Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua
San Juan – A siete días para que termine el periodo de aprobación de medidas en la presente sesión legislativa, es evidente que para la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado no es un asunto prioritario investigar si el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, incurrió en un conflicto de intereses.
Ayer el senador Javier Aponte Dalmau, quien es el portavoz de la delegación del PPD en el Senado y también preside la Comisión de Reglas y Calendario, reconoció que aún no ha decidido si engaveta o baja para votación la citada resolución que fue radicada por la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, la senadora María de Lourdes Santiago. El periodo de aprobación de medidas culmina el 10 de noviembre.
La Resolución 629 propone investigar si González Beiró incurrió en un conflicto de intereses debido a que su agencia aprobó la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos agrícolas que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el funcionario y su hijo son socios.
Como presidente de la poderosa Comisión de Reglas y Calendario, Aponte Dalmau decide, en acuerdo con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, las medidas que serán colocadas en calendario para que sean discutidas y votadas por el pleno del Senado.
El senador dijo ayer que no había leído el informe de la Comisión de Asuntos Internos del Senado, que recomendó la aprobación de la medida.
“Déjame leer primero el informe”, dijo Aponte Dalmau cuando se le indicó que el aval de la Comisión de Asuntos Internos es una gestión protocolar porque no analizó en profundidad los elementos del conflicto de interés que propone investigar la Resolución 629.
“Cuando me siente a ver dónde estamos con esto, pues la avalúo a ver si se puede atender”, dijo el senador. La investigación contra González Beiró podría ser un asunto espinoso para la delegación del PPD, especialmente para los legisladores y alcaldes de populares del sur, donde el funcionario tiene “muchos amigos”, según indicó una fuente conocedora de la realidad política en esa zona.
Silencio sobre la resolución
De hecho, la Resolución 629 ordena que la investigación contra el secretario de Agricultura la realice en 30 días la Comisión de Agricultura, que es presidida por el presidente del Senado José Luis Dalmau, quien en 2021 favoreció el nombramiento de González Beiró.
La senadora Santiago no alienta esperanzas de que la resolución sea colocada en calendario para votación en el Senado, pues ya había cuestionado al propio senador Aponte Dalmau y a funcionarios de la Comisión de Reglas y Calendario sobre la medida y no recibió respuesta.
“No me dijeron nada”, dijo Santiago.
Incluso, la senadora sostuvo que es muy probable que la polémica Resolución 629 termine engavetada, pues otras medidas “inofensivas” presentadas por Santiago han perecido en los archivos de la Comisión de Reglas y Calendario sin oportunidad alguna para que al menos, sean discutidas en el pleno senatorial.
La senadora sostuvo que la renuencia a presentar la medida para votación es una clara señal de que la mayoría del PPD en el Senado ha dado un respaldo incondicional al secretario de Agricultura.
“Ese sería el efecto colateral de esa acción”, dijo Santiago.
No obstante, Santiago planteó que, si finalmente la mayoría del PPD decide bajar para votación la resolución, el futuro de la medida “dependerá de las instrucciones que reciban los senadores populares en un caucus”.
La senadora dijo que si en una votación el PPD rechaza respaldar la investigación, la resolución 629 sería derrotada por una amplia mayoría pues se espera que la delegación del Partido Nuevo Progresista vote en su contra.
Pero si a los senadores populares se les permitiera votar en libertad, habría oportunidades de aprobar la medida, pues Santiago dijo que tiene el respaldo de la delegación de Victoria Ciudadana y del senador independiente José Vargas Vidot. Aunque reconoció que desconoce cómo votarían los senadores de la delegación del PPD y de Proyecto Dignidad.
La resolución de investigación de la senadora Santiago sostiene que el conflicto de intereses se configura ante el hecho de que González Beiró y su hijo, Ramón González Bennazar, integran Agriart LLC.
Cuestionable decisión del Comité de Energía
Los directivos de Agriart LLC son Michael McCloskey, quien es el presidente; González Bennazar, quien figura como vicepresidente; Manuel Pérez, quien es el tesorero y Dan Dowling, quien es el secretario.
