Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com

San Juan (12 de julio de 2022) – El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, figura en los registros de la agencia como socio de la empresa Agriart LLC, que es propietaria de los terrenos agrícolas donde se construirá un parque de placas fotovoltaicas en Salinas, una propuesta que fue aprobada recientemente por el comité de energía del Departamento de Agricultura (DA).

A pesar de que González Beiró aparece como socio de Agriart LLC en los registros del DA, en el registro de incorporación de la empresa en el Departamento de Estado no aparece el nombre del funcionario. De hecho, quien aparece es el hijo del secretario, Ramón González Bernnazar, quien figura como vicepresidente de la empresa.

Agriart LLC es la propietaria de 641 cuerdas ubicadas en el barrio Aguirre de Salinas, que serían alquiladas a la empresa Clean Flexible Energy, que propuso construir en los terrenos un inmenso parque de placas fotovoltaicas que sería capaz de generar hasta 240 megavatios de energía eléctrica que serían adquiridos por la empresa Luma. Clean Flexible Energy pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama.

Según una fuente de EyBoricua.com, Agriart LLC obtendría un beneficio mensual por cuerda entre $200 y $700 durante todo el periodo de madurez de un contrato que excede los 30 años, lo que representará un ingreso multimillonario para la empresa.

No está claro si González Beiró divulgó a los miembros del comité de energía del DA su vinculación con Agriart LLC o si los miembros del comité analizaron a profundidad el expediente de la propuesta como para descubrir que su jefe se podría beneficiar directamente con la aprobación del parque de placas fotovoltaicas.  

Del expediente surge que Agriart LLC alquilaría los terrenos a Clean Flexible Energy, según reveló una fuente a este medio.  En las pasadas semanas el comité aprobó la propuesta presentada por Clean Flexible Energy, una determinación que podría representar un beneficio económico directo para González Beiró y González Bernnazar, como integrantes de la corporación.

Agriart LLC fue incorporada en el Departamento de Estado el 14 de julio del 2020.

Además, la decisión podría constituir un conflicto de interés porque los tres miembros del comité son personas de confianza de González Beiró. Dos de los miembros integran el círculo íntimo del secretario. Estos son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced, y el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien es ayudante especial de González Beiró.

El tercer miembro del comité es Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos.

Secretario solicitó certificado bonafide

De hecho, de los registros del DA se desprende que en su carácter de socio de Agriart LLC, González Beiró presentó una solicitud para que la empresa obtuviera un certificado de agricultor bonafide, que es un salvoconducto que exime a las operaciones agrícolas de pagar las contribuciones a la propiedad que impone el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, las patentes municipales y hasta el 90 % de las contribuciones sobre ingresos.

Según copia del registro del DA, la solicitud para el certificado de agricultor bonafide fue presentada en la región agrícola de Ponce, el 4 de noviembre del 2020, un día después de que Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista prevalecieran en las elecciones generales. La solicitud fue aprobada el 5 de noviembre de 2020.

Pero en una copia de la solicitud para el certificado de agricultor bonafide, presentada por González Beiró y obtenida por este medio, aparece que el documento tiene fecha de 30 de octubre del 2020.

En la solicitud surge que González Beiró se proponía utilizar 40 cuerdas de la finca Delpín, para sembrar plátanos en 15 cuerdas, cinco cuerdas para calabaza y cinco cuerdas para melones. La finca está ubicada en barrio Aguirre de Salinas y pertenece a la empresa GA Agro Inc, en la que González Beiró también tiene una participación y cuya secretaria corporativa es Mariliana Bennazar, que es su esposa.

La solicitud está acompañada por el contrato de arrendamiento en el que GA Agro Inc. alquila a Agriart LLC la finca Delpín por dos años a un canon de $500 por cuerda.

Pagan $5 millones por 1,843.9 cuerdas

En la solicitud González Beiró no reveló detalles sobre que Agriart LLC se proponía adquirir los terrenos que pertenecían a la empresa Mycogen Seeds Puerto Rico Corporation. La empresa operó desde 2008 un proyecto de siembra de semillas en Salinas y que en 2020 cerró sus operaciones.

Once días después de obtener la aprobación el certificado de agricultor bonafide, el 16 de noviembre del 2020, Agriart LLC llegó a un acuerdo de compraventa con Mycogen Seeds para la adquisición de 1,843.9 cuerdas de terreno distribuidas en 12 fincas ubicadas entre Salinas y Guayama.

La información surge de la escritura de compraventa de las 1,843.9 cuerdas de terreno y por los que Agriart LLC pagó $5,075,000.00 millones.  

La venta fue realizada el 17 de febrero del 2021 cuando ya González Beiró ocupaba la secretaría de Agricultura. No está claro si Agriart LLC reclamó los beneficios de exención contributiva que le permite el certificado de agricultor bonafide para la costosa transacción.

Se desconoce también si Agriart LLC no pagó tributos al CRIM y al municipio de Salinas por la compra de los terrenos donde se ubicaría el parque de placas fotovoltaicas, que no es una operación agrícola.

El principal ejecutivo de una cadena de supermercados del país estuvo muy interesado en adquirir los terrenos de Mycogen Seed. “Yo y un socio compramos esos terrenos”, habría dicho el secretario al ejecutivo, quien en la reunión manifestó interés en adquirir los terrenos para establecer siembras de viandas y vegetales y aumentar la presencia de productos agrícolas del país en la cadena de supermercados.

Transacción en efectivo

La escritura de compraventa no indica que haya mediado un financiamiento bancario para que Agriart LLC pudiera concretar la transacción, por lo que el pago se realizó en efectivo. De la escritura tampoco se desprende el monto de la participación económica que tuvo en la transacción González Bernnazar, quien dos años antes aún era un estudiante universitario.

Aunque González Beiró no aparece en el certificado de incorporación de Agriart LLC, en un documento de la Oficina de Ética Gubernamental se informa que el secretario posee el 18 % de los activos de la empresa.

No obstante, no surge de la escritura de compraventa el monto de participación de González Beiró en la compra de los terrenos, ni la participación del ganadero Michael McCloskey, quien es el presidente de Agriart LLC. Tampoco se revelan las participaciones del veterinario Manuel Pérez, quien es el tesorero de la corporación; de Dan Dowling, quien es el secretario, y del licenciado Antonio Marichal Aponte, quien figura como persona autorizada.

Venden por debajo del precio

En la escritura se indica que Mycogen Seeds vendió los terrenos por una cantidad de dinero mucho menor al monto que pagó por ellos en 2008. Además, la escritura señala que de los $5,075,000.00 millones, unos $253,600.00 se le pagarían a The Title Security Group.

La licenciada Yesenia Maldonado Fred hizo la notaría de la transacción. En la compraventa Agriart LLC fue representada por el tesorero Manuel Pérez. Mycogen Seeds fue representada por Jaime Sánchez.  

De los informes financieros presentados por González Beiró ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)no se desprende que haya informado sobre la citada transacción. Los informes de 2020 y 2021 presentan cambios mínimos y al comparar la información financiera de ambos años son básicamente similares.

En el 2021 el funcionario hizo dos consultas a OEG, las cuales no tratan la adquisición de los terrenos a Mycogen Seeds. En una de ellas se refiere a la creación del fideicomiso ciego, la entidad que maneja sus negocios privados mientras ocupa la secretaría de Agricultura.

 El fideicomiso administra sus tres corporaciones: Agriart LLC, Agro Power y AG Agro Inc, las cuales han recibido incentivos y certificaciones como agricultor bona fide. 

Según esa consulta, alegadamente, Gonzáldez Beiró se inhibió de intervenir en cualquier asunto de las corporaciones, una gestión que la estaría realizando el subsecretario, Jorge Campos, quien participó en la aprobación del parque de placas fotovoltaicas que beneficiaría a Agriart LLC.

