Por Sandra D. Rodríguez Cotto
San Juan, (29 de abril de 2022) – La jefa de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés), Carmen Guerrero, hizo un llamado para que se detengan las construcciones ilegales de proyectos en todas las costas del país, particularmente en los pueblos de Rincón Aguadilla y Cabo Rojo, y advirtió que están investigando.
También dijo que hay una investigación “bien adelantada” de la EPA y de otras agencias federales como Fish and Wildlife y el Cuerpo de Ingenieros sobre lo que ocurre en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos en Salinas. Dijo que es una investigación en la que se han integrado varias agencias federales, pero dijo que no tenía información si esa integración incluye la participación de entidades como la Agencia Federal para el Control de Drogas (DEA) o el Negociado Federal de Investigaciones (FBI). En Salinas ha habido alegaciones de narcotráfico en la zona.
Guerrero conversó con este medio en el contexto de la controversia en Salinas y que sometió un memorial explicativo a la Comisión de Recursos Naturales, asuntos ambientales y reciclaje de la Cámara de Representantes que investiga lo que ocurrió en Jobos. Dicho memorial, de unas ocho páginas, detalla las gestiones que realizó para el manejo adecuado de la reserva mientras fue secretaria de Recursos Naturales bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, del 2013 al 2016. Dijo que todo lo que trabajó en cuanto a la Reserva fue en acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
“En todas las zonas costeras se están dando una cantidad significativa de proyectos de construcción. Hemos visto que muchos de estos proyectos se están haciendo sin los permisos que exigen las agencias federales como la EPA, y sin el visto bueno de agencias como Fish and Wildlife y el Cuerpo de Ingenieros”, dijo Guerrero.
“Muchos de estos proyectos que hemos visitado, particularmente en el área de Rincón, Aguadilla y Cabo Rojo se dan sin permiso y esto se replica a través de todo Puerto Rico”, agregó.
Instó la necesidad de una nueva Ley de Costas en Puerto Rico porque aquí impera una ley que data del 1800 cuando la isla todavía era posesión de España. Esa ley delimita y rige espacios como la zona marítimo terrestre.
“Hoy día, con los retos del cambio climático, cuando hablamos de justicia ambiental y justicia social, necesitamos volver a repensar cómo manejamos las costas. Lo que pasa en Jobos también es un ejemplo de lo que está pasando en muchas otras áreas en todo Puerto Rico”, sostuvo.
“La EPA toma acción y tomará acción. Si tenemos que emitir cese y desista de proyectos lo vamos a hacer como hicimos en la construcción de un hotel en Rincón”, dijo.
Rechazó que la EPA haya sido lenta en el crimen ambiental que sucede en Salinas. “Estamos investigando. Parte de la investigación correrá y se verá la evidencia”, aseguró.
Admitió que luego del huracán María y de la pandemia hubo aumento significativo en las actividades de relleno y de impacto en la zona de Salinas. Instó a que las autoridades locales revisen qué ocurrió con el Plan de Vigilancia y el Plan de Cumplimiento que se había establecido cuando fue secretaria del DRNA.
“Hay que atender por qué hubo una actividad tan intensa y significativa en ese período de tiempo tan corto de tiempo. En el caso de la EPA, este proceso está bajo investigación y no puedo dar detalles de las investigaciones que realizan las distintas agencias federales”, agregó.
Dijo que en los casos de en los que se rellenan humedales, como lo que se alega está ocurriendo ahora mismo en Luquillo por un proyecto hotelero o lo que pasa en Salinas, aplica la ley federal de Aguas Limpias, lo que se conoce en inglés como el “Clean Water Act”. La sección 304 de esa ley exige que toda actividad que va a tener algún tipo de impacto a los humedales, manglares, arrecifes de coral, praderas de yerbas marinas, tiene que contar con un permiso del Cuerpo de Ingenieros.
“Ese permiso tiene los comentarios de todas las agencias. Se trata de evitar los proyectos con impacto ambiental, pero si no se pueden evitar, hay que mitigar. Esos proyectos (en Salinas) no contaban con esos permisos”, indicó.
En el memorial explicativo que sometió ante la Cámara de Representantes, sostuvo que el daño ambiental en Salinas es conocido desde la década del 80 y que desde que dirigió el DRNA se comenzó a actuar para detener lo que ocurría en el Camino del Indio.
Sostuvo que el enfoque mientras fue secretaria del DRNA fue fortalecer la capacidad del equipo de manejo de la Reserva y del componente de apoyo de vigilancia y cumplimiento del DRNA; así como desarrollar y fortalecer las relaciones de trabajo con las agencias federales claves, como la NOAA, el Cuerpo de Ingenieros y otras entidades colaboradoras que pudieran proveer asistencia en el manejo de la Reserva.
“Fomentamos la apertura al diálogo, la integración y la participación de las comunidades aledañas a la Reserva, particularmente mediante la gestión colaborativa en el manejo de la Reserva”, agregó.
Dijo también que el plan de trabajo para la vigilancia en la zona marítimo terrestre incluía asegurar la atención a actividades ilegales de movimiento de terrenos, relleno de humedales e impactos a Reserva y la zona marítimo terrestre mediante un plan de trabajo de vigilancia y cumplimiento. Además, el completar un estudio de agrimensura, la subsiguiente monumentación de los límites de la Reserva y el análisis de titularidad para encaminar una estrategia legal-judicial en terrenos invadidos de la Reserva.
Entre las gestiones que propició siendo secretaria del DRNA mencionó el dar dirección en el manejo de la Reserva y en el Plan de vigilancia y cumplimiento; así como un plan de visitas con funcionarios federales al Camino del Indio en el Municipio de Salinas, y sostener reuniones para atender los reclamos de los residentes de la comunidad Las Mareas en el Municipio de Salinas. Fue en esas reuniones que se supo que descargaba camiones de noche y ahí comenzaron a atender las invasiones y construcciones ilegales, proceso que terminó con la radicación de multas a los que perpetraron estos crímenes ambientales.
“Estas multas de cientos de miles de dólares terminaron siendo negociadas y después de tanto tiempo, se transaron por el pago de $6,000 que se hizo hace dos semanas”, sostuvo.
