Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua
San Juan (1 de junio de 2022) – Moisés Sánchez Loperena, expresidente de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT), instaló una casa rodante y se apropió de más de 30 pies de playa en el kilómetro 13.7, carretera PR-102, en la comunidad de Joyuda, Cabo Rojo, luego que su empresa Blue Bay Village LLC obtuviera un permiso ilegítimo de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre, que podría ser revocado si cesan las presiones contra los funcionarios del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) que batallan para que se emita una determinación para sacar la estructura móvil de la playa.
EyBoricua se enteró mediante varias fuentes que el DRNA ya comenzó los trámites para revocar el permiso de concesión para el uso de la zona marítimo (número 0-BD-CZM01-SJ-00860-20102020), que se le otorgó a la empresa de Sánchez Loperena, quien también fue secretario auxiliar de permisos del DRNA y gerente de proyectos de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura (AFI).
“Pero las presiones vienen desde La Fortaleza, que toman las decisiones. La secretaria interina del DRNA [ Lcda. Anaís Rodríguez Vega] quiere hacer cosas, pero desde arriba le dan otras instrucciones”, por lo que aún no se ha emitido una revocación del permiso y una orden para remover la casa rodante, además de la verja y la terraza de madera construida que llega al mar, explicó una de las fuentes.
Según documentación oficial del Departamento de Estado, Blue Bay Village es una empresa dedicada a “alquiler, compra, administración de propiedades y cualquier actividad lícita”, registrada el 13 de octubre del 2020 y cuyas personas autorizadas son Sánchez Loperena y el señor Willidy Joe Vega Acevedo.
Vega Acevedo es residente de Aguada y administra propiedades. El portal web de la Oficina del Contralor Electoral indica que hizo dos donativos políticos, uno al comité de campaña de la ex alcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irrizarry Méndez, por $2,500 en el año 2019, y otro al exalcalde de Aguada, Luis “Berty” Echevarría, por $100, en el año 2020. Todos los donativos fueron en efectivo.
El señor Willidy Vega funge como peticionario del permiso de concesión para el uso de la zona marítimo terrestre que obtuvo Blue Bay Village LLC para la instalación de la casa rodante de 30 pies que acapara la totalidad de la playa y que incluye una terraza en madera que llega al mar y una verja que aísla el predio de la carretera PR-102, por donde el público accedía para utilizar la playa.
La casa rodante marca Coleman, cuyo modelo básico comienza en $37,000, está estacionada desde marzo del 2021 en la pequeña playa ubicada al costado de la carretera. Desde entonces, vecinos del área, personas que practican kayak, así como el legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cabo Rojo, Guarionex Padilla Marty, han denunciado esta situación.
“Padilla Marty dijo que, desde hace un año, el acceso a la playa, entre los restaurantes Island View y el cerrado hace unos años restaurante Raito’s, en Joyuda, se encuentra obstruido por un trailer. Luego de múltiples querellas al DRNA, la dejadez y la inacción de la agencia han permitido el cierre de manera ilegal al acceso al mar. Este acceso público al mar fue cerrado de la noche a la mañana con un trailer”, explicó el legislador municipal en un comunicado de prensa publicado por La Calle Revista y quien hizo una querella en marzo de 2021 ante el DRNA.
“En dos semanas, luego de radicada la querella, apareció ese letrero del permiso como por arte de magia”, dijo una de las fuentes que vive en Joyuda y quien se mantiene en el anonimato ante la intimidación de la que ha sido objeto de parte de los apacaradores, que vienen desde afuera del municipio de Cabo Rojo para comprar propiedades en la zona.
Donante y funcionario enredado en pasadas controversias
Por su parte, Sánchez Loperena aparece como donante de las campañas del gobernador renunciante Ricardo Rosselló, con $150.00 para marzo del 2019; del actual gobernador Pedro Pierluisi, con $2,800 en octubre 2020 y de Nitza Morán Trinidad, senadora del distrito 1 de San Juan con $1,250. Al igual que hizo su socio de negocios Vega Acevedo, todos los donativos del Ingeniero fueron en efectivo.
Según consigna el propio Sánchez Loperena en su perfil de la red social LinkedIn y reportes de prensa de la época, antes de laborar como presidente de la Junta de Subastas del ACT fue dueño de la empresa de construcción Engitechnika Group, con sede en Aguada y que estuvo activa hasta el año 2016. Esta empresa comparte la misma dirección que Blue Bay Villages: calle Mariana, en el centro urbano de Aguada.
