Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (11 de diciembre de 2020) – La Liga de Ciudades (LC), una organización sin fines de lucro que agrupa a alcaldes populares y penepés, impugnará en el Tribunal Federal la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de anular la Ley 29 del 2019, debido a que tanto la jueza como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, que se allanó a la decisión, fueron inducidos a error por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La Ley 29 eximía a los municipios del pago al plan de salud y el retiro de los jubilados mediante el sistema ‘Pay As You Go’ y colocaba esa responsabilidad en el Fondo General que administra el gobierno central.
Cristina Palacios, directora ejecutiva de la LC, sostuvo que la impugnación también incluirá cuestionar la interpretación que realizó la JSF sobre la determinación de la jueza Taylor Swain, en la cual los municipios están obligados a reponer unos $65 millones que durante la vigencia de la Ley 29 y en sustitución de los municipios, el Fondo General pagó al plan de salud del gobierno y al sistema de retiro de los empleados públicos.
“La interpretación de la JSF es errónea en cuanto a la determinación de la jueza Taylor Swain y vamos ha estar cuestionando ese proceso. Nuestra interpretación es que la decisión de la jueza no es retroactiva sino prospectiva. Así que durante el año en que estuvo vigente la ley 29, los municipios cumplieron con el marco legal vigente”, sostuvo Palacios.
La interpretación explicada por Palacios implicaría que los municipios no están obligados a reponer al Fondo General los $65 millones.
Palacios dijo que la impugnación será presentada en el Tribunal Federal el próximo año 2021 por el bufete del licenciado Guillermo Ramos Luiña, quien está especializado en litigios comerciales complejos y multi distritales.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que en espera de que se resuelva la futura impugnación, determinados alcaldes han instruido al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para que no se realicen pagos al sistema del retiro.
Según Jaresko, el CRIM debe continuar realizando los pagos al sistema de retiro aún cuando los municipios se propongan impugnar la determinación de la jueza Taylor Swain. Las expresiones de Jaresko están en una carta enviada al pasado 9 de diciembre al director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer.
“Nosotros somos conscientes, sin embargo, de que algunos municipios instruyen al CRIM a no remitir los fondos al sistema de retiro porque se proponen impugnar el monto facturado. Entendemos que ante el desacuerdo, el CRIM retiene los fondos pero no los remite al sistema de retiro, en espera de que la impugnación sea resuelta. Esta práctica viola los planes fiscales certificados para CRIM y para el gobierno, que disponen que el CRIM debe retener y remitir al sistema de retiro los montos de las facturas mensuales para garantizar que los municipios cumplen con sus obligaciones de PayGo. Asegurar la financiación adecuada de los sistemas públicos de pensiones es fundamental para lograr estabilidad financiera para Puerto Rico”, sostuvo Jaresko en la carta.
La misiva de la Jaresko anticipa una nueva escalada en las tensiones existentes entre la JSF, el CRIM y los municipios debido a la incipiente intervención del organismo federal en la operación fiscal del CRIM y de las alcaldías. En el 2019 la JSF prevaleció con éxito en su solicitud para que el Tribunal Federal anulara la Ley 29, porque, alegadamente, era contraria al plan fiscal aprobado y al mejor manejo de los recursos económicos del Fondo General.
La determinación de anular la ley 29 ha representado un duro golpe para cerca de 40 municipios de bajos ingresos y que sufren graves problemas económicos y altas tasas de desempleo.
Palacios sostuvo que parte de los argumentos de la impugnación contra la anulación de la Ley 29 es que la JSF se ha “extendido” en sus funciones con respecto a los municipios.
La directora ejecutiva de la LC sostuvo que los municipios cumplieron con la contribución a los planes de pensiones de empleados municipales y que los costos de los servicios de salud son una obligación del gobierno central, por lo que los municipios deben ser liberados de este pago y reembolso.
Según Palacios, en el Plan Fiscal 2017 se había dispuesto que para compensar la eliminación del Fondo de Equiparación, que representó la pérdida de $350 millones para los municipios, se crearía una nueva medida financiera que permitiría llenar un fondo con hasta $426 millones.
“Pero el nuevo fondo nunca se creó. La Ley 29 no fue un rescate para los municipios, sino un rescate para el gobierno central que no pudo proporcionar esa nueva herramienta financiera que se incluyó en el Plan Fiscal aprobado por la JSF para cubrir la pérdida sufrida por los municipios”, dijo Palacios.
El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien es miembro de la LC, sostuvo que el CRIM está obligado a retener y realizar los pagos al sistema de retiro.
“Aquí sucede que los alcaldes se allanaron a la decisión de la jueza Taylor Swain. El CRIM se allanó a esa decisión de anular la Ley 29 y por esa razón está obligado a pagar, aún cuando la LC se proponga impugnar la decisión de la jueza”, dijo Jiménez, quien también ha sido presidente de la Junta de Directores del CRIM.
“Nuestra postura es que los municipios pudieron allanarse a la anulación de la Ley 29, pero si me indujeron a error, pues yo me allané porque me dieron la información incorrecta”, dijo Palacios.
