Por Lcdo. John Mudd
Opinión
(25 de enero de 2022) – El 18 de enero de 2022, la Juez Swain aprobó el plan de ajuste de la deuda del ELA.
¿Qué quiere decir esto? El plan de ajuste es la manera en que el Gobierno de Puerto Rico va a pagar su deuda. La deuda anterior, con unas excepciones que mencionaré a continuación, se extingue y surge la que establece el plan. Aquí algunos de los puntos importantes del plan.
El plan de ajuste enmienda el Artículo VI, sección 2 de la Constitución de Puerto Rico, bajando el límite prestatario a pagar de impuestos a 7.94% (del 15% que establece la Constitución). Se establece además, que no se podrá tomar prestado a menos que sea para mejoras capitales o situaciones de emergencia tales como epidemias o desastres naturales (QUE BUENO ES EL ELA).
Sin embargo, la certificación del Secretario de Hacienda que el préstamo cumple con estos parámetros es suficiente a menos que haya error manifiesto. Ya saben qué harán nuestros políticos.
La Junta quería dejar de pagar las reclamaciones de eminent domain (expropiaciones forzosas bajo la 5ta Enmienda de la Constitución Federal) basándose en el caso de la ciudad de Stockton del Capítulo 9 de Quiebras. La Juez Swain se negó y siguió la doctrina del caso de Detroit. La Junta, sin embargo, indicó que tenía el dinero para pagar estas acreencias.
La orden de la Juez Swain nos dice que el ELA tiene suficiente dinero para pagar el plan hasta el año 2034 y de ahí en adelante el mismo podrá pagar si se hacen los cambios estructurales necesarios. Esos cambios estructurales la Junta ha intentado infructuosamente por años que el Gobierno las haga y hasta el momento los políticos se han negado. Pensar que los políticos de Puerto Rico hagan esos cambios es soñar con pajaritos preñados. Por ende, es probable que el ELA esté insolvente (no en quiebra, que es un procedimiento legal) antes del 2034.
El pago de la deuda se reduce de sobre $3,000 millones a $1,500 millones, incluyendo COFINA. Algunos políticos y comunistas de salón se quejan de que el descuento debiera ser mayor, pero no explican como se puede forzar a los acreedores asegurados a aceptarlos. Otto Von Bismark una vez dijo que la política era el arte de lo posible. Lo mismo se puede decir de las transacciones.
La Junta indica que va a comenzar a pagar el 15 de marzo pero eso no está en el plan, y en realidad hay que hacer ciertas cosas como intercambiar bonos, nuevo plan fiscal, presupuesto nuevo, etc. antes de que esto se haga. Puede que ocurra, pero lo dudo, especialmente si hay apelaciones.
Sobre las apelaciones, hay diferentes grupos sindicales, Maestros, etc., al igual que el Lcdo. Hein, de los cuales no tengo duda apelarán. Pero estas apelaciones tienen que hacerse con mucho cuidado.
El Primer Circuito, en el caso del plan de ajuste de COFINA, aplicó la doctrina de Equitable Estoppel, que dice que si el plan de ajuste se ha implementado sustancialmente, no se puede detener con una apelación. Para evitar su aplicación, los apelantes tienen que solicitarle a la Juez Swain que no se implemente el plan y cuando lo deniegue, pedirlo al Circuito. Tienen, además, que solicitar que la apelación sea rápida (expedited), no solicitar prórrogas y moverse rápido. Si esto se hace, la implementación del plan, y por ende el pago de las nuevas deudas, se detendría hasta que se decidan las mismas. Veremos si ocurre.
¿Qué quiere decir esto para el Pueblo? Depende cómo definamos el Pueblo. Los empleados gubernamentales salen de oro. No ha habido despidos y sus salarios no han bajado y los aumentos vienen por ahí. Algunos empleados unionados que aceptaron el plan hasta recibirán bonos. Los retirados del Gobierno no verán sus pensiones reducidas.
El resto de la población no se verá afectada por el plan. Sus impuestos seguirán igual a pesar de la baja en pago de la deuda, ya que el Gobierno y la Junta aceptaron pagar los $2,200 millones a los retirados. En otras palabras, business as usual.
¿Qué nos depara el futuro? INCERTIDUMBRE.
El plan de ajuste advirtió a los acreedores que no había certeza de que iba a ocurrir en los fondos de la Ley 154, que contribuye el 20% de los ingresos del Gobierno. Debemos considerar, además, la intención del Gobierno de Biden de establecer un impuesto mínimo de 15% en todas las jurisdicciones mundiales.
Eso tendrá un impacto negativo en los esfuerzos de Puerto Rico de atraer inversionistas con exenciones contributivas. Ya es hora de abandonar los años 40 ‘s y aceptar el nuevo siglo.
