Mientras esta semana el enfoque en la discusión pública fueron las acusaciones de que el Departamento de Justicia arrastra los pies y no investiga los asesinatos, hay un cáncer que amenaza las vidas al menos 1.5 millones de puertorriqueños, los pobres del país. Se trata de negocio en la salud y la negociación a oscuras que realiza la Administración de Seguros de Salud (ASES) para otorgar los contratos del Plan Vital. Hay secreteo y prisa.
Entre los más afectados, que sí corrían el peligro de perder los tratamientos que los mantienen con vida, estaban los cerca de 20,000 pacientes de HIV. Ellos llevaban semanas denunciando cómo la directora de ASES, Edna Marín, intentaba sacar el programa HIV del Departamento de Salud y así poder administrar millones en fondos federales que operan separados al Plan Vital. Son los fondos federales Ryan White para pacientes HIV.
Nunca se ha querido explicar el porqué de esa movida, ya que impera el silencio y la falta de transparencia de Marín. Lo que se decía era que ASES quiere agenciarse los “rebates” o los millones que se devuelven en compra de medicamentos que genera HIV a través de empresas como Abarca, de la familia Borshow. Oculto en este proceso está el intento de volver a traer a las cadenas de farmacias Walgreens y CVS a dispensar medicamentos de Vital, hecho al que se oponen en la Legislatura y, como es de esperarse, las farmacias de la comunidad.
CRISIS EN ASES
Toda esta discusión hizo crisis el miércoles, cuando tuve la oportunidad de entrevistar a una de las portavoces de los pacientes de VIH, Ivette González del grupo APPIA. Con voz entrecortada por el llanto y el miedo a perder su vida, nos narró en nuestro programa de radio que se repetía la historia.
En el 2006 ASES le quitó los fondos a VIH, empezó a controlar los medicamentos que son bien caros, y hubo crisis. Murieron personas, incluyendo niños, y los pacientes no recibieron su tratamiento. La entrevista con González caló tan duro que provocó la respuesta inmediata del presidente de la Junta de ASES y secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, quien dijo el mismo miércoles en la tarde que ASES no cogería ese dinero. Lo detuvo todo.
Pero queda oculto ante el país el objetivo de ASES que negocia de espaldas al pueblo el nuevo contrato para administrar la reforma. La meta era “planchar” ese contrato entre el 2 o 3 de diciembre, para que el gobernador pueda anunciarlo en rueda de prensa. Así que, raudos y veloces, en estos días las aseguradoras repartieron sus contratos con médicos, laboratorios, centros de radiología, hospitales, Ipas y centros 330 para firmar, a pesar de las dudas y de ser una semana corta, con poco tiempo para estudiar los acuerdos.
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Dr. Carlos Díaz Vélez, despotricó contra el proceso y exigió al Comisionado de Seguros, Alexander Adams, quien es miembro de la Junta de ASES, que haga algo contra el traqueteo de las aseguradoras y la dirección de ASES.
Mientras eso sucede, corroboramos que hay varias pesquisas federales. La Oficina del Inspector General de Salud federal advierte de fallas de seguridad cibernética en sistemas del programa Medicaid de la isla. CMS no va a aprobar fondos a menos que implementen las medidas de control de las aseguradoras y acaben con la corrupción, según varias fuentes. Recuerden que en ASES hay problemas porque su exdirectora Angie Ávila y su asesor Alberto Velázquez Piñol fueron acusados a nivel federal. Ese caso todavía no se ha movido.
Lo que nos trae al Departamento de Justicia. ¿Dónde están todas las investigaciones de fraude que el Medicaid Fraud Control Unit (MFCU) tiene pendientes? ¿Por qué no han radicado los casos? ¿Los tiene engavetados el secretario Domingo Emanuelli?
De ser eso cierto, entonces, una tiene que concluir que son ciertas las acusaciones que hizo la exfiscal Janet Parra de que en Justicia no investigan los casos. Parra se refería a los asesinatos, no a la corrupción en Salud, pero es lo mismo. Se trata de los graves problemas que hay en Justicia.
