San Juan (EFEUSA) – El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) de Puerto Rico, en la oposición, en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, presentó una resolución para que las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico investiguen la información recibida por el exgobernador Pedro Pierluisi, mientras ocupó la Secretaría de Estado y la Gobernación, lo que pudiera resultar en un conflicto ético en su trabajo como cabildero.
Asimismo, el representante solicitó que se investigue si personas privadas que asistieron a Pierluisi en su fallida gestión gubernamental tuvieron acceso y poseen documentos, informes, planes de trabajo, u otra información que le pudiese dar ventaja competitiva a personas del sector privado en su relación o futuras relaciones con el gobierno de Puerto Rico, indicó en un comunicado.
En la resolución se le pide a las Comisiones Legislativas auscultar sobre las determinaciones tomadas, instrucciones dadas durante dicho periodo de tiempo (del 1 al 7 de agosto de 2019), así como la forma en que Pierluisi utilice la información recibida para beneficio personal o de terceros, sino que potencialmente hubo personas que nunca estuvieron ocupando un cargo público y que tuvieron acceso a esa información.
«Es importante que el país conozca cada detalle de toda la información privilegiada que ahora Pierluisi puede utilizar en sus gestiones privadas como cabildero. La Cámara de Representantes tiene una responsabilidad de determinar si a esas personas que acompañaron a Pierluisi, pero que no se les nombró en alguna posición en el gobierno, les aplica las normas establecidas en la Ley de Ética Gubernamental o si hubo alguna violación de ley, al Pierluisi hacerle disponible esta información a personas que no fueron funcionarios públicos durante ese periodo de tiempo», precisó.
El representante explicó que la corrupción «tiene muchas formas y se plantea cada vez de manera más sofisticada».
«La información gubernamental es un elemento clave en las negociaciones que se hacen para determinar las formas y las entidades encargadas de dar los servicios que requiere y necesita nuestra gente», dijo.
En estos momentos «históricos, Puerto Rico batalla con la corrupción en el gobierno planteada con el uso de información para darle ventaja en la contratación competitiva de servicios públicos; batalla el uso de información en la negociación de la deuda pública con bonistas e inversionistas ante un tribunal de quiebras; y, batalla la pertinencia y uso de información en su relación con la junta de supervisión fiscal y las políticas públicas acordadas con dicha entidad, creada bajo la ley PROMESA», concluyó.
