Quito (EFE) – El colectivo ambientalista Quito Sin Minería celebró este lunes su triunfo en el plebiscito para prohibir todo tipo de actividad minera en el Chocó Andino, una zona de bosques andinos en el noreste de la capital ecuatoriana, que desde 2018 está catalogada por la Unesco como una reserva de la biósfera.
Con casi la totalidad de los votos escrutados, el «Sí» a prohibir la minería artesanal, pequeña, mediana y a gran escala se impuso con un 68%, en una rotunda victoria frente al 31% que votó por el «No».
En este plebiscito estaban convocados más de dos millones de electores registrados en el Distrito Metropolitano de Quito.
La decisión de prohibir todo tipo de minería se aplicará a las 124,000 hectáreas de la Mancomunidad del Chocó Andino, compuesta por las localidades rurales de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto, pertenecientes al área metropolitana de la capital ecuatoriana.
Este espacio, donde viven cerca de 20,000 personas y hay doce concesiones en fase de exploración y otras ocho en trámite, es parte de las 287.000 hectáreas que conforman el Chocó Andino, que se extiende por la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.
En una rueda de prensa, el coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inty Arcos, señaló que «este un día histórico, que marca un antes y un después para el Distrito Metropolitano de Quito».
Arcos destacó que en Gualea y Pacto, las localidades donde se concentran la mayoría de las concesiones mineras, el «Sí» ganó con más del 70%.
«Es un mensaje importante para la sociedad, y sobre todo para los políticos, que expresa que queremos otro modelo, que le apostamos a la naturaleza y alternativas de vida más sostenibles», apuntó.
El coordinador de la Mancomunidad abogó por recuperar los lazos entre el campo y la ciudad, y que la urbe ponga la mirada en la zona rural para encontrar ese equilibrio ya que «da agua, alimento, y lo tenemos que cuidar, no se compra con dinero».
Arcos aseguró que, para él, «toda minería es ilegal» porque las concesiones actualmente presentes en el Chocó Andino fueron otorgadas «de manera inconsulta, sin licencia ambiental y en zonas de recarga hídrica».
«No hay minería ilegal porque han violentado los derechos humanos y de la naturaleza. No podemos hacer caso a ese discurso engañoso», dijo en referencia a la postura del sector minero, que advierte un riesgo grande de ingreso de la minería ilegal en la zona luego del triunfo del «Sí».
«Si no somos capaces de evitar que entre la minería ilegal a una hora del Palacio de Gobierno, somos un Estado fallido», apostilló Arcos.
Por su parte, el abogado Fred Larreátegui señaló que, tras el triunfo del «Sí» en la consulta popular, ya no hay forma de que las concesiones que están en trámite puedan ser otorgadas, ni que aquellas que están en fase de exploración puedan llegar a entrar en explotación.
En ese sentido, anticipó que Quito Sin Minería acudirá a todas las instancias constitucionales y administrativas para que se haga efectiva la decisión del plebiscito.
Cámara de Minería anticipa «consecuencias nefastas»
La presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador (CME), María Eulalia Silva, hizo este lunes responsables a los colectivos ambientalistas de las consecuencias negativas que pueda traer la prohibición de toda actividad minera en el Chocó Andino, tras salir favorable el plebiscito votado este domingo que proponía este veto.
Silva afirmó en declaraciones a EFE que la prohibición de topo tipo de minería en el Chocó Andino no es la solución para proteger el medio ambiente de esta zona, un espacio de 287,000 hectáreas de bosques andinos catalogado desde 2018 como reserva de la biósfera por la Unesco, una categoría que busca la armonía entre la conservación y el desarrollo de actividades económicas.
«Los resultados nos preocupan porque esta decisión de prohibir una industria formal, lejos de proteger al Chocó, va a pasar todo lo contrario. Va a ser un territorio mucho más vulnerable para la penetración de minería ilegal, de tala ilegal, de tráfico de especies», comentó Silva.
En ese sentido, la presidenta de la CME apuntó que esta decisión no contribuye a la conservación de la zona sino que, a su juicio, lo que hace es privar a la población del Chocó Andino, compuesta de casi 20,000 habitantes, de una actividad que puede generar desarrollo y reducir la pobreza de la zona.
«Nosotros hacemos responsables a los colectivos que llevaron a cabo esta iniciativa de las consecuencias nefastas que pueda tener para el ambiente y también para la gente», dijo.
DENUNCIA «INEXACTITUDES» DE AMBENTALISTAS
Silva acusó a los colectivos ecologistas de lanzar «inexactitudes» durante la campaña como la idea de que el agua del Chocó llega al núcleo urbano de Quito cuando «es una zona cuyos ríos no son más que un depósito de aguas grises y negras».
También consideró inexacto que los ambientalistas digan que no existe posibilidad de que, después del plebiscito, las doce concesiones que se encuentran en fase de exploración puedan llegar eventualmente a la fase de explotación.
Si bien reconoció que no será posible que se otorguen las ocho concesiones que también estaban en trámite, aseguró que lanzar la idea de que las concesiones que están otorgadas en la zona no pueden operar es sembrar un caldo de cultivo para futuros conflictos sociales.
MINERÍA INDUSTRIAL INCIPIENTE
La presidenta del CME aseguró que, si bien Ecuador ha sido un país minero desde siempre, hace apenas tres años que tiene minería industrial, que es la que representa su gremio, con las minas Mirador y Fruta del Norte, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, donde asegura que ya se ven los efectos de la dinamización de la economía.
Resaltó que gracias principalmente a estas dos concesiones el sector minero se ha convertido en el cuatro rubro de exportaciones de Ecuador, junto al petróleo, el camarón y el banano.
«Es una minería técnica, sumamente controlada. El Ecuador ha atraído capitales de calidad, de tal manera que son empresas que no solamente están obligadas a cumplir con la normativa», señaló.
«Fruta del Norte representa el 0.5 del producto interior bruto (PIB) nacional. Eso significa que $1 de cada $200 que circulan en Ecuador viene gracias a las exportaciones de Fruta del Norte. Sin embargo, para la provincia de Zamora Chinchipe representa el 37% del PIB provincial y el 85% para el cantón (municipio) de Yantzaza».
CAÍDA DE POBREZA
Según Silva, gracias a eso Zamora Chinchipe, provincia limítrofe con Perú, «ha sido desde 2019 la única de las 24 provincias de Ecuador que ha podido reducir en 13 puntos la pobreza en esa misma zona, mientras que la escolaridad también ha subido, porque la gente ya tiene más posibilidades».
La presidenta de la CME manifestó que no tiene dudas de que la minería responsable terminará aprovechando el potencial de Ecuador, como ya hacen Canadá y Australia, países donde, dijo, la minería ha respetado al medio ambiente y a los pueblos ancestrales.
«Han encontrado en el camino la forma de construir esa confianza, pero es posible. Demandará tiempo y esfuerzo, pero es posible hacerlo», concluyó Silva, que reconoció que la minería «no es la panacea, pero sí es una alternativa sobre la cual se puede seguir construyendo otras alternativas».
