Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com
San Juan (20 de julio de 2022) – La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigió a la administración de Pedro Pierluisi que suspenda la puesta en vigor de ley la Ley 41 de 2022, que devolvió derechos laborales a los trabajadores que fueron eliminados en 2017, hasta que el organismo federal y el gobierno logren discutir sus diferencias y alcanzar un improbable acuerdo sobre el estatuto.
La exigencia de suspensión figura en una carta de 10 páginas que le envió ayer el presidente de la JSF, David Skeel, al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero.
En la carta Skeel anticipa que la JSF acudirá al Tribunal Federal a solicitar la anulación de la ley, una gestión que el organismo federal ya ha realizado con éxito en el pasado con otras leyes aprobadas por el gobierno que contradicen sus lineamientos.
Skeel sostuvo que la ley 41 no incentiva la creación de nuevos empleos y la inversión de parte del sector privado, lo cual es contrario a las disposiciones de la Ley Promesa y del plan fiscal certificado.
«El gobierno debe suspender inmediatamente la aplicación y el cumplimiento de la ley, al menos hasta que el gobierno y la junta fiscal hayan intercambiado sus puntos de vista sobre la Ley 41 y la junta cambie su determinación. También instamos al gobierno a que emita una declaración pública confirmando dicha suspensión para evitar la confusión de los empleadores privados que se preparan para la aplicación de la ley», sostuvo Skeel en la misiva.
«Esperamos recibir la información y los materiales solicitados. Mientras tanto, el gobierno debe suspender por completo la aplicación y el cumplimiento de la Ley 41, de modo que no sea aplicable a ningún empleador privado, al menos hasta que el gobierno y la junta hayan concluido su trabajo», agregó Skeel. El gobierno tiene hasta el viernes para enviar la información solicitada por la JSF.
Por su parte, el gobernador Pierluisi dejó saber que su administración defenderá la Ley 41 en el Tribunal Federal y advirtió que la JSF carece del poder para anular las leyes aprobadas por el gobierno.
No obstante, el gobernador dijo que entregará a la JSF la información que solicitó la junta, pero rechazó dejar en suspenso la ley como le solicitó el organismo federal.
“El gobierno le suplirá a la junta toda la información solicitada, pero mantendrá la ley en vigor. Esto es así, ya que la Ley Promesa no faculta a la junta a paralizar la implementación de una ley, sino más bien le permite recurrir al Tribunal Federal a impugnar la misma. De ocurrir eso, el gobierno defenderá las enmiendas a la reforma laboral ante el tribunal», señaló ayer el gobernador en unas declaraciones escritas.
La Ley 41 enmendó la Ley 4 de 2017, avalada por el exgobernador Ricardo Rosselló, conocida como ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, para restituir a los trabajadores un periodo probatorio de entre 3 y 6 meses y requiere entre 700 y 900 horas trabajadas para que un trabajador pueda calificar para el bono de Navidad. La ley también aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y restituye protecciones contra el despido injustificado.
El sector privado objetó la aprobación de la ley 41, la cual fue firmada por Pierluisi en junio pasado, debido a que encarece las operaciones de los negocios y porque desalienta que las empresas amplíen sus operaciones y que nuevas empresas se ubiquen en la isla.
Pero el gobernador explicó que las disposiciones de la ley 41 aumentan la participación de los trabajadores en el mercado de empleo, lo cual favorece a las empresas en momentos cuando la mano de obra es escasa debido a la insatisfacción con los salarios y las condiciones laborales.
