Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
Una decisión adversa de parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contra las ventanas del retiro convertidas en ley por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, tendrá repercusiones directas en los votos que esperan en las próximas elecciones el Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), advirtieron los tres representantes de los empleados públicos que abogan por la puesta en vigor de las ventas de retiro.
“Estas ventanas fueron aprobadas por los tres partidos en la Legislatura y si hay una decisión adversa en la JSF, sepan que esto tendrá repercusiones en los próximos comicios”, sostuvo Juan Molinary, quien junto a Ángel Maldonado y Nydia Yegó, constituyen el liderato del movimiento de empleados públicos a favor de las ventanas de retiro.
“Los líderes de los tres partidos principales tienen que expresarse sobre si van a respaldar o qué harán con las ventanas de retiro que ya fueron convertidas en ley “, dijo Maldonado, en obvia referencia a los candidatos a gobernadora de los tres partidos representados en la Legislatura, Carlos Delgado por el PPD, Pedro Pierluisi por el PNP y Juan Dalmau por el PIP.
Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, los legisladores del PPD, PNP y PIP avalaron de manera unánime las medidas para abrir dos ventanas de retiro, que ahora son objetadas por la JSF debido al efecto económico que tendrán en las finanzas públicas.
Las leyes establecen que los empleados públicos que se acojan al retiro recibirán una pensión que oscila entre el 50 % y el 55 % del salario que reciben actualmente. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
Las expresiones de los tres representantes de los empleados públicos, quienes mantienen la página de Facebook “Empleados Públicos Ley 447 queremos nuestro retiro”, acontecen un día antes de la reunión que el senador novoprogresista Carlos Rodríguez Mateo sostendrá mañana martes 15 de septiembre con la JSF, en un esfuerzo de última hora para evitar que el organismo federal objete la puesta en vigor de las leyes.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ha amenazado con acudir al Tribunal Federal para solicitar la anulación de las ventanas de retiro si el gobierno insiste en ponerla en vigor, antes de que el organismo federal evalúe su impacto fiscal. Jaresko ha sostenido que las ventanas de retiro fueron aprobadas en la Legislatura y convertidas en ley por la gobernadora, sin analizar su impacto fiscal y sin establecer una fuente de ingresos recurrentes que permita pagar las pensiones de los empleados públicos que se acojan al retiro.
Los señalamientos de Jaresko han causado una gran incertidumbre entre miles de empleados públicos que esperaban la aprobación de las leyes para acceder a la jubilación. “Si esto no se pone en vigor habrá una crisis emocional en los empleados públicos que ya tienen la edad para el retiro y que habían estado esperando por esta Ventana de retiro, que posiblemente sea la última que se apruebe en el gobierno. Yo creo que finalmente habrá entre 25,000 y 28,000 empleados públicos que se acogerían al retiro en estas ventanas”, dijo Maldonado.
Por medio de misivas a la gobernadora, Jaresko ha dejado saber que el gobierno ha incumplido con el requisito de enviar información financiera para que la JSF pueda determinar el efecto fiscal de las ventanas de retiro.
“El problema es que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no ha recibido los documentos de las agencias sobre los empleados que podrían acogerse al retiro, sus salarios y beneficios, para enviarlos a la JSF. Exhortamos a la gobernadora para que esa información se envíe a la JSF”, dijo Yegó.
Las leyes objetadas por la JSF son la Ley 81, que surgió del proyecto del senado 1623, conocido como proyecto para el retiro digno, que fue radicado por el senador Gregorio Matías y que se ofrece el retiro para los empleados de las agencias de seguridad del gobierno.
La segunda es la Ley 80, que surgió del proyecto 1616, antes resolución 1287, conocido como proyecto para la ventana del retiro de los empleados públicos. Esta medida la presentó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista, pero sus principales promoventes fueron Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla.
La tercera es la Ley 82, que autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
Los tres líderes expresaron preocupación por la determinación que tomará la JSF, debido a que la Ley 80 concede un retiro equivalente al 50 % del salario, lo que representa una medida de justicia a los empleados públicos cobijados en la Ley 447 de 1951 y de la Ley 1 de 1990.
Alegadamente, los empleados adscritos a la Ley 447 fueron afectados por la Ley 3 del 2013, que estableció un pago mensual de retiro equivalente al 38 % del salario.
Además, los empleados de la Ley 1 de 1990, recibirán un retiro menor al 38 % de su salario y para acceder a un pago de retiro de 60 % del salario deberán trabajar 40 años en el gobierno.
Los tres líderes también exhortaron a los candidatos a gobernador de los tres partidos que se comprometan a realizar enmiendas en la 3 de 2013, para que los empleados que en el futuro decidan retirarse reciban una pensión adecuada y ajustada al costo de vida.
