Las querellas por violaciones ambientales y acusaciones penales que por décadas se han presentado contra los integrantes de la familia Abreu Valentín o sus corporaciones no han tenido consecuencias ni en los foros administrativos ni judiciales de Puerto Rico
Por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo
El empresario de alquileres a corto plazo en la región norte, Ángel Abreu Valentín, le pidió a una conocida suya que lo grabara mientras introducía sus manos en el pantalón y defecaba frente a la caseta del guardia del Condominio Oceanía, en Arecibo. Luego, Abreu Valentín regó sus heces en los rótulos colocados en los portones que dicen: “No se permiten alquileres a corto plazo”. El vídeo fue enviado por WhatsApp al guardia del complejo, Joel Mercado López, y a un vecino del condominio, Héctor Mercado Rivera.
“Me cagué. Esto es una huelga pacífica. Así es que se llevan a cabo en Europa”, expresa Abreu Valentín en el vídeo que envió el 24 de febrero a su vecino y al guardia, en el que se le ve mientras ensuciaba los letreros de PVC colocados en los portones de entrada del condominio.
Ese día, Mercado Rivera disfrutaba de la tranquilidad de su hogar cuando recibió el repulsivo vídeo de su vecino, lo que, según denunció, le alteró la paz.
“Si yo estoy en mi casa, lo menos que yo espero es recibir algo como eso”, declaró Mercado Rivera durante el juicio en contra de Abreu Valentín, celebrado el 27 de agosto, en el que el juez Vidal Vélez Díaz, del Centro Judicial de Arecibo, encontró a Abreu Valentín no culpable de alterar la paz de su vecino. Otras dos denuncias contra el empresario, por causar daños a los letreros y alterar la paz del guardia, ya habían sido descartadas previamente porque no se encontró causa en el tribunal arecibeño.
La familia Abreu Valentín posee al menos cuatro corporaciones con las que hacen negocios de alquiler de viviendas a corto plazo y de otros tipos en la costa norte. Las construcciones que han hecho en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), en el barrio Islote, en Arecibo, han generado protestas y querellas de vecinos, demandas judiciales e intervenciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y de la Junta de Planificación (JP).
No obstante, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que las querellas por violaciones ambientales y penales que por décadas se han presentado contra Ángel Abreu Valentín, sus dos hermanos Carlos y Roberto, así como contra sus corporaciones no han tenido consecuencias ni en los foros administrativos ni judiciales de Puerto Rico.
Un patrón de irregularidades e impunidad
Abreu Valentín está en pugna contra varios de sus vecinos de Oceanía Apartments, incluyendo a Mercado Rivera, porque, aunque los estatutos del condominio prohíben el alquiler de las unidades por menos de seis meses, familiares suyos, él mismo y otros propietarios llevaban a cabo este tipo actividad comercial en sus apartamentos. Una orden judicial, del 11 de julio, conseguida mediante un interdicto provisional, acabó, por el momento, esa práctica. La demanda que busca un remedio permanente está activa todavía.
Abreu Valentín administra seis apartamentos en Oceanía, según dijo al CPI.
Para finales de junio, la familia Abreu Valentín tenía 24 alojamientos a corto plazo registrados en la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) a nombre de la Corporación de Propiedades del Norte (NORPRO), según datos provistos al CPI por la agencia. Turismo no pudo explicar por qué varios de estos alojamientos en Oceanía Apartments están entre las propiedades en su Registro de Hosteleros, si se supone que la agencia solicite evidencia a los hosteleros de que la práctica de alquiler a corto plazo es aceptada por las juntas de residentes de los edificios donde alquilan. Esta evidencia no estaba disponible en el expediente de NORPRO revisado por el CPI.
La familia Abreu Valentín ha estado vinculada durante décadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), del cual son donantes, y asisten a sus actividades políticas.
Para inicios de 2018, la familia Abreu Valentín tenía más de 200 habitaciones para alquiler a corto plazo registradas en la CTPR a través de NORPRO en Arecibo y en Hatillo, según documentos de la CTPR.
