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PUERTO RICO

Marchan por un futuro digno y un plan de ajuste de la deuda

Organizaciones alertan sobre las nefastas consecuencias que traería la aprobación del acuerdo entre la Junta y los bonistas y otros acreedores

Manifestación del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda frente al Tribunal Federal (Foto: página oficial del FCAD)

San Juan, 13 de julio de 2021 (EFE) – Mientras el Tribunal Federal de Quiebra considera si iniciará ya el proceso de votación para la confirmación del acuerdo de la Junta de Control Fiscal (JCF) con bonistas y otros grupos de acreedores para un nuevo plan de ajuste de la deuda, el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda junto a organizaciones comunitarias, sindicales, magisteriales, estudiantiles, profesionales, de pensionados exhortó al país a rechazar su aprobación.

Durante la “Marcha por un futuro digno”, las organizaciones llamaron la atención sobre las nefastas consecuencias que traería para el país la aprobación de este acuerdo que está ante la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende la última etapa del proceso de quiebra del gobierno de Puerto Rico.

“Estamos en un punto importante del proceso en el que miles de personas, entre ellas, bonistas, pero también, suplidores del gobierno, magisterio, empleados públicos y pensionados, tendrán que votar para confirmar o rechazar el plan de ajuste de la deuda propuesto por la JCF y negociado con los fondos buitres. Pero, aquí no solo los que votarán se afectan, sino que es el resto del pueblo somos los que sufriremos los efectos más negativos por muchos años. Por eso, el llamado es a oponernos a su aprobación”, manifestó Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda.

“De aprobarse este nuevo plan de pago, injusto y demasiado generoso con los bonistas, se reducirá todavía más los fondos disponibles para los servicios esenciales. Esta deuda se pagaría directamente del fondo general, de donde sale el dinero de todas las agencias y ramas del gobierno. Por ejemplo, los más de $461 millones que se le ha quitado a la Universidad de Puerto Rico (UPR), es dinero que se está poniendo sobre la mesa para el pago de los $7,000 millones de adelanto para los bonistas buitres”, expresó Jorge Rivera, representante estudiantil a la Junta de Gobierno de la UPR.

Más de 300,000 personas podrían estar participando del proceso de votación, que se dará una vez la jueza Swain lo autorice y anuncie cuál será el proceso que debe seguirse.

“Es importante que, quien tenga derecho a votar, no se vea solamente como acreedor o que solo piense en la parte del acuerdo que les afecta. Aquí está en juego el futuro de la educación pública, incluyendo la educación especial, la salud, la seguridad, la cultura, la infraestructura, los municipios. Los votantes realmente tendrán la oportunidad de decidir sobre un asunto que va afectar negativamente el futuro y los derechos humanos de todo un pueblo, por décadas”, dijo, por su parte, Mabel López, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social.

“Los líderes de las organizaciones reiteraron que el plan de pago es uno injusto y beneficiará únicamente a los fondos, que generarán ganancias multimillonarias. Además, paga por deuda emitida ilegalmente y que debería ser cancelada e impone un recorte innecesario a las pensiones. “Este plan conducirá al país a un deterioro mayor en su calidad de vida, no tendremos dinero para nada que no sea el pago de la deuda y nos expone a una nueva quiebra a partir de 2030”, explicó el planificador José Rivera.

La Marcha por un Futuro digno salió del Tribunal federal de Hato Rey, hasta las oficinas centrales de la JCF para unirse a otra manifestación convocada por los pensionados y titulada “A la Junta Dile NO”.

Es la primera de una jornada de actividades para educar acerca del contenido y proceso de aprobación del plan de ajuste de la deuda, sus consecuencias para el país y las alternativas para detener su aprobación.

“Este plan, tal y como está, es una condena. Esa oferta de pago a los bonistas es un compromiso que no vamos a poder cumplir y que arriesga nuestro presente y futuro”, concluyó Rivera.

Entre las organizaciones que participan contra el plan de ajuste de la deuda están el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, ÚNETE, Vamos de Puerto Rico, Ayuda Legal Puerto Rico, Sembrando Sentido, El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, Toabajeños en Defensa del Ambiente, Organización Boricua de Agricultora Ecológica de Puerto Rico, Asociación de Supervisores y Gerenciales de la UPR, Vueltabajo Teatro/Taller Libertá, Diáspora en Resistencia, Caminando la Utopía, Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios del Género (CIIEG), Red Feminista de Investigación y Educación de Género y Movimiento Solidario Sindical.

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