Por Carla Cristina
Especial para EyBoricua
San Juan (27 de mayo de 2021) – La compañía Quanta Services Inc. (matriz de Quanta Services Puerto Rico, una de las empresas que forman parte del consorcio LUMA Energy) mantiene una controversia legal con el gobierno de Perú por incumplimiento de contrato, lo que pudiera servir para alertar al gobierno local.
Las diferencias entre el Estado peruano y la multinacional tienen su raíz en un contrato parecido al que otorgó el gobierno de Puerto Rico a LUMA para el funcionamiento de la transmisión y distribución del sistema eléctrico del país.
ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
Quanta Services Netherlands, subsidiaria de Quanta Services, Inc., ha presentado varias demandas de arbitraje contra el gobierno de Perú debido a controversias por un contrato de proyectos de redes de telecomunicaciones en tres regiones rurales del país suramericano.
Los conflictos entre la empresa y el gobierno peruano se remontan a diciembre de 2015, cuando a Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L. (Redes Andinas) -la empresa local de Quanta en Perú creada para realizar los proyectos de telecomunicaciones- le fueron otorgados dos contratos para diseñar, construir y operar el internet e intranet de banda ancha en los pueblos de Piura y Cajamarca. Por ambos contratos, Redes Andinas recibió una suma total de $248 millones.
A través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y la agencia adscrita a este, Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversion), el gobierno de Perú adjudicó a Redes Andinas dos proyectos en activos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), que ahora es el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).
Los proyectos en activos son mecanismos de promoción de la inversión privada en activos de titularidad del Estado y a través de los cuales los inversionistas privados pueden desarrollar proyectos sobre activos de titularidad estatal por su cuenta y riesgo, sin comprometer de ninguna manera y en ningún momento, de acuerdo al marco legal vigente y aplicable y salvo excepción legal expresa, recursos públicos ni trasladar riesgos a la entidad pública correspondiente.
Esta modalidad se aplica sobre activos presentes o futuros, de los que se puede disponer mediante transferencia total o parcial, que incluye la permuta, o mediante un contrato de cesión de uso, arrendamiento, usufructo u otras modalidades permitidas por ley.
Esto, a diferencia de una alianza (o asociación, en Perú) público privada, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos, preferentemente del sector privado, para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios.
Esta modalidad se implementa mediante contratos de largo plazo, en los que la titularidad de las inversiones desarrolladas puede mantenerse, revertirse o ser transferidas al Estado, mediante concesión, operación y mantenimiento, gestión u otras modalidades permitidas por ley.
TRAYECTORIA DE LA CONTROVERSIA
Según un informe preparado en septiembre de 2020 por el MTC sobre el Registro en Fase de Ejecución del Proyecto de Inversión “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Cajamarca”, que resume la trayectoria del contrato entre la pública Pronatel y la privada Redes Andinas, en septiembre de 2019, la compañía todavía no había inscrito en registros públicos la totalidad de los nodos (los puntos de conexión o unión de los alambres que conducen la energía) necesarios para comenzar el proyecto en el área rural del pueblo de Cajamarca.
El informe añade que Redes Andinas tampoco tenía los contratos de compartición de infraestructura con empresas eléctricas ni los permisos de uso de derecho de vía de la red vial existente, sobre los cuales se debían instalar postes, ambos para el despliegue de la fibra óptica.
En consecuencia, explica el informe, no se lograría la conectividad de ningún nodo de la Red de Transporte que requería el proyecto, lo que a su vez suponía que, casi cuatro años después de otorgados los contratos, el pueblo de Cajamarca no tenía posesión sobre una red de telecomunicaciones.
Ello resultó en que, según el informe, la Red de Transporte no pudiera comenzar a operar según las proyecciones, puesto que no cumplía con los requerimientos del Estado para entregarlos en concesión a un nuevo operador.