El envío del video no es el único incidente de Abreu Valentín con personas en el complejo. En mayo de 2023, se le imputó agredir con las manos en el área del rostro a Raudah Zarwi mientras se encontraba en el condominio. La denuncia fue retirada por la Policía porque la perjudicada necesitaba un intérprete, ya que se comunica en inglés, y la fiscalía no hizo el trámite para llevarlo a la vista de radicación de cargos, según la denuncia de la Policía, que indica que la vista sería citada nuevamente para septiembre del año pasado, pero el caso no volvió a presentarse al Tribunal, según los récords de la Rama Judicial.
El incidente más reciente ocurrió el 31 de mayo cuando el activista ambiental Lauce Colón denunció y transmitió en vivo a través de Facebook una agresión verbal y homofóbica de parte de Carlos Abreu Valentín, hermano de Ángel, mientras denunciaba una nueva construcción de la familia en la Zona Marítimo Terrestre.
En el vídeo se escucha a Colón, quien posteriormente anunció su candidatura a la alcaldía de Arecibo por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), reclamar a Carlos por los permisos para la construcción de una piscina en la ZMT. Carlos Abreu nunca responde directamente la pregunta, pero durante el encuentro, le dice: “Si quieres buscar machos, busca machos en otro sitio. Aquí no”. Golpea el teléfono de Colón y le grita: “Deja de estar mariconeando, deja la patería”.
Carlos y Ángel recientemente publicaron fotos de su participación en la actividad de recaudación de fondos para la candidata a la gobernación, Jenniffer González. El donativo para la actividad el 23 de agosto era de $250, para la entrada regular, o de $2,500, para trato especial o VIP. Allí se retrataron con la Comisionada Residente, el representante Johnny Méndez y otros miembros del partido. En marzo, Ángel también dio un donativo en efectivo de $500 al comité del senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz.
Foto tomada de Facebook
Foto tomada de Facebook
Foto tomada de Facebook
El candidato a alcalde del MVC presentó una querella contra Carlos Abreu en la que alega que también “le tiró un vehículo de motor encima”, lo golpeó, empujó y lanzó al suelo.
La fiscalía presentó un cargo de alteración a la paz y otro de agresión en su modalidad menos grave. La jueza Cyndia E. Irizarry Casiano, quien fue nominada el año pasado por el gobernador Pedro Pierluisi a presidir la Comisión Estatal de Elecciones, pero no fue confirmada en la Asamblea Legislativa, no encontró causa para arresto contra Carlos por agresión y alteración a la paz, y la fiscalía no fue en alzada.
Colón también presentó una querella en el DRNA en la que denuncia la construcción presuntamente ilegal en la ZMT. A principios de septiembre, el CPI pasó por el lugar y vio a dos obreros continuando labores allí.
Carlos Abreu ya había sido convicto en 2012 por un incidente de violencia contra un perro al que agarró por el cuello, arrojó al aire y lanzó con fuerza a una jaula, según documentos judiciales obtenidos por el CPI. Por esos hechos clasificados menos graves pagó una multa de $100.
A pesar de mensajes de texto y llamadas telefónicas a Carlos Abreu para obtener una reacción acerca de las imputaciones en su contra, este medio de comunicación no obtuvo respuesta.
Desarrollo en la zona marítimo terrestre
Una investigación del CPI publicada en diciembre reveló que la familia Abreu Valentín se ha apropiado de estructuras ajenas — algunas en desuso — ubicadas en la ZMT en la costa de Islote. Estas tienen la clasificación especial de Ruta Escénica, pero el DRNA no ha intervenido en esas construcciones costeras fuera de la ley. Otra de las prácticas de la familia que documentó el CPI es la de hacerse dueños de propiedades mediante procesos irregulares.
“¿Por qué nosotros tenemos que dejar que nuestras costas tengan propiedades que son prácticamente estorbos públicos?”, dijo Abreu Valentín al CPI a su salida del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo tras, en agosto, resolverse a su favor el caso en su contra por alteración a la paz. “¿Por qué no dejamos que nadie las mejore?”.
Scott William Teuber es un vecino de Islote que relató al CPI que en 2023 su casa fue ocupada por Ángel Abreu Valentín y que tuvo que viajar desde Estados Unidos para recuperar su propiedad.
