San Juan – El Proyecto de Integración Comunitaria y Empoderamiento Legal busca conseguir que personas que fueron privadas de su libertad alcancen una reinserción plena y completa a la comunidad.
La organización está a cargo de estudiantes de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) que atiende, de primera mano, la transformación de las vidas de estas personas. El proyecto, que inició recientemente, se enmarca en desarrollar todo el proceso para promover la reinserción laboral y la cancelación de antecedentes penales.
El proyecto estudiantil, que se gestiona en colaboración con la Clínica de Asistencia Legal y la Oficina de Pro-Bono Estudiantil de la Escuela de Derecho de la PUCPR, ya impacta a 15 personas.
Para José M. Rivera Torres, presidente de la organización estudiantil, esta iniciativa potencializa la defensa de los derechos humanos para lograr una sociedad mucho más justa.
“Para nosotros, como estudiantes de la Escuela de Derecho de la PUCPR, esta marca que queda en el expediente es otra barrera que dificulta o imposibilita que las personas puedan rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. El sistema les deja una marca que contribuye a un estigma social que les impide hacerse de un trabajo digno, de traer pan a sus mesas, de obtener una vivienda segura, entre otras cosas. Sabemos que, aun con el récord limpio, queda por erradicar o disminuir el discrimen social y esa mentalidad punitiva que aún predomina en la puertorriqueñidad. Nos urge también que, desde la academia y el gremio de juristas, se fortalezcan estas gestiones para promover el derecho a una rehabilitación real y a un acceso eficiente a la justicia”, expresó.
La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho ha sido pieza clave en esta iniciativa.
“Para poder ayudar efectivamente a los más vulnerables de nuestra sociedad, necesitamos empatía. Esta empatía solamente la logramos teniendo una mirada cercana y misericordiosa hacia el otro, sin condenar. Por eso, es imprescindible este tipo de dinámicas, donde no esperamos a que el vulnerado se acerque a buscar ayuda, sino que vamos hacia él y le ofrecemos la mano para restablecerle algo de la dignidad que, como sociedad, le hemos quitado. Del mismo modo, agradezco a todos los profesores y personal administrativo de la Clínica de Asistencia Legal por ser parte esencial de estos esfuerzos para lograr una mejor sociedad, que es posible”, afirmó Fernando J. Pacheco Valcourt, director de la Clínica.
Desde la Escuela de Derecho se prevé continuar el proyecto, al menos, una vez al año. Esto con el fin de comenzar el proceso de entrevistas para que, el resto del año, el estudiantado continúe los casos.
“La academia no es solo un salón de clases. El compromiso con el descubrimiento de la verdad, con la educación y el desarrollo de una mejor sociedad son parte esencial de lo que es una universidad. Para lograr esto, tenemos que salir del salón y llegar a las comunidades que nos rodean”, expresó, por su parte, el estudiante pionero, José Rivera.
“En los salones de clases nos hemos dado cuenta, durante la discusión del tema, que el acceso a la justicia es mucho más que tener acceso a los tribunales o a representación legal. Hace falta una pieza fundamental en ese proceso para acceder eficazmente a la justicia: la empatía. De ahí surge la idea de transportar el salón de clase a las comunidades, de aportar nuestro granito de arena al desarrollo de un acceso a la justicia eficaz, aprendiendo de las experiencias de aquellos que aún padecen de la injusticia de un sistema y una sociedad que solo busca castigar y no rehabilitar. Durante este proceso, no solo hemos ido a gestionar, sino también a escuchar y a aprender”, agregó Rivera.