Por Miguel Díaz Román
Especial EyBoricua.com

San Juan (7 de julio de 2022) – El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, deberá ofrecer detalles sobre las circunstancias en que su hijo, Ramón González Bernnazar, resultó favorecido luego de que el Departamento de Agricultura aprobó un parque de placas fotovoltaicas que se construirá en unos terrenos agrícolas protegidos que pertenecen a una corporación en la que figura como vicepresidente.

El reclamo para que González Beiró se exprese públicamente fue realizado por el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Jorge Alfredo Rivera Segarra, en un comunicado de prensa distribuido en la mañana de hoy.

El respaldo del DA al proyecto de placas fotovoltaica representará ingresos multimillonarios para la empresa Agriart LLC, en la que González Bernnazar es vicepresidente. El parque de placas fotovoltaicas producirá hasta 240 megavatios de energía eléctrica que serían adquiridos por la empresa Luma, en un contrato por más de 30 años.

Rivera Segarra le indicó a este medio que González Beiró se deberá expresar sobre si es cierto que la empresa Agriart LLC y su hijo, González Bernnazar resultaron favorecidos por la determinación del DA, la cual podría representar un conflicto de interés.

El representante dijo que de acuerdo con la respuesta que ofrezca González Beiró “decidiremos si se ordena una investigación a fondo sobre este asunto”.

EyBoricua.com publicó ayer que la determinación del DA que beneficia a González Bernnazar podría representar un conflicto de interés porque el comité de tres miembros que hizo la evaluación está integrado por subalternos que son personas de confianza de González Beiró. Estos empleados son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced, y el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien es ayudante especial del secretario.

El tercer miembro del comité es Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos. La aprobación fue realizada durante las pasadas semanas.

El secretario debe confirmar o negar

“De lo que se está hablando aquí es muy serio, y según mi parecer, González Beiró debe expresarse en términos de confirmar o negar dicha información, ya que la alegada determinación del DA podría representar un conflicto de interés, ya que el comité de tres miembros que evaluó los proyectos está integrado por dos subalternos del secretario que son personas de su confianza, tal como lo expresa el reporte periodístico”, añadió Rivera Segarra.

El comité aprobó una propuesta presentada por la empresa Clean Flexible Energy, que pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama, para construir un inmenso parque de placas fotovoltaicas en 641 cuerdas ubicadas en el barrio Aguirre, en Salinas.

Agriart LLC es la propietaria de las 641 cuerdas ubicadas en el barrio Aguirre. La empresa las habría alquilado a Clean Flexible Energy por un periodo que excede 30 años, en los que obtendría un beneficio mensual por cuerda entre $200 y $700, según indicó una fuente a EyBoricua.com.

El presidente de Agriart LLC es el ganadero Michael McCloskey, quien posee amplios negocios de ganadería de leche en los Estados Unidos y quien planifica construir un proyecto agroturístico en Dorado que incluiría una mega vaquería con miles cabezas de ganado de leche.

En la corporación también figuran Dan Dowling, como secretario; Manuel Pérez, como tesorero, y el licenciado Antonio Marichal Aponte, como persona autorizada. Este último ha sido abogado de la Asociación de Agricultores y de la planta procesadora de leche Indulac.

Agriart LLC adquirió las 641 cuerdas en un acuerdo de compraventa con la empresa Mycogen Seeds Puerto Rico Corporation, que mantenía un proyecto de siembra de semillas en Salinas y que en 2020 decidió cerrar sus operaciones.

Requiere aclaración la fuente económica

Un aspecto que merece también aclaración es el monto de la participación económica de González Bernnazar en Agriart LLC y de dónde obtuvo el joven empresario tales ingresos. El joven se graduó en 2019 con una maestría en administración de empresas del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Este medio supo que los terrenos adquiridos por Agriart LLC habrían sido vendidos por Empresas Fonalledas en cerca de $10 millones a la empresa Mycogen Seeds en el año 2008.   

Una fuente sostuvo que Agriart LLC es parte de los negocios de González Beiró y que su hijo solo lo representa en la corporación. La fuente dijo que González Beiró posee el dinero para tener una participación sustancial en Agriart LLC y en la adquisición de las tierras vendidas por Mycogen Seeds. González Beiró posee extensas fincas para la siembra de plátanos y otros frutos en Salinas y en la zona sur y es propietario de la empresa Agro Power, que vende tractores agrícolas.

En el artículo publicado ayer por este medio se reveló que Agriart LLC fue incorporada el 14 de julio del 2020, exactamente un mes antes de la primaria entre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez por la candidatura para gobernación por el Partido Nuevo Progresista, realizada el 16 de agosto. En aquel entonces Pierluisi se vislumbraba como seguro ganador de la primaria y González Beiró ya sonaba como un posible candidato favorito para la secretaría de Agricultura.

Agricultura violó sus propias guías

En relación a esta información el representante Rivera Segarra sostuvo que “para nosotros en la Cámara de Representantes, y particularmente en la Comisión de Agricultura, hemos estado promoviendo la transparencia en todos los sectores. Ante la publicación de esta información en el día de ayer, reiteramos nuestro llamado al secretario González Beiró para que se exprese a la mayor brevedad”.

Por su parte, el secretario de asuntos ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor Alvarado Guzmán, sostuvo que la aprobación realizada por el DA al proyecto de Clean Flexible Energy es ilegal porque viola diversas clasificaciones de suelo protegido de la Junta de Planificación.

 Incluso, Alvarado Gúzman dijo que la determinación del comité del DA no tomó en consideración las guías para la evaluación de proyectos de energía renovable. Las guías figuran en un memorando firmado por González Beiró el pasado 20 de mayo del 2021. Alvarado Gúzman dijo que, según las guías, el comité debió rechazar el proyecto de Clean Flexible Energy en Salinas.

“En proyecto de Salinas de AES (Clean Flexible Energy) pretende utilizar suelos clasificados como Agrícola Productivo por la Junta de Planificación, y como Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola por el Plan de Uso de Terrenos. Incluso, el Plan Territorial del Municipio de Salinas, también los clasifica como Suelo Rústico Especialmente Protegido. Estas clasificaciones no permiten construir el proyecto energético propuesto por AES. Además, en estos terrenos está el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste”, explicó Víctor Alvarado.

González Beiró rechazó señalamientos

Ayer González Beiró rechazó los señalamientos del artículo publicado por este medio en una reacción escrita que publicó el periódico digital Noticel. El secretario se escudó utilizando una aclaración de tipo semántico, al sostener que el DA no emite una “aprobación” sino una “recomendación” y que la responsabilidad de aprobar los permisos recae en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

“Al momento, el comité evaluó cuatro casos y emitieron las recomendaciones pertinentes a la OGPE, quien autorizó los proyectos de construcción. Hacer ver que el Departamento de Agricultura favoreció a un agricultor o el uso de terrenos por favoritismo o conflicto de intereses es totalmente ajeno a la verdad e irresponsable”, señaló González Beiró a Noticel.

No obstante, el secretario no abordó el asunto medular: si su hijo es vicepresidente de Agriart LLC, que es la empresa que habría alquilado a Clean Flexible Energy los terrenos en Salinas donde se establecerá el parque de placas fotovoltaicas. 

González Beiró tampoco aclaró el monto de la participación económica de su hijo en la corporación y cuál es la fuente de origen de tales ingresos. En las declaraciones escritas el secretario no aclaró si su hijo es su representante en Agriart LLC y si el acuerdo representará ingresos multimillonarios para esa corporación.

Por EyBoricua.com

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó recientemente a Cliff Corp. y a Grupo Caribe, LLC a detener las descargas de aguas pluviales y de escorrentía provenientes del proyecto de construcción del Cliff Villas Hotel and Country Club en Aguadilla, Puerto Rico, para que no desemboquen en el Océano Atlántico.

El proyecto propuesto de 86 villas está situado en el barrio Borinquen de Aguadilla y comprende unos 9.5 acres de terreno.