Ángel Abreu Valentín reconoció tras la vista, durante el aparte con el CPI, haber tomado posesión y modificado la propiedad de Teuber sin su permiso.
“La propiedad estaba abandonada, allí no había nadie, entro yo, boto todo lo que tenía, arreglo la propiedad, la pongo linda y llega el señor Scott y coge su propiedad nuevamente”, argumentó. “La realidad es que si tú fueras vecino de un estorbo público, donde entran tecatos, donde hay ratas, tú no puedes exponerte a un problema de salud”, dijo Ángel Abreu, quien vive en Oceanía Apartments a poco más de 2.5 kilómetros de distancia de la residencia que invadió.
Nueve meses después del CPI haber publicado lo ocurrido entre Abreu Valentín y Teuber, el administrador de alquileres a corto plazo admitió que sacó el vehículo de la propiedad “con grúa, se arregló y se le entregó” sin la autorización de Teuber. Abreu Valentín no accedió a conversar con el CPI para la primera investigación acerca de esta familia.
Por esos hechos, Teuber presentó una querella ante la Policía contra Ángel Abreu por presuntamente destruir y saquear su propiedad y su vehículo. Ninguno de los cargos en su contra por hurto de auto, allanamiento o escalamiento de morada y conducir un vehículo hurtado prosperó. La fiscalía tampoco fue en alzada.
Teuber se disponía a demandar por daños a Ángel Abreu. No obstante, en enero de 2024 regresó a Estados Unidos luego de que la noche del 30 de diciembre tres individuos armados entraran en su residencia, lo secuestraran en su propio auto y luego de golpearlo, lo dejaran abandonado cerca de su casa en Arecibo. La agente Wanda Vázquez, de la oficial de prensa de la Comandancia de Arecibo, confirmó al CPI que esa investigación quedó en manos del Negociado Federal de Investigaciones, pero la oficial de prensa de la agencia federal, Diana Rosa, ni confirmó ni negó. Otra fuente de información del CPI confirmó que el caso se refirió a la agencia federal.
Esta práctica de ocupar estructuras que pertenecen a otros fue evidenciada en el Tribunal de Manatí, cuando la jueza María A. González Cardona ordenó en noviembre de 2021 el desahucio de Gladys Y. Abreu Valentín, hermana de Ángel y Carlos, por haber ocupado una residencia deshabitada en ese municipio. En Arecibo se ventila otra demanda contra Ángel Abreu en la que se dilucida la legitimidad de la presunta compra de otra propiedad en el barrio Islote.
Roberto Abreu Valentín, médico y hermano de Ángel y Carlos, también reclama ser el dueño de una casa en la costa de Islote, Arecibo, que supuestamente le dejó una paciente suya quien falleció mientras residía en un centro de envejecientes en donde él dijo que la ubicó a través del Departamento de la Familia después del huracán María. Como única evidencia de la posesión de esa propiedad, tiene un afidávit en el que la asistente de su propia oficina médica asegura que él recibió esa casa en donación, según reconoció Roberto en una vista judicial en 2022 relacionada a otros hechos.
La oficina de Roberto, donde se practica la geriatría y la medicina general, está apenas a una milla de distancia de la Comandancia de Arecibo. También ha residido en este municipio, y antes en el vecino pueblo de Manatí. No obstante, desde 1995 al 2021, existió en su contra una orden de arresto por presunta violencia machista ejercida contra su exesposa sin que la Policía alegadamente diera con el imputado. Por casi 26 años se mantuvo la orden de arresto sin ejecutar aunque estaba en las narices de la Policía.
La exesposa del galeno le imputó un “patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución”, según la denuncia presentada en su ausencia en el Centro Judicial de Arecibo. El Tribunal encontró causa por dos cargos de violación a la Ley 54, impuso una fianza de $25,000 y ordenó su arresto, según el expediente judicial.
