San Juan, 9 abr (EFE News) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad federal que fiscaliza al Ejecutivo puertorriqueño, informó este jueves a través de su cuenta en la red social de twitter de que cualquier contrato o acuerdo tiene que contar con su aprobación.
El comunicado de la JSF se produce después de que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, asegurara que el polémico intento de adquisición de miles de pruebas de COVID-19 a la compañía Apex General Contractors fue una orden de compra, razón por la que, supuestamente, no tendría que pasar por la fiscalización de la entidad federal.
Vázquez defendía así su autonomía en ese tipo de decisión por no tratarse, según su interpretación, de un contrato como tal.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, aclaró que cualquier contrato, acuerdo u orden de compra del Gobierno de Puerto Rico sí tiene que ser supervisado por la entidad.
Jaresko remitió una carta al representante del Gobierno ante la JSK, Omar Marrero, en la que aclara la situación.
Jaresko subraya en la misiva que «la política de revisión de contratos aplica a cualquier contrato, acuerdo u orden de compra emitida por el Gobierno», ya que como se matiza se trata de acuerdos contractuales bajo la ley puertorriqueña.
Vázquez había señalado sobre el asunto que la orden de compra por valor de 38 millones de dólares para pruebas de detección del coronavirus que se hizo a la compañía constructora Apex General fue legítima y se realizó de la misma forma que se hacen otras adquisiciones durante la pandemia.
Las aclaraciones llegan después de las sospechas levantadas tras la compra por parte del Ejecutivo de un millón de pruebas de detección de positivos de Covid-19 y después de que compareciera ante la Cámara de Representantes, en relación a ello, la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.
La que fue responsable de salud en el isla negó negligencia en su breve mandato y dijo que supo de irregularidades que se cometieron en el departamento y que las mismas se las hizo saber a su predecesor, Rafael Rodríguez, a la vez que identificó a una funcionaria de La Fortaleza que, presuntamente, la presionó para firmar la citada compra en pocos minutos.