La investigación de la EPA encontró controles inadecuados de erosión y sedimentos y medidas de estabilización.

La EPA llegó a la conclusión de que los promotores iniciaron las obras en el emplazamiento y vertieron contaminantes en el océano Atlántico sin la previa autorización de la Ley de Aguas Limpias. La EPA ha exigido a Cliff Corp. y al Grupo Caribe LLC que presenten un plan de acción en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la orden y que adopten medidas para cumplir la normativa y controlar adecuadamente los vertidos del emplazamiento.

La orden de la EPA también exige que Cliff Corp. y Grupo Caribe LLC presenten informes mensuales a la EPA en los que se describa el estado y el progreso de las medidas adoptadas para cumplir las disposiciones de la orden.

Esta orden es la última de una serie de medidas de aplicación adoptadas para hacer frente a las violaciones de las aguas pluviales de las obras de construcción en toda la isla. La EPA considera prioritario asegurar el cumplimiento de la Ley de Aguas Limpias debido al aumento de la actividad de construcción en todo Puerto Rico, especialmente en las zonas costeras.

“La escorrentía de aguas pluviales no controlada puede causar graves problemas para el medio ambiente y la gente en Puerto Rico, incluyendo el deterioro de las oportunidades para la pesca y la natación, por lo que es imperativo que los desarrolladores gestionen las aguas pluviales de las obras de construcción de acuerdo con la Ley de Agua Limpia”, dijo la administradora regional de la EPA, Lisa F. García. “Esta orden encarna el compromiso de la EPA de hacer que las empresas rindan cuentas cuando violan leyes críticas que protegen la salud pública y el medio ambiente”.

Cuando llueve, las aguas pluviales arrastran la tierra suelta de una obra, junto con diversos materiales y productos almacenados en el exterior. A medida que las aguas pluviales fluyen por la obra, pueden recoger contaminantes como sedimentos, escombros y productos químicos de esa tierra suelta y transportarlos a sistemas de alcantarillado pluvial cercanos o directamente en ríos, lagos o aguas costeras.

La EPA trabaja con los operarios de las obras de construcción para asegurarse de que disponen de los controles adecuados de las aguas pluviales, de modo que la construcción pueda llevarse a cabo de forma que se proteja el agua limpia de su comunidad y el medio ambiente circundante.

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (4 de julio de 2022) – El impacto de la inflación en el costo de los alimentos, la gasolina, el aceite de motor y la energía eléctrica causará un gasto de $1,850 en una familia promedio con un salario anual de $25,000, lo que representa un gasto adicional a nivel nacional de $2,368,000,000 millones en el 2022, sostuvo el economista José Alameda.

Alameda indicó que el gasto de $1,850 por el efecto de la inflación en los alimentos, la gasolina, el aceite de motor y la energía eléctrica reducirá en 7.3%, el salario de una familia promedio de al menos tres miembros con un ingreso anual de $25,000, quienes sólo contarán con $23,150 para atender otras necesidades.

Entre esas necesidades figuran los gastos relacionados con el pago de la vivienda, el vehículo, los gastos médicos, compra de artículos de aseo personal, ropa y zapatos, así como los gastos relativos al ocio y el entretenimiento y gastos relacionados con eventos imprevistos y de emergencia.

Según el economista, aunque el ingreso anual de este grupo resulta muy bajo para encarar el costo de vida en Puerto Rico, es un sector abundante en el país, cuyos integrantes trabajan tanto en el gobierno, en el sector privado o se desempeñan como pequeños empresarios.

La última encuesta de comunidad realizada en 2018 por el Negociado del Censo de Estados Unidos en Puerto Rico, concluyó que unos 221,340 hogares tienen ingresos entre $15,000 y $24,999. La encuesta también concluyó que 60% de los hogares en Puerto Rico tuvo ingresos menores a $25,000, de los cuales cerca de 29 % tuvieron ingresos menores a $10,000 anuales.

Según la encuesta de comunidad, unos 349,478 hogares tienen ingresos hasta $10,000; y 139,534 familias ingresan entre $10,000 y $14,999. Además, 137,887 familias ingresan entre $25,000 y $34,999, mientras que 135,539 hogares tienen ingresos entre $35,000 y $49,999.

De hecho, los hogares con ingresos menores o mayores a $25,000 también son afectados por igual por el alza inflacionaria en el costo de los alimentos, la gasolina, el aceite de motor y la energía eléctrica. Pero los sectores con ingresos más bajos serán los más severamente afectados.

Necesario un aumento de $1.02 por hora

El economista sostuvo que para compensar el gasto económico que representa el alza inflacionaria para el grupo con ingresos de $25,000 anuales, sería necesario incrementar el salario por hora en $1.02, una alternativa que implica un aumento de $163 al mes y $1,958 en un año.

“Sabemos que ese aumento salarial no va a ocurrir. En este momento yo entiendo que el gobierno debería evaluar cómo ofrecer un crédito contributivo que compense el gasto por inflación a estas familias. Otra alternativa es educar al consumidor sobre cómo hacer mejor uso de su ingreso”, dijo Alameda.

Hasta el presente ni Ejecutivo ni la Legislatura han presentado medidas para enfrentar el alza incontrolable en la inflación de precios que padecen todos los consumidores del país, pero que sin duda los más afectados serán los sectores de ingresos bajos.

De hecho, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, denunció que actualmente el Departamento de Agricultura carece de un plan para garantizar seguridad alimentaria y señaló que el presupuesto aprobado la semana pasada por la Junta de Supervisión Fiscal no contiene asignaciones de fondos para estimular la producción agrícola local y para aliviar la carga de los consumidores a través de consumir productos del país a precios accesibles.

No hay fondos para elevar la producción agrícola 

Flores Ortega indicó que en ese contexto resulta una meta irrealizable el plan de elevar la producción agrícola en 50% para el 2024, según lo ha propuesto el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

“Para hacer eso tiene que triplicar el presupuesto del DA y eso no es lo que está ocurriendo. Apenas en el presupuesto hay $20 millones para incentivos y subsidios. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que ocurre. Va a ser bien difícil mejorar las inversiones y la infraestructura de los agricultores y mejorar su producción. Casi todo el dinero sale de las ventas de café importado. Y ahora sale más caro traer café a Puerto Rico y por lo tanto los ingresos son cada vez menores”, dijo el ex secretario.  

La única medida presentada en la Legislatura para aplacar el efecto de la inflación es el Proyecto del Senado 931, que propone transferir $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para reducir el costo de la luz y del agua a nivel del consumidor.

Alameda catalogó como “temporero” el alivio económico que causará la aprobación del Proyecto 931, que propone transferir $145 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para mitigar el alza en el petróleo que utiliza para producir energía eléctrica. Otros $20 millones irían a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para reducir el costo del agua potable.

Alivio temporero

“Ese alivio será temporero, durará varios meses”, dijo el economista, quien agregó que, para reducir el efecto de la inflación en la energía eléctrica, el gobierno podría considerar mejorar los acuerdos de compra de petróleo a largo plazo que realiza la empresa Luma. La empresa administra la red de transmisión y distribución de energía y la compra de petróleo, una actividad que antes realizaba la AEE.

El Proyecto 931 será considerado en una sesión legislativa extraordinaria en los próximos días, luego de que en la pasada sesión legislativa no fue aprobada.

Inflación de variado origen

La inflación actual tiene origen en las distorsiones económicas causadas por la pandemia – que incluyen la repartición de fondos por el gobierno para mitigar el efecto de la paralización de la economía, lo que estimuló un aumento en los precios- la elevación de los costos de transporte, la interrupción en la cadena de distribución y la escasez de mano de obra.

 En los pasados meses la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones a la economía rusa ha repercutido con un alza internacional en el precio del petróleo y en los granos.

El análisis realizado por Alameda concluyó que el alza de la gasolina y los aceites representará un gasto de $3,366,000,000 millones entre enero y mayo del 2022, de los cuales $3,267,961,000 millones corresponde al alza de más de 20 centavos en el litro de la gasolina, para un costo promedio por litro de $1.04. Además, se invirtieron $98,038,853,000 millones en la compra de aceites.