Pero Abreu Valentín nunca fue arrestado por esos hechos. Para ese entonces, Roberto Abreu, quien usaba como parte de su dirección electrónica aubin4ever@, residía en Manatí, donde el entonces esposo de su hermana, Juan Aubín Cruz Manzano, fue el alcalde por 40 años. Además, su familia era reconocida en el municipio por ser propietarios del centro de enseñanza Instituto Irma Valentín. En 2007 varios de sus directivos, entre ellos Carlos y Roberto Abreu Valentín, y su madre Irma Valentín fueron imputados por fraude con las llamadas becas Pell.
En marzo de 2020, en un proceso de cerrar “casos históricos” la jueza Heidi Kiess Rivera citó este caso a una vista a la que comparecieron el entonces fiscal Roberto Osoria y los agentes Carlos Colón y Joel Maldonado, de la División de Arrestos Especiales. Ni los agentes ni el fiscal pudieron dar cuenta del paradero del imputado ni de la víctima.
El proceso de cierre del caso de Ley 54 se interrumpió por la pandemia, pero se retomó en el 2021, cuando los agentes de Arrestos Especiales sólo pudieron confirmar con el Registro Demográfico que Roberto Abreu Valentín no tenía acta de defunción. Como tampoco dieron con la denunciante, el fiscal Ramón W. Ayende desistió del proceso, el Tribunal archivó el caso y dejó sin efecto la orden de arresto que estuvo vigente por 26 años.
La oficial de prensa de la Comandancia de Arecibo indicó al CPI que el agente a cargo del arresto no recordaba cuáles fueron sus gestiones para identificar al doctor, por lo que recomendó solicitar un supuesto informe en el Cuartel General en San Juan, donde se encuentra custodiado. Al cierre de esta edición, la Policía no había contestado las preguntas del CPI dirigidas a conocer las gestiones realizadas por sus agentes y qué impidió ejecutar el arresto.
El CPI intentó comunicarse con el doctor Roberto Abreu Valentín al llamar a su despacho médico.
“Limite sus reportajes a situaciones que no traten sobre el personalismo y nuestra vida en carácter privado. Cerramos con usted todo tipo de comunicación”, fueron las expresiones escritas enviadas al CPI por Yelena Montalvo, quien dijo que es hermana y asistente en la oficina médica de Roberto Abreu.
También ignoran las órdenes administrativas
Desde 2022, Construction & Health Integrated Services, una corporación de la familia cancelada en 2019, le debe al DRNA $10,000 en multas por construir una terraza en la ZMT y provocar daños al medioambiente, reportó el CPI el año pasado. El oficial de prensa de la agencia, Joel Seijo, confirmó que la multa no ha sido pagada. Igualmente, se le ordenó eliminar la terraza que hizo en el negocio El Alcázar de Colón y devolver el área a su estado original, pero nada ha hecho. El portavoz de la agencia expresó “no contar con información confirmada” acerca del cumplimiento de la orden de demolición. Pocos días antes de esta publicación, el CPI pasó por el lugar y la terraza sigue allí.
“La División Legal del DRNA estará radicando próximamente una moción para exigir el pago correspondiente. En caso de que no se efectúe el pago, se procederá con los trámites legales necesarios ante el Tribunal”, añadió.
Asimismo, la Junta de Planificación presentó dos recursos legales el año pasado contra Ángel Abreu y NORPRO tras recibir dos querellas sobre sendas estructuras en el barrio Islote que operaban como alquileres a corto plazo, presuntamente sin los permisos necesarios. Posteriormente, la JP desistió de uno de los recursos por presuntos errores en el trámite judicial.
La agencia también recurrió al Tribunal en noviembre de 2023 contra NORPRO porque encontró que la propiedad, en el barrio Islote II, que se alquila a corto plazo, no tenía los permisos de uso necesarios. La JP exige la demolición de las construcciones hechas en el inmueble, así como el pago de una multa de $500. La agencia pidió al Tribunal ver el juicio en su fondo porque los acuerdos a los que llegó con Ángel Abreu Valentín, en representación de la corporación, para la legalización de sus acciones, no se concretaron. El Tribunal señaló la vista para octubre.
Marisol Luna Díaz, ayudante especial del Presidente de la JP, confirmó al CPI que han recibido al menos seis querellas contra los integrantes y corporaciones de la familia Abreu Valentín.
