Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
Los 16 contratos negociados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para la compra de energía renovable fueron rechazados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) porque no representan electricidad barata para el país, pues le costarían $460 millones más a los consumidores residenciales y empresariales entre 2023 y 2047.
Por primera vez, la JSF reveló que las tarifas acordadas en los 16 contratos son tan excesivas que si entraran en vigor, la tarifa eléctrica de la AEE aumentaría a 33.6 centavos por kilovatio hora para el año fiscal 2035.
Además la JSF sostuvo que los 16 empresas favorecidas por la AEE nunca participaron en un proceso competitivo que premiara las mejores ofertas por sus bajos precios, hasta el colmo que las tarifas de los contratos avalados por la AEE son más altos que los precios de referencia por energía renovable en otras partes de los Estados Unidos.
Las escandalosas conclusiones surgen de una carta que revela las variables analizadas para desautorizar los contratos y que fue enviada al congresista Raúl M. Grijalva, quien es el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Según la JSF, en los contratos la AEE debería pagar el kilovatio por hora a 9.9 centavos y este precio aumentaría paulatinamente hasta los 14.1 centavos en el año fiscal 2042. Según la JSF, tales precios son extremadamente altos si se lo compara con contratos aprobados recientemente en Hawai para una planta solar, que le asigna un costo de entre 6 y 8 centavos para el kilovatio por hora; y otro contrato acordado en el estado de la Florida, que reconoce un costo para el kilovatio por hora de 2.6 centavos.
La JSF también señaló que los 16 contratos violan las tarifas aprobadas en el plan fiscal de la AEE para la energía renovable, que reconocían un precio inicial de 8 centavos para el kilovatio por hora, que luego debería aumentar a 9.7 centavos en el año 2049.
Las conclusiones de la JSF implican la ausencia de una administración responsable en la AEE para bajar el costo de la electricidad, que posiblemente es el principal problema que enfrenta la economía puertorriqueña.
La reveladora carta fue enviada a Grijalva y a los congresistas de origen puertorriqueño, José E. Serrano y Darren Soto, el pasado 21 de diciembre, por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.
El pasado mes de agosto la JSF no autorizó los 16 contratos avalados por la AEE, que representaban la producción de 593 megavatios utilizando la luz solar, y en cambio autorizó que se obtengan hasta 150 megavatios de energía renovable en los contratos propuestos, “dado que dicha cantidad representaría costos incrementales mínimos para los clientes de la AEE”.
Tras la determinación de la JSF y probablemente respondiendo al cabildeo de la propia AEE y de los empresarios afectados, Grijalva solicitó a la JSF, en una carta enviada el pasado 7 de diciembre, explicaciones sobre los elementos que dieron paso a la decisión.
“Después de una revisión exhaustiva de los contratos propuestos, la Junta de Supervisión concluyó que dichos contratos, y la determinación de la AEE de comprar energía renovable bajo esos acuerdos de operación no-operacional (PPOA por sus siglas en inglés) no eran consistentes con el plan fiscal certificado de la AEE ni promueven la competencia en el mercado, dado que los precios propuestos representan costos incrementales para los residentes de Puerto Rico que exceden las proyecciones del plan fiscal certificado y ninguno de los contratos propuestos se adquirió de manera competitiva”, sostuvo Jaresko en la misiva.
En la carta a Grivalba Jaresko aclara que la JSF “no tiene por objeto retrasar o impedir el desarrollo de los recursos renovables” y señala que el interés del organismo federal es “a favor de la energía renovable barata y adquirida competitivamente”. Advierte, además, que desde 2017, la JSF “ha sido coherente en su creencia de que el sistema de energía de Puerto Rico debe aumentar de forma drástica y considerable sus recursos de energía renovable y reducir su excesiva dependencia de la generación de energía a partir del petróleo”.
