San Juan, Puerto Rico (EFE) – Las delegaciones legislativas del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresaron este lunes su rechazo contundente al proyecto de ley que enmendaría el Código Electoral de Puerto Rico.
A este rechazo se han sumado también el senador independiente José Vargas Vidot y el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, según el comunicado.
Mediante carta al gobernador y los presidentes legislativos, el grupo indicó que «en lugar de mejorar la versión trabajada en la Cámara, el texto trabajado en el Senado empeoraría y agravaría el estado de derecho electoral en Puerto Rico».
Entre los asuntos más problemáticos de las enmiendas está que socavan el principio histórico de balance electoral y continúan obviando la búsqueda de consenso entre comisionados(as) para la selección de un(a) presidente(a) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Además, mantienen una concentración excesiva de poder en la figura del presidente de la CEE, carecen de mecanismos de fiscalización efectiva del voto adelantado, mantienen la ficción jurídica de partidos «propietarios» y partidos «adicionales» y carecen de garantías suficientes para los(as) candidatos(as) independientes.
«La alianza PNP-PPD, ante el miedo de perder los espacios políticos desde los que han hecho tanto daño al pueblo, insiste en robarle transparencia al proceso electoral y derechos a las votantes con un Código que ya quedó demostrado en noviembre de 2020 que no funciona», sostuvo la senadora del PIP María de Lourdes Santiago.
La también portavoz del PIP en el Senado reiteró «el reclamo de representación equitativa en la CEE, de mecanismos de fiscalización para votos especiales y otras áreas esenciales de proceso electoral y para la eliminación de la prohibición de candidaturas coaligadas».
Por su parte, el representante José Bernardo Márquez, portavoz del MVC en la Cámara, advirtió sobre «una imprudencia legislativa» con respecto a la Presidencia de la CEE que cuestiona «la imagen de imparcialidad y objetividad» que exige ese cargo.
«Aquí hay dos delegaciones políticas acordando extender la Presidencia del juez Rosado Colomer mediante una enmienda al Código, a la vez que esas delegaciones están tramitando el ascenso de ese mismo juez al Tribunal de Apelaciones por 16 años», señaló.