En 2021 el consumo de la gasolina y los aceites ascendió a $2,589,231,258 millones, cuando el costo del litro de gasolina se mantuvo en 80 centavos promedio. Ese año en el renglón de aceites se gastaron $75,414,502,000 millones

El economista indicó que entre enero y mayo del 2022 se ha invertido $3,366,000,000 millones en la compra de gasolina y aceites, que representan $773 millones más que en 2021, o un aumento de 29.8%.

También estimó que el pago por la energía eléctrica residencial representó $917,952,000,000 millones más en junio del presente año, cuando el costo por kilovatio por hora es de 34 centavos, en comparación con el pago realizado en enero, cuando el costo por kilovatio por hora fue de 20 centavos. En enero se invirtieron $1,311,360,000 millones, pero en junio el pago por consumo ascendió a $2,229, 312,000 millones.

En el caso de los alimentos y las bebidas alcohólicas, hasta mayo del 2021 se invirtieron $7,430,000,000 millones, pero al mes de mayo del 2022 ya los consumidores habían invertido $8,107,000,000 millones, lo que representó un aumento de $676.9 millones o un alza de 9.1 %.

Por Miguel Díaz Román
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San Juan, (25 de Junio de 2022) – Los inspectores de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados (DFM) del Departamento de Agricultura (DA) fueron amenazados con el despido si continúan decretando el cese de inspecciones de los alimentos importados y de la producción local, debido a que el reembolso de 40 centavos que reciben por milla transitada resulta insuficiente para enfrentar el alza en el costo de la gasolina.

La amenaza de despido ocurrió el pasado martes 21 de junio, cuando los inspectores de DFM decidieron suspender las inspecciones hasta que no se aumente a 80 centavos el pago por milla transitada. Una protesta similar se efectuó el pasado 31 de mayo.

La amenaza de despido figura en una carta circular que emitió el secretario auxiliar de recursos humanos y relaciones laborales del DA, Noel Toro Zambrana.

 En la carta el funcionario advirtió al personal de la DFM que el cese de labores será penalizado con el despido porque la huelga no es un derecho en el gobierno, según surge de una copia del documento recibida en este medio.

Ese día el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, emitió una orden administrativa que dispone efectuar al azar las inspecciones de los productos importados y locales. La determinación sustituye la inspección rigurosa de furgones y de la producción local, antes de su distribución en el mercado.

El cese de inspecciones ocurre en momentos cuando la industria local de huevos se queja de que tiene miles de docenas de huevos que no han llegado al mercado porque están detenidas en sus almacenes en espera de que sean inspeccionadas.

La información figura en una carta que la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, le envió al representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, el pasado 21 de junio.

En la carta la representante Nogales le solicitó a Rivera Segarra que investigue la situación y le pida al secretario de Agricultura un informe de lo ocurrido con las inspecciones de la DFM

Se espera que más empresas denuncien que tienen detenida la entrega de sus productos en espera de que sean inspeccionados, porque desconocen la orden administrativa de González Beiró.

 Entre los productos importados y de producción local que son objeto de inspecciones figuran huevos, carne de aves, pollo entero y sus partes, azúcar, café, guineos, plátanos, batatas, malangas, yautías, tomates, repollos y otros 22 productos adicionales.

Antes de la decisión de González Beiró, los técnicos de la DFM indagaban la gran mayoría de los furgones con alimentos importados que introducen al país las compañías marítimas en los puertos, y la importación de alimentos que se realiza a través de aviones en los aeropuertos. También visitaban decenas de granjas locales que cosechan y producen algunos de los productos que se deben inspeccionar.

El objetivo de las inspecciones es determinar que los alimentos importados no contengan hongos, enfermedades, podredumbre, insectos o daños que impidan su consumo.

Ante la incapacidad de Agricultura para aumentar la compensación por millaje transitado a los inspectores de la DFM, González Beiró tomó la decisión drástica de hacer las inspecciones al azar, lo que reducirá significativamente la cantidad de granjas locales y de furgones inspeccionados.

La fuente indicó que la decisión se pudo evitar si cuatro vehículos de la flota de Agricultura fueran asignados a los inspectores de DFM. La gasolina que consumen los vehículos del gobierno es pagada a través de unos contratos con determinadas gasolineras que regula la Administración de Servicios Generales. 

Actualmente la flota de vehículos de Agricultura está en dominio de los directores regionales y de los funcionarios de confianza.

La determinación de González Beiró reduce los ingresos que recibe el DA por las inspecciones que realiza la DFM. Por cada inspección el DFM ingresa hasta $300 por furgón o por granja, los cuales se utilizan para pagar los gastos de esa división, incluyendo los pagos por dieta y millaje que reciben los inspectores. Las inspecciones generan $1.5 millón al año.

Por Miguel Díaz Román
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San Juan, (24 de Junio de 2022) – Las profundas diferencias que dividen a los integrantes de la industria lechera surgieron ayer en una vista pública en la Cámara de Representantes que quedó marcada por la indiferencia del Departamento de Agricultura y por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), quienes no asistieron al evento a pesar de que se les responsabiliza de incumplir sus responsabilidades legales y por no garantizar un margen adecuado de ganancia a los miembros del sector.

Al inicio de la vista el representante Jorge Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, indicó que temprano en la mañana la Comisión recibió una llamada en que se informó que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, y el administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, no asistirían.

Rivera Segarra dijo que ya estaba acostumbrado a tales ausencias, en alusión a que el secretario resistió asistir una vista pública sobre seguridad alimentaria y solo asistió luego que se anunciara que la Cámara se proponía acudir al tribunal para exigir su comparecencia. El legislador dijo que estudiará los pasos a seguir para garantizar la futura comparecencia de los funcionarios.

En la vista pública emergió un contradictorio escenario que revela una reducción en el consumo de leche, mientras la ORIL patrocina una producción excesiva que eleva el monto de los excedentes, los cuales son exportados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos, mientras simultáneamente se registra la importación de leche desde los Estados Unidos por una de las plantas procesadoras.

Los graves retos económicos que enfrentan los integrantes de la industria lechera, que amenaza la existencia tanto de vaquerías como de las plantas procesadoras, quedó claramente planteada en una vista pública a la que asistieron pocos legisladores, a pesar de que la industria lechera es uno de los pocos sectores de la economía local en la que la gran mayoría de sus integrantes son empresas netamente puertorriqueñas.

De hecho, los interrogatorios de los pocos legisladores que asistieron a la vista demostraban a simple vista que no entendían la problemática y que sus preguntas fueron preparadas por otras personas.

En el caso de la representante del Partido Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, la situación fue patética, pues solicitó información sobre la plantilla y los salarios de los empleados de la empresa Suiza Dairy, pero no indagó sobre la denuncia realizada por los directivos de la empresa, el gerente general, Egberto Torres Cava, y la licenciada Janice Ramírez, directora legal, sobre que enfrentan pérdidas desde 2013 que continúan operando en el país por el respaldo financiero de su corporación matriz.

Suiza Dairy procesa el 60 % de la producción de leche de los ganaderos del país y apenas varios años atrás invirtió $40 millones en una nueva planta procesadora en Aguadilla.

Incumplimiento de la ORIL

En la vista la licenciada Ramírez sostuvo que el principal escollo que le impide Suiza Dairy enfrentar sus graves retos económicos es el incumplimiento de la ORIL a su propia reglamentación, que exige garantizar un margen adecuado de ganancias a los integrantes de la industria lechera.

En la vista el ganadero Carlos Benítez denunció un patrón de incumplimientos de parte de la ORIL que incluye la toma de decisiones de manera unilateral y en violación a los reglamentos, y la imposición de cambios en la forma de pago sin una evaluación científica, lo que atenta contra la estabilidad financiera del ganadero.

