Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro con Sandra
San Juan, Puerto Rico – En una movida que parecía coordinada, los jueces en Aguadilla y Mayagüez movilizaron policías a los centros judiciales y hallaron causa contra tres personas que protestaron por la destrucción del ambiente en La Parguera y Aguadilla.
La jueza municipal del Centro Judicial de Mayagüez, María del Pilar Vázquez, encontró causa para arresto y les impuso una fianza global de más de $490,000 a los ocho manifestantes que protestaron en el sector Playita Rosada del barrio La Parguera en Lajas el pasado 9 de julio.
Mientras que el juez José Tomás Román Barceló del Centro Judicial de Aguadilla encontró causa contra cinco manifestantes que protestaron por la construcción sobre la cueva Las Golondrinas y el muelle de azúcar en Aguadilla el pasado 29 de enero.
Ese mismo 29 de enero, el guardia de seguridad del proyecto, César Toledo Mantilla, disparó e hirió al manifestante Ángel Torres Rosado. El guardia enfrenta tres tentativas de asesinato y ese otro caso será atendido por el juez Abid Quiñones Portalatín, quien, a su vez, es el mismo magistrado que atiende los casos de las protestas por la construcción del ambiente en el edificio Sol y Playa de Rincón.
Fuentes de la Oficina de la Administración de los Tribunales expresaron a este medio que los jueces en Aguadilla y Mayagüez están abrumados por la cantidad de casos relacionados a protestas de ambientalistas y querían dar un mensaje con las fianzas impuestas y el trato en sala a los manifestantes ayer. Por eso ordenaron un despliegue significativo de policías y alguaciles en los tribunales.
En el tribunal de Mayagüez, sobre 40 policías coparon todas las entradas al Centro Judicial, donde sonreían y se reían burlonamente al ver llegar familiares de los manifestantes de La Parguera. Además, alguaciles del tribunal limitaban la entrada al edificio.
Caso de La Parguera
En el caso de La Parguera supuestamente testificaron tres policías mediante declaraciones juradas, lo que bloqueó el que los abogados de defensa Gabriel Olivieri Miranda, Carlos Torres Viada y Oscar Martínez Borrás pudieran argumentar en la vista.
La jueza María del Pilar Vázquez, que tomó esa decisión, busca que la renominen en ascenso de magistrada municipal a Primera Instancia.
Los casos estuvieron a cargo de la fiscal Vanessa Rivera Morales, junto a los fiscales Andy Rodríguez y Rosa Acevedo.
A la manifestante Iona Fournier Gómez le fijaron una fianza de $200,000, por resistir el arresto y golpear al guardia de seguridad de la residencia. A Imalay Arroyo Surita le impusieron una fianza de $100,000 por golpear al guardia, pero en los vídeos tomados ese día por la prensa se veía claramente al policía dando puñetazos en la cara de la joven residente de Lajas. En este caso su fianza fue diferida por el Programa de Servicios por Antelación al Juicio. Contra Francheska Vélez Ramírez, se presentaron tres cargos y se le impuso una fianza de $75,000.
A otro de los manifestantes, Pedro Amengual Gutiérrez, le impusieron una fianza de $100,000. A Juan Edil Rodríguez González le impusieron una fianza de $50,000. Mientras que a Sheila Mejías Luciano le fijaron una fianza de $50,000. Mejías Luciano es la esposa del excandidato independiente a la gobernación Eliezer Molina, quien estaba molesto denunciando lo que calificó de atropello del sistema contra los que buscan cuidar el ambiente.
“Querían meterlos a la cárcel por proteger el ambiente, cuando a los asesinos los dejan en la calle”, dijo Molina.
Anoche consiguieron el dinero para pagar la fianza hasta la vista preliminar que se pautó para el 3 de agosto. El Campamento Carey inició una campaña de recolección de fondos en su página de Facebook.
En total, los ocho manifestantes en el caso de La Parguera fueron acusados de agresión y destrucción de propiedad por hechos ocurridos en una caseta de Irma Mercedes Llavona Rivera, suegra de la comisionada residente en Washington Jenniffer González, construyeron entre los mangles destruidos de la reserva natural de La Parguera.
En esa misma caseta, un policía sin identificar aparece en varios vídeos el día de las protestas, removiendo un contador nuevo. Ayer se corroboró que ese contador eléctrico de reciente instalación, modelo Focus AXR-SD y con el número de medidor 95505401, fue colocado Luma Energy a nombre de Carmen Collado Pacheco. González no ha emitido expresiones al respecto.
Caso de Aguadilla
El caso de Aguadilla no hubo fianza porque se trata de delitos menos graves. Se relaciona a la protesta del pasado 29 de enero en la que la empresa SJA Security Police Inc. y su contratador, Aguadilla Pier Corp, usaron fuerza excesiva, gas pimienta y dispararon contra los manifestantes.
Además del tiro que recibió Torres Rosado, otras seis personas recibieron disparos de los guardias de seguridad, más de 15 fueron agredidos con gas pimienta, lo que llevó a la organización derechos humanos Kilómetro Cero a reclamar acción inmediata al Departamento de Justicia y a la Policía de Puerto Rico en contra de la empresa SJA Security Police Inc. y su contratador, Aguadilla Pier Corp. Nada pasó.
Las autoridades en cambio, la emprendieron contra los manifestantes y por eso ayer en el tribunal se radicaron cargos, menos graves, contra los manifestantes Yamize Elías, Marta Ojeda, Johana Santiago, Denise Pilar Otero y José Soto.
