El candidato a gobernador por Proyecto Dignidad propone un plan agresivo que incluye educación, fiscalización y la integración de recursos para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales
SAN JUAN, Puerto Rico – En una conferencia de prensa celebrada en San Juan, Javier Jiménez, candidato a gobernador por Proyecto Dignidad, presentó un plan integral de diez puntos para combatir la corrupción en el gobierno de Puerto Rico.
Acompañado por miembros del liderato de su partido, Jiménez enfatizó la necesidad de redirigir la lucha contra la corrupción hacia una estrategia más agresiva y efectiva, centrándose en la educación, la prevención, la fiscalización y la asignación de recursos adicionales.
Jiménez detalló que su plan incluye la creación de un «ejército de auditores» que velará constantemente por la correcta utilización de los fondos públicos. Además, se pretende dotar a las entidades fiscalizadoras de herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la detección y prevención de actos corruptos.
Un aspecto clave de su propuesta es la asignación de funciones específicas, mediante legislación, al Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, otorgándole un papel central en la lucha contra este flagelo.
“El compromiso es claro: cada acto de corrupción será perseguido y castigado con todo el peso de la ley. No habrá impunidad ni inmunidad para los responsables. Estableceremos un entorno de cero tolerancia y no descansaremos hasta eliminar este mal que ha afectado nuestro desarrollo”, afirmó Jiménez con firmeza, destacando la urgencia de medidas concretas para erradicar la corrupción en todos los niveles del gobierno.
Impacto económico de la corrupción
Jiménez citó un estudio del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que estima que la corrupción y la mala gobernanza le han costado a la economía puertorriqueña un promedio de $527 millones anuales en la última década.
Además, según la Oficina del Contralor de Puerto Rico, las pérdidas anuales por corrupción alcanzan el 10% del presupuesto gubernamental, con los incidentes de corrupción mayormente relacionados con fraude (52%), malversación (34%), conflictos de interés (8%), y otros (6%).
El CPA Jiménez, quien también ha servido como alcalde de San Sebastián durante los últimos 20 años, subrayó su experiencia en gestión fiscal responsable, destacando un superávit de $33 millones y la liquidación completa de los préstamos municipales bajo su administración.
Jiménez afirmó que su plan no solo busca combatir la corrupción, sino también restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales, asegurando que cada dólar del presupuesto se utilice de manera transparente y eficiente para el beneficio del pueblo puertorriqueño.
Con estas medidas, Jiménez espera implementar una transformación profunda en la administración pública, devolviendo al pueblo la confianza en su gobierno y estableciendo un nuevo estándar de integridad y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos
Diez puntos del plan de acción
Creación de un ejército de auditores: Establecer un grupo robusto de auditores dedicados a supervisar continuamente la utilización de los fondos públicos para garantizar la transparencia y la correcta administración.
Fortalecimiento de las agencias fiscalizadoras: Dotar a las entidades responsables de la fiscalización con mayores recursos y herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la detección y prevención de actos corruptos.
Asignación de funciones específicas al Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción: Establecer, mediante legislación, funciones claras y un papel central para este grupo en la lucha contra la corrupción.
Educación y concienciación: Implementar programas educativos y campañas de concienciación para fomentar una cultura de integridad y ética tanto en el sector público como en la ciudadanía.
Fortalecimiento de la legislación anticorrupción: Revisar y actualizar las leyes actuales para cerrar vacíos legales y endurecer las penas contra los delitos de corrupción.
Integración de recursos interagenciales: Promover la colaboración entre diferentes agencias gubernamentales y entidades privadas para compartir información y recursos en la lucha contra la corrupción.
Transparencia total en la contratación pública: Establecer procesos de contratación completamente transparentes y accesibles al público para evitar prácticas corruptas y favoritismos.
Monitoreo constante de la gestión gubernamental: Crear mecanismos de monitoreo continuo y auditorías periódicas en todas las agencias gubernamentales para asegurar el cumplimiento de las normas éticas y legales.
Protección a denunciantes: Implementar políticas que protejan a los denunciantes de corrupción, asegurando su seguridad y confidencialidad para incentivar la denuncia de irregularidades.
Evaluación y reporte público del impacto de las medidas anticorrupción: Realizar evaluaciones regulares sobre la efectividad de las medidas implementadas y publicar informes detallados para mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la lucha contra la corrupción.