El informe indica, además, que en marzo de 2020, la Dirección de Supervisión de Proyectos notificó el estado situacional y económico del proyecto y ratificó que no era posible realizar la recepción de la Red de Transporte.
La situación provocó que no se pudiera suscribir el Acta de Adjudicación de Bienes de la Red de Transporte con Redes Andinas ya que a la fecha los bienes de esa red no se encontrarían correctamente saneados.
El informe explica que la empresa llevó la situación a tal extremo que las penalidades estaban a punto de sobrepasar la fianza, por lo que el Estado peruano se vio obligado a ejecutarla.
Ante ese escenario, finalmente Pronatel rescindió los contratos y ejerció las fianzas de cumplimiento y de pago anticipado contra la subsidiaria de Quanta e indicó su intención de reclamar daños.
LA VERSIÓN DE QUANTA
Según se desprende de las alegaciones que hace Quanta en su Informe Anual de 2019, presentado en 2020 y que recibió un cuestionamiento de parte de la División de Finanzas Corporativas de la Comisión de Bolsa y Valores mediante carta de fecha 5 de mayo de 2020, “los proyectos de telecomunicaciones que la compañía debía completar enfrentaron diversos retrasos relacionados con problemas que Quanta creía estaban fuera del control de su subsidiaria Redes Andinas y que no le eran atribuibles”.
Más allá, Quanta alega que los retrasos se dieron por “condiciones relacionadas con el clima, la oposición del pueblo a los proyectos, la burocracia requerida por el Gobierno para la obtención de los permisos, la imposibilidad de adquirir un título sobre ciertos terrenos y otras razones que la compañía atribuye a Pronatel”.
Como consecuencia de los retrasos, el informe explica, Redes Andinas solicitó varias prórrogas de algunos plazos del contrato, y estas fueron concedidas por Pronatel junto con un alivio por daños y perjuicios relacionados.
Sin embargo, los retrasos continuaron y en abril de 2019 Pronatel inquirió a Redes Andinas alegando que esta última incumplió los contratos, y le notificó que rescindiría de ellos si la compañía no subsanaba los incumplimientos.
DEMANDAS ANTE EL CCI Y EL CIADI
Así las cosas, en mayo de 2019, Redes Andinas presentó una demanda de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) contra Pronatel y el MTC .
En la demanda, Redes Andinas alegó que Pronatel rescindió de los contratos de manera indebida, ejecutó las Fianzas de Anticipo y las Fianzas de Cumplimiento en su totalidad de manera indebida, y no tenía derecho al supuesto monto de la indemnización por daños y perjuicios.
Inconforme con el devenir de la controversia, en mayo de 2020 la filial holandesa de Quanta entregó al gobierno peruano una notificación oficial de disputa derivada de la terminación de los contratos y actos relacionados que atribuye en su totalidad a Pronatel bajo el Acuerdo de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República de Perú (Tratado de Inversión), que, según la empresa, protege la participación indirecta de la filial de Quanta en Redes Andinas y en el proyecto, y establece derechos y recursos distintos al arbitraje de la CCI.
Según su Informe Anual de 2020, presentado en 2021 y en el que Quanta actualiza el estatus de las controversias entre su subsidiaria Redes Andinas y la entidad pública peruana Pronatel, en diciembre de 2020, la empresa presentó una solicitud para iniciar un procedimiento de arbitraje contra Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), quien registró la solicitud en enero de 2021.
Según la empresa, el Estado de Perú había incumplido con el Tratado de Inversión, por lo que la filial holandesa de Quanta reclama, sin limitación, que Perú: (i) trató la inversión de la filial en Redes Andinas y el proyecto de manera injusta e inequitativa; y (ii) expropió efectivamente la inversión de la filial en Redes Andinas y el proyecto.
Además, la subsidiaria holandesa de Quanta busca una compensación total por todos los daños y perjuicios supuestamente derivados de las acciones que atribuye al gobierno de Perú, incluyendo pero no limitado a (i) el valor justo de mercado de la inversión y/o el lucro cesante; (ii) los honorarios de los abogados y los costos de arbitraje; (iii) otros costos y daños relacionados y (iv) los intereses previos y posteriores a la adjudicación.
