San Juan –El Proyecto de la Cámara 474 que crea la legitimación activa por asuntos ambientales espera por la firma del gobernador Pedro Pierluisi, quien tiene hasta el domingo 18 de diciembre de 2022 para convertir en ley esta importante medida. El proyecto reconoce el derecho de cualquier persona, comunidad u organización que desee hacer cumplir la política pública ambiental acudir a los tribunales y solicitar que se cumpla con la ley en favor de la naturaleza.
Mas de 30 organizaciones, comunidades y expertos en derecho, emplazan directamente al gobernador para que con su firma convierta en ley esta medida que asegura el derecho de las personas a acudir al sistema de justicia del país cuando se enfrentan a una problemática ambiental que es contraria a las leyes y reglamentos ambientales o que surgen por alguna irregularidad en los procesos de permisos.
Mientras, en un comunicado emitido hoy, la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) informó que envió una misiva al Gobernador solicitándole que vete el P. de la C. 474.
“Este proyecto abre una puerta que los tribunales han cerrado para las comunidades y los grupos que trabajamos por el ambiente. Nos garantiza el derecho a todas las personas de poder defendernos y defender a la naturaleza. Es un acto de justicia para todas las comunidades que han sufrido por decisiones de jueces que no han puesto la salud, la seguridad y el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano como prioridad”, expresó Vanessa Uriarte, directora de Amigxs del M.A.R. grupo que se ha afectado directamente por la falta de legitimación ante los tribunales.
Los grupos tienen consenso en que esta ley además de garantizar la posibilidad de acudir al sistema de justicia del país también garantiza que se cumpla a cabalidad con las leyes de protección ambiental y la política pública del país. Es un mecanismo con el cual la ciudadanía puede ayudar a que se reduzcan las violaciones a las leyes ambientales, las irregularidades en los procesos de permisología y con el cual además pueden solicitar reparaciones ecológicas a los ecosistemas y espacios afectados.
Pedro Cardona Roig, de la Fundación El Urbanista LLC. manifestó que “el PC 474 permite la defensa oportuna de los recursos de valor, los bienes de uso y dominio público y el reconocimiento efectivo del interés público en todo proceso. Y es por lo que exigimos que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia lo firme y lo convierta en expresión de política pública y a los que habitamos estas islas les exhortamos a respaldar esta petición”.
Por su parte, Neida Pumarejo, directora de la división legal de Para La Naturaleza enfatiza que “este proyecto se une a una corriente de pensamiento en el cual los derechos de las generaciones futuras son reivindicados en el presente y no cuando los daños sean irreversibles”. Y añade que “los mecanismos procesales no se pueden convertir en subterfugio para obviar reclamos en defensa del ambiente que plantean daños reales y catastróficos. Si todos nos afectamos por la crisis climática, todos debemos tener acceso a combatirla”.
Además, el veterano abogado ambiental Pedro Saade expresa que “el Proyecto 474 es esencial para lograr un verdadero Acceso a la Justicia tanto como la protección de la salud ambiental de las comunidades y de nuestros recursos naturales. El Gobernador debe firmarlo lo antes posible. Vetarlo sería un grave error”.
Las organizaciones estarán realizando múltiples esfuerzos junto a grupos comunitarios educativos sobre lo beneficioso e importante de este proyecto durante toda esta semana, culminando con una vigilia el sábado 17 de diciembre de 2022 a las 7:00 pm frente a los portones de la Fortaleza a la cual invitan a toda la ciudadanía de cara a las últimas 24 horas que tiene el Gobernador para convertir en ley la medida.
La postura de la Cámara de Comercio
“Nos preocupa este proyecto pues la propia exposición de motivos indica que esta legislación se enfoca únicamente en que el gobierno haga efectiva su tarea de conservar el ambiente, una responsabilidad que ya está previamente asignada al gobierno. Al estar únicamente enfocado en el aspecto ambiental, no toma en consideración otros principios, derechos o valores de índole constitucional los cuales se verán lacerados por este proyecto. Es nuestra opinión que el proyecto obstaculiza, por ejemplo, el derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de su propiedad. Los actos ciudadanos de buena fe se pueden confundir con cual es la política pública ambiental que creen que están defendiendo y esto traería otras repercusiones económicas”, aseveró el presidente de la Cámara de Comercio, Cameron McKenzie.
Añadió que “cualquier persona podría intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar, como parte, en un pleito, únicamente demostrando que le interesa hacer cumplir la política pública ambiental y sin evidenciar un daño específico, un precedente nefasto que atenta contra la estabilidad comercial, la competitividad y el desarrollo económico del país”.
“El P de la C. 474, infringe, no tan sólo disposiciones trascendentales de la Carta de Derechos sino la independencia judicial, la administración de la justicia y la separación de poderes. Además, incide directamente en la creación de actividad económica alrededor de los recursos naturales. Sólo hay que imaginar cuántos proyectos, negocios, inversiones pueden sufrir las consecuencias de enfrentar algún señalamiento sin fundamento o imaginativo y tendría que someterse a un pleito judicial o administrativo a defenderse”, indicó el presidente de la CCPR.
Según destaca el gremio camarista, el proyecto propuesto incide con la libertad de la Rama Judicial para resolver los casos y controversias. No tan solo duplica los costos de litigación de las partes en un pleito, sino que extiende la duración de este sin causa justificada. “Con el proyecto, la Asamblea Legislativa intenta cambiar la manera como las personas presentan y revisan sus casos ante el tribunal y las agencias. Para lograrlo, propone quitarle la discreción al Tribunal para que decida quién es una persona afectada en un pleito y esto pudiera ser un precedente peligroso”, señaló el presidente de la CCPR.
Luego de una evaluación exhaustiva, la CCPR resumió diversos factores para rechazar la medida y solicitar el veto del Ejecutivo a la misma. Esto incluye:
- la incidencia que tendría su aplicación sobre los derechos constitucionales de las partes, incluyendo el disfrute de la propiedad, su protección de las leyes y el disfrute de los derechos humanos;
- la excesiva reglamentación sobre el acceso a los tribunales;
- la extensión de esa facultad sobre los procesos judiciales;
- los límites al poder de los jueces para atender los casos, interpretar la ley y aplicarla;
- los efectos sobre la puesta en vigor de la política ambiental;
- las consecuencias sobre la política económica requerida y los efectos sobre los negocios, procesos legales, e iniciativas que se trabajan alrededor de estos, entre otras.
“Entendemos que esta medida es impositiva e innecesaria. En la Cámara de Comercio abogamos por fomentar los pilares de una economía libre bajo un marco de desarrollo económico en el país que sea responsable y sustentable. El Estado es responsable por asegurar un orden y procedimiento para evitar que la subjetividad de cada ciudadano en su criterio personalísimo pueda incidir sobre la política pública del país. Por tal razón, presentamos nuestro rechazo al P. de la C. 474 y solicitamos al Gobernador de Puerto Rico que vete este proyecto” finalizó el presidente de la CCPR.