Indicó que el último cambio aconteció varias semanas atrás, cuando la ORIL anunció que se le pagará entre 90 y 92 centavos por cada litro de leche producida, pero Benítez sostuvo que el pago real es de entre 77 y 78 centavos. El cambio también incluyó descartar la cuota de leche como factor para estimar el pago por litro al ganadero, lo que según Benítez y su abogado, el licenciado Homel Mercado Justiniano, ha causado una depreciación de la cuota como instrumento financiero.

El licenciado Mercado Justiniano dijo que por una decisión “improvisada” por parte de la ORIL, la cuota de leche ya no servirá como colateral para los préstamos de los ganaderos y que las instituciones financieras exigirán la inclusión de otras propiedades para garantizar las deudas o aumentarán los intereses de los financiamientos.

Benítez, quien ha dicho públicamente que se propone impugnar en el Tribunal Federal las acciones de la ORIL, dijo que la agencia reguladora persigue a los ganaderos que cuestionan sus decisiones ordenando decomisos de leche injustificados.

Sobre este aspecto, el representante Rivera Segarra dijo que conocía de las decisiones abusivas contra los ganaderos ordenadas por la ORIL. El ganadero exhortó a la Comisión a investigar las acciones de la ORIL y referir al Departamento de Justicia aquellas que resulten claramente ilegales y abusivas.

En la vista también participó a través de videoconferencia el economista José Alameda, quien abogó por equilibrar la producción de leche según el consumo y respaldó apoyar el adiestramiento de los ganaderos para aumentar la eficiencia de las vaquerías, en vez de favorecer el cierre de las ineficientes.

Economista cuestiona tardanza

Alameda cuestionó la tardanza de la ORIL en realizar los estudios económicos para decretar, si es necesario, un alza en el precio de la leche y compensar el aumento en los costos de producción. Indicó que cuando la ORIL toma una determinación ya ha cambiado el escenario económico, lo que convierte esa decisión en inefectiva.

 También dijo que el Estudio Exhaustivo que debe realizar cada cuatro años la ORIL, utiliza criterios muy bajos para estimar la ganancia razonable de los ganaderos. El economista, quien fue contratado por un grupo de ganaderos liderado por Benítez, dijo que entre esos criterios figura el índice de precios al consumidor, que el Departamento de Trabajo usa para estimar la inflación y cuya tasa es muy baja. Otro criterio es una tasa de rendimiento sobre activos que fue diseñada para las pequeñas empresas y no para las operaciones agrícolas.

El economista recomendó una tasa de inflación diseñada por la Junta de Planificación y una tasa de rendimiento sobre activos que considere los riesgos que enfrentan las operaciones agrícolas. Alameda respaldó evaluar varios esquemas para el pago al ganadero y seleccionar el mejor, lo que fue aplaudido por los ganaderos presentes en el salón de audiencias.

A la vista compareció Manuel Enrique Arbona, quien preside la Junta de Directores de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), la Junta de Directores de Indulac y es el vicepresidente de la Junta de Directores del Fondo Fomento de la Industria Lechera.

Arbona presentó un panorama diametralmente opuesto al discutido por los deponentes anteriores en el que las acciones de la ORIL no afectan la industria lechera. Indicó que la legislatura debía investigar el acuerdo entre las plantas procesadoras y el gobierno, como parte del caso ventilado en el Tribunal Federal. Solicitó investigar las dificultades que ha enfrentado el Molino de Asociaciones Pecuarias y la operación de la nueva planta de Suiza en Aguadilla. Además, solicitó investigar la venta de préstamos agrícolas por parte del Banco de Desarrollo Económico.

En la vista Arbona respaldó la decisión de la ORIL en el 2020 de destinar la producción de leche de ocho vaquerías a Indulac, lo cual fue impugnado por Suiza Dairy en el Tribunal Apelativo. Recientemente ese tribunal determinó que la decisión de la ORIL es nula porque modificó de manera arbitraria la naturaleza de Indulac como planta de balance y porque no cumplió con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Cuestionan falta de transparencia

Benítez planteó que la ORIL no ha sido transparente con la exportación de la leche a la República Dominicana, una operación que realiza la planta Indulac y que ha representado la exportación más de 1 millón de cuatrillos cada 15 días durante los pasados meses. Benítez dijo que el pago al ganadero por esa leche es de 25 centavos por litro, lo cual no alcanza para cubrir el costo de producción por litro, estimado en 70 centavos.

“República Dominicana es la planta de balance de Puerto Rico”, sostuvo Benítez, en alusión a que, alegadamente, Indulac ya no opera como planta balance luego de que fue adquirida por Coopple, en una controvertible transacción el pasado cuatrienio que no fue respaldada por el entonces secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

En la reglamentación de la ORIL, Indulac figura como una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche y producir subproductos lácteos como queso, mantequilla y mantecado.

La reglamentación de la ORIL también dispone que el único accionista de Indulac es el Fondo de Fomento de la Industria Lechera, una entidad creada por ley y revestida de interés público.

Más adelante en la vista, el presidente ejecutivo de Indulac, Francisco Orama Irizarry, justificó la falta de información sobre las ventas de leche a República Dominicana con el argumento de que Indulac es una empresa privada. Orama también aludió a que “Indulac es una empresa privada” para rechazar que la empresa sea sometida a una auditoría forense, como ha exigido el ex secretario Flores Ortega.

Incluso, Orama dijo que durante la vista pública se comunicó con la empresa dominicana Rica para que se le permitiera divulgar el precio por litro que le cobra Indulac.

A 34 centavos la leche a República Dominicana

El ejecutivo dijo que Indulac vende cada litro de leche cruda a Rica en 34 centavos. Además, antes de enviar la leche a la República Dominicana, la planta Tres Monjitas efectúa un “pre-pasteurizado” que tiene un costo de 7 centavos. Orama dijo que Indulac invierte cerca de 13 centavos por litro en el manejo del producto antes de su exportación y que la empresa pierde 2 centavos por litro.

“Esto es un servicio al ganadero”, sostuvo Orama, en alusión a que la exportación de leche es medida empleada para evitar el decomiso del producto.

El ejecutivo también dijo que a partir del 1 de julio la empresa Rica pagará 40 centavos por cada litro.

Indicó que desde 2018 Indulac ha exportado 14.3 millones de litros anuales a República Dominicana, lo que implica que hasta el 2021 Indulac exportó 57.4 millones de litros. Orama dijo que en esos años la exportación representó $18 millones de ingreso para los ganaderos.

Orama reveló que Indulac también exporta productos lácteos terminados a la República Dominicana, a otras islas del Caribe y a los Estados Unidos. El pasado año esa exportación implicó el uso de 30 millones de cuartillos.

Ninguno de los legisladores realizó preguntas sobre la presunta pérdida de 2 centavos por litro en la exportación de leche cruda a la Rica, que suman $1.1 millón entre 2018 y 2021. Tampoco cuestionaron el esquema de costo revelado por Orama para la leche cruda exportada.

Tampoco se cuestionó porqué el precio por litro que le cobra Indulac a Rica era un asunto tan confidencial que requirió que Orama llamara a la empresa dominicana para que se le permitiera divuglarlo en la vista pública. Por lo general la confidencialidad de los acuerdos entre empresas ocurre en mercados sumamente competidos. La exportación de productos terminados, que implicó el uso de 30 millones de cuartillos el pasado año, tampoco generó interrogantes entre los legisladores.

San Juan, 24 de junio – La delegación boricua que representará a la Isla en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) San Salvador 2023, ya cuenta con 96 atletas clasificados a la justa regional, que se celebrará del 23 de junio al 8 de julio en la capital salvadoreña.

Ayer, en el marco de la celebración del Día Olímpico, se inició el conteo regresivo para JCC San Salvador 2023. El Día Olímpico conmemora la fundación del Comité Olímpico Internacional (COI) el 23 de junio de 1894 por el Barón Pierre de Coubertin.

