A los manifestantes que buscan detener la rápida destrucción del ambiente literalmente les caen arriba, los golpean y arrestan, pero si son mujeres, ponen a policías grandotes y fortachones que parecen fisiculturistas, a darles puños en la cara hasta que les dejan los cachetes rojos. Eso nadie me lo contó. Yo lo ví y le tomé vídeos que transmití en mis redes sociales desde La Parguera hace unas semanas.
Pero entonces, los jueces se ponen de acuerdo con el sistema para radicales cargos no a los policías maltratantes y abusadores, sino a los manifestantes a los que hace unos días les impusieron fianzas astronómicas de casi medio millón de dólares.
A la fiscal Betzaida Quiñones ahora le quieren caer arriba porque fue quien denunció cómo el binomio de la exjefa de fiscales Olga Castellón, y la exsecretaria de Justicia Wanda Vázquez, paralizaron las investigaciones de los asesinatos de Kevin Fret y el de Carlos Cotto. Pero eso tampoco es nuevo.
Fue Castellón y Vázquez a quienes denuncié en reportajes en el verano del 2019, cuando publiqué el tercer chat, ese en el claramente se veía como Vázquez se negó a investigar el desvío de fondos recolectados por Unidos por Puerto Rico para no perjudicar a la exprimera dama Beatriz Rosselló. Castellón y Vázquez también permitieron que el exgobernante Ricky Rosselló borrara la evidencia que lo vinculaba a otro chat, el de Telegram, cuando ambas le dejaron borrar su celular.
Eso también lo revelamos en exclusiva en el Verano 2019 y la historia está ahí. Pero ahora muchos atacan a quien habló, la fiscal Quiñones.
Y esta misma semana a las mujeres que protestan porque en Vieques están desplazado a los viequenses, la misma policía las golpea y después las arrestan.
Al liderato de la Alianza de las Mujeres Viequenses los policías las agarraron por el cuello, las golpearon y patearon por atreverse a protestar y exigir una moratoria en la venta de propiedades. Acá en la isla grande, casi nadie se dignó a denunciar estos ataques misóginos y atroces. Miraron para el lado.
Mientras esos tres ejemplos pasan, a los que roban, mienten, delinquen y engañan al pueblo, los tratan de “honorables”. Los consideran gente “de ley orden” para los que se exige un respeto popular que se parece más a ponerse en cuatro y arrodillarse a besarle los pies.
Así de ridículo e inverosímil es a veces Puerto Rico. Vivimos en el país de la doble vara, aunque ni siquiera país seamos en realidad. Somos una nación culturalmente hablando, de eso no hay duda, pero a nivel político, Puerto Rico es una colonia maquillada y disfrazada con nombres de “pacto bilateral”, “lo mejor de los dos mundos” o el viejo “ELA” de 71 años, pero que, en esencia, somos casi lo mismo que cuando entraron las tropas americanas a invadir en el 1898.
La doble vara con la que respira Puerto Rico la vimos todos ante nuestros ojos en estos días cuando se piensa que el primo del gobernador Pierluisi y asesor de su Super Comité de Acción Política, Walter Pierluisi, lo encontraron culpable los federales por robarle dinero. No cualquier dinero.
Walter Pierluisi robó millones que iban destinados a atender a la gente pobre que vive en los caseríos. Pero ni corto ni perezoso, levantó las manos, y sus abogados – entre éstos Osvaldo Carlo y Eduardo Ferrer – consiguieron una cárcel tipo “country club” como mismo dijo Carlo a la prensa semanas antes. O sea, quien tiene padrino, se bautiza.
Fue Pierluisi quién invocó todo tipo de movidas para insultar a los manifestantes que se oponían a la destrucción que él promovía allí donde es propietario de un apartamento en el edificio Sol y Playa en Rincón. Al final, hasta el propio Tribunal Supremo determinó lo que los manifestantes estaban diciendo la verdad desde el principio, y quien violó y destruyó la zona marítimo terrestre fue Pierluisi y los residentes del Rincón.
Esa fianza de $25,000 que le impusieron al primo Pierluisi es como “petty cash” para un millonario de su estirpe. Sin embargo, a la gente que protestó en La Parguera frente a la casa de los suegros de Jennifer González, una jueza de Mayagüez que busca otros asensos judiciales – les impuso casi medio millón de dólares de fianza. La jueza María del Pilar Vázquez ha tenido narcotraficantes en su sala a los que sólo les impone fianzas de $10,000, pero a las mujeres que cogieron puños de policías en la cara y a los demás manifestantes, el total en fianzas es de casi medio millón.
País de ley y orden dicen que somos. ¿Ley y orden para quién?, me pregunto. Más bien, somos el pueblo de la impunidad.
Vivimos en un país de la doble vara. Esta colonia caribeña no es cáscara de coco, y quien piense que la persecusión terminó antes del ELA y con los nacionalistas ellos años 30, 40 y 50, se equivoca malamente.
Sigue viva y coleando, sólo que ahora, en esta década de los 20 en el siglo 21, se oculta entre titulares de noticias como el horrendo caso de Félix Verdejo, los fastidiosos apagones de Luma Energy o las peleas cibernéticas de los religiosos que defienden la película que denuncia la trata de niños “Sound of Freedom” y el “freedom” de vestirse de rosa y creerse una Barbie. “Come on Barbie, let’s go party”.
Así de ridículo suena y está todo esto.
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
