Miami, 30 jun (EFE News) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este martes dos leyes dirigidas una a mejorar la calidad del agua del estado y otra a endurecer el castigo de los que infringen las leyes medioambientales floridanas, pero organizaciones ecologistas cuestionaron su efectividad.
Según dijo en un acto público celebrado en Juno Beach, en virtud de la ley de la calidad del agua se va a crear una base de datos para inspeccionar y mejorar los sistemas de agua de riego para agricultura, los de agua de lluvia, las fosas sépticas y las aguas servidas.
Entre otros cambios, la ley transfiere la responsabilidad de inspeccionar los sistemas sépticos del Departamento de Salud al Departamento de Protección del Medio Ambiente.
En cuanto a la ley que endurece los castigos a los que infringen las leyes de medioambiente, el gobernador dijo que era necesario hacerlo y precisó que las sanciones por algunas infracciones e elevaron hasta un cien por ciento.
El capítulo floridano de Sierra Club, la mayor organización de defensa del medio ambiente del país, reaccionó diciendo que el texto firmado es el «resultado del debilitamiento una y otra vez del lenguaje para satisfacer las necesidades de los mayores contaminadores del estado».
En términos similares se pronunciaron otras organizaciones como Waterkeepers Florida o Florida Springs Council.
Ryan Smart, director ejecutivo de Florida Springs, aseveró en un comunicado que la ley «SB 712 solo hará que nuestros problemas de calidad de agua empeoren a largo plazo».
De acuerdo con Smart, la ley proporciona «cobertura política» a un Congreso y un gobernador que no quieren hacer las «elecciones duras necesarias para enfrentar esta crisis», en referencia a las algas producidas por la contaminación del agua que proliferan en lagos, ríos y canales del estado.
DeSantis incluyó en el presupuesto estatal que firmó el lunes una partida de más de 625 millones de dólares para proteger la reserva natural de los Everglades y el sistema hidrográfico de Florida.
Este lunes también firmó una ley apoyada por los dos partidos mayoritarios que obliga a determinar los impactos en la costa de los proyectos de construcción financiados con dinero público y otra que prohíbe vetar los bloqueadores solares, lo que es visto como una de cal y otra de arena para el medioambiente.
Por la primera de las leyes recibió elogios de grupos ecologistas, pero no por la segunda, patrocinada por el republicano Rob Bradley, que deja sin efecto las ordenanzas que prohíben el uso de bloqueadores solares con dos sustancias químicas consideradas dañinas para los arrecifes coralinos en ciudades como Cayo Hueso.
Se trata del oxybenzone y el octinoxate, que según estudios de Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos y otras entidades pueden causar la muerte de los corales.
