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Demandada por discrimen político designada a Educación

Miguel Diaz Por Miguel Diaz
26 de abril de 2021
En PUERTO RICO
Tiempo de leer:5 mins de lectura
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Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua

San Juan (26 de abril de 2021) – La candidata del gobernador Pedro Pierluissi para dirigir el Departamento de Educación, Magaly Rivera Rivera, fue acusada de discrimen y persecución política en el Tribunal Federal de San Juan por el exalcalde del municipio de Toa Baja por el Partido Popular Democrático (PPD), Víctor Santiago Díaz, quien falleció por cáncer luego de que su pleito fuera desestimado en recurso de apelación en el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.

Santiago Díaz, quien fue alcalde Toa Baja durante el cuatrienio de 2001 hasta 2004, sostuvo que tras ascender al poder el gobernador Luis Fortuño en el año 2009, Rivera Rivera fue nombrada como directora regional de la Región Escolar de Bayamón del Departamento de Educación, tras lo cual se tomaron en la agencia una serie de acciones administrativas en su contra motivadas por razones políticas y dirigidas a transferirlo a un nuevo puesto, reducir sus responsabilidades de supervisor y degradar su figura frente a sus compañeros de trabajo.

El exalcalde Toa Baja ocupó el cargo de director regional de la Región Escolar de Bayamón, un puesto de confianza del secretario de Educación, hasta febrero de 2008 y luego, antes de las elecciones celebradas ese año, regresó a su puesto de carrera como supervisor del Área Programática de Educación Especial de la región escolar de Bayamón.

Tras resultar vencedor el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de 2008, Santiago Díaz fue reasignado a la posición de supervisor del Área Académica de la Región Escolar de Bayamón, y la posición de supervisión del Área Programática fue asignada a un simpatizante de PNP. Según los argumentos de Santiago Díaz, el cambio de posición y de responsabilidades se debió a su conocida afiliación política al PPD.

En su demanda original, radicada en el 2012 en Tribunal Federal en San Juan, Santiago Díaz sostuvo que Rivera Rivera avaló el cambio de posición y de responsabilidades que sufrió y, además, permitió que la directora del Centro de Educación Especial en Bayamón, María Ortiz Mojica, lo reubicara en la nueva posición y en determinadas ocasiones, lo humillara en presencia de sus compañeros de trabajo al “exigir despectivamente documentos en presencia de sus compañeros de trabajo como si fuera un niño”.

También señaló que la directora de Recursos Humanos y secretaria asociada de Educación Especial, Mirna López, quien era miembro del PNP, aprobó el cambio de posición, la reasignación de responsabilidades y el despojo de sus deberes.

Otra alegación fue que Glorimar Andújar, quien para entonces ocupaba la posición de secretario asociado de Educación y quien también era miembro del PNP, nunca respondió ni tomó acción en relación con varias cartas enviadas por Santiago Díaz, en las que denunció el cambio de posición, la degradación de responsabilidades y un supuesto patrón de acoso político.

En la demanda, Santiago Díaz alegó que fue víctima de discriminación política en violación tanto de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, como también su derecho al debido proceso de ley.

El caso se presentó frente en la sala del ex juez federal, José Antonio Fusté, en el 2014. Los demandados presentaron una solicitud de sentencia sumaria y desestimación de la demanda ante Fusté, con el argumento de que Santiago Díaz no había presentado prueba para probar sus alegaciones.

El juez avaló los planteamientos de los demandados y desestimó el caso de Santiago Díaz sobre que fue víctima de discrimen político de parte de Rivera Rivera, Ortiz Mojica, Mirna López y Glorimar Andújar. Luego del fallo, el exalcalde recurrió la decisión de Fusté en el Tribunal de Apelaciones de Boston, que para entonces estaba integrado por los jueces los jueces Juan Torruella, Ojetta Rogeriee Thompson y Kermit V. Lipez.

En julio de 2015, el juez Lipez emitió de la decisión del panel en la que sostuvo que “las acusaciones de discriminación político de Santiago fracasan. Él no ha planteado una verdadera cuestión de hecho material que su afiliación política fue un factor en su reasignación o que su trabajo las responsabilidades se redujeron. Sus restantes acusaciones de la discriminación en el lugar de trabajo son insuficientes para constituir una acción laboral. En consecuencia, afirmamos la decisión del tribunal de distrito”.

El 31 de diciembre del 2015, seis meses después del fallo del Apelativo en Boston, Santiago Díaz falleció de cáncer.

En la demanda, Santiago Díaz también alegó que en agosto de 2010 fue reintegrado como supervisor del Área Programática y también mantuvo su puesto de supervisor del Área Académica y, por lo tanto, sirvió simultáneamente como el supervisor de ambas áreas. También reconoció que su salario no fue mreducido.

El juez Lipez indicó que “las pruebas que ofrece Santiago sobre su reasignación y la disminución de responsabilidades se queda corta”. También indicó que reintegrarlo a las áreas académica y programática, socavó aún más cualquier posible inferencia de que su traslado fue atribuible a motivos políticos”.

Además, el juez sostuvo que Santiago Díaz “no identifica ninguna prueba que demuestre que su traslado disminuyó su función de supervisión y, por lo tanto, afectó negativamente el estado de su trabajo”.

El gobernador Pedro Pierluisi sometió ante el Senado el nombramiento como secretario interino de Educación de Eliezer Ramos Parés, quien es secretario asociado de Educación Especial, y también presentó la designación de Magaly Rivera Rivera como secretaria en propiedad.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha indicado que le preocupa el posible carácter político de la nominación, ya que Rivera Rivera “es una conocida activista del PNP y es integrante de la asamblea municipal de Bayamón”.

Conocedores del escenario político dentro de Educación sostienen que la designación de Rivera Rivera desatará una guerra entre los partidarios del ex gobernador Ricardo Rosselló y de la ex secretaria de Educación, Julia Keleher, quienes aún dominan el entorno administrativo de la agencia.

La fuente indicó que a Rivera Rivera se le reconoce como “una activista política que actúa sin clemencia, que sabe jugar la política dura, si es confirmada comenzará un terremoto en Educación para nombrar a su gente”.

Alegadamente, en las primarias entre Rosselló y Pierluisi en el 2015, Rivera Rivera favoreció a Pierluisi.

Lea la demanda aquíDownload

Tags: demandaDepartamento de Educacióndiscrimen políticoeducación
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