Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua
San Juan (17 de mayo de 2021) – El intento de la administración del Pedro Pierluisi de controlar el organismo regulador del sector cooperativista causó una solicitud de interdicto permanente contra el intento de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec), de mantener a Mabel Jiménez Miranda como presidenta ejecutiva interina, a pesar de que no fue avalada para el cargo en propiedad ni para el interinato.
El pasado viernes, el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió una orden para que Cossec y Jiménez Miranda respondan en cinco días sobre la solicitud de interdicto permanente y sentencia declaratoria radicada por la Junta Rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) y por la Liga de Cooperativas.
El nombramiento interino de Jiménez Miranda se realizó el pasado mes de marzo luego de que la administración de Pierluisi destituyó a Emilio Torres Antuñano, quien fue designado presidente ejecutivo de Cossec a finales de 2020 con el apoyo amplio del movimiento cooperativista.
Aunque la junta de Cossec avaló el nombramiento de Jiménez Miranda, la designación no obtuvo la ratificación de la Junta Rectora de CDCOOP, un requisito de la Ley 114 del 2001, que reestructuró a Cossec.
Ante el rechazo del nombramiento, la presidenta de la Junta Rectora de la CDCOOP, Glorimar Lamboy Torres, respaldó que Jiménez Miranda se mantuviera en el cargo como interina.
La demanda sostiene que el nombramiento interino de Jiménez Miranda es ilegal debido a que viola el artículo 9 de la Ley 114 que exige que la designación del presidente ejecutivo debe obtener el respaldo de dos terceras partes de la junta de COSSEC y, además, ordena que lo debe ratificar de la junta rectora de la CDCOOP, con la aprobacion de siete o mãs de los 10 integrantes de esa junta.
En representación de los demandantes figuran los abogados Carlos Gómez Menéndez, Irma Torres Suárez y Juan Nazario de la Rosa.
Los demandantes solicitaron al Tribunal que avale un interdicto preliminar y permanente para que Jiménez Miranda abandone inmediatamente la presidencia ejecutiva interina de Cossec Además, solicitan que el Tribunal emita una sentencia decretando que Jiménez Miranda no tiene derecho a ocupar el cargo y declarando la nulidad de su nombramiento.
Los demandantes también exigen que el Tribunal declare nulos todos los nombramientos que haya tramitado Jiménez Miranda durante su incumbencia y exigen que se le ordene devolver los ingresos y beneficios económicos recibidos durante su interinato.
Otro pedido de los demandantes es que se le ordene a Cossec referir a la Junta Rectora de CDCOOP, cualquier nuevo nombramiento a la posición de Presidente Ejecutivo, según lo dispone la Ley 114.
Tras conceder cinco días para responder a la demanda, el juez Cuevas Ramos advirtió a los demandados que de no comparecer por escrito se estará allanando a las alegaciones de los demandantes.
En una carta enviada a Pierluisi el pasado 23 de marzo, la directora ejecutiva de la Liga de Cooperativas, Mildred Santiago Ortiz y el presidente de la Junta de Directores, Rafael Beltrán Peña, sostuvieron que la designación de Jiménez Miranda responde a intereses políticos y no a los intereses del sector cooperativista.
«En lo que respecta al presidente ejecutivo de Cossec, siempre hemos abogado por el fiel cumplimiento de los preceptos de ley aplicables y un genuino proceso de consulta con el sector, representado por la Liga de Cooperativas. También, hemos solicitado un proceso de selección sostenido en el mérito y la definición de un perfil profesional que incluya la anteposición de los valores cooperativos por encima de intereses políticos. En este reclamo nos mueve el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y recuperación del país y del sistema, ante los retos que nos presenta nuestra actual realidad social y económica”, señala la misiva.
No es la primera vez que una administración de gobierno ha ejercido presión contra el sector cooperativista con el fin de adelantar fines políticos. Durante la incumbencia del exgobernador Luis Fortuño, el sector cooperativista fue obligado a comprar bonos del gobierno, lo que implicó que numerosas cooperativas adquirieran bonos por más de $1,000 millones.
Luego de decretarse la quiebra del gobierno en el 2016, los bonos del gobierno sufrieron una dramática depreciación de valor, lo que provocó serias pérdidas para el sector cooperativista. Muchas cooperativas aún enfrentan graves consecuencias económicas por la devaluación de su cartera de inversiones en el gobierno.