ESTATUS DE LAS CONTROVERSIAS
Según dio a conocer la prensa peruana, recientemente se constituyó el tribunal arbitral para el arbitraje que interpuso Quanta contra el Estado Peruano en enero de 2021 ante el Ciadi.
Específicamente, la revista de arbitraje de la comunidad iberoamericana ciarglobal.com, informa que el arbitraje está en manos de un tribunal compuesto por el árbitro presidente, el estadounidense Jean Engelmayer Kalici; la venezolana Elisabeth Aljuri, designada por Quanta; y la argentina Mónica Prieto, designada por el Estado de Perú.
SIMILITUDES Y CONTRASTES CON LUMA, LA AEE Y PUERTO RICO
El caso de Redes Andinas en Perú puede muy bien compararse con el caso de LUMA Energy en Puerto Rico, y revelar diferencias y similitudes que levantan bandera roja sobre el controvertible contrato, que deberá entrar en vigor el próximo 1 de junio.
Redes Andinas de Comunicaciones S.R.L. es un consorcio conformado por Winner Systems y Servicios de Infraestructura del Perú S.A.C., filial de Quanta-USA en Perú, creado para realizar labores de arquitectura e ingeniería en el país.
De la misma forma, LUMA Energy, según su portal web, es un consorcio conformado por las empresas Quanta Services, ATCO Ltd. e Innovative Emergency Management, Inc. “especialmente diseñado para proporcionar a las personas y comunidades de Puerto Rico una red eléctrica resistente, confiable y sostenible, al tiempo que ofrecerá un excelente servicio al cliente”.
El contrato de 10 años que Proinversion otorgó entre Redes Andinas y Pronatel es un proyecto en activos, lo que supone que el gobierno peruano pagó un total de $248.1 millones ($149.6 millones por el proyecto de Cajamarca y $98.5 millones por el de Piura) a la empresa para que desarrollara los proyectos con la red de telecomunicaciones del Estado de Perú.
En el caso de Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas otorgó a LUMA un contrato para la operación y mantenimiento (administración) de la Autoridad de Energía Eléctrica y la transmisión y distribución, mas no la generación energética, del sistema eléctrico del país.
A diferencia de un proyecto en activos, en el que el gobierno paga la totalidad del contrato al comienzo de este, en el caso de la AEE y LUMA, el gobierno de Puerto Rico deberá pagar a LUMA una tarifa fija y una tasa de incentivo. La tarifa fija deberá ser pagada en 12 cuotas iguales y, según un informe del Institute for Energy Economics and Financial Analysis publicado en octubre de 2020, se espera que oscile entre $70 millones y $105 millones anuales, posiblemente aumentando hasta $115 millones.
Sobre los permisos y los requerimientos del contrato, la prensa peruana reportó que gran cantidad de las penalidades impuestas a Redes Andinas “versan en incumplimientos sobre aspectos de infraestructura como construcción de nodos, instalación de equipamiento, entre otros. Asimismo, en asuntos administrativos como las actividades de difusión y sensibilización, obtención de permisos, suscripción de contratos con empresas eléctricas y más”.
Al momento de la publicación de esa nota periodística, las penalidades por incumplimiento de Redes Andinas ascendían a poco menos de $41 millones, en un contrato de $248 millones. Es decir, la empresa tenía penalidades que igualaban casi el 17% de la totalidad del contrato.
Aquí, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), el ente regulador que revisa y aprueba operaciones y finanzas y establece las tarifas y el Plan Integrado de Recursos de la isla, ha informado que a LUMA le faltan todas las aprobaciones que el contrato exige.
Específicamente, el NEPR no ha aprobado el presupuesto inicial de la empresa, su plan de remediación del sistema, los principios para la operación del sistema ni las métricas de rendimiento.
