concentró en los incentivos agrícolas aprobados por Toledo, no apareció en los archivos de la Cámara de Representantes.

Con el fin de recapitular sobre estos últimos dos aspectos, EyBoricua.com se comunicó con Zayas Seijo. Sobre la visita intempestiva de Cidre a su oficina para cuestionar por qué su nombre aparecía en el citado informe, Zayas Seijo respondió “no lo recuerdo”. También se le confrontó con las expresiones que hizo sobre el motivo de la visita de Cidre y el exlegislador y exalcalde de Ponce respondió “no recuerdo”.

Zayas Seijo también aseguró haber dejado copia del segundo informe en la Cámara de Representantes. “¡No aparece el informe! Yo dejé copia”, exclamó. Pero otros miembros del sector agrícola sostienen que Zayas Seijo nunca les dejó ver copia del citado informe que sirvió de zapata para la aprobación de la ley 118 de 2004, que enmendó la Ley 225 con el fin de establecer incentivos agrícolas por pareo hasta un máximo de $250,000 para los agricultores y $1.5 millón para los núcleos de producción.

EN SILENCIO JUSTICIA

El lunes 29 de marzo este medio acudió a la oficina central del Departamento de Justicia donde sostuvo una reunión con las fiscales Yesica Carlo y Wanda Casiano, en la que también estuvo presente la portavoz de prensa de la agencia, Damaris Martínez. 

En la reunión se presentaron los hallazgos de nuestra investigación con el fin de conocer las gestiones que realizó Justicia para investigar los 16 casos que recibieron cartas de aprobación de incentivos y que Aponte Rivera envió a la fiscal Andújar López. 

Hasta el día de hoy, casi dos meses después de aquella reunión, Justicia ha sido incapaz de ofrecer una explicación sobre si investigó o no el incentivo concedido por Toledo a Cidre. Y si no lo investigó, cuáles fueron las razones para justificar esa decisión.

La ausencia de acción de Justicia al pedido de EyBoricua.com contradice el objetivo de reactivar al Departamento Justicia en su gestión contra los violadores de la ley y levantar la imagen de esa agencia ante el país, según garantizó su secretario, Domingo Emanuelli Hernández, antes de su confirmación.

El pasado lunes 17 de mayo, un día antes de que Cidre acudiera ante la Comisión de Nombramientos en el Senado, Damaris Martínez le envió a este medio un formulario para la solicitud de información pública en custodia de Justicia. 

Tras cumplimentar el formulario y enviarlo por internet, Justicia respondió en una comunicación oficial y en la que informó que para el 3 de junio debería tener una respuesta a nuestra petición. En la comunicación Justicia advirtió que podría prorrogar la entrega de la información por 10 días laborales, si la agencia considera que necesita tiempo adicional para responder, lo que implica que no será hasta pasado casi tres meses que sabremos qué determinación, si alguna, tomó Justicia con los 16 casos referidos por Aponte Rivera.

Para esta investigación, EyBoricua.com logró establecer comunicación con la licenciada Andújar López a través de su dirección de correo electrónico, según reveló a este medio una funcionaria del Tribunal Supremo.  

En su respuesta, la exfiscal Andújar López rechazó cooperar con nuestra investigación. “Estimado Sr. Díaz Román, favor de referir su petición a la oficial de prensa del Departamento de Justicia. Le incluyo los teléfonos de dicha oficina conforme el portal del DJ. (anejo I). Buen día”, indicó la exfiscal en un mensaje enviado el 11 de marzo de 2021. 

La licenciada Andújar López cesó como fiscal de Justicia luego de que su nominación para un nuevo periodo en la fiscalía fue rechazado en 2012 por la Comisión de Nombramiento del Senado, durante el cuatrienio del exgobernador Luis Fortuño.

Este medio también intentó establecer comunicación con la Lcda. Marisa Ruiz Reyes Pacheco, quien fue miembro de la división legal de Agricultura e investigó los incentivos aprobados por Toledo.  

“Lamento mucho no poder ayudarlo. Al jubilarme hace 10 años, todo informe, opiniones e investigaciones realizadas por mí quedaron bajo la custodia del dpto (Departamento). Hay mucha tela que cortar. Cualquier otro asunto, si está en mis manos, puedo ayudarlo”, respondió la licenciada Reyes Pacheco en un mensaje enviado el 26 de febrero de 2021 por medio de su cuenta en Facebook.

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