Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
San Juan, Puerto Rico – El presidente de la Junta de Planificación (JP), Julio Lassús, otorgó un contrato por $6.8 millones a una empresa de mercadeo, con solo tres años de experiencia en Gobierno que se supone que ejecute un plan de información a la ciudadanía sobre los códigos de construcción y que fue escogida en un proceso que se desconoce contra qué otras empresas compitió. La propuesta de dos páginas contenida en el contrato no describe trabajos a realizar, no propone calendario y sólo identifica el costo por hora de recursos y un plan de medios general.
El planificador que llegó a la JP en un momento en que afloraban casos de violaciones a los reglamentos de permisos de construcción en medio de zonas protegidas en los cuatro puntos cardinales de la Isla, adjudicó el millonario contrato a la empresa P2P Communications Group sin que sea transparente en la página web de la agencia, cuál fue el proceso de «Request for proposal» que se alega se dio y que se supone que cumpla con la Orden Ejecutiva 2021-29.
A pesar de que en medio de la investigación, Bonita Radio encontró un aviso de solicitud de propuestas – en español e inglés – por parte de la JP, de junio de 2021 ninguna de las páginas tienen contenido. La propuesta de P2P se supone que fue radicada el 13 de julio – último día de vencimiento para el recibo de propuestas, según el anuncio – y como consta en el documento de contrato encontrado en el registro de la Oficina del Contralor. Fue enmendada en agosto con una «mejor oferta».
La orden 2021-29, mercadeada por La Fortaleza de Pedro Pierluisi como una medida «anti corrupción», requiere «a las agencias gubernamentales, instrumentalidades y corporaciones públicas realicen un proceso abierto, competitivo y público en la contratación de servicios profesionales cuando la cuantía es de $250 mil o más, durante un año fiscal».
A pesar de esto, en la JP no hay evidencia pública del proceso que siguió el contrato otorgado a la empresa de las socias, Maria del Pilar Cartagena Luca y Gwendolyn Crowder Medina.
La millonaria contratación se nutre del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (FEMA-43349-DR- PRlHMPG Project #4339-0001) que tiene como objetivo «investigar y auditar las quejas presentadas por ciudadanos, agencias, municipios y motu proprio y desarrollar procesos para proporcionar notificación de violaciones y referencias a la división legal de la JP, para garantizar que se logre el cumplimiento en todos los casos». Así lo establece el contrato 2022-00023 según el registro de la Oficina del Contralor.
Según ese contrato, la subvención tiene como objetivo procurar «aumentar el intercambio de datos entre las Entidades del Gobierno de Puerto Rico («GPR»), como la Oficina del Comisionado de Seguros, para garantizar que la toma de decisiones y la aplicación de las Leyes, Reglamentos y Códigos Aplicables sea consistente en todas las Entidades del GPR, utilizando los mejores datos disponibles y establecer una metodología para medir los impactos de este trabajo propuesto, con énfasis en reducir el número de estructuras construidas «informalmente» para permitir que la JP y la OGPe realicen los ajustes necesarios a medida que avanzan los programas previstos por el Proyecto».
Las jóvenes empresarias Crowder Medina y Cartagena Luca, contratan desde mayo del 2022 con la JP para desarrollar «servicios de comunicaciones profesionales para apoyar un esfuerzo de divulgación y comunicación en toda la isla para garantizar la conciencia pública y la comprensión, la afinidad y la participación en los esfuerzos y objetivos de la Subvención. Las actividades de divulgación de comunicaciones también tendrán como objetivo educar sobre los peligros de la construcción informal y los beneficios del cumplimiento de los códigos de construcción».
La propuesta contenida en el documento público de contrato, contiene dos hojas que solamente detallan los costos de los servicios a prestarse; el descuento que supone por cada renglón y el presupuesto anual de una campaña de medios. No se detallan trabajos a realizarse a razón de una fase inicial que se alega comenzó desde el día de la firma del contrato hasta septiembre del 2022; una segunda, de octubre 2022 a septiembre 2023 y una tercera de octubre 2023 al 31 de enero de 2024.
Los trabajos solo se identifican como Servicio, Media, Producción e Investigación.
Bonita Radio hizo petición de información a la JP sobre la investigación aquí publicada mediante correo electrónico el pasado lunes. En específico se preguntó, ¿Qué otras agencias compitieron en el proceso de presentación de propuestas? Al momento de esta publicación no se recibió contestación.
P2P tuvo su primer contrato en gobierno en febrero del 2020 y con la Comisión Estatal de Elecciones, agencia con la que ha tenido otros cuatro. El contrato de febrero fue avalado solo por el Comisionado del Partido Nuevo Progresista, según el contrato de abril del 2021.
La empresa ha tenido tres contratos con el Departamento de Justicia y el más grande, el otorgado por la JP en mayo del 2022.