Luego, Sánchez Loperena fue parte del gobierno de Ricardo Rosselló, del que fungió como secretario Auxiliar de Permisos y Administrador de Recursos Minerales y Acuáticos del DRNA, bajo la supervisión de la entonces secretaria Licenciada Tania Vázquez. Su paso por la agencia no estuvo exento de controversias relacionadas a remoción de corteza terrestre y deforestación en zonas ecológicamente sensitivas.
Tal es el caso de la denuncia que hizo el biólogo Miguel Canals Mora, consignados en sendos artículos publicados por La Perla del Sur y Primera Hora en marzo y abril del 2017, donde se reportó la deforestación y remoción de corteza terrestre en Punta Las Pardas, un área que colinda con la Reserva Natural Bosque Seco de Guánica.
En ambos reportajes Canals Mora denunció acciones de Sánchez Loperena que entendía eran ilegales y que eran parte de la construcción del llamado Dreams Puerto Rico Resort & Spa, que según reportes de prensa de la cadena AM Resort de aquella época abriría sus puertas en octubre de 2018 con 250 lujosas habitaciones tipo all inclusive.
“La extracción de suelo y material vegetal contó con el endoso del secretario auxiliar de la Secretaría de Permisos del DRNA, Moisés Sánchez Loperena, quien autorizó la actividad con una Consulta de Ubicación aprobada en el año 2001. La validez de este permiso de la Junta de Planificación se limita a cuatro años. No obstante, han transcurrido 16 desde su aprobación. Esa consulta es vieja y obsoleta”, puntualizó Canals Mora, primer director de la Reserva del Bosque Seco de Guánica en el reportaje firmado por Omar Alfonso, director del periódico sureño.
Reacciona el Municipio de Cabo Rojo
EyBoricua conversó con el Ingeniero Carlos Rivera, director de la oficina de permisos del Municipio de Cabo Rojo, quien manifestó su incomodidad con la situación que los tomó por sorpresa debido a la velocidad con la que se desarrollaron los hechos.
“Las personas que usan kayaks en esa zona fueron las primeras en denunciar la controversia [en marzo 2021], pues usaban la playa para lanzar sus embarcaciones. Tras enterarnos, enviamos un inspector unos días después y para nuestra sorpresa nos topamos con el letrero. Nos parecía extraña la numeración. Luego nos comunicamos con el DRNA que nos explicó que se trata de una concesión. Para nosotros, la casa rodante está en la zona marítimo terrestre. Ese permiso no tiene que ver con el Municipio de Cabo Rojo. En el municipio no se le dan permisos a nadie para cumplir con favores, a nadie. Nadie. Este es un asunto del DRNA, a nuestro mejor entender”, enfatizó el Ingeniero Rivera.
¿Qué opinan los expertos?
Por su parte, el arquitecto y profesor Pedro Cardona Roig, ex vicepresidente de la Junta de Planificación opinó que el establecimiento de la casa rodante y las construcciones en la ZMT son ilegales.
“Ahí no puede haber una casa rodante. Se dan concesiones que están relacionadas a actividades en el mar. Una casa rodante ahí, como mínimo, es una imprudencia. No sólo está en bienes de dominio público, está en zona marítimo terrestre. A veces ese predio es agua, a veces arena. Que ha ocurrido erosión, por supuesto. Pero se afecta y cambia igual. Incluso esa finca está hacia la carretera, no sobre la costa, según el registro de catastro”, explicó el Arquitecto, quien es conductor del programa de entrevista y análisis de planificación urbana El Urbanista.
Por su parte, el profesor Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, señaló a la dejadez que impera en las altas esferas del gobierno como el catalítico de la corrupción en torno al acaparamiento de las áreas ecológicamente sensitivas en Puerto Rico.
«El gobierno de Puerto Rico y sus agencias no tienen ningún tipo de compromiso con la protección de nuestros recursos marinos y costeros y garantizar que las futuras generaciones puedan sacarle provecho. El DRNA no tiene personal para hacer cumplir las leyes y reglamentos y se siguen haciendo de la vista larga ante todas las amenazas de ocupar y privatizar los bienes comunes. Muchas veces la corrupción no es hacer algo, es dejar de hacer lo que nos corresponde a los manejadores [de áreas naturales]. En todas las costas de Puerto Rico están tratando de robarse los bienes comunes o bienes de dominio público y las agencias miran para el lado. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos comunitarios son los que se han educado y sacan la cara para evitar que se privaticen las playas», finalizó
Unas tres horas antes que publicara esta investigación, y cuando aún esperábamos por una reacción del ACT, el DRNA y el señor Sánchez Loperena, su perfil en la red social LinkedIn desapareció.
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