Incluso, Jaresko indica que la JSF favorece que la AEE “emprenda procesos transparentes y competitivos” para adquirir energía renovable y considera que solo la competencia entre empresas podrá ofrecer precios bajos. La carta también indica que los procesos transparentes evitan litigios costosos en los tribunales. Pero, según Jaresko, “la AEE no ha hecho progresos significativos en la adquisición de los 3,750 megavatios de generación renovable que requiere su plan de recursos integrados aprobado”.
De hecho, la carta sostiene que la implementación de los 593 megavatios generados por las plantas solares que proponían los 16 contratos, causarían que la tarifa eléctrica de la AEE aumentaría a 33.6 centavos por kilovatio hora para el año fiscal 2035, lo que representa un alza de 0.5 centavos por kilovatio hora mayor a las tarifas proyectadas en el plan fiscal certificado en el 2020 de la corporación pública. Según los estimados de la JSF, el aumento en la tarifa costaría a los consumidores $460 millones adicionales entre 2023 y 2047.
En una de las notas al calce que integran la misiva, se indica que el incremento en la tarifa a 33.6 centavos por kilovatio hora obedece a una cláusula que integra los 16 contratos y que impone un aumento anual automático del 2% por la energía vendida a la AEE.
En la carta Jaresko advierte que la JSF espera que cuando LUMA Energy asuma las responsabilidades de administrar y operar la transmisión y distribución de la AEE “se logrará un progreso medible en este frente y Puerto Rico estará en seguimiento para cumplir sus objetivos de energía renovable”.
Otro de las revelaciones de la carta, es que la JSF determinó que muy pocos de los proyectos de energía renovable se completaría con éxito, una conclusión que surgió tras revisar la información provista por la AEE en relación a los objetivos de energía renovable exigidos por las leyes 17 del 2019 y 57 del 2020, que establecen la política pública energética, y el incumplimiento de las normas federales sobre el mercurio y para evitar la contaminación del aire. Sobre este aspecto, la misiva revela que en una carta enviada el pasado 11 de junio, la AEE le indicó a la JSF que «no nos sorprendería que la mayoría de estos proyectos no se completaran».
Abundando en este asunto, la JSF indica que su decisión de no autorizar los contratos no afectará la capacidad de la AEE para cumplir con las regulaciones de energía renovable local o federal, ya que si los contratos hubieran sido aprobados no lo habría logrado, lo que implica que para cumplir con las leyes locales y federales, la corporación pública necesitará una cantidad adicional de energía renovable producida por empresas privadas.
Luego de que la JSF no autorizara los contratos en agosto pasado, el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable (APER), Julián Herencia, hizo un llamado a la AEE y su Junta de Gobierno para que ignoraran las objeciones del organismo federal y cumplieran con los contratos que ya se habían firmado. Herencia denunció que la intervención de la JSF en contra de decisiones adjudicadas causarían el aumento del precio de la energía eléctrica.
Herencia indicó que en el plan fiscal certificado de la AEE se omitieron los costos de consultores y estudios para evaluar y determinar con seriedad el costo real y competitivo de energía renovable
El líder empresarial dijo que la decisión de la JSF de limitar a 150 megavatios la energía renovable que se podría generar con los contratos está basada en el plan fiscal certificado de la AEE que se obtuvo con premisas y datos incorrectos y en el que no se incorporaron datos recientes o los resultados de estudios que revelan la realidad y las particularidades existentes en Puerto Rico.
Asimismo, la APER subrayó que el plan integrado de recursos de la AEE, recientemente aprobado por el Negociado de Energía, elimina una nueva planta de 300 megavatios de ciclo combinado en Palo Seco, cuyo resultado será un aumento considerable en la tarifa eléctrica. Herencia dijo que ese aumento será evitado si entran al sistema los 593 megavatios que generarían las plantas renovables.
En mayo pasado la AEE había anunciado que renegoció 23 contratos de energía renovable. De esos 23 contratos, siete corresponden a proyectos solares y eólicos que ya están en operación, mientras que los restantes 16 son contratos desautorizados por la JSF, que habían sido avalados por la AEE hace dos cuatrienios y no se habían puesto en vigor por causas económicas.