San Juan (EFE) – Un grupo de organizaciones denunció este martes el agresivo plan de expansión de las escuelas chárter a través de la isla, cercanas a escuelas públicas, con el fin de drenar la matrícula de estas y atraerlas a su operación privada.
Ejemplos de esta tendencia son Paradiso College Preparatory y LEAP Social Enterprise, dos empresas que pretenden recibir fondos públicos para uso privado, según el comunicado de la Federación de Maestros.
«La educación pública del pueblo está siendo vilmente atacada. Hay un intento de desmantelarla para privilegiar a los amigos de la Ley 22», expresó Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico.
Paradiso College Preparatory forma parte de un conglomerado de 14 corporaciones sostenidas por inversionistas de la Ley 22 que buscan comprar propiedades y expandir este modelo de privatización del sistema público de enseñanza.
«Esta empresa pretende desahuciar a la comunidad de la Escuela Vila Mayo para beneficiar los bolsillos de los inversionistas de la Ley 22 que ven en nuestros estudiantes números y centavos. Por eso defenderemos el derecho a una educación pública para todos», señaló Martínez.
Igualmente, LEAP Social Enterprise recibirá 9,5 millones de dólares en fondos federales para expandir el modelo que utiliza en la escuela chárter LEAP STEAM+E Academy of San Juan a otras diez comunidades en Puerto Rico.
Las organizaciones denunciaron que una de las inversionistas que está detrás de este conglomerado es Kira Golden, una beneficiaria de la Ley 22 que ha adquirido casi una docena de edificios en Río Piedras.
«Kira Golden es una inversionista buitre de la Ley 22 que ahora quiere acaparar nuestra educación pública desviando fondos de nuestras escuelas para lucrarse con el negocio corrupto de las escuelas chárter», denunció Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de El Otro Puerto Rico.
Ortiz indicó que este modelo de privatización busca «poner dinero público en bolsillos privados garantizando las ganancias de estas empresas con nuestros impuestos, mientras se les permite evadir la responsabilidad de brindar información sobre sus operaciones y pisotear los derechos de nuestro magisterio».
La coalición de organizaciones ha convocado al país a una marcha contra las escuelas chárter este próximo 1 de junio a las 3:30 pm, desde la Plaza Colón del Viejo San Juan hasta La Fortaleza.
Además, exige la aprobación de una Resolución Conjunta 424 radicada en el Senado para establecer una moratoria de cinco años a la creación y expansión de este modelo de privatización del sistema público.
«Puerto Rico necesita fortalecer su sistema público de educación, no desmantelarlo. Necesitamos autonomía escolar verdadera y para ello es menester que se derogue la Ley 85 y se sustituya por una verdadera Ley de Reforma Educativa», dijo Martínez.