Por Sandra Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – Fue uno de los momentos más álgidos en la política puertorriqueña que tambaleó los cimientos del Gobierno y desestabilizó el país por mucho tiempo. El 9 de julio de 2019 publicamos las primeras páginas del infame chat de Telegram plagado de comentarios racistas y malos manejos del Gobierno por parte del exgobernador Ricky Rosselló y sus “Brothers», que desembocó en las protestas y su renuncia en el Verano del ’19.
Pero un día después de esas primeras publicaciones, el 10 de julio de 2019, se jamaqueó el Gobierno con los arrestos hechos por autoridades federales de la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher; la directora ejecutiva de Administración de Seguros de Salud (ASES), Angie Ávila, y dos estrechos colaboradores del gobernador, los contratistas Alberto Velázquez Piñol y Fernando Scherrer, de la firma de consultoría BDO. También fueron detenidas las hermanas y contratistas; Glenda y Mayra Ponce Mendoza.
Keleher, Ávila, Velázquez Piñol y Scherrer fueron acusados por fraude electrónico y lavado de dinero, entre otros cargos. Keleher enfrentaba siete cargos incluidos conspiración para cometer fraude electrónico, cinco de fraude electrónico, uno de conspiración para cometer un delito contra los Estados Unidos.
La que fue llamada “secretaria estrella” y cerró cientos de escuelas, desplazando comunicades, sólo cumplió unos míseros seis meses de cárcel y salió. La semana pasada se anunció que fue nombrada la nueva directora ejecutiva de las organizaciones First State Educate (FSE) y First State Action Fund en Delaware.
Glenda Ponce Mendoza era la exayudante especial de Keleher en Educación y fue acusada de ocho cargos, uno de conspiración para cometer fraude electrónico, siete de fraude electrónico. Mientras que su hermana Mayra, era la codueña de la firma Colón & Ponce Inc., que tenía contratos con Educación. También fue acusada por seis cargos, uno de conspiración para cometer fraude electrónico y cinco de fraude electrónico. Ambas hermanas Ponce Mendoza se declararon culpables en mayo del 2020.
¿Pero, y qué pasó con los demás casos? Han pasado cuatro años desde entonces, ¿por qué todavía no ha pasado nada con el caso de Ávila ni los de Velázquez Piñol y Scherrer? ¿Por qué siguen esos casos en el limbo durante tantos años?
Múltiples fuentes aseguran que el caso de Ávila es difícil porque quien realmente movió los fondos, cometió los actos de corrupción y tenía el control en ASES era el contratista Velázquez Piñol. De hecho, su firma BDO tuvo contratos con múltiples agencias como el departamento de Educación, la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Hacienda, y la ASES, entre otros.
No fue posible conseguir una reacción de Ávila ni de su abogado, el Lcdo. Jason González Delgado. Este último estuvo activo en semanas recientes porque es el mismo abogado de defensa en el caso del exboxeador Félix Verdejo. Pero en el caso de Ávila hay una orden de mordaza y es poco probable que se emitan declaraciones.
Scherrer y Velázquez Piñol se esconden y no se sabe de sus casos. Ávila tampoco aparece.
Antes de dirigir ASES, Ávila trabajó en distintos puestos en esa dependencia desde 1997. Fue directora de Finanzas, administradora de Análisis y subdirectora ejecutiva. Previo a su trabajo en ASES, fue contralora para el National Health Care Center en Guaynabo donde fue responsable de todas las operaciones administrativas y financieras, establecer las políticas y el manejo del personal de la empresa. Más adelante, fue nombrada Directora Ejecutiva para la clínica ambulatoria Pavía en Santurce.
Es la tercera directora de la Administración de Servicios de Salud (ASES), que maneja los fondos para la salud de los pobres, que sale del puesto por algún problema en estos cuatro años. Su sucesor Jorge Galva, fue destituido por el actual secretario de salud y presidente de la Junta de ASES, Dr. Carlos Mellado. En el puesto se ubicó a Edna Marín, quien renunció el pasado jueves.
El gobernador Pierluisi alabó la gestión de Marín, pero múltiples fuentes internas en ASES y en el Gobierno apuntan a que es objeto de varias pesquisas federales. De hecho, Medicare ha estado vigilando de cerca las acciones de ASES,
Alberto Velázquez Piñol, el consultor de la firma BDO Puerto Rico que servía de autoridad en ASES, estuvo involucrado en varias controversias durante la administración de Luis Fortuño, que incluyen pagos de gastos personales con fondos públicos, demandas por alegado fraude y resoluciones legislativas de investigación, entre otros. Pero todos los conocedores y múltiples fuentes recuerdan que este consultor tenía autoridad casi total y por encima de la de Ávila.
Velázquez Piñol llevaba años vinculado a gobiernos del PNP e incluso fue el segundo al mando de la Compañía de Turismo cuando ésta era dirigida por Luis Fortuño en el gobierno de Pedro Rosselló González.
De ahí pasó al sector privado, como consultor de la empresa Casiano Communications, que para entonces publicaba los medios Caribbean Business, Imagen y Buena Vida. En una demanda, el dueño Manny Casiano, culpó a Velázquez Piñol de la quiebra de su empresa por el mal manejo de sus finanzas.
Después cuando Fortuño llegó a la gobernación, asignó a Velázquez Piñol a múltiples puestos, incluyendo parte del manejo de los fondos ARRA en Educación. Fortuño también lo nombró director de la oficina del Banco Gubernamental de Fomento en Nueva York devengando $150,000 anuales, y después lo reclutó para dirigir un grupo de trabajo en Educación ya que esa agencia se encontraba en sindicatura por el Departamento de Educación federal. También manejó parte de la sindicatura de ASES en el 2011, cuando el entonces secretario de la gobernación Marcos Rodríguez Ema negociaba las nuevas tarifas del plan de salud del Gobierno.
Después del gobierno de Fortuño, Velázquez Piñol creó la empresa Azur LLC y tuvo diferentes contratos con el Gobierno y municipios hasta que llegó la administración de Ricky Rosselló. Ahí comenzó con contratos en Salud bajo la incumbencia del secretario Rafael Rodríguez Mercado y casi de inmediato, pasó a controlar en ASES.
En abril de 2019 el entonces Principal Oficial Ejecutivo del gobierno de Rosselló y secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, le canceló los contratos debido a que las autoridades federales habían hecho múltiples requerimientos de información sobre los contratos de BDO. Esto también fue confirmando por el entonces secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi.
