San Juan – A más de tres años de su aprobación, la implementación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente, concluye un informe sobre la ejecución de la Ley 141 de 2019 hecho por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Debido al rezago identificado en el proceso de investigación del informe, el CPI presentó acciones legales en contra de las agencias y municipios que han incumplido con la política pública de transparencia gubernamental.
La Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública dispone el cómo y a quién puede solicitar información pública, y el plazo máximo en que debe ser entregada. El CPI decidió realizar una evaluación de su ejecución en las más de 120 agencias de la Rama Ejecutiva y los 78 municipios de Puerto Rico para documentar si han estado cumpliendo.
Entre los hallazgos principales del informe está que el 25% de los Oficiales de Información en la Rama Ejecutiva y el 68% en los municipios fueron designados con posterioridad y en respuesta a solicitudes de información cursadas por el CPI, explicó el Lcdo. Carlos Francisco Ramos Hernández, becario de Equal Justice Works y autor del “Informe sobre el (in)cumplimiento del Gobierno en la implementación de la Ley 141 de 2019.
De una muestra de 22 agencias, solo 13 ofrecieron los adiestramientos educativos que requiere la ley a sus Oficiales de Información.
“Según los datos que hemos recopilado, la administración de turno ha hecho muy poco para mejorar el estado de la transparencia en el País. Esto tiene como consecuencia que la ciudadanía, a tres años de aprobada la Ley 141, todavía no conoce cómo y a quién puede solicitar información pública. Hay ejemplos contundentes en este informe”, señaló Ramos Hernandez.
A pesar de que el 98% de los Oficiales de Información fueron designados en la Rama Ejecutiva, solo el 39% de las agencias tienen disponible en sus páginas web la información de contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono) de estos funcionarios. Mientras que el 76`% de los municipios designaron sus Oficiales de Información y apenas dos municipios tienen disponible en sus páginas web su información de contacto.
Los Oficiales de Información son los funcionarios responsables de recibir las solicitudes de información, tramitarlas y facilitar el acceso a documentos. La Fortaleza y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aún no tienen disponible en sus páginas web un directorio centralizado de los Oficiales de Información, como exige la Ley. Para remediar este problema, el CPI recopiló, centralizó y uniformó esta información y ha publicado dos directorios de los Oficiales de Información de la Rama Ejecutiva y los municipios.
Desde que entró en vigor la Ley, solo el 26% de las agencias han rendido al menos un informe mensual estadístico que recoja el número y tipo de solicitudes de información recibidas y su estatus. Solo el 18% tiene disponible estos informes en sus páginas web. Ningún municipio ha rendido sus informes.
“Cada agencia está desarrollando sus propios reglamentos y formularios de forma fragmentada y errática, que obstaculizan, en vez de facilitar, el acceso a la información y la rendición de cuentas”, señaló el abogado.
Con el propósito de buscar remediar este incumplimiento, el CPI presentó acciones judiciales contra varias agencias y municipios. Específicamente, la organización periodística demandó al Departamento de Educación, Departamento de Seguridad Pública y Departamento de la Vivienda. Asimismo, se presentó una acción legal en contra de 16 municipios: Añasco, Arroyo, Camuy, Fajardo, Florida, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Maunabo, Río Grande, Santa Isabel, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco.
La investigación y análisis de datos liderada por Ramos Hernández, quien es abogado de interés público de Equal Justice Works en el CPI, se realizó con el apoyo de estudiantes del Programa de Pro-Bono de la Facultad de Derecho de la Inter, dirigido por la profesora Marilucy González Báez. Los datos fueron recopilados con el trabajo voluntario de los estudiantes Gabriela M. Vélez Martínez, Lia Sophia Di Fiore Tavárez Cortés, Adriana M. Muñoz Mena, Génesis S. Rivera Carrasquillo, Jorge A. Flores Torres y Abner M. Otero Rosario.
El informe ofrece recomendaciones para fortalecer la política pública de transparencia gubernamental, destacó Ramos Hernández.
“La transparencia es una obligación básica de todo gobierno democrático. No debería requerirse un trabajo titánico como el que hicieron el licenciado Ramos Hernández y los estudiantes de Pro-Bono de la Inter Derecho para que un gobierno cumpla con su propia ley tres años después de implantada la misma. Tampoco deberíamos estar obligados a recurrir a los tribunales para lograr ese cumplimiento. Es particularmente notable que las administraciones municipales, que piden tener más recursos y responsabilidades públicas bajo su control, reflejen la misma dejadez, o peor, en cuanto a cumplir con la transparencia, que la del gobierno central”, comentó el licenciado Oscar J. Serrano, cofundador del CPI y codirector de su Programa de Transparencia.
Para leer el informe completo acceda aquí.
