Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la administración de Pedro Pierluisi han acordado canalizar el retiro de 1,700 empleados públicos catalogados como no esenciales, mientras que aquellos considerados esenciales para la operación diaria del gobierno no podrán retirarse, lo que podría generar un gran descontento en las agencias del gobierno.
Originalmente se indicó que acuerdo podría beneficiar a 3,989 empleados públicos denominados como no esenciales, pero la Fortaleza informó que los beneficiados serán 1,700.
La JSF ha señalado que el retiro propuesto por la Ley 80 o Ley del Programa de Retiro Incentivado, estaría disponible para los empleados no esenciales y las agencias no podrán realizar nuevos reclutamientos para llenar las plazas de los empleados que se jubilen.
El acuerdo fue el resultado de las negociaciones para implementar la Ley 80 ordenadas por el Tribunal Federal para ofrecer algunos de los beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.
En un comunicado emitido hoy por la JSF se informó que los abogados del organismo federal han informado al Tribunal Federal “que estuvo de acuerdo con la propuesta del gobierno de limitar implementación de la ley a ciertos empleados gubernamentales no esenciales y está procediendo a trabajar con el gobierno para llegar a un acuerdo sobre los términos de dicha implementación parcial”.
El comunicado agrega que antes del 28 de julio el gobierno notificará a los empleados públicos dispuestos a acogerse al retiro por ley 80, que sus puestos serán eliminados “a menos que opten por no participar el programa antes del 15 de agosto”.
El comunicado también sostiene que “la JSF y el gobierno continúan trabajando juntos para llegar a un acuerdo sobre la implementación parcial de la Ley 80 que incluye lograr los ahorros necesarios desde temprano jubilaciones de los empleados no esenciales, así como procesos de reporte y seguimiento y otros artículos antes del jueves 25 de agosto”.
Conocedores de las negociaciones sostuvieron que el acuerdo representa en realidad el fracaso de la administración de Pedro Pierluisi para lograr que la JSF aprobara el retiro de cerca de 6,564 empleados públicos denominados como esenciales en la negociación para poner en vigor de manera parcial la ley 80.
La administración Pierluisi había sostenido que los empleados esenciales que se acogieran al retiro por ley 80 serían sustituidos por empleados públicos transferidos de otras agencias. La iniciativa no se había logrado concretar por las numerosas dificultades burocráticas que conlleva trasladar empleados de una agencia a otra y porque no fue fácil identificar a los funcionarios con las calificaciones adecuadas para sustituir a un empleado esencial.
Otro factor, alegadamente, fue la renuencia de los secretarios de las agencias a perder empleados indispensables.
Además, la JSF había objetado la iniciativa debido a que los empleados esenciales debían ser reemplazados exclusivamente por funcionarios con el conocimiento y las habilidades que requiere la posición denominada como esencial.
La JSF también había exigido identificar la identidad de los funcionarios que sustituirán a un empleado esencial, su nivel salarial y los beneficios acumulados con el fin de proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos eliminados propuestos.
La ley 80 estableció una venta de retiro a los empleados públicos con una pensión vitalicia equivalente al 50 % del salario más alto devengado en los últimos tres años y otros beneficios como una aportación de $100 para plan médico. Por determinación de la JSF la aportación de $100 estará accesible para los empleados que se retiren hasta los 62 años.
La ley 80 fue invalidada el pasado 28 de diciembre, cuando el Tribunal Federal emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación, en espera de que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo.
El estatuto entró en vigor en agosto del 2020, luego de que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced lo firmó, tras la aprobación unánime en la Cámara y en el Senado.
Desde su aprobación la JSF presentó objeciones porque la ley fue avalada por la Legislatura sin analizar su impacto fiscal y sin que se hubiera identificado una fuente de recursos para financiar las pensiones de los empleados que podrían acogerse al retiro que prometía el estatuto.
El gobierno había identificado 11,000 empleados en casi 150 agencias y municipios que eligieron participar en el programa de jubilación de la Ley 80.
Tras la orden del Tribunal Federal la JSF y el gobierno enfrentaron numerosos desencuentros, especialmente porque la administración no podía ofrecer toda la información que exigía el organismo federal.