El Negociado tampoco ha decidido si acepta la solicitud que hizo LUMA de incluir una cláusula de exoneración de responsabilidad de la empresa.
HABLA UNA FUENTE DE PERÚ
EyBoricua.com tuvo acceso a una fuente (a quien llamaremos Ernesto, para proteger su identidad) en Perú que conversó sobre los contratos adjudicados a Redes Andinas y las controversias entre la empresa y el Estado peruano, y ofreció varios consejos a los funcionarios de Puerto Rico.
Ernesto contó que los proyectos de la red de telecomunicaciones de Perú fueron otorgados a Redes Andinas y otras dos compañías, Telefónica del Perú S.A.A (Telefónica) y Gilat Satellites Networks Ltd. (Gilat).
“Ese era el primer grupo de empresas a las que el Estado le financió la generación de infraestructura necesaria para llevar a cabo los proyectos y el mantenimiento por 10 años. El concurso (la licitación y adjudicación) se hizo con transparencia”, dijo.
Sin embargo, continuó Ernesto, “había habido una mala gestión de las empresas y del Estado. Del Estado, respecto de la obligación que tenía de supervisar de forma continua y permanente la adecuada ejecución de los proyectos; y de las empresas privadas porque al principio realmente hicieron lo que se les dio la gana”.
A PUNTO DE PERDER
Ernesto continuó explicando qué hizo Pronatel con las empresas que tenían a su cargo los proyectos en las regiones rurales de Perú para evitar que estos se vinieran abajo.
“Hubo conversaciones con Gilat e inmediatamente hicieron los cambios de personal adecuados, empezaron a trabajar y la empresa pudo remontar todas las observaciones. Tan es así, que ahorita hay tres proyectos activados con Gilat”, informó.
Sobre la otra empresa que fue contratada para realizar los mismos trabajos de telecomunicaciones que Redes Andinas y Gilat, Ernesto comentó: “Telefónica también. Telefónica, después de mucho trabajar, lo levantó (su proyecto)”.
Cuando preguntamos qué pasó con Redes Andinas y por qué no logró lo que las otras dos sí, Ernesto dijo que “lo que hizo Quanta (matriz de Redes Andinas) fue contratar empresas locales, dejó a dos o tres norteamericanos y se largó con la plata (el dinero). No supervisó, no gestionó, no se involucró en sus obligaciones”.
INCUMPLIMIENTO DE QUANTA Y CONCESIONES DE PERÚ
Contrario a lo que expuso Quanta en su Informe Anual de 2019, que indica que “los proyectos de telecomunicaciones que la compañía debía completar enfrentaron diversos retrasos atribuibles a Pronatel”, Ernesto comentó que “llegó un momento en el cual el incumplimiento era insalvable. O sea, (Quanta) no había cumplido con las obligaciones que tuvieron con el Estado peruano”.
Añadió que, a pesar de haberle dado muchísimas prórrogas antes, el gobierno peruano quiso negociar una enmienda al contrato para otorgar más tiempo a Quanta para que cumpliera sus obligaciones.
“La intención era otorgarle más plazo pero llevar algunos asuntos a arbitraje porque el Estado peruano no podía dejar de penalizar y sancionar lo que a todas luces estaba mal”, explicó Ernesto.
Dijo que Quanta respondió alegando que el gobierno de Perú no le había respondido algunas cartas y que no le había hecho caso en algunos asuntos, “con lo cual el Estado le ripostó que esas alegaciones no eran suficientes para justificar el retraso ni los incumplimientos”.
En consecuencia, las partes acordaron un proyecto de adenda mediante el cual se estableció que existía una controversia y acudirían a un tercero para que la resolviera mientras continuaban adelante con los proyectos “porque eso era lo que estaba pactado en el contrato”, dijo Ernesto.
