Bogotá, 28 jul (EFE) – América Latina fue el lugar más peligroso para los defensores de la tierra en 2019, según un estudio de la ONG Global Witness que sitúa en esa región cuatro de los cinco países donde fueron asesinados más activistas, entre ellos Colombia, que lidera la estadística.
Según el documento, divulgado este martes, 212 personas fueron asesinadas en todo el mundo en 2019 por defender sus territorios e intentar detener la destrucción de la naturaleza.
La cifra de asesinatos es la mayor registrada por la organización en un solo año.
Estos defensores luchan «contra el cambio climático oponiéndose a las industrias intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible», detalla el informe.
Los activistas, que según el documento se encuentran en la primera línea de la crisis climática, lideran procesos de resistencia contra la explotación de recursos naturales y la corrupción en sus países, lo que los convierte en objetos de «ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales».
COLOMBIA Y FILIPINAS A LA CABEZA
Entre 21 países examinados, Colombia, Filipinas, Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela registraron, en ese orden, la mayor cantidad de homicidios contra defensores que se oponen generalmente a la minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los recursos hídricos.
Las cifras alarmantes de América Latina fueron más preocupantes en Colombia, país que registró 64 de los asesinatos de 2019, la cifra más alta divulgada por Global Witness, y superior a los 43 perpetrados en Filipinas.
Estas dos naciones tuvieron más de la mitad de todos los homicidios registrados el año anterior, aunque la ONG advierte que los números pueden ser incluso mayores «ya que normalmente los casos no son documentados».
El resto de asesinatos ocurrió en Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12), Venezuela (8), India (6), Nicaragua (5) e Indonesia (3).
Dos homicidios fueron registrados en la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Kazajstán y Rumania, este último el único país europeo de la lista; mientras que hubo de uno en Uganda, Perú, Camboya, Bolivia, Ghana, Kenia y Costa Rica.
El estudio también destaca que las campañas de criminalización y difamación contra los activistas pueden exponer a las comunidades a una mayor vulnerabilidad frente a los ataques, practicas incluso ejercidas por gobiernos y medios locales.
En Colombia, como lo han revelado informes elaborados por organizaciones nacionales, los defensores son perseguidos por oponerse a las disputas por tierras y recursos naturales relacionadas con actividades ilegales como los cultivos ilícitos o proyectos minero-energéticos.
DETONANTES DE UN ATAQUE SIN FIN
Precisamente, la minería fue el sector más letal a nivel mundial, con 50 personas defensoras asesinadas en el periodo evaluado, mientras que la agroindustria sigue siendo una amenaza, particularmente en Asia, donde el 80 % de los ataques producidos estuvieron relacionados con ese sector.
«La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono», explicó la encargada de campañas de Global Witness, Rachel Cox.
Las cifras del informe indican que en promedio cuatro defensores han sido asesinadas cada semana desde la adopción del acuerdo climático de París en diciembre de 2015.
«Constantemente la minería ha sido calificada como uno de los mayores detonantes de la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Los minerales necesarios para una transición hacia un futuro de energía limpia no deben extraerse a costa de las personas que viven en zonas mineras», advierte el informe.
Además, la emergencia mundial por el coronavirus supuso mayores retos para los defensores. Según Global Witness, «bajo una mayor represión y vigilancia durante el confinamiento», la protección de los activistas «resulta aún más crítica para la reconstrucción de un planeta más seguro y más verde».
INDÍGENAS Y MUJERES: MÁS VULNERABLES
El riesgo es todavía mayor para las comunidades indígenas de la región que sufrieron un tercio de las agresiones letales cometidas contra este tipo de defensores, pese a que representan solo el 5 % de la población total.
El documento destaca que las habilidades de gestión de la tierra y el agua de estas comunidades son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, pues las tierras habitadas por pueblos indígenas demuestran menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación.
Líderes como Datu Kaylo Bontolan, asesinado en Filipinas por oponerse a la minería ilegal, representan a «las muchas personas indígenas víctimas de estos crímenes en 2019, por defender su derecho a la autodeterminación y proteger sus tierras ancestrales de quienes buscan explotar sus recursos naturales».
Además de la afectación de pueblos y comunidades indígenas, las cifras demuestran que más de una de cada diez personas defensoras asesinadas en 2019 eran mujeres.
Las defensoras, subraya el documento, «enfrentan amenazas específicas, incluidas campañas de desprestigio centradas a menudo en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito» y estas prácticas, que normalmente no son denunciadas, se utilizan como una táctica para silenciarlas.
El informe destaca que a pesar de los ataques y las represiones de algunos gobiernos, el trabajo que hacen los activistas continúa protegiendo el planeta.
«Si realmente queremos hacer planes para una recuperación ecológica que posicione la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el centro, debemos abordar las causas fundamentales de los ataques contra las personas defensoras y seguir su ejemplo para proteger el medio ambiente y detener el cambio climático», agregó la organización.
