Cinco consideraciones importantes ante la violencia de Estado
Por Aharhel Emilio Alicea Holandez
Casos de violencia policial como el uso de taser contra Aneysha Crespo de 31 años, el pasado viernes 21 de marzo en San Juan, suelen ocurrir prácticamente todas las semanas, sólo que este tomó el ojo mediático gracias al poder de la documentación ciudadana.
Recientemente publicamos un informe en el que denunciamos que, según los datos de uso de fuerza de la propia Policía de PR, sus oficiales utilizan el taser en el 61% de las intervenciones en crisis. Es decir, que la Policía “apoya” a las personas que atraviesan crisis emocionales provocándoles dolor extremo y poniéndolas en mayor riesgo.
Quisiera señalar cinco puntos que me parecen relevantes para entender este caso como parte de un patrón amplio, y que he aprendido en mi proceso de documentar, investigar y denunciar la violencia policial en Puerto Rico con Kilómetro Cero, un proceso que comencé hace cinco año, cuando el Estado arrestaba a personas solo por salir de sus casas en la pandemia:
- La violencia policial es un asunto ESTRUCTURAL y sistémico, no individual; se trata de PATRONES de violencia, no de casos aislados. O sea, mientras siempre reclamamos que los individuos, en este caso el agente Pérez (placa 38269), deben rendir cuentas por sus acciones, él no es el cuco. Su abuso de fuerza fue a nombre del Negociado de la Policía de Puerto Rico, y el Negociado es una agencia pública del gobierno de Puerto Rico. Si solo señalamos a Pérez, perdemos de vista que sus acciones son parte de esa estructura que crea, permite, reproduce y motiva la violencia de Estado. Si ignoramos el patrón, el Estado evadirá su responsabilidad en estos casos que ocurren de forma cotidiana y veremos otro video igual de aquí a un tiempo (dale break). Entonces señalemos ahí, a responsabilizar al Estado, donde está el poder.
- El taser es un arma de tortura y dolor extremo que ha ocasionado muertes en intervenciones policiales en Puerto Rico. Como todas las herramientas que tiene un policía (que también son para causar dolor) hay protocolos para usarlas, pero ojo, los protocolos no han sido suficientes para detener estos abusos. En la teoría, el uso del taser está prohibido contra una persona que meramente no sigue las instrucciones de un oficial, y no se justifican múltiples descargas contra una persona si no representa una amenaza para el policía o terceros. Tres aplicaciones de este dispositivo eléctrico pueden tener graves implicaciones de salud. Pero en la práctica los policías usan la fuerza como les da la gana, y como son policías y no ciudadanos comunes, el Estado los protege y permite que sigan patrullando con todas sus armas. En la práctica, acabamos de ver a un policía usar una descarga eléctrica contra una mujer armada con un papelito, y una segunda descarga por la espalda, mientras estaba esposada bajo custodia de al menos cinco policías. ¿En qué peligro inminente estaba el policía para justificar el uso de un arma? ¿No está supuestamente adiestrado a manejar esas situaciones sin recurrir a la fuerza? Nuevamente, debemos entender que estos son casos comunes, no aislados. Entonces reclamemos ahí, a reducir las herramientas que tiene la Policía para ocasionar daño y sufrimiento.
- El Negociado de la Policía es la máxima representación del machismo y del racismo estructural. Investigaciones en años recientes señalan el problema de violencia de género dentro de la Policía de Puerto Rico, así como el riesgo de fuerza policial letal que sufren las comunidades y barrios con mayor concentración de personas negras y racializadas. Las imágenes de un policía blanco violentando a una mujer negra, desarmada y esposada, deben generar el rechazo masivo, urgente e inmediato contra la Policía, y deben contextualizarse con los patrones que están ampliamente documentados en Puerto Rico y en el mundo, y ampliamente ignorados por el Estado. Entonces protestemos ahí, porque el racismo y el machismo del Estado crea las condiciones para validar más violencia.
- Siempre debemos escuchar a las víctimas y dudar de la versión que da la Policía. Quienes desconfiamos del gobierno, también tenemos razón de sobra para desconfiar de la Policía, que siempre se justificará y evitará responsabilizarse por su abuso de poder y vigilancia. Aceptar la versión de la Policía sin cuestionamientos como única y verdadera es incurrir en ‘Copaganda’, o propaganda policial. Creerle o no a la Policía puede ser una situación de vida o muerte. En Kilómetro Cero hemos documentado ampliamente intervenciones en las que la Policía le miente abierta y desfachatadamente al País. Un ejemplo de esto fue el caso de Jobán Luis Rivera Mendoza, de 21 años. La Policía alegó que el joven estaba armado y que le disparó a dos policías, pero la evidencia audiovisual demuestra que Jobán no tenía armas y que los dos policías le dispararon en diez ocasiones, provocando su muerte el 23 de julio de 2023. Otro ejemplo es el caso de Gabriel Fernández Agosto, de 32 años. La Policía alegó que secuestró a su madre en su hogar, pero su propia mamá lo desmiente e informa que en una crisis de salud mental varios policías intervinieron y agredieron brutalmente a Gabriel, quien desde agosto de 2024 permanece en la cárcel. Las historias sobre las experiencias de personas en intervenciones policiales son poderosas y revelan patrones de violencia más allá de los datos. Entonces dudemos ahí, de las versiones oficiales desde el poder, las que callan a las personas víctimas de violencia policial.
- La Policía no previene la violencia, sino que la reproduce. El Estado le adjudica a la Policía múltiples roles para los que no está preparada, desde intervenir a personas en crisis, manejar casos de violencia de género y doméstica, hasta presentarse en manifestaciones pacíficas. En los ejemplos anteriores, la intervención policial pone en riesgo, revictimiza y criminaliza a la ciudadanía. Cuando grupos ciudadanos señalan los fracasos de la Policía, el Estado alega que todo está bien e ignora los reclamos. Tras diez años de una reforma fracasada, y décadas de violencia policial, se hace evidente que reformar a la Policía no es posible. La agencia de la Policía no nos protege, sino que sirve como herramienta para intereses económicos privados y político-partidistas. Antes esto es necesario reclamar la reducción de roles que la Policía asume, y afirmar contundentemente: que no sea la Policía. Entonces transformemos ahí, urge imaginar y construir alternativas comunitarias a la respuesta policial, para así brindar otra noción de seguridad, una que se enfoque en la comunidad y sus necesidades, y que rechace el castigo y la represión.
El autor es documentalista en Kilómetro 0.
