Por Carmen Enid Acevedo
Bonita Radio
San Juan, Puerto Rico – El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) solicitó el viernes al Tribunal de Primera Instancia de Guayama que determine que los que ocupan solares con residencias de cemento, casas rodantes y hasta piscinas en el área del camino El Indio en el barrio Las Mareas de Salinas, están en terrenos de una finca que le pertenece al Gobierno y por ende al pueblo, por virtud de varias transacciones que datan de entre el 1889 hasta el 2019.
La controversia, que desde el 2022 se discute públicamente sobre la destrucción de mangle, relleno y hasta construcción ilegal de residencias de cemento de dos pisos y parques de alquiler de ‘trailers” en el mencionado camino, se simplificó en materia de derecho cuando la investigación del DRNA, hecha por el agrimensor, Carlos Vega Santos, colocó a los demandados en la Finca 5971, hoy 14269, propiedad del DRNA.
“Hacemos un llamado al Honorable Tribunal. Estamos ante un asunto del más alto interés público y necesitamos de su intervención inmediata. No hay razón por la que se deba prolongar resolución de este caso. Es una obligación indelegable de todos proteger la Reserva y garantizar su utilización conforme a su destino público. El aprovechamiento continuo de dicha área, así como la proliferación de estructuras y obras ilegales para disfrutar de viviendas de veraneo o vacacionales atenta contra la más eficaz conservación y protección de los recursos naturales de Puerto Rico, así como contra el adecuado desarrollo de estos para fines educativos e investigativos en beneficio general de la comunidad puertorriqueña”, suplica la agencia por voz de los licenciados Homero González y Maritere de Jesús Aponte.
La compleja investigación de Vega Santos – contratado por el DRNA desde el 2014 para atender la proliferación de construcción ilegal en Bahía Estuarina de Jobos – fue parte de una pesquisa que descubrió Bonita Radio en mayo del 2022 cuando comunidades aledañas y ambientalistas de diferentes campamentos alrededor de la Isla denunciaron crímenes en los bienes de dominio público y zona marítimo terrestre.
La moción de Sentencia Sumaria solicita al juez José M. D’Anglada Rafucci que resuelva la controversia en favor del DRNA argumentando que los 13 co-demandados se encuentran en terrenos del Gobierno y no en la finca 3752 donde se alega que compraron mediante la figura de ‘común pro indiviso’ (lo que significa que una persona tiene el derecho de propiedad sobre dicho bien solo de forma parcial, compartiendo la propiedad con otras personas, no teniendo ninguna de ellas la plena propiedad).
Según la investigación del agrimensor Vega Santos, la finca matriz 267 o Monte del Estado, fue segregada en 1889 para traer la finca 383 o mejor conocida como Monte Manglar. De esa también se originó la 3752, cuando en 1971 Guillermo Godreau Marrero le compró a un tercero. En 1975 compró otras, La Cuarta y la Quinta.
A pesar de que la primera compra de Godreau Marrero se derivó de un proceso de sindicatura en el Tribunal de Quiebras en 1971, nunca se mencionó esa en la transacción que hizo en 1975.
Godreau Marrero vendió “condominios de 1/44 ava partes en común pro -indiviso”, de la Finca La Cuarta, reza la alegación 82 de la Moción de Sentencia Sumaria del DRNA y es lo que dicen poseer los co-demandados en el área del Camino del Indio.
En cambio, el origen de la 5791 – o Finca Lugo Viña, obtenida por el DRNA en 1981 por $400 mil – donde ubica Bahía Estuarina de Jobos – surge de la 383. En el 2019 la 5791 se agrupó con la 13,320 para así formar la hoy conocida como 14,269.
La escritura 51 da cuenta de esa agrupación con fecha del 18 de junio de 2019 cuando ya Vega Santos se encontraba realizando esfuerzos para determinar sin lugar a dudas que se había invadido la finca del DRNA. Esa transacción fue de $500 mil de fondos públicos.
Son las participaciones ‘común pro indiviso’ en la finca 3752 que vendió Godreau Marrero, entonces un abogado del foro de Guayama y Salinas, las que comienzan a proponer movimiento de desarrollo en el Camino El Indio a partir de los años 80. Se alega que el desarrollo se aceleró a partir del huracán María en el 2017. Pero, la construcción se dio en la finca pública.
“Analizando cada una de las colindancias, podemos concluir lo siguiente: Al momento de segregarse la finca 3752 la colindancia sur de su finca matriz era una finca que pertenecía a Don Valentín Paoli. Dicha finca resulta ser la finca 828 de Salinas, según expusimos anteriormente. En la descripción registral de dicha finca Num 828, surge que esta colinda al este con la finca 383 y que al sur en su totalidad con el Mar Caribe. La colindancia al este de la finca 267 era la Bahía Negra, lo que actualmente se conoce como el Mar Negro”, lee la moción en su página 43.
Una de las alegaciones en la moción es que el trabajo pericial de Vega Santos en cuanto a las colindancias fue incluso reconocido por el perito de los demandados, quien no hizo ningún estudio registral ni investigó las fincas en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