“Es un día sumamente importante para el Olimpismo y nuestra región de Centroamérica y del Caribe. Celebramos el Día Olímpico con un llamamiento para que juntos trabajemos por un mundo en paz”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario Vélez.

“Además, iniciamos con mucho entusiasmo y energía el conteo regresivo para la celebración de San Salvador 2023. Una nueva edición de los juegos más antiguos de nuestra región donde iremos, nuevamente, a sobrepasar nuestras metas con grandes triunfos y excelencia deportiva. Ya tenemos 96 atletas clasificados y seguirán llegando muchos más”, añadió la líder del movimiento olímpico puertorriqueño.

Mientras, el director del Departamento de Alto Rendimiento (DAR) del COPUR, Fernando Olivero Lora, aseguró que los trabajos para la confección de la delegación puertorriqueña San Salvador 2023 van “viento en popa”.

“Hoy estamos muy contentos de cómo se perfila este inicio del periodo de clasificación de los Juegos. Tenemos 96 atletas ya clasificados”, sostuvo el director del DAR.

El desglose de los deportes con atletas clasificados y finalizado su proceso de clasificación, hasta el momento, son: bolos, escopeta, tiro, tiro con arco y hockey sobre césped. Ciclismo, canotaje y fútbol ya cuenta con atletas clasificados, pero no han terminado su proceso de clasificación.

“Todavía faltan 18 deportes para efectuarse eventos clasificatorios y siete deportes que ya abrieron sus ventanas para la clasificación como son los de marca y tiempo”, explicó Olivero Lora, quien lleva desde el 2014 trabajando en el DAR.

Los deportes con eventos clasificatorios por efectuarse son: baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, esgrima, gimnasia, karate, lucha olímpica, clavados, polo acuático, nado sincronizado, patinaje, remo, sóftbol, surfing, tenis de mesa, voleibol y vela.

Por otro lado, los deportes con periodos o fases de selección para plazas por clasificación vía marca o tiempo son: atletismo, ecuestre, judo, levantamiento de pesas, natación, tenis y triatlón.

Olivero Lora aclaró que el “Departamento de Alto Rendimiento establecerá unas marcas” y continuará con sus recomendaciones al Comité Ejecutivo del COPUR de los atletas que deben confeccionar la delegación para los Juegos.

“Las marcas de nosotros en el DAR son más rígidas y son más fuertes. Aunque el manual de clasificación diga que sea por puntos nosotros vamos a poner unas marcas más estrictas para certificar a nuestros atletas. Es importante recalcar que, el que el atleta haya clasificado, no necesariamente significa que sea certificado”, profundizó el director del DAR.  

“Todos nuestros atletas pasarán un proceso de evaluación y tiene que demostrar que está entre los mejores cuatro (de la región) individual y en los deportes de conjunto. También se evalúa otros criterios como las marcas de la región, si son atletas con desarrollo juvenil, entre otros. Esto también se está haciendo para los Juegos Panamericanos. Donde no lo hacemos es para los Juegos Olímpicos, porque clasificar a los Juegos Olímpicos ya es un medidor absoluto de rendimiento”, puntualizó Olivero Lora.

Puerto Rico comenzó a competir en la segunda edición de los Juegos en La Habana 1930. Desde entonces acumula 1,581 medallas divididas en 342 de oro, 517 de plata y 728 de bronce. En las dos ocasiones que San Salvador ha sido sede del evento regional, Puerto Rico ganó 15 medallas (cinco de oro, cinco de plata y cinco de bronce) en la edición de 1932. Mientras, la Delegación que compitió en el 2002 sumó 140 preseas de las cuales 32 fueron de oro, 47 de plata y 61 de bronce.  

Detalles de los Juegos San Salvador 2023

La competición durará 16 días y se competirá en 38 deportes y 54 disciplinas. Habrá 38 delegaciones. La subsede será la República Dominicana. Allí se disputará: taekwondo, pentatlón moderno, ecuestre, ráquetbol, canotaje, hockey sobre césped y escopeta.

Las nuevas disciplinas en el programa deportivo serán skateboarding, surf, fútbol de playa, netball y fisicoculturismo. El ajedrez regresará tras estar presente en las ediciones de Panamá 1938 y Barranquilla 1946.

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (22 de Junio de 2022) – El alza en el costo de la gasolina y la falta de recursos en el Departamento de Agricultura (DA) para aumentar el pago por milla transitada a los inspectores agrícolas, ha provocado que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, emitiera una orden administrativa que limita la inspección de los productos importados y establece que tales indagaciones se efectuarán al azar.

La determinación, que fue emitida ayer por el secretario, sustituye la inspección rigurosa de furgones antes de su distribución en el mercado.

La inesperada decisión acontece a pesar de que la pasada semana González Beiró rechazó públicamente las importaciones de huevos que se venden a bajo costo porque es un producto de inferior calidad en comparación con el huevo producido en la isla. 

El secretario también indicó que el huevo importado representa una competencia desleal para la industria local de huevos.  

De acuerdo con una fuente del DA, los inspectores de la División de Fiscalización e Inspección de Mercados (DFM) han objetado continuar realizando las inspecciones debido a que el reembolso de 40 centavos que reciben por milla transitada resulta insuficiente para enfrentar el alza sin precedentes en el costo de la gasolina.

Actualmente el precio por litro para la gasolina “regular” oscila entre $1.25 y $1.39 y entre $1.35 y $1.49 para la gasolina “premium”.

Para realizar las inspecciones, los técnicos de la DFM se ven obligados a visitar continuamente los puertos, los aeropuertos y las instalaciones de los empacadores e importadores locales y centros de distribución de cadenas de supermercados, muchas de las cuales se encuentran ubicadas fuera de la zona metropolitana de San Juan.  

 Entre los productos objeto de inspecciones figuran huevos, carne de aves, pollo entero y sus partes, azúcar, café, guineos, plátanos, batatas, malangas, yautías, tomates, repollos y otros 22 productos adicionales. Estas inspecciones incluyen a los agricultores locales.

La orden del secretario limita las inspecciones y dispone que los embarques sujetos a inspección se seleccionen al azar. Según la orden, la decisión tendrá una vigencia temporera, aunque no define la duración de ese periodo.

“Se ordena de forma temporera la inspección aleatoria de los productos importados por la DFM. Como también se ordena de forma temporera la inspección aleatoria de las granjas locales”, sostiene la orden.

Antes de la decisión los técnicos de la DFM indagaban la gran mayoría de los furgones con alimentos importados que introducen al país las compañías marítimas en los puertos, y la importación de alimentos que se realiza a través de aviones en los aeropuertos.  

El objetivo de las inspecciones es determinar que los alimentos importados no contengan hongos, enfermedades, podredumbre, insectos o daños que impidan su consumo.

Según la fuente, ante la incapacidad de Agricultura para aumentar la compensación por millaje transitado a los inspectores de la DFM, González Beiró tomó la decisión drástica de hacer las inspecciones al azar, lo que reducirá significativamente la cantidad de furgones inspeccionados.

La decisión podría causar graves consecuencias a la agricultura local si la ausencia de inspecciones permite la entrada al país de una plaga inexistente en la isla.  

Los consumidores también podrían resultar trasquilados si consumen productos de menor calidad o en condiciones salubres inaceptables, lo que, además, desataría posibles reclamaciones judiciales que afectaría por igual a los importadores, a las cadenas de supermercados y a los restaurantes.

La orden administrativa de González Beiró es un tanto contradictoria porque no establece de manera clara las razones para justificar la decisión de realizar al azar las inspecciones.

Por un lado, la orden reconoce la necesidad de mayores recursos para reforzar las inspecciones y luego advierte que las inspecciones se han visto afectadas debido a una presunta “inestabilidad” en la importación de productos. También señala que si el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se prolonga “pudiese comenzar a escasear la comida en varios países”.