En documentos presentados ante el Departamento de Agricultura (DA) y la Oficina de Ética Gubernamental, el secretario ha reconocido que es socio de Agriart LLC.
La Resolución 629 también propone investigar el endoso otorgado por el Comité de Energía del DA al proyecto de placas fotovoltaicas propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, el cual se construiría en terrenos agrícolas pertenecientes a Agriarte LCC. Clean Flexible Energy es una subsidiaria de la cogeneradora AES, ubicada en Guayama.
El parque de placas fotovoltaicas se establecería en 641 cuerdas ubicadas en Salinas que pertenecen a Agriart LLC y que fueron alquiladas a Clean Flexible Energy. Según fuentes, Agriart LLC obtendría un ingreso multimillonario porque el contrato de alquiler excede los 30 años y el beneficio mensual por cuerda oscila entre $200 y $700.
La determinación del Comité de Energía representará un beneficio económico directo para González Beiró y González Bernnazar, como integrantes de la corporación Agriart LLC.
Además, los terrenos de Agriart LLC tienen la doble calificación de “Agrícola Productivo” (AP), la cual fue asignada por la Junta de Planificación, y de “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREp-A), según consta en el plan de Uso de Terrenos.
Contradice parámetros de energía renovable
En su exposición de motivos la Resolución 629 señala que la aprobación por el Comité de Energía del proyecto propuesto por Clean Flexible Energy “contradice las guías o parámetros para trabajar casos de energía renovable en terrenos agrícolas firmadas por el secretario del DA, Ramón González Beiró, Ias cuales claramente establecen que los terrenos clasificados como SREp-A y AP no deben ser impactados por proyectos de energía renovable”.
Un eslabón del conflicto de intereses que señala la resolución es que el Comité de Energía del DA aprobó dos propuestas de Clean Flexible Energy y rechazó otras dos propuestas para parques solares sin que se hayan articulado explicaciones objetivas que justifiquen esa decisión.
La otra propuesta de Clean Flexible Energy aprobada por el comité contempla construir otro parque de placas fotovoltaicas en 496 cuerdas en el barrio Húcares, de Naguabo. Pero el comité rechazó las propuestas para establecer parques solares en Naguabo y Cabo Rojo.
El proyecto de Naguabo, que se ubicaría cerca del proyecto aprobado a Clean Flexible Energy, lo propuso la empresa Naguabo Photovoltaic Power Plant. El proyecto de Cabo Rojo se establecería en el barrio Llanos Costa de ese pueblo y lo propuso la empresa Cabo Rojo Solar Farm.
Otro aspecto del conflicto de intereses surge porque los tres miembros del Comité de Energía son personas de confianza de González Beiró. Dos de los miembros integran el círculo íntimo del secretario.
Estos son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced, y el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien ocupa el cargo de subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas. El tercer miembro del comité es Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos.
Agriart LLC paga $5 millones por terrenos
Un aspecto intrigante que no es parte de los argumentos de la Resolución 629, son las aceleradas gestiones que realizó González Beiró antes y después de las pasadas elecciones para que Agriart LLC fuera certificada como corporación y para que obtuviera un certificado de agricultor bonafide, que exime a las operaciones agrícolas de pagar las contribuciones a la propiedad que impone el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, las patentes municipales y hasta el 90% de las contribuciones sobre ingresos.
Agriart LLC fue incorporada en el Departamento de Estado el 14 de julio del 2020. En el certificado de incorporación aparece una dirección falsa: kilómetro 154.7, carretera 3 en el barrio Aguirre en Salinas. En ese lugar solo existe un terreno baldío y un frondoso árbol de mangó.
La solicitud para el certificado de agricultor bonafide fue presentada en la región agrícola de Ponce, el 4 de noviembre del 2020, un día después de que Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista prevalecieran en las elecciones generales. La solicitud fue aprobada el 5 de noviembre de 2020.
Además, el 17 de febrero del 2021, la empresa semillera Mycogen Seeds le vendió a Agriart LLC, 1,843.9 cuerdas de terreno distribuidas en 12 fincas ubicadas entre Salinas y Guayama por $5,075,000.00 millones.
