San Salvador, 18 ago (EFE) – Un grupo de pobladores de una zona contaminada con plomo en El Salvador y miembros de una organización de derechos humanos exigieron este martes el retiro «definitivo» de la escoria que aún se encuentra en el lugar y que se ha esparcido, según lo denunciaron, tras un incendio que sucedió el pasado 2 de agosto.
Los miembros del Comité Ambiental del Cantón Sitio del Niño, lugar donde se ubica una antigua fábrica de baterías, y de la organización Tutela Legal «María Julia Hernández» entregaron una carta a diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Parlamento en la que solicitan que se retome la investigación en este caso.
Según los afectados, cuando se cerró la fábrica de Baterías de El Salvador (BAES), en 2007, «quedaron abandonadas más de 33,000 toneladas de escoria y ceniza de plomo que han sido vertidas hacia las comunidades del Sitio del Niño tras el incendio».
Además, indicaron que «hay más de 50,000 toneladas de otros materiales tóxicos, como selenio, arsénico, ácido sulfúrico y dióxido de plomo».
Por lo anterior, exigieron «el retiro definitivo y concreto de la escoria y ceniza de plomo del interior de la exfábrica» y pidieron que «nuevamente se active una comisión (de diputados) investigadora del caso y dictamine sanciones para funcionarios que han utilizado el hecho para fines políticos».
De acuerdo con las autoridades salvadoreños, el incendio del pasado 2 de agosto fue ocasionado «por manos criminales». El director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, dijo que en el perímetro de la antigua fábrica encontraron «varios agujeros», por lo que se supone que una o varias personas ingresaron, sin ninguna dificultad, al lugar para provocar el fuego.
El cierre de la fábrica, ubicada en la localidad de San Juan Opico (a más de 39 kilómetros de distancia de San Salvador), se dio por la contaminación con plomo de varias comunidades aledañas, donde al menos 105 personas, entre ellas 63 niños, sufrieron problemas de salud por ello.
Por dicha contaminación, los ingenieros Hugo Trujillo, Arturo Marenco y José Brito fueron procesados por presuntos delitos de contaminación agravada y omisión por comisión.
Sin embargo, en junio de 2011 un tribunal de Sentencia declaró nulo, por un tecnicismo, el proceso contra los tres ingenieros. Mientras, los directivos de la empresa, José Ofilio Gurdián, Ronald Antonio Lacayo y Sandra Lacayo de Escapini, prófugos de la Justicia, fueron declarados rebeldes por no presentarse a la diligencia.
En agosto de 2010, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente decretó emergencia ambiental en la zona alrededor de la fábrica de baterías, donde se encuentran cerca de 700 viviendas y una población calculada en unos 4,000 habitantes.
En repetidas ocasiones, los lugareños han denunciado que la contaminación ocasionada por la fábrica afectó un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35,000 personas.