La fuente indicó que la decisión se pudo evitar si la flota de vehículos de Agricultura, que actualmente está en dominio de los directores regionales y a los funcionarios de confianza, se le asignara a los inspectores de DFM.

La determinación de González Beiró, dijo la fuente, es contraria a la ley que rige las inspecciones y además, reduce los ingresos que recibe el DA por las inspecciones que realiza la DFM. Por cada inspección el DFM ingresa hasta $300 por furgón, lo cuales se utilizan para pagar los gastos de esa división, incluyendo los por dieta y millaje que reciben los inspectores.

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (17 de Junio de 2022) – El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien se opuso a las decisiones de los exgobernadores Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced relativas a la industria lechera, no será citado a una vista pública en la Cámara de Representantes que pretende indagar sobre la crisis actual que enfrenta el principal sector agrícola del país, en lo que representa una acción incomprensible por parte de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en ese cuerpo legislativo.

Flores Ortega fue referido al Departamento de Justicia en 2019 por unas presuntas irregularidades que finalmente no fueron confirmadas y que fueron denunciadas por ganaderos que rechazaron las posiciones del ex secretario con respecto a la industria lechera.

Las denuncias contra Flores Ortega fue avalada públicamente por miembros de la Cooperativa de Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), quienes que también tienen influencia en la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) y en la Asociación de Agricultores.

El director ejecutivo de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Ernesto Irizarry, confirmó a este medio que no se invitó a Flores Ortega a la vista pública “porque había mucha gente citada”.

El funcionario cameral también agregó que evitó citar a Flores Ortega a la vista pública porque “no es el momento” para traer al ex secretario a discutir las controversias de la industria lechera. Sostuvo que no está descartado realizar otra vista pública en la que podrían participar los ex secretarios Myrna Comas y Flores Ortega. No obstante, Irizarry aceptó que en este momento esa vista pública no está en agenda.

Fuentes de este medio indicaron que la verdadera razón para no citar a Flores Ortega es que tanto Irizarry como el representante Jorge Rivera Segarra, que preside la Comisión de Agricultura, no desean promover una controversia entre los funcionarios actuales del Departamento de Agricultura y el ex secretario.

Además, según la fuente, la vista pretende en realidad cumplir un reclamo de los ganaderos identificados con el PPD para que la crisis de la industria lechera se atienda en la Legislatura, pero no existe un compromiso real para profundizar en las causas de esos problemas. Rivera Segarra no respondió a las llamadas de EyBoricua.com.

La fuente sostuvo que el ex gobernador Alejandro García Padilla, quien posee fincas de plátanos y otros cultivos, ha respaldado al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, lo que pudo ser factor decisivo para que Flores Ortega no fuera citado a la vista pública.

De hecho, no está claro si la veda de la mayoría legislativa a Flores Ortega tiene el respaldo del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, quien había avalado la celebración de la vista pública para atender la crisis de la industria lechera.

Mucha gente citada

Flores Ortega indicó que Irizarry lo llamó para informarle que no sería citado a la importante vista pública “porque hay mucha gente citada”.

“Se me dijo que había mucha gente citada y que por esa razón yo no sería invitado a esa vista pública. Le indique a Ernesto Irizarry que yo estaría como parte del público que acuda a esa vista pública y que estaré atento a lo que digan los deponentes y tan pronto escuche argumentos falsos lo denunciaré ante la prensa”, dijo Flores Ortega.

A la vista pública, que está pautada para el jueves 23 de junio a las 10:00 de la mañana en el salón audiencias 6 de la Cámara, han sido citados los directivos de las plantas procesadoras Suiza Dairy, Indulac y Tres Monjitas.

Se espera la comparecencia de González Beiró, del administrador de la ORIL, Javier Lugo Rullán, y de los directivos de la Coopple. Además, comparecerán a la vista un grupo de ganaderos que no está afiliado a la Coopple y quienes irán acompañados de un economista.

Periodo convulso

Flores Ortega protagonizó uno de los periodos más convulsos para la industria lechera cuando se opuso a la presunta venta de la planta Indulac a la Coopple.  El ex secretario dijo que la transacción convertiría a Indulac en otra planta comercial y le impediría cumplir con su responsabilidad como planta de balance.

En la reglamentación de la ORIL, Indulac figura como una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche y producir subproductos lácteos como queso, mantequilla y mantecado.

La reglamentación de la ORIL también dispone que el único accionista de Indulac es el Fondo de Fomento de la Industria Lechera, una entidad creada por ley y revestida de interés público.

De hecho, en el 2020 la ORIL destinó la producción de leche de ocho vaquerías permanentemente hacia la planta Indulac, lo cual fue impugnado por Suiza Dairy en el Tribunal Apelativo. Recientemente ese tribunal determinó que la decisión de la ORIL es nula porque modificó de manera arbitraria la naturaleza de Indulac como planta de balance y porque no cumplió con su propia reglamentación y con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Cuestionable la exportación de leche

El ex secretario también denunció que Indulac y la Coppel han creado un cuestionable negocio con la exportación de leche a la República Dominicana, cuyo costo aproximado es de 25 centavos por cuartillo, lo que representa cuantiosas pérdidas para los ganaderos cuyo costo de producción por litro excede los 65 centavos.

Llama la atención la falta de transparencia de Indulac y de la ORIL para difundir detalles sobre la exportación de leche – cada quincena se exportan más de 1.2 millones de litros- a la República Dominicana.

Durante su incumbencia en el Departamento de Agricultura, Flores Ortega encaminó una auditoría forense sobre las operaciones de Indulac, que tenía como uno de sus objetivos principales desvelar las cuerdas ocultas de la exportación de leche a la República Dominicana.

Tras el cambio de gobierno en el 2021, la auditoría fue cancelada por Jorge Campos Merced, quien actualmente es el subsecretario de Agricultura.

Campos Merced fue el administrador de la ORIL en el periodo en que Flores Ortega fue secretario.

Ambos funcionarios sostuvieron una agria disputa porque Campos Merced  alegó que el secretario de Agricultura no tenía facultad para intervenir e investigar las acciones de la industria lechera.

Fue bajo la dirección de Campos Merced que la ORIL avaló la compra de Indulac por parte de Coopple, una transacción que también fue respaldada por la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La disputa entre Campos Merced y Flores Ortega tuvo su momento culminante en el 2019, cuando desde la Fortaleza se revocó una estructura de precios para el pago de la leche a los ganaderos establecida por Flores Ortega. 

Falsas las denuncias de Zoé Laboy y Campos Merced

La estructura de precios establecía unas tarifas diferenciadas según el uso que se le iba a dar a la leche. Si la leche se usaba para hacer leche fresca, se pagaba una alta tarifa por cada cuartillo y se pagaba menos si se usaba, por ejemplo, para queso o para mantecado. El propósito era causar una autorregulación en el sector productor, con el fin de que la producción de leche estuviera más ajustada al consumo.

En sustitución a la estructura de precios descartada, Campos Merced estableció dos tarifas, que han promovido el exceso de producción y los excedentes de leche, según dijo Flores Ortega.

Luego, en julio de ese año, la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced se refirió al secretario de Agricultura al Departamento de Justicia para investigación por unas alegaciones de conducta impropia.

No obstante, en febrero de 2020, la ex secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, reveló que la División de Integridad Pública no encontró causa para recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente contra Flores Ortega.

Según un comunicado de prensa difundido por Justicia en aquel momento, la Justicia no pudo corroborar las alegaciones en contra de Flores Ortega.

“Para corroborar las alegaciones el Departamento de Justicia entrevistó a varias personas identificadas en los documentos referidos por la entonces secretaria de la gobernación, Zoé Laboy Alvarado, y por el agrónomo Jorge Campos Merced, director de la ORIL, determinando que lo alegado no se pudo comprobar”, sostuvo el comunicado de prensa.

Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com

San Juan, (15 de Junio de 2022) – La endeble industria avícola y de huevos de Puerto Rico estaría en grave peligro e indefensa ante la posibilidad de que se registre en la isla un brote de la gripe aviar, un virus que afecta a las aves y que ya ha provocado el sacrificio de 38 millones de pollos, gallinas y pavos en 36 estados de los Estados Unidos donde ha sido confirmada la presencia del virus.

Igualmente el país ha demostrado estar indefenso ante el aumento de precio de hasta 50 % en el pollo y de otras carnes, lo que sin duda ha tenido un efecto contundente en el bolsillo del consumidor.

El doctor Fred Soltero, quien es veterinario en el Departamento de Agricultura federal, reconoció que sería desastroso para la industria avícola local el contagio con la gripe aviar, pues la presencia del virus se combate con la eliminación de las aves en cuyo rancho se detectó la enfermedad. Además, se imponen períodos de cuarentena, la limpieza de las instalaciones afectadas y la vigilancia en las áreas circundantes.

La gripe aviar es una enfermedad mortal para las aves de corral y altamente contagiosa, por lo que requiere una respuesta rápida de las autoridades para evitar un colapso de las empresas avícolas.

Soltero indicó que no existe un “escudo” contra la gripe aviar pues su mayor fuente de transmisión es a través de las aves migratorias. Indicó que en la isla es necesario fiscalizar las importaciones de productos avícolas, especialmente las importaciones del pollo fresco, que es aquel que no está congelado.

“Con el pollo congelado no hay problema, lo importante es revisar el pollo fresco importado. Esa es una responsabilidad que cae en el Departamento de Agricultura local (DA) y no en el gobierno federal”, dijo Soltero.

El doctor Alejandro Pérez, quien es el veterinario del Estado, una posición oficial del DA, indicó que se ha estado tomando las medidas para impedir la entrada de la gripe aviar a la isla, pero no ofreció detalles sobre las medidas para evitar el contagio por medio del pollo fresco importado.

Tampoco respondió a las llamadas de este medio, Antonio Jiménez, quien dirige la división de Inspección de Mercado del DA, que tiene la responsabilidad de fiscalizar las importaciones de pollo fresco y pollo congelado.

No obstante, Soltero indicó que la temporada de calor que experimenta Puerto Rico y Estados Unidos con la llegada del verano, podría funcionar como una defensa temporal contra la enfermedad porque “el calor inhabilita el virus”.

Agricultura no ofrece reacción

Hasta el momento el DA no ha ofrecido una reacción oficial sobre la detección de la enfermedad en Estados Unidos que se continúa propagando aceleradamente y que obligó al secretario de Agricultura Federal, Tom Vilsack, a destinar $400 millones para apoyar los esfuerzos de respuesta contra la expansión de la enfermedad tanto en las granjas comerciales estadounidenses como en la crianza de aves por parte de la ciudadanía.

La industria avícola local comprende la planta procesadora To-Ricos y cerca de 60 avicultores, quienes satisfacen el 10 % del consumo de carne de pollo.

Este medio solicitó una reacción a la planta procesadora To-Ricos y al cierre de esta edición la empresa no se había expresado.

De hecho, la única expresión oficial de una entidad gubernamental local sobre la gripe aviar la realizó el alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, quien exhortó a los consumidores de ese pueblo a comprar pollos y huevos del país y evitar los productos avícolas importados ante la posibilidad de pueden portar rastros del virus.

El agrónomo Héctor Ordóñez, del municipio de Ciales, sostuvo que como una medida de bioseguridad el alcalde Burgos Otero dijo a los consumidores que deben identificar la procedencia de los productos avícolas importados y evitar aquellos que procedan de los estados infectados con el virus.

Para obtener información oficial sobre los estados donde se ha registrado la presencia del virus, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen información fresca en la siguiente dirección de internet:  https: //español.cdcgov/fluavianflu/data-map-commercial.html.

Ordoñez advirtió que el último estado donde se registró la enfermedad fue en el estado de Arizona. Hasta el presente los estados  cercanos a Arizona, como California, Nevada y Nuevo México no han registrado presencia de la enfermedad.

La gripe aviar se originó en Asia y fue a través de las aves migratorias que llegó a los Estados Unidos. Aunque la gripe aviar no se transmite a los seres humanos, las cepas del virus pueden mutar rápidamente y existe la posibilidad de que afecte a los humanos.

 No obstante, los CDC han indicado que no creen que esta cepa se propague a los humanos. A pesar de ese dictamen, los trabajadores que participan en las operaciones para decomisar las aves infectadas y limpiar los ranchos afectados en los Estados Unidos se les suministra medicamentos antivirales como medida de precaución.

Gripe aviar alza los precios

Como resultado de la gripe aviar los precios de los productos avícolas provenientes de los Estados Unidos han sufrido un alza de hasta 25 % en el pollo y hasta de 21 % en el huevo.

Además, las importaciones procedentes de Centro y Suramérica han tenido un efecto contundente en el bolsillo del consumidor, porque el pollo y otras carnes han registrado un alza de hasta 50 % en su precio.

El 81 % de los alimentos que se consumen en la isla son importados en su gran mayoría de los Estados Unidos.

No obstante, el asesor de la industria de transportación marítima, Raymond Rudle, sostuvo que no están justificados los incrementos de precio registrados en el pollo y las carnes procedentes de Centro y Suramérica que realizan las compañías locales y las cadenas de supermercados. Rudle indicó que en Centro y Suramérica no se ha registrado la presencia de gripe aviar.

“Yo entiendo que no se justifican los precios que estamos viendo en el pollo y las carnes que vienen de Centro y Suramérica. Ha habido un aumento en los combustibles y en la transportación terrestre, eso yo lo sé. Pero el costo de los combustibles es una parte de la tarifa marítima, que tiene varios factores como seguros, seguridad y los costos de muelle. Me cuesta mucho creer que la causa para un alza tan desmesurada en el precio del pollo y la carne sea el aumento en los combustibles”, dijo Rudle, quien tiene más de 40 años de experiencia en la industria de transportación marítima.

Rudle dijo que las Comisión de Transportación Marítima Federal desreglamentó las tarifas de transportación marítima en las pasadas décadas, lo cual implica que no existe una fiscalización de las tarifas que cobran las compañías de transportación marítima.  No obstante, el asesor indicó que las compañías importadoras de alimentos locales y las cadenas de supermercados tienen contratos por varios años con las compañías de transportación marítima, que garantizan tarifas preferenciales para esas empresas.

Precios altos por abuso

“El costo de los combustibles se puede modificar en esos contratos. A mi me luce que el costo de los combustibles en parte es la razón para el alza, pero me parece también que el abuso tiene que ver con ese aumento y no hay nadie que fiscalice”, dijo Rudle.

Sostuvo que el “abuso” consiste en incrementar excesivamente los precios de los productos, aprovechando la tendencia inflacionaria en el precio del petróleo, con el objetivo de que se entienda que el aumento es consecuencia de la inflación. Agregó que en el citado “abuso” podrían participar tanto las empresas importadoras de alimentos locales, las cadenas de supermercados como las compañías de transporte marítimo.

“Yo he visto pollo de Chile, que es bien barato, a casi $38 el precio por una bolsa de 10 libras y churrasco de Centro América a $16.99 la libra. Pero de pronto hay “shoppers” que te venden churrasco a $6.99 y $8.99 la libra. Yo no entiendo cómo se justifican esos cambios tan drásticos de precio. Mientras tanto los productos importados de Europa no registran cambios de precio tan drásticos. ¡El vino europeo no ha subido nada! Y si fuera por el costo del combustible pues debía subir”, indicó Rudle.

El asesor marítimo dijo que la falta de fiscalización de parte del gobierno es tan inexistente que “yo he visto una estación que cambió el precio de la gasolina tres veces el mismo día. ¿Cómo se puede justificar eso? Eso pasa y nadie se queja y el gobierno no hace nada, pues no hay fiscalización”, concluyó Rudle.