“La parte local (de Quanta) estuvo de acuerdo, pero de la noche a la mañana pusieron en la mesa de negociación a otra persona que dijo que no estaba de acuerdo y que no aceptaría penalidades por absolutamente nada”, recordó.
“O sea, el gobierno peruano le dio la salida para continuar con el proyecto porque al Estado peruano le interesa llevar internet a la gente, pero Quanta dijo que no le interesaba. El gobierno le preguntó por el tiempo que habían estado trabajando en conjunto y Quanta dijo que tampoco le interesaba. (Quanta) se levantó de la mesa y se fue”, narró Ernesto, refiriéndose a que la empresa privada abandonó la negociación.
REMEDIA PERÚ
Para remediar la situación, el entonces director de Pronatel y encargado de los proyectos, Ing. Raúl García, aseguró que de ninguna manera aceptaría lo que Quanta estaba haciendo y que resolvería el asunto.
Para ello, el equipo técnico de Pronatel intentó ingresar para supervisar las instalaciones y asegurarse de que estuvieran listas, pero Quanta no le permitió la entrada, lo que el grupo de funcionarios calificó como inaceptable. en consecuencia, el organismo público rescindió el contrato con Redes Andinas.
Al poco tiempo de la rescisión del contrato, contó Ernesto, “llegaron representantes de Quanta International y reconocieron que habían constituido Quanta Perú y que no habían hecho el seguimiento”.
“Querían llegar a un acuerdo y exigieron que les levantaran las penalidades”, dijo.
Ernesto mencionó que tras la reunión entre el Estado peruano y Quanta International, la empresa comenzó a enviar cartas muy a menudo, “demasiadas para el curso ordinario de los negocios”.
Al cabo de poco tiempo, el proceso de arbitraje comenzó ante el Ciadi, que recientemente constituyó el tribunal arbitral que deberá resolver las controversias.
OBSERVACIONES SOBRE LA CONTROVERSIA
Ernesto asegura que “si Quanta hubiera cumplido en tiempo y en forma como corresponde, ahorita estos colegios, estos centros de salud y estas comisarías tendrían internet, cosa que no tienen porque, según Quanta, el Estado incumplió”.
“Pero ¿cómo ha habido otras empresas que con el mismo contrato han cumplido perfectamente? Acaban de inaugurar Lima, una preciosa red, extraordinaria red, con wifi gratuito en las plazas. ¿Cómo es posible que Quanta, teniendo el mismo sistema que las otras empresas, diga que la culpa es de cualquiera menos de ellos”, cuestionó.
“Quanta ha demostrado una actitud con incentivos perversos”, expresó Ernesto. “Se dieron cuenta de la debilidad que tuvo el Estado peruano en la primera etapa, que no había un equipo técnico sólido que supervisara, que la empresa pedía plazos y se le daba, que pedía cambios y se le daba”.
“Hubo mucha permisividad del Estado peruano y, cuando le cayó la noche a Quanta, casi se muere”, reflexionó Ernesto.
PÉRDIDA INCALCULABLE
Cuando le preguntamos a Ernesto cuánto perdió el Estado peruano tras esta controversia con Quanta, respondió que “es incalculable. Porque estamos hablando de dos regiones que no tuvieron internet, de niños que no han tenido un colegio vía virtual porque estos proyectos no funcionan porque tuvimos que rescindir los contratos por incumplimiento craso de una empresa privada”.
“Estamos hablando de la educación, la salud y la seguridad, que es lo que debe garantizar el Estado a su gente”, mencionó Ernesto sobre las áreas que más se vieron afectadas tras el incumplimiento de Quanta.
CONSEJO A PUERTO RICO
Ernesto comentó que Quanta recurrió a la estrategia del “miente, miente, que algo queda” y “empapeló (culpó y demandó) a medio mundo”.
“Tienes que advertirles a los funcionarios amigos de Puerto Rico que no deben dejar sin armas al gobierno ni al pueblo porque, si no, van a repetir el mismo error de Perú”, aconsejó.
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