Itaituba (Brasil) (EFE) – Las autoridades brasileñas han desplegado una gran operación contra el avance de la deforestación y la minería ilegal en una de las zonas más conflictivas de la Amazonía, han informado este miércoles fuentes oficiales.
La acción tiene lugar en los alrededores de Itaituba, estado de Pará, una de las zonas de la selva más afectadas por la deforestación, y se ha lanzado de forma paralela e independiente a la operación que se lleva a cabo desde hace días para expulsar a los mineros ilegales de la tierra indígena Yanomami.
En la nueva operación, hay por lo menos una treintena de objetivos, monitoreados desde hace meses a través de imágenes por satélite, según ha podido saber EFE de fuentes del operativo, el cual ocurre de forma simultánea por vía terrestre, fluvial y aérea.
La acción la lideran agentes de fiscalización del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), órgano vinculado al Gobierno, con el apoyo de la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la Policía.
La mayoría de los objetivos son yacimientos ilegales de oro y casiterita, un mineral que se usa para la fabricación de chips y placas electrónicas, situados en el interior de unidades de conservación federales, que son administradas por el ICMBio.
Este miércoles, desactivaron una de esas explotaciones irregulares y quemaron la maquinaria y el campamento que se encontraba en su interior, con capacidad para albergar a una decena de mineros, según acompañó EFE.
También se incautaron de documentación que podría ser de utilidad para futuras investigaciones.
La operación ha sido bautizada con el nombre de «Pariwat», término usado por la etnia munduruku para referirse a los no indígenas.
Las minas ilegales, llamadas en Brasil «garimpos», tienen enormes impactos sobre la salud del ecosistema y la población, pues su explotación requiere el uso de mercurio y otros insumos altamente tóxicos.
Estas explotaciones ilegales se han incrementado en los últimos años, especialmente bajo la gestión de Jair Bolsonaro (2019-2022), según las organizaciones ecologistas.
En paralelo, la Policía Federal de Brasil también ha lanzado este miércoles una operación para desarticular una «gran organización criminal» dedicada al «contrabando de oro extraído de explotaciones ilegales» del estado de Pará, incluyendo la región de Itaituba.
Más de un centenar de agentes federales detuvieron a dos sospechosos y un tercero está en busca y captura, además de realizar una treintena de allanamientos para obtener pruebas.
Uno de los objetivos es una empresa con sede en Estados Unidos que exportaba, de manera ilícita, oro de la Amazonía brasileña a Italia, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha prometido acabar con la minería clandestina en áreas protegidas durante su mandato, que empezó el pasado 1 de enero y será de cuatro años.
Su Gobierno ya ha movilizado vastos recursos para atender a los indígenas yanomamis, que sufren una grave crisis humanitaria con casos mortales de desnutrición y malaria, y expulsar a los alrededor de 15.000 mineros furtivos que operan en la reserva de esa golpeada etnia.