CRISIS EN JUSTICIA
Hay que recordar que las críticas a Justicia venían desde hace como dos semanas, cuando la fiscal Betzaida Quiñones aseguró que fue presionada por la entonces secretaria y luego exgobernadora Wanda Vázquez, y por la entonces jefa de fiscales Olga Castellón para que detuviera la investigación del asesinato del cantante Kevin Fret. En dicho caso la familia de la víctima sostiene que el regguetonero Ozuna estuvo implicado.
Esa bomba provocó el caos de esta semana. Parra usó sus redes sociales para criticar la lentitud y paralización de las investigaciones. Contra ella despotricó medio gobierno, incluyendo el gobernador Pedro Pierluisi que dijo “basta ya”, y el secretario Emanuelli, quien dijo que Parra hizo eso en venganza porque no la nombró fiscal de distrito. Los buches de sangre de Emanuelli y de Parra, y los comentarios de Pierluisi, (quien no podemos olvidar que también fue secretario de Justicia en un momento y no investigó muchos casos), ocultan la verdadera tragedia humana.
Esa tragedia que vive Puerto Rico es que las víctimas de crimen no tienen consuelo al ver la impunidad que nos ahoga. Es un hecho que Justicia no investiga a tiempo. También es un hecho que protegen a los ricos, poderosos y los que estén en el poder. También es un hecho que los pobres no tienen el mismo trato porque a los ricos y políticos, les dan todo. Sin embargo, también hay dos cosas importantes que en esta discusión no se han analizado a lo largo de esta semana.
La primera: que los fiscales y demás personal de Justicia sufren. Sí, así es. No tienen ni les dan los recursos que necesitan. Hay muchos fiscales honestos y comprometidos que enfrentan una mafia institucional que rebasa linderos políticos. Esa verdad no se puede ocultar.
Las vidas de esos fiscales están en riesgo, como desgraciadamente pasó en el 2016 con la fiscal Francelis Ortiz. A ella la mataron supuestamente cuando entraba a su casa en Río Grande, pero el país no puede olvidar que esa fiscal se enfrentó con valentía y litigó contra el crimen organizado. Llevó numerosos casos de alto perfil público como el desmantelamiento del operativo “Uniforme deshonrado” que incluía a 25 policías corruptos, el caso de un oficial de Unidad de Operaciones Tácticas acusado de conspirar para secuestrar a un ciudadano y entregárselo a gatilleros que lo asesinarían, y como si eso fuera poco, fue la que llevó los juicios contra narcos como Alexander Capo Carrillo, “Alex Trujillo”, quien ahora lo reciben como un “rehabilitado”.
La vida de esa fiscal le fue arrebatada a su familia, a quienes yo aprecio y quiero mucho. Así como ella, conocemos de otros fiscales que trabajan con ahínco por el país y enfrentan redes de corrupción que los rebasan. Así que no podemos tapar el cielo con la mano. Hay traqueteos en Justicia para favorecer a los poderosos y hay fiscales que son víctimas en este proceso.
Pero, además, hay una segunda cosa importante en esta discusión de Parra, Emanuelli y Pierluisi. Se trata del rol de los abogados mediáticos.
A Parra le conviene la controversia para elevar su “ranking” público porque como ahora es analista de televisión, necesita el rating. Usa esa exposición mediática para posicionarse, ganar clientes y presionar al sistema, como hacen todos los abogados que son mediáticos. Discuten sus casos, defienden a sus clientes y presionan desde la tribuna pública a los jueces.
He contabilizado a cerca de 80 abogados y exfiscales en esas, aunque hay como 10 o 15 que dominan la escena. Llevo una década, desde el 2012, analizando ese “boom” de los abogados mediáticos y su efecto en el acceso a la justicia, la discusión pública y el ambiente noticioso en Puerto Rico. Eso es parte de la cultura mediática donde el entretenimiento supera todo, hasta la ley y los derechos. Esto general cuando menos, tres preguntas: ¿Hasta dónde llega la ética? ¿Cómo afecta esos a los jueces, fiscales y la justicia en general? ¿Es igual para los pobres y los que no tienen el acceso?
Por Sandra Rodríguez Cotto
